lunes, 3 de agosto de 2015

PONENCIA. Congress Latin American Research Review-LASA-
Colombia
 Guerra y paz durante la administración Santos

CARLOS MEDINA GALLEGO
Docente – Investigador
Universidad Nacional de Colombia
Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa

1.       Esta ponencia centra su atención en el análisis de los desarrollos que ha tenido el conflicto armado y los procesos de paz en Colombia durante la administración del Presidente Juan Manuel Santos. Busca en lo esencial resolver cuatro interrogantes: ¿Cómo ha evolucionado la política de seguridad y defensa en la administración Santos, en relación con el gobierno anterior?, ¿Cuáles han sido los resultados de esa política en la lucha contra el crimen organizado y la insurgencia en el país?, ¿Cuáles son las nuevas amenazas en materia de seguridad existentes con la aparición de las Bandas Criminales(BACRIM) y las adecuaciones de la insurgencia a las nuevas estrategias de guerra desarrolladas por el Estado? Y,  ¿Qué avances hay en materia de construcción de escenarios de diálogos de paz en el país?.

2.       El gobierno del Presidente Uribe construyó durante sus dos administraciones un enfoque particular para caracterizar el conflicto colombiano y comportarse conforme a ello en materia de seguridad y defensa en el desarrollo de su política de Seguridad Democrática. Su concepción se centró en negar la existencia del conflicto armado y caracterizar el mismo como una amenaza terrorista, en correspondencia con el impulso de las políticas de la seguridad global desarrolladas por E.U. en torno a la lucha contra el terrorismo[1]

3.       La estrategia desarrollada por la política de seguridad democrática se centro en términos operativos en la modernización y moralización de la fuerza pública y en particular de las fuerzas armadas que habían sido derrotas en el desarrollo de la guerra de tierra por la guerrilla colombiana. Dos armas nuevas fueron introducidas en el desarrollo de las operaciones militares en especial contra las guerrillas de las FARC y el ELN, la inteligencia militar y policial y, la aviación militar, que le permitió a la fuerza pública llevar la guerra al aire y propiciar a las guerrillas duros golpes. Las distintas operaciones militares desarrolladas por la coordinación de todas las fuerzas arrojo en términos de bajas, capturas, deserciones, y desarticulación de estructuras importantes resultados obligando a las guerrillas a redefinir su estrategia de guerra para poder enfrentar la ofensiva militar. Los logros alcanzados comenzaron a mostrar la vulnerabilidad de la guerrilla en niveles de dirección, antes intocables, denominados objetivos de alto impacto, que se correspondían a la captura o aniquilación de los miembros del Estado Mayor Central y del Secretariado de las FARC, así como de la dirección Nacional del ELN y el COCE.   

4.       En el desarrollo de la política de seguridad democrática del gobierno Uribe y no obstante los éxitos de la misma, se produjo un serio cuestionamiento a varios aspectos que resultaron improcedente y lesivos para la democracia y el ejercicio de los derechos fundamentales de la población. A la idea de que la seguridad demandaba de una restricción de las libertades individuales, se fue generando el creciente involucramiento de la población civil en tareas de seguridad con las repercusiones que ello tiene en la construcción del tejido y las redes de convivencia y solidaridad social, creando un ambiente de inseguridad donde cualquier ciudadano era potencialmente sospechoso y objeto posible de una perversa política de recompensas.

5.       A esto se sumo el desarrollo del proceso de paz con los paramilitares, los acuerdos de desmovilización y sometimiento a la Ley de Justicia y Paz, bajo el compromiso de la no extradición y la responsabilidad de los comandantes desmovilizados de contribuir con los procesos de verdad, justicia y reparación a las víctimas que se vio truncado con el incumplimiento del gobierno a través de extradición hacia los tribunales norteamericanos. El proceso de desmovilización pronto comenzó a mostrar dos nuevos fenómenos el resurgimiento del fenómeno del para militarismo, ahora denominado por el Estado para encubrir su fracaso como de Bandas Criminales y, por algunos investigadores académicos como  neoparamilitarismo.

La política integral de seguridad y defensa para la prosperidad del presidente Santos.

1.       El gobierno del presidente Santos ha ido evolucionando de las estrategias heredadas de la administración anterior  hacia un nuevo modelo operativo que busca hacer los ajustes pertinentes a la política y a las estrategias operativas que se agotaron en camino del desarrollo de las políticas de Seguridad Democrática, colocándolas en concordancia con los nuevos retos en materia de la confrontación. Ha sostenido, como estrategia general,  el desarrollo de las actividades de inteligencia operativa, humana y técnica, y la guerra de aire con resultados importantes en términos de golpes a las fuerzas insurgentes en sus objetivos de alto impacto y en la desarticulación y aniquilamiento de destacamentos y frentes de la guerrilla. Igualmente, en los últimos meses ha centrado las operaciones militares contra mandos medios y ha desarrollados una estrategia dirigida a producir desmovilizaciones, más que capturas.

2.       Su política ha estado dirigida al fortalecimiento económico del sector  de seguridad que superó ampliamente en los presupuestos los recursos de inversión social, estableciendo para la seguridad una inversión en los próximos tres años (2012-2015) estimada en 25 billones de pesos. Durante lo que va de la administración Santos se ha persistido en la Modernización de la Fuerza Pública y en el crecimiento del pie de fuerza, incorporando aproximadamente 26.000 efectivos entre enero del 2010 y lo que va del 2012, que representa un incremento del 6% del pie de fuerza total estimado 447. 391 y distribuido entre la Policía Nacional con 165.906 efectivos y las Fuerzas Armadas con 281.485.    

Avances, retrocesos y nuevos retos en materia de seguridad y defensa durante los gobiernos de Uribe y Santos..

1.        Avances y  logros  en seguridad durante la administración SANTOS.

1.       La administración del presidente Santos a través de la política integral de seguridad y defensa para la prosperidad asumió el proceso de confrontación en una etapa en la que la política de seguridad democrática se había agotado en logros y se requería de un ajuste a la misma, en razón de que habían aparecido nuevos y más complejos fenómenos de violencia heredados del ciclo de la fallida desmovilización paramilitar que dio origen al fenómeno del neo paramilitarismo y las Bandas Criminales (BACRIM) y a unas nuevas condiciones de la guerra originadas en los procesos de ajuste táctico de los grupos insurgentes a la estrategia militar del Estado.

2.       Las estadísticas presentadas de los estándares de eficiencia y calidad de las acciones de la fuerza pública, durante el gobierno del Presidente Santos, señalan que durante el periodo que va de su administración se han producido 1400 acciones terrorista (2.2 acciones por día) que se expresan en ataque directo a la fuerza pública, a poblaciones y estaciones de policía y a la infraestructura de oleoductos, torres de energía, puentes y vías, así como hostigamientos, emboscadas, retenes ilegales, incursión en poblaciones, con diverso impacto sobre la fuerza y la población civil.

3.       Durante este periodo la fuerza pública ha obtenido distintos resultados contra los GAML que deben ser mirados con cuidado por el redimensionamiento que tienen las cifras en relación con la realidad numérica de los dos actores armados estimados en unos 12.000 hombres-armas. Así, si miramos el periodo  entre enero 2010 y febrero de 2012, según los reportes del Ministerio de defensa, el  número de neutralizados (muertos en combate+ capturados + desmovilizados) se estima en 9334 integrantes[2] lo que equivaldría al aniquilamiento del 78 % de la capacidad de fuego de las fuerzas insurgentes, situación que tendría en extrema precariedad a los dos grupos, porque el reclutamiento y la incorporación al combate de nuevos militantes suele tomarse tiempo y,  lo que están mostrando estos grupos,  es un incremento significativo de su capacidad operativa, en acciones de hostigamiento,  contra  la fuerza pública con significativos resultados.

4.       Entre enero del 2010 y febrero del 2012, se han producido 1049 muertes de miembros  de la fuerza pública y 4530 bajas vivas (heridos), esto es que han sido neutralizados por la insurgencia y el crimen organizado 5579 efectivos entre oficiales, suboficiales, soldados, policías, auxiliares. Además de las muertes producidas, en combates, emboscadas, y hostigamientos, resultan de mayor problema las estrategias desarrolladas por la insurgencia con la siembra de minas antipersonales y la colocación de artefactos explosivos[3]  que en el periodo estudiado han dejado fuera del combate a 1130 efectivos de la fuerza pública. Estas minas antipersonales y la colocación de explosivos  igualmente han afectado a la población civil no dejando de producirse con ellas un número elevado de muertes.

5.       La situación de desplazamiento generada por las dinámicas de la violencia y la guerra no han cesado, los datos oficiales de Acción Social ahora Departamento para la Prosperidad Social reportan una población desplazada en el periodo de enero de 2010 a febrero de 2012 de unas  250.000 personas equivalente a unas cincuenta mil familias, que se localizan en medio de grandes precariedades y desarraigos en los principales centros urbanos del país a la espera de atención institucional.

Sobre los cambios en la dinámica de la guerra.

1.       El desarrollo de las nuevas políticas de seguridad de los dos gobiernos conjuntamente con sus planes operativos con los que obtuvieron y siguen  obteniendo importantes resultados contra la insurgencia ha obligado a estas organizaciones a hacer reingeniería en sus prácticas operativas y adecuar sus planes militares.

2.       La fortaleza de la fuerza publica para cambiar la correlación de fuerzas en el desarrollo de la guerra (conflicto armado) consistió en el impulso de un proceso de modernización de las instituciones militares, el incremento del pie de fuerza, la recuperación de la moral de combate, la política de informantes, cooperantes y recompensas,  y el cambio en la estrategia militar centrada en el desarrollo de la inteligencia técnica y humana para el combate y el impulso de la guerra desde el aire, en el marco del desarrollo de grandes planes estratégicos (Colombia, Patriota, Consolidación…) y a través de operaciones especificas (Fénix, Jaque, Camaleón…) obteniendo con esto significativos resultados que coloco a la fuerza pública a la ofensiva en la confrontación, las organizaciones insurgentes igualmente ha desarrollado un conjunto de modificaciones en sus prácticas de combate y en acomodamiento sobre el territorio.

3.       El proceso de reingeniería de los GAML y en particular de las guerrillas  atraviesa no solo por la disposición de las fuerzas para nuevas modalidades de combate en particular el uso de explosivos de defensa- ataque y tiro de alta precisión, sino, la invisibilización de las fuerzas con la desaparición uniforme y la parafernalia militar de ejercito en las áreas de mayor crisis, el retorno a las tácticas partisanas de guerra de guerrillas, la transformación de la retaguardia selvática en retaguardia social bajo la premisa demostrada por las operaciones militares que la selva se ha hecho insegura como espacio de protección lo que los ha obligado a construir una nueva relación con el territorio y la población. Al repensar la guerra las  FARC establecen nuevos sistemas de reclutamiento y nuevas formas de organización que privilegian para el combate las fuerzas especiales. Entran en una fase de reconstrucción de estructuras en las que se toman en consideración tres líneas de trabajo: la reconstrucción de frentes,  la construcción de interfrentes y, donde sea posible,  la creación de nuevos modelos de frente.

4.       El proceso de reingeniería genera un cambio en la percepción del territorio produciéndose el paso del espacio físico selvático al espacio social organizativo, la diasporizacion de la fuerza en pequeñas unidades civiles, el retorno a la guerra de guerrilla y a los viejos mecanismos de comunicación, el énfasis en el escenario político y una lógica de alianzas perversas que incluye regionalmente relaciones con los grupos criminales del narcotráfico y las nuevas bandas paramilitares. Las FARC y el ELN están en un proceso de convergencia y prácticas militares y políticas. Se sostienen en zonas de dominio tradicional haciendo a distintos niveles presencia militar, política y socio-económica, bajo el entendido que la guerra es mucho más que combates y acciones militares. Las dos organizaciones han comenzado, como lo ha hecho el gobierno nacional,  a repensar el conflicto en una lógica distinta a la del siglo pasado en el contexto global y en el marco de las transformaciones de los sistemas políticos regionales.

5.       En el desarrollo de las confrontaciones se hacen los aprendizajes y los ajustes a las formas operativas y se reciben y asimilan los distintos golpes. Tanto la fuerza pública como la insurgencia han hecho del desarrollo del conflicto su escuela de formación y han aprendido a modificar sus tácticas operativas y sus formas de relacionamiento con el territorio y la población según las dinámicas de la guerra y los logros de la misma.

6.       La política de seguridad democrática transformó la modalidad de guerra contra la insurgencia y le dio al gobierno pasado réditos suficientes para permanecer durante dos periodos en el poder. No obstante, el más elemental de los teóricos de la guerra enseña que esta no se desarrolla contra una fuerza inerte, sino contra una fuerza viva que aprende de sus equivocaciones y transforma su manera de operar para sobrevivir y seguir combatiendo. Digamos que no solo las fuerzas armadas hicieron reingeniería, también lo hicieron las guerrillas como ya lo hemos señalado. De manera que la política de seguridad democrática en lo operativo llega a su limite en el 2008, aun cuando, como se produciría después en la administración Santos,  el ejercito y la policía, pudiera atribuirse dos grandes objetivos de alto impacto en el desarrollo de sus operaciones: La muerte de Jorge Briceño, el mono Jojoy, la Muerte del máximo comandante de la organización, Alfonso Cano.  

7.       Pero para el gobierno Santos, existen nuevos y urgentes frentes que atender en materia de seguridad ciudadana, que no dan espera. La política de seguridad democrática medio tapo un hueco y destapó otro: el de los conflictos urbanos. Las pandillas, las Bacrim, el paramilitarismo desmovilizado, convertido en delincuencia urbana y crimen organizado, han construido la territorialidad de sus negocios y guerras en las grandes y pequeñas ciudades, en zonas periféricas y suburbanas y en amplias zonas rurales al amparo de la impunidad, de una creciente incapacidad del Estado para controlar el crimen, la delincuencia y dar seguridad a los ciudadanos.


BANDAS CRIMINALES

1.       El tema de las Bandas Criminales (BACRIM) y el neo-paramilitarismo surge en el contexto de la defensa que el gobierno de la seguridad democrática hace de los procesos de desmovilización de los grupos paramilitares, como una forma de proteger la efectividad de los mismos y el éxito total del proceso. Sin embargo, para un grupo significativo de estudiosos, para las formas organizadas de la población civil y para los organismos de derechos humanos, el fenómeno de las bandas criminales y el paramilitarismo es la continuidad del fenómeno paramilitar en una nueva envoltura de denominación.  

2.       Los estudios y las apreciaciones que se hacen a este respecto se mueven en tres enfoques esenciales: El primero considera que no existe nada distinto entre las Bandas Criminales y neo-paramilitarismo que lo diferencie sustancialmente del viejo paramilitarismo, si no que uno y otro son una misma cosa; el segundo señala que lo que existe allí es la reconstitución del fenómeno a partir de la articulación de grupos que no se desmovilizaron, fortalecidos por el regreso de desmovilizados que al agotarse los programas de gobierno, no encontraron resuelta su situación y que se ha dado un giro de los grupos el desarrollo de las actividades del narcotráfico haciendo a un lado los fundamentos contrainsurgentes sin abandonarlos y, un tercer enfoque señala que lo que existe allí es una bien estructurada organización criminal dedicada a la administración del territorio y al desarrollo de las economías ilegales en el marco de una concepción de capitalismo criminal, que permea, controla y somete extensos territorios y poblaciones haciendo uso de los activos heredados del paramilitarismo en materia de miedo y terror.

3.       Las características señaladas por el investigador Alejo Vargas, sobre el crimen organizado, obligan contemplar el fenómeno en una dimensión de mayor complejidad, cuando este está unido a modelos de desarrollo económico y a formas de control político y social que demarca una territorializacion del conflicto desde la ilegalidad en la que surge un nuevo ordenamiento administrativo,  definido por los esquemas de control y seguridad de estos grupos y sus particulares formas de ejercicio de la condición de Estado en la doble impuestación a los sectores económicos y la oferta de seguridad que ofrecen frente a la acción de otros actores o,  a los pactos de no agresión que realizan unidos a intereses comunes con organizaciones contrapuestas y antagónicas.     

4.       El fenómeno de las Bacrim y del Neo.-paramilitarismo se desarrolla en los ámbitos rurales y urbanos y no solo en los territorios marginales, sino,  igualmente, en centros de desarrollo económico, social y político de importancia relevante, en las grandes ciudades, en los principales departamentos del país y en las regiones de principal desarrollo económico;  constituye la mutación de un fenómeno que migró de la lucha anticomunista y antisubversiva, sin abandonarla,  hacia la administración criminal del territorio y de las actividades que posibilitan el desarrollo social, económico y político del mismo. No existe una diferencia sustancial entre neo-paramilitares y Bandas Criminales, distinta al énfasis que se hace en que los primeros están mucho más coordinados con el control territorial entorno al discurso antisubversivo y, los segundos, al desarrollo de una administración criminal del mismo complementaria de la economía ilegal del narcotráfico y la explotación de recursos mineros y agropecuarios.         

5.      En síntesis,  la sociedad colombiana ha visto producirse como consecuencia de la política pública de seguridad y defensa y, resultado del fracaso de los procesos adelantados por los gobiernos (Uribe y Santos) con las organizaciones criminales, un resurgimiento del fenómeno paramilitar y la transmutación del mismo hacia el control ilegal y extorsivo del territorio, articulado con las economías del narcotráfico y la ilegalidad, cumpliendo de manera suplementaria, actividades de seguridad privada y control social antisubversivo.

Santos: Guerra y Tierra.

1.       El tema de los territorios rurales, la tenencia de la tierra y el papel que esta juega en el desarrollo de las estructuras y economías agrarias, ha sido la razón de ser de los últimos setenta años de guerra.

2.       En general todos los analistas están de acuerdo en señalar que el problema de la tierra está ligado al problema de la violencia, por lo tanto el problema de la paz pasa necesariamente por dar solución al problema de tenencia de tierras. Acabar con la pobreza, fortalecerla convivencia regional, generar prosperidad en las zonas rurales y un desarrollo sustentable en la producción de alimentos y en la agricultura comercial tiene como prerrequisito resolver de manera estructural, el problema de la propiedad de la tierra y diseñar un modelo de desarrollo agrario, incluyente, en el que se establezca una unidad de producción agraria campesina que sea autónoma, complementaria y suplementaria del desarrollo empresarial agrario el que debe ser pensado en términos ambientales, de generación de empleo, ampliación de la democracia económica y en perspectiva  del mejoramiento de la convivencia política.

3.       No obstante esta situación, la sociedad y el Estado colombiano tienen que entender que no es posible avanzar en la solución del conflicto sin modificar la estructura de tenencia de tierra  y los conflictos del uso del suelo y que para ello se requiere: Una reforma rural unida de manera estrecha a una ley integral de tierras. Una reforma agraria integral, democrática, ambiental, con una adecuada política de desarrollo agrario y rural en el marco de un bien pensado y soberano Plan de Ordenamiento Territorial, un agresivo programa de producción alimentaría que le garantice al país su soberanía en esta materia y una agricultura comercial  en capacidad de general una oferta significativa de empleos rurales y vincularse a las lógicas del mercado global.

4.       Sobre esta reflexión es importante señalar que el programa de restitución de tierras no contiene ninguna reforma Agraria, ni toca en lo esencial el problema de la propiedad de la tierra, se construye sobre la recuperación de las tierras expropiadas a través de la violencia y decomisadas a narcos, paras y testaferros, lo que en la práctica significa una nueva situación de guerra por la propiedad restituida como ya se ha comenzado a manifestar con el asesinato de dirigentes campesinos y el inicio de un  nuevo ciclo de expulsión y de violencia.

Piezas para armar el rompecabezas de la paz

1.       Resulta necesario aceptar que un proceso de paz, en este momento, no tiene mucha audiencia y si grandes y pequeños enemigos de parte y parte. Sobre todo aquellos que viven y se nutren económica, social y políticamente de la guerra, la extrema derecha guerrerista y  la extrema izquierda fetichista. Una y otra coinciden en la necesidad de mantener el conflicto por razones e intereses distintos. Estas fuerzas son  las primeras que hay que desactivar porque hacen las veces de minas quiebra procesos.

2.       Lo peor que le podía pasar a la nación es que se hiciera eco a los enemigos de la paz que agazapados, fuera y dentro del establecimiento y de las organizaciones insurgentes, empantanan los procesos para que éstos se detengan y no avancen hacia salidas posibles; lo mejor que nos puede pasar, es que el gobierno,  en lugar de andar reclamando hechos de paz,  tomara la iniciativa y de manera discreta estableciera contactos para un pre-diálogo que explore las posibilidades reales de un proceso que reconozca el estado del conflicto y busque una salida consensuada y real para el país.

3.       Para eso, el gobierno tiene que mover el discurso del lugar en que se encuentra; no va a ser posible un proceso que se construye con el convencimiento de que la derrota militar de la guerrilla, la va a llevar a una mesa de negociación, de rodillas, para desmovilizarse, desarmarse y someterse a la justicia. Esa situación está lejos de los imaginarios de la insurgencia y  del desarrollo del conflicto militar. La insurgencia se ha acomodado a la estrategia operativa de las fuerzas militares y desde hace meses puso fin a la efectividad  del modelo de la seguridad democrática y, aun, con el nuevo ministro,  Juan Carlos Pinzón,  no se ve en marcha una estrategia operativa propia del modelo de la seguridad para la prosperidad, que si ha de tener éxito, será seguramente, porque está pensada en términos de la solución política negociada y de un proceso de paz para Colombia.

4.       No creo que las FARC estén dispuestas a negar que en los últimos cuatro años la organización ha sido duramente golpeada y que el proyecto de Ejército del Pueblo (EP), que definió su salto estratégico hacia la guerra de movimientos se evaporó. Hoy, sin estar derrotadas,  pueden subsistir eternamente en la guerra de guerrillas, pero el triunfo militar sobre las fuerzas oficiales, desapareció en el tiempo futuro. De ahí que su capital más fuerte sea su agenda política,  que en lo esencial, al presente, estaría centrada en un programa agrario democrático, una auténtica ley de víctimas, la liberación de sus presos y una reforma política que profundice la democracia.  

5.       El ELN, ha soportado de manera diferente la ofensiva militar e institucional del Estado, porque es una organización diferente a las FARC, es mucho más societal que militar; por eso, ha sido duramente golpeada en sus bases sociales que fueron encarceladas y desplazadas y,  menos en sus pequeños cuerpos de ejército. Desafortunadamente,  para el país, los últimos gobiernos han priorizado los procesos de paz con la FARC y le dieron al ELN un lugar secundario. Muy lejos había llegado el proceso con el ELN, en los diálogos de la Habana,  en aspectos metodológicos y de agenda con el Acuerdo Base, que fueron botados por la irresponsabilidad del entonces Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo y el ex-presidente Álvaro Uribe Vélez.

6.       Hay unos requerimientos y unas premisas que resultan útiles tener presente a la hora de abordar cualquier proceso de paz con algún margen de éxito. Primero se requiere, que las partes estén dispuestas a llevar adelante el proceso de manera irreversible, responsable,  sin crear falsas expectativas y nuevas desilusiones que terminen radicalizando el conflicto; segundo, que se haya construido la suficiente credibilidad y confianza entre las partes, de tal manera que éstas estén absolutamente convencidas de que no van a ser burladas, ni engañadas, antes, durante y después del proceso; tercero, contar con un orden normativo a manera de una ley de paz que permita las negociaciones políticas y la favorabilidad en el proceso, de forma que éste se inscriba en el principio de la solución positiva para que ninguna de las partes se sienta derrotada y sea la sociedad colombiana en su conjunto la que  resulte victoriosa.

7.       Como premisas centrales para guiar el proceso, es conveniente llegar al convencimiento que el conflicto no se acaba por la vía militar y que la única posibilidad de una salida digna para el país es a través del dialogo y la negociación. Que el modelo de la seguridad democrática que priorizó la guerra  se ha agotado y que lo único realmente ingenioso en materia de seguridad y defensa es un modelo que se fija como propósito político alcanzar la paz. Que la paz debe contemplar un paquete de reformas en todos los ámbitos de la vida social, económica y política del país, pero que en lo fundamental debe tomar en cuenta el desarrollo rural campesino, la profundización de la democracia y, el desarrollo regional y territorial incluyente.

8.       En síntesis, se requiere que se reconozca la existencia del conflicto armado en el país, se acepte la naturaleza social y política del mismo, se avance en la disposición de las partes para la solución política negociada y se abra el camino de las reformas para una paz con justicia social y democracia profunda. Para ello, es necesario que las partes respeten el DIH y los DH, cesen las hostilidades contra la población civil, los movimientos sociales y la oposición política y se haga un cese unilateral al fuego para que se pueda pensar y escuchar las distintas iniciativas de paz. 

9.       Tantos las FARC como el ELN vienen avanzando en el camino de la construcción de escenarios de paz y haciendo señales de estar realmente interesados en adelantar diálogos con el gobierno.

10.   Creo que es legítimo que las dos organizaciones aten el proceso de solución negociada a una agenda política y social. La pregunta es, si en el actual momento de la guerra, ¿son las viejas agendas las que lo posibilitan o es necesario precisar qué es lo que en el marco de la correlación de fuerzas debe negociarse? Tanto una reforma agraria, como una constituyente están en la agenda necesaria del actual gobierno y este vería con muy buenos ojos que las dos organizaciones le dieran una manito con esos dos proyectos… Desde luego que los enfoques serian distintos pero lo que prevalece en un escenario político de decisiones es cómo está en la balanza del conflicto la correlación de fuerzas.

  1. En los últimos veinte años el conflicto se ha modificado, existe un nuevo orden del discurso de la guerra que cambia el orden del discurso de la política. Es preciso pensar cuál es el tipo de agenda que es susceptible de ser asumida y desarrollada en un proceso de paz viable, que considere el momento histórico y político actual. Pero más allá del contenido de las agendas lo relevante hoy es entender si existen las condiciones para que el proceso pueda viabilizarse.

  1. En esta perspectiva es imperioso tener en cuenta algunos aspectos, los cuales son de la mayor utilidad para que el proceso pueda tener curso:

  1. Uno. Entender que el gobierno no tiene ningún afán, esto no significa que no tenga interés, de transitar por un proceso de paz, quiere que la guerra se agote en resultados y considera que la estrategia que viene utilizando aún se los puede dar.

  1. Dos. La coalición de gobierno todavía NO ha adquirido la hegemonía del pensamiento Santista, se requiere que se unifique y consolide un equipo de gobierno que no sufra de bipolaridad política entre la subordinación al Santismo y las lealtades al Uribismo. El gobierno de Santos tiene que viajar en un universo de luchas políticas internas y darse tiempo para ganar más apoyo político propio y tomar distancia del Uribismo. Por ahora, el gobierno tiene la mayor oposición desde la derecha Uribista, que téngase claro no es amiga de ningún proceso de paz.

  1. Tres. Es urgente que el orden de la justicia erosione la imagen de Uribe y, Santos se pueda desprender de la sombra del mismo para iniciar su propia era. No existe nadie más interesado en deshacerse de la herencia política de Uribe que Santos. Y no resulta bueno decir que uno y otro es lo mismo - que sirvan al mismo propósito es distinto-, pero, cada uno quiere dejar su propia huella y a Santos le gustaría ser sin duda el presidente de la paz verdadera.

  1. Cuatro. Las fuerzas militares han comenzado a entender que no va a haber victoria militar, ni rendición de la guerrilla y que va ser necesario re-caracterizar el conflicto aceptando su naturaleza política, para su propia razón de ser. La culebra sigue viva ha dicho el Ministro Rivera y, lo peor es que existe un límite del crecimiento de fuerzas y de presupuestos que ya ha sido superado.

  1. Contrario a lo que podía pensarse unas fuerzas militares inteligentes son los mejores aliados de un proceso de paz, y este es un excelente momento para asumirlo pues cuentan con reconocimiento y legitimidad (pese a todos los deplorables delitos que los cuerpos de ejército cometen a diario, como el vergonzoso crimen de las niñas y niños de Arauca, que es solamente un botón para la muestra). Muchas veces Marulanda llamó a la alta oficialidad a encontrar entre militares un camino común para la paz.

  1. Cinco. El país está atravesando un periodo en el cual las partes están explorando nuevas posibilidades, pero éstas se van a tomar tiempo en madurar: Santos está hablando desde el conflicto, para el conflicto y para la solución del conflicto (sea esta militar o negociada). Las tendencias que predominan en los imaginarios militares globales se inclinan hacia las salidas políticas, solo en los países bárbaros y en las guerras puras los ejércitos combaten hasta aniquilarse mutuamente.

  1. Seis. Es necesario crear las condiciones institucionales, sociales y legales para que el proceso de solución política pueda tener curso. Es muy importante considerar las iniciativas ciudadanas y locales de paz, incluyendo Diálogos humanitarios regionales con los actores armados, propuestos por el Congreso de los Pueblos y las comunidades indígenas. Fortalecer los escenarios donde se formulan las políticas públicas de paz, en los consejos municipales y departamentales y en los programas de desarrollo. La sociedad civil, la iglesia y en general las comunidades e instituciones de toda índole deben irse comprometiendo en un proceso que no cree expectativas pero que avance.

  1. Siete. No existe un orden normativo que pueda regir actualmente un proceso de paz. La ley de Justicia y Paz ha muerto y ese no es el instrumento adecuado. El orden jurídico no solo es para los actores ilegales, la degradación del conflicto ha llevado a la institución militar a pensar en su propia seguridad jurídica, la cual la historia ha demostrado que está más allá de la justicia penal militar. Existen grandes y serias objeciones a las implicaciones de la aplicación del enfoque de la justicia penal del enemigo, que no puede ser el marco de referencia en un proceso. Se requiere de un orden legal para el proceso y no existe. Se están retrotrayendo las decisiones tomadas con anterioridad en materia de amnistía e indulto. Para algunos analistas el bloque normativo internacional puede ayudar o complicar el proceso. Este es un reto de las mayores proporciones que se requiere resolver antes de aventurar cualquier proceso. El proceso seguido con los paramilitares es un mal precedente.

  1. Ocho. Timoleon Jiménez , Rodríguez Bautista y Santos deben encontrar en los procesos de solución política del conflicto una respuesta conjunta para el problema del narcotráfico, ese problema lejos de ser un obstáculo debe ser una fortaleza de los procesos de diálogo y acercamiento. No tiene presentación para los tres desconocer el papel que ha jugado el narcotráfico en el desarrollo del conflicto colombiano, irrigando con sus capitales todos los espacios de la vida social, económica, política, militar e institucional de la nación. Asumir el problema con madurez, reconocer responsabilidades y encontrar salidas efectivas hace parte de su agenda común.

  1. Nueve. Santos ha hecho un excelente trabajo en el aquietamiento del conflicto regional recomponiendo sus relaciones con los vecinos, convirtiéndolos en los “mejores nuevos amigos”; esa relación y las que se consigan establecer con Unasur y la comunidad internacional pueden ser muy útiles a la solución del conflicto.








[1] La Ley 599 de 2000 define el terrorismo como la acción de provocar o mantener en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos.
[2]Fuente: Comando General FF.MM. - Observatorio del Delito de la DIJIN Policía Nacional.
[3]Fuente: Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersona.

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