La conversión del enemigo en adversario político

El camino de la guerra hacia la democracia

CARLOS MEDINA GALLEGO

Docente –Investigador

Universidad Nacional de Colombia 

Grupo de investigación en Seguridad y Defensa

Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz

No sin dificultades y con poderosos opositores las conversaciones de paz de La Habana van avanzando y acumulando, sesión a sesión, significativos acuerdos sobre los temas sustanciales de la agenda del Acuerdo General para una Paz Estable y Duradera. Los logros alcanzados en los temas de desarrollo Agrario Integral, Participación Política, Drogas Ilícitas y victimas resultan relevantes en el camino que debe recorrer este proceso antes de llegar a temas tan sensibles como terminación del conflicto y mecanismos de refrendación, los cuales seguramente serán abordados con inteligencia buscando superar todos los aspectos de orden político, jurídico-constitucional, social, administrativo, técnico  y militar.

Un lugar para el Otro

No obstante estos avances, hay un debate en ciernes que debe adelantarse en el seno de la sociedad colombiana y que corresponde a la construcción de las subjetividades colectivas que le dan, antes, durante y después de los acuerdos, un lugar al otro en una sociedad que debe transformarse en la construcción de lo político y lo público.

Se asume que para una concepción moderna, democrática y pluralista de la sociedad es inaceptable partir de una noción negativa de la percepción política del otro como enemigo, ligada al dominio e imposición del poder instituido, como si no existiera otra alternativa capaz de construirse en legitimidad y legalidad, desde lo político y lo público, más allá de la enemistad de la guerra en un universo de reconocimiento de la diferencia como fundamento y esencia de las prácticas democráticas.

Chantal Mouffe, ha desarrollado una amplia y profunda reflexión sobre la construcción de las identidades colectivas y el reconocimiento de la condición del adversario como un otro legítimo que se fundamenta en una sociedad, no solo que se reconoce en sus conflictos, sino, que además, es capaz de vivir con antagonismos, si necesidad de recurrir a la violencia para resolverlos: “La cuestión central es entonces cómo establecer esta distinción nosotros/ellos, que es constitutiva de la política, de manera tal que sea compatible con el reconocimiento del pluralismo. El conflicto en las sociedades democráticas liberales no puede —ni debería— ser erradicado, ya que la especificidad de la democracia pluralista es precisamente el reconocimiento y la legitimación del conflicto. Lo que requiere la política democrática liberal es que los otros no sean percibidos como enemigos a ser destruidos, sino como adversarios cuyas ideas pueden ser combatidas, incluso encarnizadamente, pero cuyo derecho a defender esas ideas no sea cuestionado. En otras palabras, lo importante es que el conflicto no adopte la forma de un “antagonismo” (una lucha entre enemigos) sino la forma de un “agonismo” (una lucha entre adversarios)”. (Chantal Mouffe. 2014).

Para hacer efectivo esta posibilidad, Chantal Mouffe, propone la distinción entre “lo político” y “la política”. “Lo político” como esa dimensión de antagonismo que puede adoptar diversas formas y puede surgir en diversas relaciones sociales y que, considera ella, nunca podrá ser erradicada. Por otro lado, a “la política” se refiere como al conjunto de prácticas, discursos e instituciones que busca establecer un determinado orden y organizar la coexistencia humana en condiciones que siempre son potencialmente conflictivas, ya que están afectadas por la dimensión de “lo político”.

Así, considera,  que la categoría central de la política democrática es la de “adversario”, como la del oponente con quien se comparte una lealtad común hacia los principios democráticos, aunque discrepando en lo relativo a su interpretación. Los adversarios luchan entre sí, afirma Chantal Mouffe,  porque quieren que su interpretación de los principios se vuelva hegemónica, pero no ponen en cuestión la legitimidad del derecho de sus oponentes a luchar por la victoria de su postura. Esta confrontación entre adversarios es lo que constituye la “lucha agonista”, que es la condición misma,  de lo que ella llama,   una democracia vibrante.

                 

El enemigo como un otro NO

Persistir en la idea de considerar al adversario, al opositor, como enemigo es un obstáculo mayor para cualquier proceso de paz y reconciliación. El enemigo es un otro, que representa la negación del propio modo de existencia de las instituciones y de la sociedad y por lo tanto persiste en su destrucción y, en consecuencia es natural que la sociedad y el poder instituido, lo rechace o combata para mantener la propia forma de vida, la cual depende de la destrucción total de ese otro distinto (Carl SCHIMT - 1992). En estas condiciones es el ejercicio del poder de la fuerza a través la violencia y la guerra la que busca saldar una relación política irreconciliable. En ese estado de percepción y confrontación se desarrollaron 60 años de conflicto armado y guerra en Colombia. La guerra procede de la enemistad, ya que ésta es una negación absoluta del ser distinto.

La guerra se presenta como el medio político extremo, de la oposición amigo/enemigo, y lo político adquiere un particular sentido en ese contexto de confrontación posibilitando un escenario distinto al exterminio mutuo en un proceso de diálogos y acuerdos que trasforman sustancialmente la naturaleza de la percepción del otro, del ser distinto, como adversario legitimo en un escenario de confrontación democrática. De ahí, que el paso de la condición de enemigo, a la condición de adversario, sea un salto cualitativo de la confrontación del escenario de la guerra, al ejercicio pleno de la lucha democrática.

El adversario como un Otro SI

Pero el reconocimiento de la condición de adversario legitimo esta revestida de la aceptación de la existencia de un ser colectivo que adquiere identidad en el reconocimiento de su condición de diferente y en la identificación de sus idearios y propuestas como socialmente legitimas. De lo que no se trata en un proceso de solución política es de someter u homogenizar las formas de pensamiento, aniquilando las posibilidades de ser, pensarse, expresarse y actuar desde la riqueza propositiva de la diferencia y en el ejercicio del disenso como fundamento del ser oposición.

Resulta lesivo para la construcción de contextos de convivencia democrática y desarrollo social y económico percibir al potencial adversario político como enemigo público y no como adversario legítimo. El Estado, como unidad política, tiene la capacidad y el monopolio de la determinación política y esa capacidad debe colocarla al servicio de la construcción de la paz y de la democracia en el reconocimiento del otro opositor, como adversario legitimo.

En los diálogos de La Habana se están produciendo los enunciados que permiten superar una teoría del Estado total que elimina la diferencia entre Estado y sociedad, identificando la política con lo meramente Estatal separado de la sociedad.

 

La política más allá de la política

Hoy se reconoce fácilmente como en el país se ha producido una “despolitización” de la sociedad política, un desplazamiento hacia el marketing y el mercado electoral  y,  una creciente politización de la sociedad civil, en un paso acelerado de la lucha reivindicativa hacia el desarrollo de un modelo de participación política que compromete nuevos escenarios, en donde la política es mucho más que el ejercicio del poder político asumido a través de los procesos electorales para el ejercicio de la función pública. Así se constituye en fundamento de una práctica social que contempla procesos colectivos de toma de decisiones, elaboración de planes y programas de desarrollo, estructuración de presupuestos participativos con pertinencia en la realización de obras que contribuyan a la generación de bienestar estratégico de la sociedad y fortalecer entidades administrativas, así como el potenciamiento de la capacidad de gestión social de las comunidades, acciones que no constituyen otra cosa que la ampliación y profundización de la democracia.    

Pero la aceptación del adversario no es solamente el reconocimiento de un otro distinto, es también la aceptación explicita de que el objetivo de la política, su tarea, es la construcción del orden social, el cual se logra a partir de elaborar alternativas posibles tendientes a la transformación de las condiciones de vida existentes. Es un orden que no significa necesariamente armonía, sino, conflicto dinamizado por una cultura y una práctica política que se compromete en la construcción  de ese nuevo orden deseado.

Hoy en el desarrollo del proceso de conversaciones, es urgente y necesario que el Estado-gobierno impulse una pedagogía de paz que construya una subjetividad colectiva que le da un lugar al Otro distinto, como un adversario legítimo, en los escenarios de la vida política de la nación.

Superar la cultura del odio y la venganza

La transformación de las prácticas democráticas está precedida del cambio de cultura y actitud de la ciudadanía y de la institucionalidad política frente a la diferencia en el marco de la construcción de un escenario que deja de lado los odios y los encadenamientos de venganzas, por una cultura que se reconoce y se valora en el fortalecimiento del pluralismo, la tolerancia, la deliberación y el debate respetuoso sobre los problemas estructurales de la nación.

La no utilización de las armas y la proscripción de la violencia en las prácticas políticas, el reconocimiento del otro distinto como opositor valido y la no aniquilación del adversario, sino, su valoración positiva y su protección decidida constituyen la base esencial de la nueva cultura democrática por desarrollarse en una sociedad que se fija como propósito la construcción de una paz estable y duradera.

La construcción de un nuevo y solido sistema democrático está abierto en oportunidades y seguridades para la participación de los diferentes actores sociales y políticos en el desarrollo pleno de sus intereses políticos colectivos adscritos a un proyecto ético y a una práctica política que concibe la vida humana y el interés colectivo como fundamento y razón de ser de la política como tal.

El nuevo orden democrático debe construirse sobre la superación definitiva de las prácticas de violencia, el aniquilamiento del adversario, la estigmatización, la persecución, el señalamiento, la utilización del miedo y el terror para el sometimiento colectivo y la superación y proscripción de todo el repertorio de acción criminal que agobio durante años al país. Ni el Estado, ni los particulares pueden hacer uso de prácticas criminales para imponer sus ideas y utilizar a su favor y en detrimento del interés colectivo los escenarios institucionales que son fundamento mismo de la democracia y convivencia pacífica.

Partidos políticos y movimientos sociales            

La ampliación y profundización de la democracia debe permitir el surgimiento de nuevas fuerzas, movimientos y partidos políticos, así como el fortalecimiento de las formas organizadas de la sociedad civil que se expresan a través de movimientos sociales y populares y que son portadoras de sus propias agendas reivindicativas y de lucha social y política. Estas expresiones políticas y sociales de la ciudadanía, de las poblaciones y de los territorios deben contar con espacios amplios de participación y un reconocido protagonismo en la construcción de una auténtica democracia en la que puedan tener incidencia en la definición de las decisiones que comprometen el interés público.

La democracia del posconflicto debe garantizar, no solo la organización y la participación decidida de nuevas fuerzas y movimientos, sino, el reconocimiento y la defensa del pluralismo de manera que los nuevos partidos políticos y movimientos sociales que hagan oposición, sin importar cuál sea su orientación ideológica y,  siempre y cuando,  estén inscritos en el ordenamiento institucional,  sean reconocidos, aceptados, protegidos de tal manera que puedan presentarse como alternativa de poder en el marco del ordenamiento del juego democrático.

Estas nuevas fuerzas sociales y políticas deben contar con todos los apoyos institucionales y,  de forma equitativa,  con los recursos públicos destinados a financiar los partidos y movimientos políticos para que estos no se conviertan en instrumentos del interés privado y cumplan a cabalidad la función pública que compete a su naturaleza y razón de ser.  

Siendo la oposición la que legitima el orden democrático esta debe contar con las mayores garantías en el sistema político y electoral, superando todo tipo de riesgos y amenazas, lo que requiere no solo el mejoramiento del sistema de partidos y el sistema electoral, sino, adicionalmente del desempeño adecuado de la institucionalidad que regula y posibilita las prácticas democráticas institucionales y garantiza la participación apropiada y segura  de la sociedad civil en la lucha social y política.

Los ajustes que deben hacerse al modelo de democracia, deben contemplar medidas incluyentes que garanticen la participación de todos los sectores incluyendo las minorías étnicas y socioculturales, así como las fuerzas políticas minoritarias las que deben ser articuladas a las distintas instancias de las posibilidades del desempeño institucional a nivel nacional, regional y local, así sus resultados electorales no hayan sido exitosos en términos de representación en los escenarios de decisión política.

Pero, es importarte señalar,  que en la democracia del postconflicto la participación política no se reduce al sistema de partidos y al sistema electoral, sino, que esta se construye en todos los escenarios donde se constituye institucional y socialmente el bien común y las acciones humanas están regentadas por el interés general. De ahí que hay que extender las prácticas de gobierno a la vida social e involucrar a la población y a la ciudadanía en las mismas a través de los más variados y determinantes instrumentos tales como los planes de desarrollo y presupuestos participativos, las veedurías ciudadanas, el control social a gestión pública y las posibilidades que aumentar la capacidad de ejecución de las comunidades en obras de su propio interés. Esto requiere de comunidades participativas con poder de decisión y capacidad de gestión y ejecución de políticas, planes, programas, proyectos y obras.    

Antes que la guerra está la protesta social legítima

La terminación del conflicto armado no es la finalización del conflicto humano, social, político, cultural, ambiental…o de cualquier otra modalidad del conflicto. Por el contrario se va producir un crecimiento de los conflictos sociales que requieren del reconocimiento y la legitimación de la protesta social, como necesaria y útil al ordenamiento democrático. Esto conduce irremediablemente a desmontar los imaginarios desde los cuales se persiguió,  estigmatizó, judicializó y criminalizó la protesta social.

Parar las hostilidades institucionales y parainstitucionales, militares y paramilitares, criminales de todo tipo,  contra el movimiento social y popular y construir una nueva y más incluyente cultura política e institucional en relación con la importancia social y política de la protesta civilizada, hace parte de la desestigmatización de los movimientos sociales y populares, del cese de hostilidades contra estos movimientos y de la construcción de los escenarios legítimos y democráticos para la protesta.

Lo anterior convoca a reconocer la necesidad que existe en el país de recuperar, garantizar y proteger la protesta social y política, como un derecho social fundamental y un instrumento de una auténtica democracia, abierta a la inconformidad y a la crítica.

Los dirigentes sociales y populares no pueden seguir siendo estigmatizados, perseguidos, encarcelados y asesinados por defender las agendas colectivas de los sectores sociales, las poblaciones y los territorios; por el contrario,  esos dirigentes y líderes deben ser considerados patrimonio de la democracia e inteligencia social de la inconformidad de un valor superior para la construcción de sociedades más justas y equitativas. No pueden ser considerados como enemigos, ni siquiera como adversarios, son en lo esencial gestores de bienestar de las comunidades y de sus derechos.

Un estatuto para el reconocimiento, el respeto y la seguridad del Otro Posible

La democracia del posconflicto en el proceso de transformación de las formas de percepción del otro distinto, como un otro posible, debe hacer reconocimiento constitucional e institucional de la oposición de los movimientos y partidos políticos, así como de las formas de acción de los movimientos sociales y populares, en un contexto de afirmación de sus derechos y responsabilidades frente a  la convivencia civilizada y la posibilidad de dirimir las diferencias a través del dialogo y, aspirar al ejercicio legítimo del poder.

La oposición política y la oposición social y popular tiene una forma diferenciada de requerirse en el escenario institucional y social: la primera requiere de un orden normativo que garantice sus derechos y le ofrezca las seguridades para el ejercicio de la práctica política desde una orientación crítica a las practicas del poder dominante; un estatuto de oposición que reconozca las libertades y derechos políticos y brinde las seguridades para su ejercicio; la segunda, demanda del reconocimiento de las distintas formas de organización y movilización de la protesta social en el trámite de las demandas ciudadanas y del reconocimiento constitucional e institucional del legítimo derecho de organización, movilización y protesta social. 

La posibilidad de que la insurgencia se movilice de la guerra hacia la política, en el ámbito del reconocimiento del poder hegemónico de las armas por parte del Estado, así se reserve el derecho a la rebelión, requiere de un comportamiento social e institucional en el que se reconoce a los “normalizados”, la plenitud de sus derechos ciudadanos y políticos y ofrece a estos la posibilidad de participar en igualdad de condiciones con todas las fuerzas, movimientos y partidos políticos existentes en el país.

El estatuto de oposición, no se elabora para darle reconocimiento y derechos a quienes pasan de las armas a la política, sino, para ofrecerle a todos los partidos las mismas condiciones para asumirse en el ejercicio de la práctica política desde la oposición sea esta de derecha, centro o de izquierda.

Aunque la existencia de un Estatuto de Oposición y de una ley reglamentaria que garantice los derechos de las fuerzas disidentes y el trámite de los disensos en un escenario de posibilidades y recursos políticos amplios puede no resultar, a pesar de toda su integralidad, suficiente, pues como es sabido lo que define la calidad del ejercicio de oposición es la práctica social y política y, el comportamiento institucional frente a la misma. De nada sirven las leyes si no se aplican con eficiencia, eficacia y rectitud.

La constitución de 1991 dejo establecido en el artículo 112, que “Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que se declaren en oposición al Gobierno, podrán ejercer libremente la función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, se les garantizarán los siguientes derechos: el acceso a la información y a la documentación oficial, con las restricciones constitucionales y legales; el uso de los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; la réplica en los mismos medios de comunicación. Los partidos y movimientos minoritarios con personería jurídica tendrán derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en ellos”. Aspectos, que siendo importantes,  resultan a todas luces insuficientes para la dimensión de la acción política y social de los opositores en una democracia que se construye no solo desde la inclusión y el reconocimiento de los derechos, sino, además desde la ampliación de la participación de las minorías críticas en la gestión institución y pública. Pese a que la carta estableció en el mismo artículo que  “Una ley estatutaria reglamentará íntegramente la materia”, a más de dos década de expedida la constitución, ni los gobiernos, ni el parlamente se ha puesto en la tarea de cumplir con este mandato constitucional. 

El 'estatuto de la oposición', debe ser entendido como el conjunto de normas que garantizan el libre accionar de las organizaciones políticas y sociales que no piensen como el gobierno. Debe establecer sus derechos y reglamentar sus posibilidades para el uso pleno de las oportunidades que ofrece la democracia y posibilita el Estado para la acción política. Aspectos tales como; crear organizaciones, movimientos y partidos políticos, ser reconocidos por el Estado y recibir la personería jurídica, darse sus propios reglamentos, tener sus representantes legales, participar libremente y desde sus propios imaginarios en la disputa política nacional por los cargos de elección popular y ser tenidos en cuenta en la asignación de cargos en los distintos niveles del gobierno; obtener la información necesaria para la vigilancia y el control político de la administración y de las funciones gubernamentales. Garantizar que no se les persiga por sus opiniones ideológicas y políticas y,  se proteja a sus dirigentes y asociados. Tener medios de comunicación hablados, escritos, televisiones y de cualquier otra forma de comunicación que les permita hacer el proselitismo y la divulgación de sus ideas e iniciativas con amplitud; contar con recursos públicos para su funcionamiento y la  financiación de sus campañas; entre otras posibilidades que den garantías a su práctica política integral, democrática y segura.  

Un estatuto que posibilite que un partido o una coalición de partidos que durante un determinado periodo de gobierno esté en el poder, ofrezca a los otros las mismas garantías que quiere le sean ofrecidas si en el periodo siguiente está en la  oposición, o se declara como independiente.

La seguridad y protección del Otro Posible

No puede volverse a repetir en la historia del país que una vez termina un proceso de solución política al conflicto armado, los que se reintegran a la vida social e institucional se conviertan en blanco de la criminalización de las fuerzas institucionales y parainstitucionales. La criminalización de los que entran a ejercer,  en condiciones de ciudadanos con derechos,  las distintas actividades de la vida social y política genera desconfianza, incertidumbre y nuevas formas de resistencia y violencia, pero adicionalmente,  no tiene presentación alguna ante la comunidad nacional e internacional que este tipo de hechos ocurra y que el Estado no los impida.       

La democracia del Posconflicto debe erigirse sobre la defensa y el respeto por la vida, la libertad de pensamiento y opinión, la no estigmatización del contrario, su protección y el ofrecimiento de garantías plenas para el ejercicio de las prácticas políticas.

La seguridad de quienes ejercen la política debe superar todo tipo de incertidumbres y debe ser fundamento de la democracia del posconflicto evitando la reedición del genocidio político, padecido en el país con el Gaitanismo y la Unión Patriótica.

La democracia del Posconflicto debe ayudar a construir una cultura de la convivencia civilizada y pacífica, erigida sobre la tolerancia, el reconocimiento y el respeto por el contrario,  dignificando la práctica política mediante la superación de todo tipo de persecución y estigmatización por razón de sus ideas. El estado y sus instituciones deberán garantizar la seguridad de sus opositores y asumir la responsabilidad de sus vidas. La seguridad debe ser considerada como fundamento de la democracia y del orden social e institucional, garantía para el ejercicio político de la ciudadanía. La institucionalidad encargada de la seguridad debe operar coordinada para prestar con eficiencia los servicios que garantizan a la opinión crítica y a la oposición el ejercicio de la práctica política, previniendo la criminalización y operando con eficiencia contra el crimen y la impunidad.

Esto demanda de una limpieza y ajuste del orden normativo e institucional de manera que no se repitan en el futuro la instrumentalización criminal de las instituciones de inteligencia y seguridad, como ha ocurrido a lo largo de la historia del país. Lo peor que le puede pasar a una nación y a un Estado es que las instituciones que se crean para su seguridad se conviertan en instrumento de la delincuencia y el terrorismo de Estado.

Es necesaria la creación de un sistema de prevención de la criminalización de la práctica política y de la oposición que preste especial atención a la inteligencia preventiva y que se acompañe de un sistema de alertas tempranas que coloque en marcha eficientes esquemas de protección. Sin embargo, el ideal de una buena democracia es que sus funcionarios públicos no requieran por razones de su cargo o de sus ideas ningún tipo de protección, más allá de la que se le ofrece a todo ciudadano.

Mientras ese momento llega y dadas las características de lo que ha sido históricamente en materia de criminalización de opositores políticos provenientes de la lucha armada, la protección debe garantizarse de manera selectiva y eficiente sobre un estudio juicioso de evaluación del riesgo de aquellas personas que representan a las comunidades, ejercen liderazgos políticos y sociales, hacen parte de partidos y grupos de oposición, son funcionarios públicos de elección popular o son figuras reconocidas en el ámbito de la lucha social y política, o comunicadores investigativos y críticos que ayudan con su trabajo a mejorar la democracia y el funcionamiento de las instituciones.

El sistema de protección debe contar con un recurso humano suficientemente capacitado y de especiales virtudes éticas para el desempeño de la función de seguridad y protección de personas, así como de la logística y de presupuestos suficientes que deben ser manejados con escrupulosa pulcritud. Aun siendo así, es necesario que el sistema de protección y seguridad, para la práctica política,  cuente con un observatorio interinstitucional y social que haga seguimiento a las situaciones de riesgo y al desempeño institucional de protección; este observatorio además de lo institucional debe estar constituido por miembros de los partidos políticos, organizaciones sociales y de derechos humanos.

Pero la seguridad no puede circunscribirse única y exclusivamente a quienes participan en la lucha política a través del sistema de partidos y electoral, hace parte de la construcción de un sólido sistema democrático en el posconflicto el cese de las hostilidades políticas, sociales e institucionales contra las organizaciones y movimientos sociales, los medios de comunicación y comunicadores alternativos y los defensores de derechos humanos. Para ello es necesario construir una cultura, no solo de la tolerancia, sino, esencialmente de las formas de presentación de la crítica y de la protesta y de la receptividad institucional de la misma y de su tratamiento adecuado en materia de garantía de derechos.

El Estado y los respectivos gobiernos deben ampliar y desarrollar los mecanismos de participación democrática que garantizan la movilización y la protesta social a través de una normatividad que sancione de manera ejemplar su criminalización a la vez que establece programas de protección a los líderes sociales y populares, a las comunidades y organizaciones sociales, a comunicadores y a defensores de derechos humanos.

Nunca vamos a ponernos todos de acuerdo…, pero…

Lo más seguro para fortuna de la condición humana y social es que pese a todos nuestros esfuerzos nunca nos vamos a poner todos de acuerdo como lo afirma sin miramientos Chantal Mouffe, no obstante, como ella misma lo asegura “es tarea de la política evitar que la relación ellos-nosotros derive en la forma amigo-enemigo propia de un estado de guerra civil. Un proyecto democrático valedero tiene que ser capaz de articular estas diferencias para dirimirlas bajo la perspectiva del adversario político y no del enemigo, sin negar de manera inocente la diferencia ontológica de la cual partimos”.

Aunque el consenso sin duda es necesario y es fundamento esencial de la democracia lo es porque se construye desde la existencia del disenso. Una democracia eficaz exige una confrontación de posiciones políticas diversas sustentadas desde la fuerza de sus argumentos y la legitimación de los mismos por los respaldos populares y ciudadanos. Si esto no ocurre, siempre va a existir el peligro de que esta confrontación democrática sea remplazada por una confrontación armada en que las diferencias se hacen inevitablemente antagónicas y los adversarios, se trasforman por el orden de la percepción de diferencias en enemigos.  

Este país requiere que el proceso de paz que se adelanta se consolide en una apertura profunda de la democracia de tal forma que como ha ocurrido en otros países del continente, sea natural que quienes se levantaron en armas puedan aspirar como ciudadanos a ocupar los más altos cargos del poder del Estado. Para ello es urgente desescalar las bajas pasiones políticas, los rencores y odios y permitir que cicatricen las heridas que ha dejado tan hondamente arraigadas el conflicto que hemos vivido.

Pasar de una democracia construida en antagonismos a una democracia agonística, esto es pasar de la democracia que se construye en la concepción del enemigo a una que se erige en el reconocimiento y la valoración de la relación entre adversarios es una puerta de entrada al posconflicto. El consenso entre individuos y grupos en relación con el interés común es el objetivo de la política y el que ha de llevar a la sociedad colombiana a una paz estable y duradera. Pero ese consenso surge porque de manera natural existe un disenso que lo posibilita. Es por esta razón que no puede concebirse el consenso como la negación de una sociedad pluralista, sino, por lo contrario como la concreción de su existencia en el universo de lo múltiple. Todo intento de homogenización es negativo y suele conducir a la resistencia y construirse para la eliminación física o política de ese “otro” distinto. La política solo se hace efectiva como ”disenso”, esto es, el derecho a tratar lo que es común a todos.

La construcción de la Unidad Política de la Nación

La unidad política es la que construye la realidad del Estado en la medida en que esta se sustenta en el reconocimiento y el respeto de la diferencia, en la posibilidad de interactuar con el contrario y construir desde el disenso el consenso como fundamento de una nueva forma de ser en la democracia. La idea de heterogeneidad contiene la idea de pluralismo desde el cual se legitima todo régimen democrático. El intento de homogenización conduce inexorablemente hacia el autoritarismo y el totalitarismo y a la conversión del otro posible en otro negado, esto es en enemigo.

El fin del conflicto solo puede ser decidido por los propios involucrados, cada uno tiene que decidir por si mismo, si la alteridad, representa la negación de su propia forma de existencia, debiendo por lo tanto ser repelida y combatida para la preservación de su propia forma de vida, según su modalidad de ser; o, por el contrario si la alteridad es diversidad que se afirma en identidades que pueden hallarse en consensos sin dejar de ser ni de existir.  (H. Lujan Martínez y Rita de Cassia Lins e Silva).

Cuando la existencia del Uno institucional, o del Otro Posible, no requiere de la violencia, se abren los escenarios de la política y de la democracia, para que el interés específico se haga interés común, en el consenso, sin que ninguna de las partes tenga que dejar de existir y ser, surgiendo allí la posibilidad, no de ser sencillamente, consigo mismo, sino la necesida de poder ser en relación con otros.

La imposición de todo orden que se construya sobre la base del desconocimiento del otro posible, conduce irremediablemente a la violencia y a la guerra. La inclusión del otro posible, como otro distinto es el fundamento del pluralismo político y esencia de la democracia.             

Bibliografía

Para la elaboración de este artículo se tomó en consideración la Constitución Política de Colombia de 1991 y en particular los enunciado en el artículo 112; el Acto Legislativo 01 de 2009; los trabajos de  Chantal Mouffe, The Return of the Political, Londres y Nueva York, Verso, 1993 [trad. esp.: El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical, Barcelona, Paidós, 1999]; Chantal Mouffe, The Democratic Paradox, Londres y Nueva York, Verso, 2000 [trad. esp.: La paradoja democrática. El peligro del consenso en la política contemporánea, Barcelona, Gedisa, 2003]; Chantal Mouffe, On the Political, Londres y Nueva York, Routledge, 2005 [trad. esp.: En torno a lo político, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007; De enemigos a adversarios: la transformación del concepto de “lo político” de Carl Schimtt, por Chantal Mouffe, de Horacio Lujan Martínez y Rita de Cassia Lins e Silva. El concepto de lo político. Carl Schmitt (1992).  Avance de Acuerdos sobre el tema de participación política de la mesa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep en La Habana-Cuba, entre otros documentos y estudios pertinentes.