DDR o DNP

La ruta de finalización del conflicto

CARLOS MEDINA GALLEGO

Docente – Investigador

Universidad Nacional de Colombia

Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz

El proceso de conversaciones de La Habana en general va bien, pese a las múltiples dificultades por las que atraviesa,  a los estancamientos a los que se ha visto sometido por los condicionantes del tema de justicia en el punto de victimas, a raíz del incidente de la firma del pasado 23 de septiembre, que reabrió la discusión en un momento crucial y simbólico del proceso, que quedara en la memoria de los colombianos: El encuentro del presidente  Juan Manuel Santos con el Comandante de las FARC, Timoleón Jiménez. 

No creo que el acuerdo final se pueda firmar, como quiere el gobierno, el próximo 23 de Marzo del 2016, porque aun son muchos los temas por abordar y no son pocas las dificultades que existen para hacerlo, recordemos que quedan en cada uno de los puntos tratados unas “salvedades” que no son de cualquier tamaño y cuyo abordaje es complejo. Ya las FARC han anunciado que los seis meses corren a partir del momento en que se llegue a un acuerdo en el tema de Justicia, que según se dice se dará a conocer en los próximos días. De todas formas lo que determina el tiempo del proceso es la voluntad de las partes para llegar a acuerdos.    

No hay un acuerdo todavia sobre el mecanismo de refrendación. La iniciativa unilateral del gobierno sobre el plebiscito, seguramente tendrá en la mesa de conversaciones las discusiones pertinentes, hasta que las partes encuentren un mecanismo, cualquiera que sea, que las satisfaga.

No obstante todo lo anterior, las conversaciones ya iniciaron de manera directa el tema de Fin del conflicto que se corresponde en la agenda con el punto tres y que compromete: 1. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. 2. Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil - en lo económico, lo social y lo político -, de acuerdo con sus intereses. 3. La revisión por parte del Gobierno Nacional de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP. 4. La intensificación por parte del Gobierno Nacional del combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacre o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos. 5. La revisión, las reformas y los ajustes institucionales por parte del Gobierno necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz. Y,  6. Garantías de seguridad, para los miembros de las FARC.

Este punto nos coloca frente a un proceso que es sustancialmente distinto a otros procesos de paz desarrollados en Colombia y en el mundo, que nos obligan a ampliar los imaginarios y a encontrarnos con nuevas elaboraciones que se adecuen a las particularidades del conflicto colombiano.

Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR)  o Dejación de Armas, Normalización y Participación Política (DNP)    

Lo primero que es necesario señalar es que el proceso se desarrolla entre partes que se conciben como iguales y que las FARC no están en la mesa de conversaciones como una fuerza derrotada, ni el gobierno como una fuerza victoriosa, independientemente,  de lo que se refleje en el campo de batalla. Esta situación crea en materia de aplicación de instrumentos y manejo del lenguaje unas condiciones y necesidades específicas, para que se vea reflejado en la fase de fin del conflicto.

Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR)

No es útil para este proceso la formula de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR) utilizado con frecuencia con organizaciones que han sido derrotadas o que han decidido someterse a la institucionalidad. 

En estos procesos, las fuerzas ilegales o insurgentes entregan las armas al Estado, quien procede en distintas direcciones según los acuerdos; por lo general, las destruyen o elaboran monumentos para la memoria. Las fuerzas se desmovilizan y entran en programas de reinserción con una oferta estatal de ayudas, durante un periodo  de tiempo específico,  mientras logran las estabilidades que les permiten retomar sus proyectos de vida con autonomía. En algunos casos, sobre todo cuando se trata de insurgencias, intentan la construcción de proyectos políticos que se disuelven en el tiempo permaneciendo solo algunos protagonistas en el escenario político nacional al interior de distintas fuerzas políticas, de izquierda y derecha. Una parte importante de reinsertados, cuando se agotan las ayudas e incluso antes,  reinciden en prácticas de violencia o de delincuencia. Recoger la experiencia de los procesos que se han dado no solo en nuestro país, sino, igualmente, en otros procesos como los centro americanos es importante, para innovar en los procedimientos y evitar la mayor cantidad de reveses que puedan presentarse.

Dejación de Armas, Normalización y Participación Política (DNP).

En las conversaciones entre Gobierno y FARC, se ha comenzado a poner en evidencia que este proceso va seguir una ruta distinta a la de DDR, que podríamos denominar como de Dejación de Armas, Normalización y Participación Política (DNP).

La dejación de armas es un requisito fundamental para la terminación de la guerra, pero la ruta seguida por estas es necesario tenerla clara. Primero,  la dejación de armas es antes que nada una declaración política que hacen las partes, esto es Gobierno y Farc, ante la comunidad nacional e internacional, de no volver a utilizar las armas en los conflictos políticos internos, contra las distintas fuerzas políticas, las instituciones o la población. Segundo, en el caso de las armas del Estado estas deben estar al servicio de la nación en los fines y propósitos, que les fija la Constitución Nacional para la defensa de la soberanía, la nación y las instituciones democráticas. Tercero, en el caso de las armas de la insurgencia, pueden seguir varias rutas: si lo que se establece es un armisticio, que no es muy factible que la sociedad colombiana lo acepte,  las FARC permanecerían con las armas en silencio y lo que garantizaría esto es su declaración pública de dejación de armas. Si no es este el caso, tampoco es el de que las FARC vayan a entregar las armas al Estado, pues esto sería considerado como un acto de derrota, lo que no está en los imaginarios de esta organización. No habrá entrega de armas al Estado a la manera de procesos anteriores. Existen dos posibilidades para sacar las armas del conflicto, una es que se recojan y se depositen bajo un protectorado internacional hasta que se decida que hacer con ellas. La otra es colocarlas en venta para que el Estado que esté interesado en comprarlas lo haga y los recursos se destinen al fortalecimiento de la organización política nueva y en el proceso de normalización.

Es necesario tener claro que no son las armas por si solas las que definen la guerra, es la intención de usarlas con fines políticos la que la definen. Si esa intención desaparece, desaparece la guerra. Cuando la intención aparece, aparecen las armas.

El tema de la Normalización es muy importante y ya las FARC lo vienen planteando conforme a los enunciados del acuerdo general que al respecto señalan: “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil - en lo económico, lo social y lo político -, de acuerdo con sus intereses”. Este proceso debe garantizar a los miembros de la organización las condiciones para que se puedan incorporar con derechos y garantías al ejercicio de la vida social y económica en los territorios.

Las FARC han hecho una propuesta que es necesario tomar en consideración y eso no significa que tenga que aceptarse, pero tampoco, que tenga que descalificarse, es la referente a los territorios de paz, llamados Terrapaz. Es necesario que se haga una juiciosa reflexión y discusión sobre esta propuesta, en la que las partes estén dispuestas a acordar lo que es posible. En esos territorios de paz, llámense como se quieran llamar, debe ofrecerse la oportunidad en el proceso de normalización que se establezca las condiciones para que vivan con seguridad los miembros de la organización, construyan sus propios proyectos económicos y productivos y desarrollen el trabajo político organizativo que permitan hacer vida política en el país. Desde luego que deben desmilitarizarse esos territorios, porque ya no existe razones para la presencia militar, la guerra se acabo. Lo que no significa que el Estado debe dejar de existir y hacer presencia allí, con políticas de bienestar y seguridad.

Que durante el tiempo que sea necesario los miembros de las FARC, sobre todo las comandancias,  puedan contar con sus propios esquemas de seguridad constituidos por miembros de la organización, es viable, incluso hay amplias experiencias al respecto en la historia del país. No obstante es necesario señalar que ese personal debe ser reentrenado y articulado a la institucionalidad en la Unidad de Protección que está adscrita al Ministerio del Interior, porque serán trabajadores del Estado.

En síntesis, la normalización crea las condiciones institucionales, sociales, económicas y políticas para que en el pos-acuerdo los miembros de la organización puedan usufructuar sus derechos en las mismas condiciones que todos los ciudadanos del país. En ese proceso, las comandancias y el gobierno nacional, tienen una mayor responsabilidad de garantizar que las bases tengan una ruta de normalización cargada de garantías y opciones de vida digna.  

La movilización hacia la  Participación Política, en este periodo, es tal vez el mayor reto que tiene la organización para permanecer en la vida política de la nación a partir del pos-acuerdo. La crisis por la que atraviesa la izquierda tradicional los coloca frente a retos superiores en el que deben refundarse como organización y refundar la política como practica social en una concepción que les permita ser reconocidos y respetados como una nueva fuerza política en un escenario de luchas democráticas. La posibilidad de contar con un número de curules en senado, cámara, asambleas y concejos, durante al menos dos periodos,  resulta positivo para su consolidación como fuerza política. Pero su participación en la vida política y en la ampliación y profundización de la democracia, como ya lo han planteado no se reduce a eso.  

Diciembre 9 de 2015.