martes, 27 de noviembre de 2018




Y…¿Cuál es la puerta de entrada?…

CARLOS MEDINA GALLEGO
Docente-Investigador
Universidad Nacional de Colombia

No me queda la menor duda que la movilización estudiantil universitaria ha sido exitosa. Una parte importante de los propósitos se han cumplido en lo que a mediano plazo puede alcanzarse, sin que el movimiento comience a mostrar la carga de fatiga que suele tener con el trascurrir de los días, las asambleas, las movilizaciones y el cambio de las atmosferas políticas, sociales y comunicativas que suelen acompañar estos procesos, para no hablar de las infiltraciones de la inteligencia y de los inaceptables hechos de provocación y violencia de grupos minúsculos irresponsables  y,  en la práctica, enemigos del movimiento y de su legitimidad.

Primero, es necesario señalar que ha sido un movimiento conducido por una causa legitima, reconocida por los más diversos sectores de la sociedad que han ampliado significativamente su base social de apoyo,  resaltar a propósito de los factores que lo legitiman, que es un movimiento que se nutre de los acumulados de las movilizaciones de 2011 e incluso de las que se dieron en el marco de la seguridad democrática: Este movimiento recoge los aprendizajes en relación con los repertorios, de la movilización, hacia unas formas más amplias, incluyentes y contundentes simbólicamente; y recoge además los análisis, los balances, las reivindicaciones y las propuestas que hasta el momento se han venido construyendo por parte de las generaciones que le precedieron; a él se han unido directivas, maestros universitarios, de básica y secundaria, trabajadores, egresados, padres de familia, sindicalistas, comunicadores alternativos y corporativos, comunidad nacional en Europa, académicos reconocidos internacionalmente de prestigio, músicos, artistas, folclorologos, comunidades étnicas, afro e indígenas,  es decir, una importante base social ampliada de solidaridad que es necesario mantener y proteger, porque reviste la lucha estudiantil de una legitimidad que por sí sola no puede alcanzar. Esa base social y ese apoyo es un logro significativo del movimiento que hay que ponderar en alta estima porque no es gratuito ni pertenece a ningún grupo es el resultado de la legitimidad de la causa que enarbola el movimiento.



Segundo, ha habido un desborde de imaginación y creatividad juvenil que se ha expresado a través de distintos medios y recursos en las redes sociales, con la elaboración de vídeos, explicaciones suficientes y didácticas, carteles, consignas y canciones, clases en los espacios públicos, grafitis estéticos, coros colectivos, música popular y clásica… entre otro centenar de manifestaciones como largas caminatas emprendidas por los estudiantes de provincia hacia la capital, todos aspectos renovadores de la protesta que se van constituyendo en un patrimonio social y cultural de la protesta estudiantil legitima, parte fundamental de su memoria y de su historia.   



Tercero. Si bien es desafortunado el camino seguido por los rectores en un acuerdo que desconoce a los maestros y a los estudiantes y el alcance del movimiento, ese acuerdo tampoco se hubiese podido lograr, con todos los cuestionamientos que se le hagan, sin la movilización estudiantil, su entusiasmo y su legitimidad. Total el acuerdo de los rectores, quiérase o no, es un logro del movimiento estudiantil, importante pero insuficiente. Por eso las marchas continuaron.

Cuarto. Hay una mesa institucional de conversaciones con el gobierno en la que se encuentran representadas todas las partes y se adelantan las discusiones de los propósitos inmediatos que se fijó el movimiento, que son importantes, pero coyunturales e insuficientes, pues los problemas de la educación en el país son estructurales. El solo hecho que esa mesa se mantenga deliberando y que de allí salga líneas de política publica que se puedan hacer ley de la república en materia de educación y financiación, constituiría un logro del mayor valor. Tener esa mesa en conversaciones es ya un logro,  una victoria en el sentido de que se constituye en un escenario de interlocución esperado por mucho tiempo en el que los estudiantes están representados en calidad de pares junto a otros actores determinantes en las políticas públicas de educación. 

Quinto. Desde hace décadas quienes hemos hecho parte del movimiento estudiantil hemos tenido como problema estructural el estar reivindicando agendas de coyuntura y resolviendo los problemas del día a día, de gobierno en gobierno. Eso no puede seguir así, a problemas estructurales soluciones estructurales y esas encarnan luchas de gran aliento, porque se toman tiempo y hay que acompañarlas con una organización estudiantil y una comunidad universitaria fuerte que se autorregula y sabe moverse con inteligencia en la lucha social y reivindicativa. La lucha no es por una ley, la lucha no es por un presupuesto, la lucha es por una política pública clara para la educación que se vea reflejada en la ley y en el presupuesto. Esa es la Lucha.

Históricamente los liderazgos estudiantiles han tenido dificultades a la hora de ponderar en la justa dimensión de lo posible los logros alcanzados y dar los saltos necesarios para abordar en su momento la nueva lucha con los acumulados de legitimidad que va dejando cada proceso, pero esta generación que hoy lidera las luchas estudiantiles tiene la posibilidad y el reto de logran tejer históricamente sus conquistas coyunturales en un propósito de logros estructurales de naturaleza estratégica. Hoy el movimiento debe tomar las decisiones que les corresponden para reclamar las victorias alcanzadas y entender que la lucha debe proyectarse en una perspectiva de largo aliento.

En mi concepto, los logros de este movimiento están alcanzados en lo que es posible, es necesario retornar a la normalidad académica, con una manifiesta disposición a movilizarse el próximo 13 de diciembre, retomar el semestre y continuarlo, dentro de la reprogramación institucional que se haga de manera flexible,  lo que se constituiría en un éxito más movimiento.

Es el tiempo de recoger la cosecha de una buena siembra. Mañana,  todos a marchar no solo por la educación, sino por la paz, contra la violencia, el incumplimiento de acuerdos, la corrupción y la política fiscal.  

lunes, 27 de agosto de 2018







INSUMOS PARA CONSTRUIR UNA RUTA POSIBLE DE DIALOGO ENTRE EL GOBIERNO DE IVAN DUQUE Y EL ELN

CARLOS MEDINA GALLEGO
Docente-Investigador
Universidad Nacional de Colombia
Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz –CPSPP-

El proceso entre el gobierno del presidente Iván Duque y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) está en un estado latente de coma.  Todavía no se reactivan las conversaciones en razón no solamente de los incidentes de violencia armada que mantienen 9 personas retenidas-secuestradas por el ELN en los departamentos de Arauca y  Choco a la espera del desarrollo de un proceso humanitario  de liberación, sino que, adicionalmente, el nuevo gobierno se ha dado un tiempo prudencial de un mes que termina el próximo 7 de septiembre,  para hacer  consultas y estudios necesarios sobre la pertinencia o no de estos diálogos. 

Frente a esta situación y en favor de los mismos se podría señalar los siguientes puntos:

Primero.  Existe una voluntad explícita del Ejército de Liberación Nacional de continuar los diálogos y las conversaciones de paz con el nuevo gobierno del presidente Iván Duque, en el marco de los planteamientos que han definido su comportamiento histórico alrededor de la solución política al conflicto armado, cuyo cimiento esencial lo constituye la participación de la sociedad civil.

Igualmente, existe por parte del gobierno actual un interés en revisar el estado de ese proceso;  concertar los ajustes que sean necesarios, si consideran que el dialogo es viable, después de las consultas y análisis realizado durante el mes de balance y, retomar las conversaciones. El nuevo gobierno querrá darle a los mismos su propio enfoque y sello, y, si es posible, llevarlos a un lugar en el que se puedan obtener resultados tangibles en poco tiempo. 

Esto quiere decir que por ahora existe un interés manifiesto del ELN de mantenerse en diálogos y un interés latente del gobierno en su disposición para revisar lo alcanzado y mirar cómo se definen las rutas en el marco de la filosofía y el espíritu que anima el nuevo gobierno a este respecto. Es una oportunidad de las dos partes para hacer un proceso exitoso en la medida en que ambas han cuestionado los diálogos del gobierno anterior con las FARC.

Segundo. Si se mantienen las posturas que hasta ahora se han hecho explícitas por parte del gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque y del Ejército de Liberación Nacional en la delegación de paz que se encuentra en la ciudad de La Habana,  las posibilidades que este diálogo marche en los próximos días resulta absolutamente inviable. 

Es necesario que una y otra parte asuman una actitud flexible y tengan desprendimientos en relación con las posibilidades de construir un escenario de conversaciones que responda a los intereses diferenciados de las partes en el marco de la construcción de un interés común:  La paz.
 
Si el gobierno sostiene, como lo ha manifestado, su enfoque de DDR, esto es,  desmovilización, desarme y reinserción con algún tipo de beneficio jurídico para los miembros del ELN,  esta guerrilla,  seguramente,  va a ser renuente a esa propuesta, pues en la práctica resulta el sometimiento de una guerrilla derrotada y ellos no se consideran en esa situación. 


Si el ELN mantiene la agenda que venía desarrollando con el presidente Juan Manuel Santos e insiste en el desarrollo de la misma y el poder avanzar en el camino de un cese bilateral al fuego el proceso va a ser inviable. 

Por ahora, lo que existe es una voluntad de partes para retomar, si las condiciones se dan, las conversaciones. Ese debe ser el punto de partida que hay que defender, esto es, mantener el proceso desprendiéndose absolutamente de todo lo que impida que el mismo se produzca. 

Esto implica la necesidad de que el ELN revise las posibilidad real de desprenderse de la agenda que venía desarrollando, manteniendo de ella aspectos que considere esencial en el marco del espíritu que la movía más que de las formulaciones literales de la misma que son esencialmente metodológicas.
 
Disponer la voluntad de las partes para recomponer la agenda de conversaciones de una manera acotada y alcanzable es un primer requerimiento qué tiene este proceso y, tanto el gobierno como el ELN deben flexibilizar sus posiciones.
Es necesario construir una agenda sustantiva que tome en consideración puntos de discusión que comprometan a las dos partes y definir la participación de la sociedad y si su carácter, en materia de lo propuesto,  es vinculante o incidente en las conversaciones.
 
El diálogo es entre el ELN y el gobierno nacional y el acuerdo debe ser de las dos partes en el que ambos logren de manera diferenciada sus propósitos con el mayor realismo posible y asuman las responsabilidades con la mayor objetividad y responsabilidad.

Un enfoque diferencial de estos diálogos estaría en poderlos desarrollara en los territorios con las poblaciones y sus respectivas problemáticas, que involucraran simultáneamente al gobierno nacional y los gobiernos locales, conjuntamente con las formas organizadas de la sociedad y el sector privado en la búsqueda de alianzas para la construcción territorial de paz y desarrollo.     

Tercero. Hay que saludar el pronunciamiento hecho por la delegación del ELN en relación con el tiempo de los diálogos. Señalar qué 4 años es suficiente tiempo para dialogar,  llegar acuerdos e iniciar la fase de implementación sobre bases firmes, es una buena noticia,  pues permite establecer cronogramas y calendarios claros al proceso de conversaciones y de acuerdos. 

La sociedad colombiana está saturada de los procesos de conversaciones de paz y el resultado de los mismos. Esto demanda de una estrategia comunicativa por parte del gobierno y del ELN, que permita nuevamente a la sociedad motivarse al respecto de la obligatoriedad de la paz en el marco del mandato constitucional. Los diálogos con el ELN  son una oportunidad para el nuevo gobierno de avanzar en las posibilidades de la paz completa y en la construcción de sus propias legitimidades tan duramente cuestionadas. Como no existe una política de Estado que obligue a los gobiernos a continuar procesos es fundamental que el diálogo, los acuerdos y las fases de implementación se den a lo largo de la actual administración.

Resulta de la mayor utilidad precisar los usos del tiempo, es necesario recuperar las experiencias que ha tenido el país en materia de conversaciones. Siempre debe tocarse en primera instancia qué es lo que se busca con los diálogos y definir con claridad metas y logros de futuro pues es a partir de allí que se construyen las confianzas y las certezas necesarias para tomar las decisiones requeridas.

El segundo tiempo de las conversaciones tienen que ver con el pasado esto es con lo que el conflicto dejó en materia de víctimas y de necesidad de verdad, justicia y reparación integral. Las víctimas se colocan al centro de este momento. Creo que en ese tema hay un camino andado del que no es fácil desprenderse y que habría que revisar y adoptar.
 
El tercer momento toma en consideración el presente qué es la terminación de la violencia política y de la guerra y que convoca el cese bilateral definitivo y la dejación de armas. Este punto no puede aniquilar los otros ni opacarlos, es un punto procedimental pero el esencial tiene que ver con la construcción de futuro y saldar cuentas con el pasado. Es posible que las dos partes puedan formular para el desarrollo de las conversaciones un gran pacto humanitario que desescale la confrontación armada y disminuya las hostilidades.   

Dos años de diálogos, conversaciones y acuerdos es suficiente. Dos años de implementación de acuerdos NO lo son, pero debe entenderse que todo acuerdo se va a tomar en términos de realizaciones una o dos generaciones, si no es que más, lo que hay que dejar establecido son los requerimientos institucionales y políticos necesarios para que el proceso siga andando sin dificultades.  

Cuarto. Seguramente habrá necesidad de definir la sede de los diálogos y las conversaciones y cuáles son los países garantes y acompañantes. Por la naturaleza del nuevo gobierno los diálogos no pueden soportarse sobre los apoyos de Venezuela y Cuba, pues no tendría presentación para ellos qué habiendo levantado el discurso político en la lucha contra el castrochavismo retomarán las experiencias bolivariana y cubana en el marco del nuevo proceso, con todo lo útiles que han sido. El papel de Cuba ha sido esencial como sede de diálogos con el ELN, incluso durante la administración de Álvaro Uribe Vélez.   Tal vez lo más pertinente es iniciar los diálogos en algún país amigo y garante que permita los ajustes de agenda pero, con el propósito de trasladar las conversaciones lo más pronto posible al interior del país con las debidas salvaguardas y protecciones para la comisión de paz del ELN, que contemple la solidaridad de la comunidad internacional y de la iglesia.  Si la participación de la sociedad es fundamental, lo mejor es tener la mesa de conversaciones al alcance esa participación. Un papel importante debe jugar España en estos diálogos en la medida que fue el país que metió al ELN en la lista de organizaciones terrorista en la comunidad europea y es quien debe sacarlo.

Quinto. Uno de los mejores y más sólidos patrimonios que han tenido los diálogos en las últimas épocas es el acompañamiento de la comunidad internacional. Pero es necesario señalar que ésta es pragmática, quiere ver resultados y quiere verlos lo más pronto posible en la medida qué los gobiernos y la comunidad internacional también se agotan, se desgastan. La comunidad internacional trabaja con sus propios tiempos, procedimientos y regulaciones, lo que requiere de las coordinaciones más técnicas y precisas. Es necesario tomar en consideración las sugerencias que pueda hacer las Naciones Unidas al respecto de su participación en estos procesos en las tareas de monitoreo y verificación, buscando que se realicen con todos los requerimientos de tiempo y tramites.  
 
Sexto. La mesa de conversaciones es una escuela de aprendizajes y una fuente de emanación de toma de decisiones. Por esto,  no debe preocupar la postura con que llegue el gobierno y el ELN a la mesa pues seguramente en la medida en que los diálogos vayan realizándose y los propósitos del mismo se vayan alcanzando, las decisiones fundamentales se irán produciendo, entre ellas, la decisión de colocar fin a la guerra y hacer formalmente efectiva la premisa de separar las armas de la política.
 
Séptimo. Las tensiones con Venezuela y la presencia permanente del ELN en el territorio fronterizo de este país no deben ser un obstáculo para desarrollar las conversaciones de paz,  por el contrario, debe ser una razón más para superar el conflicto y distensionar las relaciones de vecindad. No creo en la estupidez de llegar a pensar en un conflicto armado entre las dos naciones pues los objetivos estratégicos de ese conflicto golpearían profundamente a los dos países y sus respectivas economías. Economías ambas extractivistas dependientes del petróleo.
 
Pienso que ningún papel significativo podría jugar el ELN en esa guerra. Tampoco soy de los que piensa que el ELN se haya convertido en una guerrilla binacional. La doble  nacionalidad y cedulacion es propia de las zonas de frontera y en el caso de la frontera venezolana hace décadas que el ELN la habita.
 
Octavo. No es bueno colocar líneas rojas en los inicios de la conversación por ninguna de las dos partes. Cuando se trata de buscar la forma de poner fin a un conflicto armado como el colombiano se debe disponer de la mayor amplitud posible para poder dialogar. Las líneas rojas impiden avanzar a las conversaciones y se consumen los tiempos. Las agendas cuando son objetivas lo que hacen es  reflejar la correlación de fuerzas en el campo de batalla y ellas mismas en la práctica se van ajustando a los acuerdos posibles.

Noveno. El peor escenario que podría ocurrir es dar por terminadas las conversaciones y retomar la confrontación, porque ya lo tiene advertido la comunidad internacional y los organismos multilaterales que definen las rutas de inversión del sistema financiero global, la paz es un insumo productivo que ofrece seguridad material y jurídica a las posibilidades de inversión en la economía nacional. Nadie invierte en un país en guerra, cualquiera que sea la forma en que se presente.


Diez. Es necesario derrotar el pesimismo, aprender de Gaitán que lo imposible no es más que lo difícil visto por ojos donde no ha nacido la fe y ha muerto la esperanza y, en este país, no ha ocurrido ni lo uno ni lo otro.     

martes, 8 de mayo de 2018




ETCR. MARTIN VILLA, FILIPINAS-ARAUCA
Entre la persistencia y la desesperanza

CARLOS MEDINA GALLEGO
Docente – Investigador
Universidad Nacional de Colombia
Centro de Pensamiento Seguimiento al Proceso de Paz

La situación por la que están pasando los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), donde residen los excombatientes de las FARC y sus familias, es realmente crítica y sin expectativas claras de futuro. En esos espacios se agota en medio de un activismo permanente todas las esperanzas de cumplimiento del Acuerdo de Paz con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Hay un dolor mudo, una tristeza represada, un convencimiento cada vez más fuerte de que fueron engañados, que el único interés del gobierno era desarmarlos y desmovilizarlos, que no había para los campesinos, los territorios, ni los excombatientes, ninguna ruta institucional para poner final a las causas estructurales de la violencia.

El Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz, de la Universidad Nacional de Colombia, sigue trabajando con obstinación en el desarrollo de programas de acompañamiento a estos ETCR, con el fin de mantener viva la esperanza, ayudar a pensar rutas de normalización, formar los liderazgos para el nuevo tiempo, dotarlos de metodologías para la elaboración y gestión de proyectos y, compartir con otras instituciones tercas en el propósito de la paz, las angustias crecientes de los pobladores de esos espacios.

Con el pretexto de dar a conocer el libro de narrativas del Censo Socioeconómico titulado, Por el agujero de la memoria construyendo Paz; poner en conocimiento de quienes aún permanecen en el Espacio Territorial el estado actual de la implementación y, ayudar a construir los perfiles de los proyectos productivos, visitamos el ETCR, Martin Villa, en Filipinas, municipio de Arauquita-Arauca. Nos encontramos con el estado de ánimo descrito arriba y un proceso en marcha de reincorporación sostenido a fuerza de la voluntad de un colectivo que ha madurado en su capacidad para no dejar caer el precario entusiasmo que aún existe entre quienes se mantienen allí. Quisiera señalar de esa visita algunos puntos que considero pueden ser expresión clara de las tensiones entre los esfuerzos por avanzar y los obstáculos que a diario van surgiendo y que les impide hacerlo.


Primero. La paz por encima del incumplimiento. Me sorprendió la madurez con que han asumido el hecho que el gobierno no les va a cumplir y que, con acuerdo o sin acuerdo, ellos van a sacar adelante su proceso de reincorporación y normalización. Saben que existen múltiples y complejos problemas, pero se levantan cada día a las cuatro de la mañana a ponerle la cara a las dificultades y a valorar en gran estima cualquier pequeño avance. Están informados de lo que viene pasando con la implementación de los acuerdos y los duros retos que han tenido que enfrentar quienes están al frente del proceso. Repudian el incumplimiento sistemático del gobierno y se sienten una comunidad burlada. No obstante, no han renunciado a sacar el proceso adelante y tienen suficientes razones para hacerlo: han conformado familias, tienen hijos pequeños, han traído a sus familiares y se han hecho a la idea que la guerra no puede ser su destino. Por esto, no se derrumban ante las adversidades y mantienen viva la esperanza de que pese a todo van a salir adelante. Para los líderes, se ha hecho una tarea enorme levantarse cada mañana a despertar la moral de la comunidad para persistir en el proceso de paz contra toda certeza de éxito y una manifiesta evidencia de transitar hacia un estruendoso fracaso. Por eso, ya no creen en la implementación y el cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno, pero se aferran con autoridad moral a la afirmación hemos prometido cumplir y cumpliremos.    

  

Segundo. Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación. Cada vez más, al menos este ETCR, se convierte en un centro de refugiados. De los 480 censados de los cuatro frentes que se agruparon allí, apenas queda el 25% de excombatientes, los demás se fueron hacia sus familias y a buscarse la comida en otras partes, jornaleando, trabajando en lo que sea, porque el 90% del salario mínimo que les llega, no les alcanza para mantenerse, y mantener a sus familias. Están rebuscándose la existencia, para no regresar a la guerra y siempre atentos a los proyectos que salgan para vincularse a ellos. Pero los que se quedaron y siguen allí se trajeron a sus familias, a sus padres, hermanos, esposas e hijos, porque las condiciones en que estaban viviendo eran peores que las que podían encontrar allí. Pronto se suspenderán los apoyos del gobierno, que obligaron a la bancarización y los miembros de estas comunidades en todo el país quedaran a la deriva y sin renta básica, porque no se habrá resuelto, en dos años, los proyectos productivos que de manera exitosa reemplacen el sistema de apoyos gubernamentales.   



Tercero. Lucha contra la zozobra y la desesperanza. Viven en medio de la zozobra de un territorio en el que operan otros actores armados con una gran conflictividad; hay presencia hegemónica del ELN;  existe la idea que se está reactivando el paramilitarismo; se han fortalecido las disidencias retornando prácticas económicas que agobian la población; la falta de oportunidades unida a la migración venezolana, ha incrementado los niveles de delincuencia común; al ser una región de frontera no deja de impactar las relaciones entre Colombia y Venezuela en permanente tensión. En estas condiciones, la transición se debate entre avanzar y reciclar un nuevo y más devastador periodo de violencia, sin que una adecuada política de Estado se coloque al frente del proceso garantizando los mínimos necesarios para hacerlo exitoso.

 Cuarto. Construir comunidad. Quienes lideran el ETCR tienen claro que la reconstrucción del tejido social en el ámbito de la reconciliación y el perdón no es fácil, que las comunidades tienen grandes resistencias que guardan en silencio y que verlos acercándose para compartir inquietudes y definir y emprender procesos que conduzcan a la convivencia ciudadana y a la construcción de economías de bienestar se toma tiempo. No obstante, en este espacio territorial hay una muy dinámica y respetuosa relación con el entorno comunitario, con sus formas de organización, sus propósitos y con sus espacios, mejorados y fortalecidos por la ayuda humanitaria de la comunidad internacional. 



Quinto. La necesidad de la tierra. La mayor preocupación que tienen es el acceso a la propiedad de la tierra en donde puedan comenzar a desarrollar con seguridad sus proyectos productivos unidos a las economías agrarias. Tenían la esperanza que la finca en que se encuentra localizado el ETCR, pasara a ser propiedad de la comunidad de las FARC, pero eso no va a ocurrir porque el gobierno nacional no logró llegar a un acuerdo con el propietario sobre el precio de venta de la finca de 151 hectáreas. Los propietarios incrementan desproporcionadamente el valor de la tierra a la hora de vender al Estado, pero a la hora de pagar impuestos quieren todas las prerrogativas. Si en la práctica esa finca pasara a manos de la comunidad para vivir colectivamente y construir sus proyectos productivos, le correspondería a cada uno de los excombatientes, proporcionalmente, una extensión de 0.33 hectáreas, esto es la tercera parte de una hectárea, nada. Aun así, están dispuestos desde esa pequeña propiedad a empujar los proyectos productivos en una granja integral que abastezca sus propias necesidades y produzca para el mercado. Como no se pudo llegar a un acuerdo y esas tierras están en arrendamiento, seguramente al acabar el actual gobierno y suspenderse los pagos, quedaran en condición de invasores, a disposición de las autoridades.

Sexto. Proyectos productivos. Esta comunidad viene ensayando en varios proyectos productivos con distintos acompañamientos: Sacha Colombia, para la siembra de Sacha, un cultivo promisorio que contiene un alto poder nutricional y cosmético en la medida que es portador de los tres Omega. Recibieron conjuntamente con la comunidad diez escuelas (cursos) al respecto de lo que es esta especie comestible y sus posibilidades agroindustriales en la producción del grano, aceite y cremas. Este proyecto cuenta con al menos tres hectáreas experimentales que fueron arrendadas para la capacitación.

Tiene acompañamiento del Sena con una oferta de programas técnicos y orientación en elaboración de proyectos productivos. Se han formado en cursos en Panaca en donde aprendieron a fabricar Bloques Nutricionales, para montar un proyecto que requiere de 100 millones de pesos que no encuentran en ninguna parte. La Universidad de los Llanos los ha acompañado orientando la creación teórica de proyectos productivos, sin que los mismos puedan aterrizarse por falta de tierra y recursos. Otras instituciones educativas de diferente nivel de formación realizan temporalmente trabajo con las comunidades que convoca el ETCR.

Va avanzando un proceso piscícola prestado, porque los recursos que se colocaron tienen un padrino que es el que se beneficia del mismo. Quieren contar con recursos para su propio proyecto de manera que los beneficios de nuestro trabajo se queden en nosotros para construir el mejor vivir de nuestras familias. No nos interesa pescar con la caña del otro.



Séptimo. Educación. Creo que una de las mayores fortalezas que tiene el ETCR Martin Villa, es el importante trabajo que vienen haciendo en materia educativa. Se formaron y graduaron 108 bachilleres, que no van a poder ir a la universidad pese a la oferta realizada por la UNAD dado que se encontraron con los costos y una oferta de subsidios y préstamos imposible de alcanzar en el ICETEX.
Se encuentran actualmente interesados en un proceso de homologación de saberes, en particular en áreas de la salud, para que sus médic@s, odontólog@s y enfermer@s, puedan trabajar con las comunidades campesinas debidamente certificados; están a la espera, ante los obstáculos que han tenido con el sistema universitario nacional, que la Cruz Roja de Noruega, establezca sobre las prácticas en salud una homologación real de sus saberes y los certifique.

Tienen espacios comunitarios y salones que han adecuado para clases, pero por las características del clima requieren dotación adecuada de pupitres, tableros, proyectores y sobre todo, ventiladores y aires acondicionados.  Esta comunidad está necesitando habilitar su propio jardín infantil, tienen el espacio pero es necesario dotarlo y financiarlo de manera suficiente; igualmente, habilitar el comedor comunitario que se fue abandonando para construir la relación familiar en torno a la preparación de alimentos, en un restaurante escolar que se pueda sostener entre las Secretarias de Educación Municipal de Arauquita, la departamental de Arauca y el ICBF.

Un papel esencial juega en este ETCR la cultura a través de sus expresiones artísticas; el teatro, la danza, la poesía, la pintura, la narración literaria y las artesanías, hacen parte del repertorio de construcciones culturales. Es igualmente importante el desarrollo de la actividad deportiva que se extiende a la comunidad y permite interactuar con ella.



Octavo. Arreglo de espacios comunes. Un importante trabajo realiza esta comunidad para el cuidado y mantenimiento de los espacios comunes, en particular las carreteras, los centros comunitarios y las bibliotecas públicas. Prestan especial atención a la educación ambiental y al manejo sustentable del ecosistema, no solo a través del tratamiento de basuras y procesos de reciclaje, sino en una adecuada economía del agua.  

Noveno. Salud. La atención en salud se reparte entre los conocimientos populares, la atención y campañas institucionales, la ayuda internacional y la nueva EPS a la que fueron afiliados todos los excombatientes y sus familias. Hasta ahora no han tenido problemas para acceder a este derecho, no obstante, la lejanía en la que se encuentran los centros de atención. El viejo “sistema de Salud” que funcionó de manera efectiva durante la guerra, busca sostenerse a través de la homologación y certificación de saberes para poder no solo atender a la comunidad propia, sino, como lo hicieron siempre, sirviendo al conjunto de la comunidad. Algunos de los médicos y enfermeras que llenan los requisitos están realizando trámites para aprovechar las becas otorgadas por el Gobierno Cubano.
    
Decimo. Seguridad. La seguridad es el problema más grave que existe, la comunidad viene siendo protegida por el Ejército Nacional y la Policía que tienen sus respectivos puestos de vigilancia y cordones de seguridad sobre el ETCN que funciona como un cuadrante. Sin embargo las amenazas son múltiples y de distintas procedencia. En  el momento en que cierro este artículo se ha producido el asesinato de Isidro Carvajal, conocido en la guerrilla de las FARC como Misael, excomandante del Frente X, quien desde la cárcel se había acogido a la JEP y gozaba de amnistía. El asesinato fue perpetrado por desconocidos en la vereda galaxias cerca de la ETCR de Filipinas, cuando regresaba del trabajo en una parcela.

Los hostigamientos y asesinatos, pueden generar distintos fenómenos que terminan por reactivar la violencia y aumentar el número de disidentes o generar procesos de auto-encerramiento, convirtiendo en la práctica los ETCR en colonias penitenciarias. El gobierno y las instituciones responsables tienen que prestar especial atención a los problemas de seguridad de la población en esta etapa de transición o se puede generar un ciclo de muertes que, sumadas a las que vienen ocurriendo en las zonas donde se encuentran localizadas otras ETCR, puede configurar un nuevo genocidio político.      



Once. Comunas y partido político. El paso de la guerra hacia la política, del ejército al partido, se va desarrollando según las orientaciones emanadas del primer Congreso de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, partido de la rosa. La nueva organización se ha estructurado en comunas y allí, según la procedencia existen tres comunas, en las que se desarrollan las actividades partidarias y se construyen los relacionamientos políticos con otras organizaciones y con las comunidades. El trabajo político comienza a configurarse como prioritario y los aprendizajes que convocan estas prácticas son lentos y difíciles, los miembros del ETCR así lo reconocen. No es lo mismo llegar uniformados y con armas a hablar con la gente y las comunidades,  que hacerlo como civiles desarmados. Es pasar de dar órdenes a buscar consensos, a persuadir sobre las propuestas y las iniciativas de acción política.

Un largo camino cargado de no pocas dificultades ha iniciado el Partido de la Rosa para llegar a sembrar la semilla de la inconformidad y de su tratamiento en el orden institucional en el seno de las comunidades. En el  ETCR Martin Villa, todo está por hacerse.

Bogotá, 8 de mayo de 2018.

        

jueves, 3 de mayo de 2018




La justicia Transicional como constituyente simbólico de la reparación integral de las víctimas y fundamento de la reconciliación

CARLOS MEDINA GALLEGO
Docente-Investigador
Universidad Nacional de Colombia
Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz (CPSPP)

Notas para un conversatorio[1]

Este conversatorio centra su atención en la relación entre justicia transicional y reparación integral de las víctimas en el marco de la implementación de los acuerdos entre el gobierno nacional y las FARC, en el proceso de la construcción de una paz estable y duradera.

En lo esencial se busca convocar la atención sobre el tema de la reparación,  las rutas y retos que tiene la misma para garantizar los derechos de las víctimas de la violencia y conflicto armado, en el camino del perdón y la reconciliación. Esta ponencia está organizada a través de ideas fuerza que se articulan en torno a  8 ejes centrales de reflexión: 1. Las víctimas del conflicto y la justicia transicional; 2. Las víctimas y el camino de la reparación; 3. Las víctimas como sujeto político de derecho; 4. La reparación como derecho y como mecanismo; 5. Los retos de la participación en la reparación; 6. Medidas de reparación en los estándares internacionales; 7. Programas administrativos de reparación colectiva; 8. Dimensión transformadora de la reparación.

Las mayorías de estas ideas han sido tomadas y ordenadas de los trabajos especializados que existen al respecto y que contribuyen a los propósitos de esta exposición. 

Las víctimas del conflicto y la justicia transicional.  

1.       Siete décadas de violencia y conflicto armado interno nos ha dejado una herencia de violaciones y abusos a gran escala de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.  El número de personas que han sufrido las dinámicas de la violencia en nuestro país representa el 18% del total de la población. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), el conflicto en Colombia ha generado 8.405.265 víctimas.

2.       Las afectaciones que han tenido las víctimas  se constituyen en violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario incluyen: desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, desaparición forzada, reclutamiento de menores, lesiones por efecto de minas, tortura y secuestro, conductas que  a la luz del Estatuto de Roma, constituyen crímenes de lesa humanidad y no son amnistiables en los términos del Acuerdo de La Habana.

3.       Todas las víctimas del conflicto armado y la violencia están cubiertas por unos derechos que el Estado y la sociedad deben reconocer y garantizar. El acuerdo Final entre el gobierno y las FARC, coloco al centro de la resolución del conflicto los derechos de las víctimas y para ello creo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Compromiso de No Repetición.

4.      En este contexto, uno de los objetivos de la Justicia Transicional es la realización de los derechos a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición a favor de las víctimas.

Las víctimas y el camino de la reparación.

1.      La reparación es una de las medidas de justicia transicional que mayor relevancia e impacto directo tiene en las víctimas, de ahí su especial importancia. 

2.      Todas las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario tienen derecho a recibir una reparación adecuada, efectiva y pronta por el menoscabo que han sufrido en sus derechos. Este derecho de las víctimas trae consigo el deber del Estado de reconocer y responder ante estas violaciones a los derechos humanos en los casos en los que la acción o inacción oficial implique su responsabilidad.

3.      En situación de violaciones masivas y sistemáticas y cuando se trata de transitar de una situación de conflicto armado interno a la paz, la mejor manera de hacer efectivo el derecho de las víctimas a la reparación es a través de programas administrativos de cobertura masiva adoptados por parte del Estado. Así lo han reconocido el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. 

Las víctimas como sujeto político de derecho

1.      La importancia fundamental de las garantías de no repetición , radica en que la paz como concepto amplio será sostenible, no sólo en la medida que se implemente el Acuerdo, sino también en la medida que en la sociedad no se sigan presentando violaciones a los Derechos Humanos y al derecho internacional humanitario.  La sociedad está en mora de exigirle al Estado la garantía de cumplimiento a los derechos de las víctimas resultante de la firma de los acuerdos.

2.      Los procesos de transición deben buscar, el reconocimiento de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y debe hacer el más amplio y riguroso registro de manera que se establezca con claridad el universo de víctimas y sus características particulares. En esta fase, como en todas, la participación de las víctimas debe ser activa y efectiva. Debe incluir una perspectiva de género que permita efectuar un análisis de las especificidades de las mujeres, hombres y niños.

3.      Las organizaciones de víctimas de la sociedad civil deben contar con todas las garantías y los espacios para participar. En este sentido, una de las recomendaciones que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos le ha realizado al Estado colombiano ha sido instar “…a las entidades del Estado a incluir a las víctimas en la planificación y elaboración de presupuestos, a diseñar mecanismos flexibles para la implementación en los ámbitos local y nacional, y a garantizar la rendición de cuentas periódica y basada en resultados y la transparencia de todas las acciones”. Sin lo anterior, el proceso no podrá cumplir de forma determinante con sus objetivos.

4.       Si se pretende que la reparación en Colombia sea adecuada y efectiva, tendrá que hacerse a través de mecanismos concretos, participativos y, sobre todo, realistas.

La reparación como derecho y como mecanismo

1.      Existen diferencias entre la reparación como derecho, y las reparaciones como mecanismo de justicia transicional.

2.      En el primer sentido, la reparación como derecho, la naturaleza de la reparación es de tipo jurídico, generalmente está asociada a fallos judiciales y tiene como objetivo la compensación por el daño que ha sufrido una persona como consecuencia de un crimen específico. La reparación judicial abarca cinco medidas que son: la restitución, la compensación, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición.

3.      Las reparaciones en escenarios transicionales o  de posconflicto armado se refieren a programas de medidas coordinadas con cobertura masiva. Aquí, el término hace referencia a los intentos de proporcionar beneficios directos a las víctimas; esto es,  un proyecto de política pública basado en derechos que responda al sentir, las necesidades y al contexto de las víctimas. 

4.       Los programas de reparaciones en el marco de la justicia transicional no deberían diseñarse con base en la estructura de la reparación judicial, debido a que se corre el riesgo de crear programas complejos, basados en medidas de muy amplio alcance que difícilmente se logran cumplir, especialmente en contextos de violaciones masivas de derechos humanos.

5.      De nada sirve un programa de reparaciones ambicioso si no se puede cumplir lo que propone y éste genera frustración a un número considerable de víctimas. Re-victimiza.

Los retos de la participación en la reparación

1.      Los retos que enfrenta la implementación de un acuerdo en materia de las reparaciones de víctimas para que contribuyan a la construcción de paz son enormes. Un programa integral de reparaciones debería fortalecer los procesos de perdón, reconciliación y construcción de paz. Esto significa, por lo menos, que las reparaciones logren el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y agentes activos en su proceso, y la generación de confianza entre ellas y el Estado quien es el principal agente de la reparación.

2.      Para que un programa de reparaciones pueda contribuir a la paz debería responder a medidas concretas con estándares y alcances realistas. La reparación que crea falsas expectativas termina siendo un proceso de revictimización.   

3.      Debe ser participativo, la participación en el proceso es un componente esencial de la reparación, cualquier persona que haga parte de un programa de reparaciones debería tener la posibilidad de participar en él.

4.       Las medidas no pueden reducirse a la entrega de un beneficio particular o acciones fragmentadas, deben ser un proceso de transformaciones significativas que tengan  impacto y generen sentido reparador, devolviendo a las victimas la condición de ciudadanos con derechos. La condición de víctima es una condición excepcional que debe a través de la reparación superarse.   

5.       Es fundamental el compromiso de entidades públicas y privadas para que se garantice la reparación integral de las víctimas de manera efectiva. El Estado debe enviar un mensaje claro y no prometer lo que no puede cumplir.

6.       La reparación en su naturaleza no es transformadora, ni constituye un proyecto de vida, es restauradora de unas condiciones de existencia que fueron alteradas por la violencia. Puede ser transformadora, cuando las acciones de reparación se hacen de manera colectiva frente a comunidades que fueron victimizadas y se mejora de manera efectiva su realidad socioeconómica.  

7.       En una sociedad donde casi el 20% de la población está en condición de víctimas, por razones materiales y presupuestales, la reparación no podrán ser de por vida. Las victimas más que víctimas, son sujetos de derechos, y la relación que se aspira a reconstruir entre el Estado y sus ciudadanos debe estar basada en la seriedad, la sinceridad y la legitimidad del Estado para garantizar derechos.

8.       La paz y la reconciliación deben estar fundamentadas en el reconocimiento de responsabilidades de todos los actores involucrados, así como de la sociedad por su silencio e indolencia. La paz es una responsabilidad de todos y como una acción de justicia, los colombianos tenemos un deber frente a la reparación.

Medidas de reparación en los estándares internacionales.

1.      Conforme a los estándares del derecho internacional, la reparación puede comprender múltiples medidas, que deberían combinarse e interrelacionarse entre sí para lograr la integralidad. Algunas de estas medidas o componentes pueden ser:

a.       Restitución: busca restablecer los derechos y el proyecto de vida de las víctimas o comunidades, incluye la devolución de bienes patrimoniales que fueron arrebatados por la violencia  y el restablecimiento de los derechos. 
b.      Indemnización: implica el pago de una compensación económica por el daño sufrido.
c.       Rehabilitación: restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales, esto incluye atención médica y psicológica, y acceso a servicios jurídicos y sociales.
d.      Satisfacción: son medidas que buscan restablecer la dignidad de las víctimas, reconocer públicamente el daño sufrido y difundir la verdad sobre lo sucedido. Estas medidas pueden incluir conmemoraciones, pedidos públicos de disculpas, difusión de la verdad, búsqueda de los desaparecidos y recuperación de restos mortales, entre otras.

Programas administrativos de reparación colectiva

1.      Los programas administrativos masivos de reparación son, ante todo, un proyecto político que entraña el reconocimiento por parte del Estado de lo que pasó, del sufrimiento que la violencia causó y de los derechos de quienes han sufrido una violación, sumado al compromiso de ofrecer las garantías para que estos hechos del pasado no se repitan.

2.      Si bien las víctimas tienen derecho a interponer recursos para conseguir esta reparación (sea por la vía judicial, administrativa o disciplinaria), el enfoque judicial y contencioso resulta limitado en contextos transicionales para casos en los que hubo violaciones masivas a los derechos humanos y, por lo tanto, un gran número de víctimas.

3.      Es por esto que, teniendo en cuenta la gran tarea que significaría para el Estado y el sistema judicial individualizar y reparar una por una a cada víctima, la práctica común es la adopción de programas administrativos de reparaciones en los que se priorizan categorías de víctimas y tipos de victimización, y se definen medidas que permitan abarcar, de manera diferenciada, las distintas categorías.

4.      Estas medidas pueden ser evaluadas según el cumplimiento de las siguientes características:

a.       Amplitud: capacidad de cubrir la totalidad o mayor número de víctimas con derecho a ser reparadas, lo que implica un ejercicio exhaustivo de identificación de víctimas tanto individuales como colectivas; y de posibles hechos victimizantes o violaciones que deben ser reparadas.
b.      Complejidad: los programas de reparación deberían incluir beneficios tanto materiales como simbólicos, distribuidos individual y colectivamente.
c.       Coherencia interna y externa: la coherencia interna se refiere a la relación y complemento entre los diferentes tipos de medidas de reparación (restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición). La coherencia externa significa la adecuada relación entre la de reparación y otras medidas de justicia transicional, tales como comisiones de la verdad, reformas institucionales y juicios penales.

5.      Un elemento central en la adopción de políticas públicas de reparación es la posibilidad de que las víctimas, de manera individual o a través de asociaciones, participen en el diseño e implementación del programa con el fin de que las medidas respondan a sus necesidades y expectativas.

Dimensión transformadora de la reparación

1.      Los programas de reparaciones buscan principalmente afirmar la condición de las víctimas como titulares de derechos. Así, no solo se enfocan en resarcir un daño específico: restituir un bien o pagar una indemnización por la pérdida de un ser querido, sino también y, especialmente, en reafirmar la condición de ciudadanos con derechos de las víctimas y ser una oportunidad para transformar sus vidas y superar las condiciones que causaron su victimización.

2.      Nuevos enfoques consideran que un programa de reparación debería incluir una dimensión transformadora que no solo remedie los daños causados por la violación, sino que transforme las condiciones en las que se encontraba la víctima antes de que ocurrieran los hechos y, así, afiance los principios democráticos en una sociedad. 

3.      En contextos como el colombiano en el que condiciones de pobreza y exclusión, por ejemplo, facilitaron o permitieron la violación de derechos humanos, una visión transformadora de las reparaciones no solo buscaría reparar el daño sino también cambiar estas condiciones para permitir mejorar las condiciones de vida de las víctimas y evitar que los hechos se repitan.

4.      Un programa de reparaciones, por ambicioso e integral que sea, si no va acompañado de otras medidas como iniciativas de esclarecimiento histórico, garantías de no repetición, reformas institucionales o enjuiciamientos, difícilmente tendrá el impacto transformador esperado. La experiencia internacional demuestra que la aplicación íntegra de las medidas de justicia transicional puede ofrecer a la sociedad en general y a las víctimas en particular, la sensación real de que se intenta hacer justicia tras las violaciones ocurridas.

Un difícil momento atraviesa actualmente el proceso de implementación en un ambiente enrarecido y cargado de nuevos hechos de violencia a los cuales hay que prestar especial atención, si no queremos regresar a un ciclo de violencia inédita que deje una generación de víctimas. En los distintos territorios las poblaciones que han sido golpeadas por el conflicto esperan en medio de la incertidumbre que se hagan efectivos sus derechos a la verdad, la justicia la reparación integral y el compromiso de no repetición.     

Notas.

Ø  De Greiff, Pablo. Reparaciones: una oportunidad para transformar vidas. The Handbook of Reparations. Oxford: Oxford University Press, 2006.
Ø  Sinthya Rubio Escolar. Candidata a Doctora en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, Consultora en temas de Infancia, Adolescencia y Justicia Transicional. ¿Qué debemos entender por reparación en la justicia transicional?.
Ø  Javier Tous. Director, Centro de Derechos Humanos del Caribe. Universidad del Norte. Víctimas y reparación en la región Caribe.
Ø  Las reparaciones en la teoría y la práctica, ICTJ, Nueva York, 2007.
Ø  Reparaciones transformadoras, justicia distributiva y profundización democrática (2009), ICTJ y Dejusticia.



[1] Notas preparadas para el IX Congreso de Derecho Constitucional. Ciudad de Pasto-Nariño. Abril 11 al 13 de 2018