SOBRE EL “GOBIERNO DE TRANSICION”
CARLOS MEDINA GALLEGO
Docente Investigador
Universidad Nacional de Colombia
Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz (CPSPP)
El período de transición es una fase del proceso de paz en el
que se sacan adelante las reformas constitucionales y se hacen los ajustes
institucionales que permiten que lo acordado en la mesa de conversaciones tenga
curso y pueda impulsarse a cabalidad. Ese período requiere de un gobierno que
se comprometa a fondo con materializar las distintas iniciativas que
constituyen los cambios necesarios para poder edificar el país en un ámbito de
mayor equidad y democracia. No se trata de ningún complot comunista o Castro-Chavista,
idea que sólo se encuentra en los imaginarios de una oposición delirante y
carente de todo interés en la Paz.
Ese gobierno de transición
debe estar conformado por una amplia coalición política qué comprometa a la
totalidad de los partidos de la izquierda y derecha democrática, a los
movimientos sociales y en general a una ciudadanía dispuesta a jugarse a fondo
en la construcción de una paz estable y duradera. Es un gobierno dispuesto a
promover las reformas necesarias para el desarrollo rural y campesino, la
ampliación y la profundización de la democracia, la reforma al sistema
político y electoral, la expedición del estatuto de oposición, la lucha
decidida contra la corrupción y el paramilitarismo, la erradicación y
sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, así como, el
reconocimiento absoluto de los derechos de las víctimas y la implementación de
las acciones y políticas que garanticen la reincorporación de la comunidad de
las FARC a la vida social, económica y política de la nación en un ambiente de
garantías y seguridades suficientes.
El gobierno de transición
tiene la responsabilidad de devolverle al país la confianza en sus
instituciones y a la nación la esperanza que una sociedad sin violencia y mejor
es posible; garantizar a los reincorporados las certezas necesarias sobre su
seguridad y el respeto por sus derechos ciudadanos recuperados y en capacidad
de ser ejercidos a plenitud. Un gobierno que se abre a la participación
política democrática de sus adversarios y construye los escenarios en que es
posible la protesta legítima sin los temores de la persecución, la amenaza y la
muerte.
El gobierno de transición
no tiene como ruta una alianza perversa dirigida contra sectores de la
oposición y de la Paz y como propósito el establecimiento de una hegemonía
política dominante y autoritaria, excluyente y polarizante. Por el contrario, busca
construir un modelo de democracia en el que los sectores tradicionalmente
excluidos pueden expresarse en los distintos espacios de la vida política
nacional y de la administración pública
estatal en una democracia que reconoce y respeta los derechos de todos.
El gobierno es de transición en la medida en que lleva la
sociedad colombiana de los escenarios del conflicto armado y de la guerra a una
sociedad con conflictos pero sin armas, es de transición en el sentido de ir de
la guerra a un modelo de paz con mayor justicia, incluyente, equitativo y
democrático.
Los retos que ha dejado el nuevo
acuerdo no se pueden encomendar a un gobierno cualquiera, que desconozca y
eche por la borda todos los esfuerzos realizados hasta ahora por las partes y
revierta de manera abrupta los logros alcanzados o que incurra en un franco
desconocimiento de los mismos y del acuerdo en general, lo que sin duda puede
ocurrir, porque hoy el acuerdo se encuentran a la deriva de la voluntad política
del actual gobierno y en la incertidumbre de cual podrá ser el futuro gobierno…
que es el que los lleva en el camino de la implementación y garantiza su
cumplimiento o, redefine la ruta y cambia su naturaleza.
Por esta razón, cuando se habla de un gobierno de transición, se
hace referencia en lo esencial al gobierno que sigue a la firma de los acuerdos
y que se compromete a fondo en su implementación. Las incertidumbres que se
abren en relación con el próximo gobierno, dado el panorama político nacional, no son pocas, lo que obliga a plantearse con
responsabilidad las características del próximo gobierno, que
indiscutiblemente, no va a ser de izquierda, ni comunista, ni socialista, a
duras penas, si coinciden y concretan
las voluntades políticas, será un gobierno de corte liberal democrático y en el
marco de los condicionamientos del modelo neoliberal
Pero la pregunta que debe mover la reflexión es: ¿qué es lo que
va a hacer ese gobierno en materia de paz, para que reciba la denominación de gobierno de transición?...
Además de las señaladas, son muchas e importantes las acciones
que debe emprender ese nuevo gobierno para que se consolide un escenario de
convivencia democrática y desarrollo social y económico que posibilite la
construcción de una paz estable y duradera, en las próximas dos o tres décadas,
acciones que están unidas a la implementación de los acuerdos y que se pueden
enunciar en los siguientes términos:
1.
El gobierno de transición
y el desarrollo rural integral
El gobierno de
transición, tiene la responsabilidad de avanzar en la reducción de la pobreza rural
implementando una Reforma Rural Integral, para lo cual tomara en consideración la
ejecución de programas que trasformen sustancialmente la vida rural y
campesina, fortaleciendo su economía, sin que ello implique la afectación de
otros modelos de economía rural y agraria que interactúen y posibiliten el
desarrollo de la primera.
Definir con claridad e
impulsar de manera decidida el Fondo de Tierras de conformidad con
la Constitución Política y la ley vigente y lo que esta contempla en materia de
expropiación administrativa por motivos de interés social y utilidad pública y
de la extinción administrativa del derecho de dominio por inexplotación. Así
como encontrar los recursos necesarios para el fortalecimiento del fondo y su
funcionamiento adecuado y eficiente.
Garantizar la
protección del Derecho a la Propiedad Privada en particular de los pequeños agricultores y
campesinos, con el propósito de evitar nuevos conflictos sobre la tierra. Hacer
efectivas las disposiciones del acuerdo en lo relacionado a que sean las víctimas beneficiarios prioritarios del
Fondo de Tierras y de la Reforma Rural Integral en general.
Regularizar los derechos de propiedad
de los propietarios, ocupantes y poseedores en el marco de las correspondientes
aclaraciones sobre las procedencias y tradiciones que existen al respecto de la
tenencia y propiedad de la tierra
Implementar un nuevo modelo de desarrollo rural que establezca un adecuado y equilibrado balance entre la
agricultura familiar campesina y la agricultura comercial de escala sin
que esta ahogué la primera que es la base esencial de la soberanía y seguridad alimentaria
de la nación. La idea que debe primar es la promoción de alianzas
estratégicas de la pequeña producción rural con otros modelos, en condiciones
de equidad, y el apoyo y protección decidido de la agricultura familiar y campesina.
El fortalecimiento de las zonas de reserva campesina existentes y la constitución de nuevas ZRC por parte de la autoridad competente de
conformidad con la normatividad vigente, y en el marco de acuerdos claros con
las comunidades en los territorios y la definición de los propósitos
ambientales, sociales y productivos de las mismas.
Al gobierno de
transición le corresponde guiar el levantamiento de un nuevo catastro que supone evidentemente un nuevo avalúo catastral, y,
consecuentemente, una nueva responsabilidad tributaria,
que es el temor mayor de los grandes propietarios de tierras inexplotadas, para ellos una formalización de los títulos y
la modernización del catastro iría en contra de sus intereses, acostumbrados a
la evasión de impuestos en el ámbito de la propiedad rural. El gobierno de transición tendrá que
constituir una instancia de alto nivel que
contribuya resolver conflictos de tenencia, uso y propiedad del suelo y establezca
unos lineamientos claros al respecto.
Igualmente el gobierno de transición tendrá la
responsabilidad de transformar la cultura de las comunidades de manera que se
involucren en la priorización, ejecución y seguimiento de los proyectos y se
fortalezca la confianza en las instituciones, desgastada en una larguísimo
proceso de burlas e incumplimientos.
En general, en relación
con este punto, el gobierno de transición debe orientar y contribuir a la
trasformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la
ciudad y creando las condiciones de bienestar y buen vivir para la población
rural, implementando una Reforma Rural Integral con enfoque territorial, que integre las regiones, ayude a erradicar la
pobreza promueva la igualdad y asegure el pleno derechos de los campesinos como
sector social y ciudadanos.
2.
El gobierno de transición
y la participación política
En materia de
participación el gobierno de transición
tiene grandes responsabilidades y obligaciones, la mayoría de ellas, deudas
históricas con la Constitución del 91, que pueden ubicarse en tres grandes bloques:
la reforma al sistema político y electoral; el reconocimiento amplio y seguro
de los derechos de la oposición y; la
ampliación y profundización de la democracia en general.
Una deuda mayor tiene el Estado colombiano con la expedición del Estatuto
de Oposición
en cumplimiento de la obligación constitucional consagrada en el artículo 112
de la CP de 1991 y que el Acuerdo de Paz con las FARC ha colocado en la agenda
política y legislativa nacional como prioridad. El gobierno actual y el de transición queda en la obligación de tramitar
una ley que reglamente los derechos de la oposición, defina las garantías que
deben tener los partidos que se declaran en oposición al gobierno de manera que
puedan “ejercer libremente la función crítica frente a este, y plantear y
desarrollar alternativas políticas”. Ese
estatuto debe contemplar, igualmente, el derecho de acceso a la información y a
la documentación oficial, el uso de los medios de comunicación y la réplica en
los mismos frente a información incorrecta
Y/o mal intencionada.
Igualmente, el gobierno de transición tiene la
responsabilidad y obligación institucional de promover el fortalecimiento de
las organizaciones sociales, comunitarias y de víctimas para que puedan
participar en las Circunscripciones Transitorias, garantizando los mecanismos,
procedimientos y recursos para que estas poblaciones hagan uso democrático de
esos espacios de representación.
Igualmente, el gobierno de
transición, tienen que desarrollar los planes y programas e impulsar las
políticas que sean necesarias para combatir las organizaciones criminales del
paramilitarismo y las bandas criminales, detener la ola de asesinatos de
líderes sociales, políticos y comunitarios y, garantizar y proteger, la movilización y la protesta legitima con pleno respeto a los derechos humanos.
Un trabajo de adecuación normativa y de nueva legislación debe emprender
el gobierno de transición para
garantizar el acceso al sistema político de nuevas movimientos, fuerzas
políticas y partidos, con el debido reconocimiento, su correspondiente
personería jurídica y con la financiación necesaria para que puedan participar
en igualdad de condiciones a otros partidos y fuerzas políticas en una atmosfera
democrática construida desde el más amplio pluralismo político y respeto por
las minorías y la diferencia.
Tarea esencial ha de desarrollar el gobierno de transición para garantizar la apertura democrática necesaria y construir una
sociedad en paz, fortalecida por el pluralismo representado en las distintas
visiones y diferentes intereses de la sociedad colombiana con las debidas
seguridades y garantías para la participación en política trasformando el sistema y el régimen de la organización electoral.
En síntesis, en relación con este punto, El gobierno de transición debe
garantizar la apertura democrática necesaria para construir una sociedad en
paz, fortaleciendo el pluralismo y ofreciendo las debidas seguridades y
garantías para la participación en política de las nuevas fuerzas, movimientos
y partidos políticos resultantes del proceso de finalización del conflicto
armado.
Igualmente, el gobierno de transición debe garantizar
el acceso democrático a los medios de comunicación para que las fuerzas,
movimientos y partidos políticos existentes y nuevos puedan dar a conocer y
divulgar sus plataformas y programas políticos.
3.
El gobierno de transición y la trasformación de las FARC en movimiento
político y en organización social y económica.
El paso de la actividad militar a la actividad, social,
económica y política de los miembros de las FARC es parte de las tareas que el
actual gobierno debe empezar, pero que es el gobierno de transición el que debe desarrollar en profundidad.
La reintegración política de las FARC a la vida institucional y
democrática de la nación es la esencia del acuerdo de paz y una responsabilidad
mayor del gobierno de transición. Esa reintegración requiere que el
nuevo movimiento político adquiera los reconocimientos y apoyos
necesarios para que en su inicio pueda desarrollar las acciones pertinentes
para su institucionalización política, el desarrollo de su centro de
pensamiento y su debida financiación.
Sin embargo, esa es una entre otras tareas que el gobierno de transición debe desarrollar
y que comprometen la reincorporación de los miembros de la comunidad de la FARC
a las actividades socioeconómicas y culturales que garantizan su
socialización institucional y la sobrevivencia económica de sus miembros. En
ese aspecto, este proceso innova en dar prioridad a la reincorporación comunitaria
y colectiva sobre la individual y familiar, sin que estas se desconozcan, sino
que se resignifican en un ámbito más comunitario y cooperativo a través de la
propuesta de Ecomún. Así mismo debe favorecer
la atención en salud de los reincorporados y una oferta educativa los
suficientemente amplia y pertinente como para que se produzcan los procesos de alfabetización,
profesionalización y desarrollo de competencias para el trabajo productivo y
social que garantice el éxito del proceso de reincorporación.
El gobierno de transición tendrá
la responsabilidad de conformar y poner en marcha la Comisión de Garantías de Seguridad y del
diseño de las políticas para
combatir a las organizaciones criminales y así como de impulsar la creación de la Unidad Especial de Investigación para
persistir y concretar su desmantelamiento, Unidad que funcionara en coordinación con las demás
unidades de la Fiscalía General de la Nación. De la misma manera crear
el cuerpo de seguridad y protección de los directivos y representantes más
reconocidos del nuevo partido político, cuerpo de seguridad que dependerá de una
Subdirección de la Unidad Nacional de Protección.
En síntesis,
el actual gobierno y el gobierno de transición,
tienen y tendrán, la responsabilidad de preparar la institucionalidad y al país
para la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil, en lo económico, lo social y lo
político y sentar las bases para la construcción de una paz estable y
duradera. Es de relevante importancia para el proceso las garantías de seguridad y lucha
contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o
que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos
sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que
hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo,
y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de
los acuerdos y la construcción de la paz.
Conforme lo
establece el acuerdo, el actual gobierno y el de transición para cumplir con
este fin, debe propiciar un Pacto Político Nacional
que convoque a todas las fuerzas políticas de la nación en la construcción de
la paz, propicie y fortalezca la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Unidad Especial de Investigación; el Cuerpo
Élite en la Policía Nacional, el Sistema
Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política; el Programa
Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los
Territorios; y las Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción, tareas
total de largo aliento.
4.
El gobierno de transición y la lucha contra el narcotráfico
Un reto
especial tiene el gobierno de transición en la lucha contra el crimen
organizado y el narcotráfico que comprometen involucramientos de la ilegalidad
que erosionan y descomponen la institucionalidad política, económica, social y democrática de la nación.
Para
construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de
las drogas ilícitas, que enfrente la cadena de producción, comercialización y
consumo. Para ello, siguiendo las líneas
de lo acordado en los diálogos de paz Gobierno-FARC, el gobierno de transición debe operar dentro de nueva visión que dé un
tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los
cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al
narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública.
5.
El gobierno de transición y los derechos de las
víctimas del conflicto armado.
Tal vez una de las características
más sobresalientes del proceso de paz del Gobierno con las FARC es que se colocó
al centro de las conversaciones los derechos de las víctimas y se explicitó que el resarcimiento de las
víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo.
El actual gobierno
y el gobierno de transición tiene la
responsabilidad de crear, impulsar y consolidar el Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad
combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las
graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho
Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que
contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los
seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a
colectivos y a territorios en el desarrollo del conflicto armado por la
totalidad de los actores.
El impulso
de ese Sistema Integral está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento
de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial para la
Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del
conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz; las Medidas de
reparación integral para la construcción de la paz; y las Garantías de No
Repetición.
El
gobierno de transición tiene la enorme responsabilidad de evitar el regreso al conflicto
armado y trabajar en la búsqueda de una paz completa que involucra los diálogos
con el ELN y el EPL y la formulación de una política de sometimiento a la justicia
de las organizaciones criminales que hayan sido denominadas sucesoras
del paramilitarismo y sus redes de apoyo.
A manera de conclusión
Nada distinto a las tareas del orden constitucional y a los ajustes institucionales que sean
necesarios para la implementación del nuevo acuerdo en el marco de un
plan de desarrollo más amplio que tome en consideración los intereses de todos
los sectores sociales, constituye la naturaleza de un gobierno de transición.
Se trata de un gobierno que satisfaga los derechos fundamentales como son los
derechos políticos, sociales, económicos y culturales; los derechos de las
víctimas del conflicto a la verdad, la justicia y la reparación; el derecho de
los niños, niñas y adolescentes; los derechos de las mujeres, comunidades étnicas y campesinas; el derecho de libertad
de culto y de su libre ejercicio; el derecho fundamental a la seguridad jurídica
individual y/o colectiva y a la seguridad física; y el derecho fundamental de
cada individuo y de la sociedad a no sufrir la repetición de la tragedia del conflicto
armado interno.
Eso es lo que se propone un gobierno
de transición.
