El proceso de paz: Cárcel e impunidad…

CARLOS MEDINA GALLEGO

Docente – Investigador

Universidad Nacional de Colombia

La visita a Colombia del ex-secretario General de la ONU, Kofi Annan, despertó un nuevo debate en relación a la justicia para la paz y la reparación integral de las víctimas. Este tema, ha conducido a los sectores que se han opuesto al proceso, con el argumento de una paz sin impunidad, a reclamar nuevamente con insistencia una justicia transicional, que someta, juzgue y condene al régimen penitenciario a los responsables de los distintos tipos de victimización que se produjeron durante el desarrollo del conflicto armado.

En su viaje a los Estados Unidos, el Procurador General de la Nación ha manifestado que en Colombia nadie está contra la paz y el reclamo existente es que haya justicia, donde al parecer se reduce a que la insurgencia sea juzgada y condenada a pagar, cualquiera que sean los beneficios, unos años de cárcel.   

El ex-presidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, compartió junto a su bancada con Kofi Annan sus inquietudes respecto al proceso de paz, que se adelanta con las FARC en La Habana, en donde hizo el planteamiento donde el  proceso de paz debe unirse la justicia restaurativa con la punitiva, con un argumento que se cae por sí mismo: "Si no hay cárcel para los delincuentes no se cumple la finalidad de reparar a las víctimas porque hay que garantizar la no repetición". La reparación de las víctimas está mucho más allá del castigo a los victimarios. Está en el reclamo por la verdad, en un modelo de reparación amplio e integral en relación con la población de víctimas, los territorios y el reconocimiento de sus derechos inicialmente como víctimas y luego como ciudadanos. La no repetición no depende de si los guerrilleros pagan cárcel o no, porque ahí siguen operando los paramilitares que Uribe “desmovilizó”, llevó a las cárceles y extraditó.

La mesa de conversaciones debe construir un acuerdo, en la decisión de lo que en su momento Camilo Umaña denominó una justicia para la paz. Una justicia que tome en consideración los reclamos de las víctimas, en materia de verdad, justicia, reparación integral y, que garantice en el cumplimiento de los Acuerdos, el fortalecimiento de las instituciones y el régimen democrático, al igual que el  aseguramiento de las transformaciones que haya necesidad de emprender para que el modelo económico genere mayor equidad y la sociedad pueda disfrutar de mayor justicia social. Es esto y no otra cosa lo que determina la no repetición.

Un acuerdo que se reviste de las legitimidades dadas por el resultado de un proceso de solución política negociada, sometido a un mecanismo de refrendación popular, respaldado por todas las fuerzas políticas a través de “Un Pacto por la Paz” como lo denomina el Procurador, que no debe ser el resultado de ninguna imposición, sino de un compromiso resultante de un gran consenso nacional donde estén contenidas todas la fuerzas e implicadas todas las voluntades. Siguiendo la recomendación del ex-secretario de la ONU, quien ha afirmado en su visita: “Estoy feliz de estar aquí en este instante decisivo para los diálogos, los cuales deben ser un espacio abierto para todas las partes involucradas en la conflagración, un proyecto nacional que debemos sustentar”.

El actual proceso de paz tiene en la comunidad internacional una muy importante y positiva audiencia, así lo percibe y se lo ha manifestado abiertamente Kofi Annan al Presidente de la República, a la Comisión de Paz del Congreso y a todos aquellos con que se ha reunido. Es inevitable que la paz debe considerar el derecho a la justicia, pero cualquiera que sea el camino que se siga debe ser el resultado del proceso de conversaciones. La experiencia ha demostrado que una nación que aspire en un proceso de solución política al 100% en la aplicación de justicia y al 0% de impunidad está condenada a vivir en guerra. Es necesario pagar un precio en justicia e impunidad, pero este no puede ser más que el estrictamente necesario para garantizar una paz estable y duradera, que resulta en términos de beneficio de “justicia” superior a cualquier costo.

La discusión sobre el tema de víctimas y justicia, aún no se ha terminado y las conversaciones apenas deben estar procesando los insumos que los foros nacionales y regionales de víctimas, las audiencias directas, las recomendaciones de los expertos, asesores, y  en general  todos los recursos y apoyos que nutren la discusión, adquieran la forma de acuerdos políticos al respecto del tema de víctimas.

En el desarrollo de este tema se ha reconocido que no existe un solo victimario y que la justicia, si ha de ser aplicada, se hará para todos los responsables, independientemente de que se haga de manera diferenciada. En el caso que el proceso diga que los victimarios deben ir a la Cárcel, se tendría que bautizar una de esas cárceles de alta seguridad con el nombre de Penitenciaria General de Colombia, por una paz estable y duradera. Claro, recogería las iniciativas de otorgar según los criminales patios especiales de reclusión:

Un patio para las comandancias de las FARC-EP por los crímenes de guerra y lesa humanidad, cometidos en el desarrollo del conflicto, juzgados y condenados, con un amplio acervo probatorio, sólidamente constituido. Un patio para los generales, coroneles y oficiales de la Fuerza Pública que  por acción u omisión desarrollaron actos de barbarie, terrorismo de Estado, ejecuciones extrajudiciales, violaciones de sus derechos a la población civil, saquearon propiedades, violaron mujeres, mataron niños, torturaron y desaparecieron dirigentes sociales, populares y políticos,  criminalizaron a defensores de derechos humanos,  ejecutaron “falsos positivos”, incurrieron en prácticas de corrupción con los presupuestos públicos, le hicieron la vida insoportable a oficiales honestos y los obligaron a renunciar a su carrera militar, entre otros delitos menores.

Un patio para los políticos y gobernantes corruptos, para ex–presidentes, que se relacionaron con el narcotráfico y paramilitarismo, fomentaron la formación de grupos criminales al margen de la ley, intervinieron teléfonos de la oposición y de prestigiosos miembros de los tribunales, dieron la orden de ejecutar comandantes en estado de absoluta indefensión, se beneficiaron electoralmente de las acciones del terror de los grupos ilegales, incurrieron en prácticas de corrupción, cohecho, compraron conciencia y votos, construyeron un modelo de democracia mafiosa,  propiciaron magnicidios, entregaron sin escrúpulo los patrimonios estratégicos de la nación a las empresas trasnacionales, compraron quiebras privadas con presupuestos públicos, recortando sin consideración algunas el gasto social, entre otros delitos, ninguno menor.

Un patio para las élites económicas que financiaron la guerra y paramilitarismos e hicieron del botín de guerra un proceso de acumulación por la vía de la corrupción y el despojo. Un patio para los grandes propietarios que se hicieron más grandes durante el desarrollo de la guerra, para los que ayudaron a configurar las listas de los que hoy están desaparecidos o fueron víctimas de asesinatos selectivos y masacres, para los que se enriquecieron sirviendo de testaferros a los capos del narcotráfico y les abrieron las puertas de sus negocios y de sus familias. Un patio para los contratistas que se transformaron en asaltantes de los presupuestos públicos en las grandes obras de infraestructura que se llenaron de sobrecostos y nunca se terminaron. Un patio para los que hicieron fortunas con sus manos manchadas de sangre de los más humildes e indefensos.

Un patio para los gerentes de las trasnacionales y sus empleados de confianza que financiaron el paramilitarismo y la insurgencia, para construir oleoductos y grandes macro-obras, para explotar los recursos naturales en voraces economías extractivas que no se compadecieron con la destrucción del medio ambiente, el empobrecimiento de los territorios y la devastadora generación de pobreza y marginalidad de la población. Un patio para las trasnacionales del banano que pagaron por cada caja dólares para asesinar sindicalistas, mujeres y niños.

Un patio para los inventores de la doctrina de la seguridad nacional, del enemigo interior y de la guerra, para los asesores militares y contratistas, para los mercenarios, para los que a nombre de Dios, la libertad y la democracia van llenando de guerra los pueblos de América.

Esperemos, que el proceso de conversaciones establezca un acuerdo político en el cual se marquen rutas para que la justicia encuentre la medida de la satisfacción de todos. Para ello hay que crear puentes entre quienes empujan el proceso y quienes se oponen. La mesa de conversaciones tiene que abrirse a la presencia del Procurador para que presente sus argumentos sobre justicia y “Pacto por la Paz”; al Ex -presidente Uribe, la voz del Centro Democrático, para que explique para él que es la impunidad y cómo es que se hace justicia para todos; a los militares retirados para que defiendan las dignidades y las honras de los militares y expliquen que se hace con los crímenes cometidos por la fuerza pública; a los empresarios para que hagan público cuál es su compromiso con la paz en un país cargado de necesidades de empleo, equidad y justicia social…

Bogotá, 24 de febrero de 2015.