domingo, 8 de abril de 2018



Jorge Eliecer Gaitán Ayala y la política
Palabras para la conmemoración de los 70 años de su asesinato impune





CARLOS MEDINA GALLEGO
Docente – Investigador
Universidad Nacional de Colombia

Quisiera este 9 de abril del 2018, en la conmemoración del 70 aniversario del asesinato del Caudillo Popular Jorge Eliecer Gaitán Ayala, uno de los más grandes egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, en el siglo XX, hacer particular referencia a su pensamiento político en lo que es pertinente al momento actual por el cual atraviesa la sociedad colombiana.   

Gaitán, fue sin duda un luchador incansable por darle a la política un lugar privilegiado en la vida de los seres humanos en el camino de sus realizaciones más nobles y profundas, en el ámbito de la construcción de una sociedad de derechos resultante del desarrollo de un modelo económico que pone al centro de sus preocupaciones contribuir a la construcción del bien común y en particular del bienestar de las clases desfavorecidas. Es de su patrimonio intelectual la afirmación de No somos enemigo de la riqueza que genera bienestar y progreso, sino de la riqueza que genera desigualdad y pobreza.   Y ese bienestar y ese progreso sigue siendo la razón de ser de la sociedad y preocupación fundamental de la política en un país como el nuestro que se presenta ante el mundo como uno de los más desiguales e inequitativos.    

Para Gaitán la política debía estar supeditada al servicio de la sociedad en su conjunto y debía ser la más alta expresión de la moral colectiva. Gaitán era consciente de la degradación de la práctica política y moral de la nación, realidad que hoy se expresa en profundidad y amplitud en el escenario de la vida institucional y política del país. Resulta, hoy,  como en su tiempo, urgente y necesario, mantener en alto la bandera de la lucha por la restauración moral de la nación, de su clase política y de la institucionalidad del Estado y, eso implica, como él mismo lo reclamaba y como se sigue reclamando,  el cambio de las costumbres políticas del país de tal manera que los sectores populares y la ciudadanía se coloque del lado del sentido común que conduce de manera inexorable al Estado a ponerse al servicio no de las oligarquías y de las élites dominantes sino de la necesidad de los sectores populares y del desarrollo del país.

La lucha que Gaitán inicio por la restauración de la democracia es el principal reto que sigue teniendo el país y el continente hoy. Es la lucha por el reconocimiento y el respeto por la diferencia, por una institucionalidad incluyente que este contra toda forma de discriminación y de construcción dogmática y sectaria del quehacer político,  que coloque los intereses nacionales por encima de los intereses partidarios, clientelistas y gamonales, que conducen a la privatización política del Estado y a la corrupción.  Una democracia que   lucha por la vida y el bienestar general de los colombianos y que mantiene como premisa el principio gaitanista de colocar por encima del país político el país nacional.    No me queda duda alguna que siguen vivas y vigentes banderas de la restauración democrática y moral de la nación, por las que lucho incansablemente Gaitán.

Gaitán es síntesis positiva de todas las formas de pensar, la sociedad y el Estado durante el siglo XX. Su pensamiento se nutre de manera objetiva del pensamiento socialista y del materialismo dialectico, magistralmente expuesto en la oración por los humildes, que ustedes pueden leer en este espacio y en el libro-conmemoratorio, ideas que viene de las entrañas de su tesis de grado como abogado de la Universidad Nacional, Las ideas socialistas en Colombia, ideas que articula a su pensamiento liberal y a las formas aprendidas del corporativismo fascista en sus estudios de derecho penal en Roma de la mano de Enrico Ferri, quien le dio los fundamentos de la ciencia para el ejercicio del derecho y la política. No existe en el espíritu de Gaitán ningún interés distinto al de tomar de la cultura y del conocimiento científico lo mejor y más pertinente, que pueda servir a su formación personal, su práctica profesional y política. Por eso su pensamiento es síntesis necesaria para una sociedad como la nuestra y se mantiene vivo en la estructura de sus ideas fundamentales a la espera de ser rescatado de manos de quien lo utilizan en el sentido contrario de sus propósitos.

La política centra su atención en el ejercicio del poder y la institución del Estado, en la solides de sus instituciones y en la profundidad de sus prácticas democráticas y Gaitán, fue especialmente agudo, en la defensa de la institucionalidad y en la construcción de sus imaginarios de legalidad y legitimidad. Pero quería un Estado activo, interventor al servicio del interés nacional y constructor de bienestar general de la sociedad y la población. Un Estado apegado a las normas, impulsor de la economía, defensor de la institucionalidad democrática y constructor del bienestar social. Ideas todas que siguen teniendo profunda vigencia y que reclaman de reformas profundas que aún no se han realizado en el país, por la incapacidad congénita de los partidos y su persistencia en no permitirle a la sociedad salir de la violencia a la cual la han llevado hasta la deshumanización y contra la que tanto lucho Gaitán hasta su sacrificio.  

Gaitán encarnó un pensamiento profundamente reformista y social, que fue surgiendo de las realidades del contexto histórico que le correspondió vivir, fue gestor incansable de procesos y se enfrentó con unas élites y una institucionalidad oligárquica y criminal, entendió y supo sentir los pálpitos de las necesidades del pueblo, que tomaron forma en su discurso y en la oratoria que le dio la condición de caudillo popular.

Tenía absolutamente claro el poder y las necesidades de las clases populares y de los trabajadores, supo desde siempre, que el progreso de una nación es directamente proporcional al desarrollo de su cultura, de su educación y de sus programas de instrucción. Sabía que las reformas liberales se habían quedado a mitad del camino y que era urgente una profunda trasformación de la institucionalidad Estatal, en manos de políticos y burócratas. La sociedad y el Estado liberal y social que proponía no cabían en la Constitución del 86 y fue tal vez el primero en plantear la refundación de la institucionalidad política de la nación a partir del cambio de la constitución.

Como todos aquellos que se han planteado como urgencia la trasformación de la sociedad en un universo de mayor equidad tuvo que enfrentar a las élites económicas y definir con claridad el sentido social de la propiedad, desde una lógica del mayor respeto por la misma cuando esta coincide con los propósitos de una sociedad más equitativa y justa. El sentido de la propiedad, sigue siendo uno de los temas de discusión más agudos que tiene la sociedad colombiana y que no logra resolverse con un criterio positivo en el que se unen el interés particular y el bienestar colectivo, conforme lo planteo Gaitán, desde un enfoque humanista y de justicia social.  

La figura de Gaitán, la vigencia de sus ideas y el eco de su voz se proyectan en el tiempo contra todos los intentos por olvidar su legado y acabar su memoria. El humanismo de sus planteamientos, la sensibilidad social de sus propuestas, el rigor de sus argumentos, la solides con que se construyó como actor político, su capacidad para encarnar al pueblo, le han dado un lugar privilegiado en la memoria histórica y un pedestal al lado de los humildes y los desamparados.

A la Universidad Nacional de Colombia se le ha asignado la responsabilidad de salvaguardar su memoria, como memoria viva que se alimenta de los conflictos nacionales y los interpreta a la luz y contribuye a la solución de los mismos.

Gaitán Vive en la memoria y la acción de los colombianos, en las luchas sociales y políticas de la nación a la espera del advenimiento de los cambios que propuso y se siguen requiriendo. Es parte esencial de la nacionalidad colombiana de su tragedia y de su violencia, es la voz de las victimas atravesando el silencio de los victimarios, no en vano, el día de su muerte ha sido dedicado a las víctimas de la violencia.

Desde este lugar en el que reposan sus restos, al cumplirse 70 años de su asesinato impune,  su voz se erige potente contra todas las formas de opresión, contra la corrupción, contra la impunidad, reclamando las reformas que sigue necesitando el país y se mantiene viva en la gesta de los humildes por construir una sociedad más justa.             
          
Bogotá, Casa Gaitán, 9 de Abril de 2018.          
    
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lunes, 2 de abril de 2018






LAS FARC HAN SIDO “ASALTADAS” EN SU BUENA FE…

Carlos Medina Gallego
Docente Investigador
Universidad Nacional de Colombia

Haber alcanzado un acuerdo, luego de un largo proceso de conversaciones que se tomó más de seis años, es apenas el punto de partida de un prolongado periodo de tensiones y conflictos que se fijan como propósito acercar lo acordado a una etapa de implementación en la que el Estado tiene la mayor responsabilidad en relación con el cumplimiento de lo pactado, no solo como requerimiento de orden constitucional de garantizar la paz a la nación, sino, de construir las seguridades y confianzas para recuperar su propia credibilidad en relación con el manejo de los conflictos sociales y políticos de la nación, la construcción no solo del orden legal, que se lo da la norma si se cumple, sino, de la legitimidad que se la concede la sociedad cuando reconoce y avala  sus esfuerzos, acompaña sus compromisos y vigila el cumplimiento de los mismos.

Lo que se ha comenzado a manifestar desde muy temprano, es un gobierno impotente para cumplir los acuerdos en un escenario político complejo y con una institucionalidad que funciona, según sus parámetros, libres de toda responsabilidad con el acuerdo. La fase de implementación, se sale de la estrecha órbita del gobierno y entra en la complejidad de intereses del orden Estatal y su enredada institucionalidad, compromete las ramas legislativa y judicial, los partidos políticos y la sociedad en su conjunto. La implementación de los acuerdos se da en un periodo de cierre de gobierno, agotamiento de los entusiasmos de los diálogos y de los acuerdos, en un ambiente de creciente polarización y de reconfiguración parcial del mapa político y de cambio de la administración del Estado. Esta situación, resulta grave y preocupante en la medida que el proceso político nacional ha dispersado las fuerzas de la paz que sienten que cada vez gana más terreno los resultados del  plebiscito el 2 de octubre de 2016, que produce una inflexión que puede convertir un proceso aparentemente exitoso en un estruendoso fracaso y en la práctica,  en un fraude político a las FARC que sienten en medio de la impotencia como se va desfigurando a cada paso el cumplimiento del acuerdo.

En la práctica lo que se está viendo es que las FARC han sido engañadas, por una institucionalidad perversa, que pasa por encima de los acuerdos, desconoce los compromisos, e irrespeta no solo a las FARC, sino, a la comunidad nacional e internacional. Se siente un sentimiento de impotencia reprimida, de rabia sorda, una sensación de engaño que hace que la más bella experiencia política de las últimas cinco décadas, la carta de presentación de un pueblo de parias a la sociedad civilizada, se venga a pique en el desparpajo de una clase política inútil, cuyo único propósito son sus propios intereses corruptos y mezquinos, libres de toda ley y todo orden.    
       
El acuerdo se viene renegociando una y otra vez y las posibilidades de lo que representaba en su conjunto, nada distinto a una reforma liberal democrática capaz de enfrentar los problemas estructurales de la nación, se va derrumbando en medio del cinismo y la irresponsabilidad institucional. Los partidos políticos tradicionales y la extrema derecha, conjuntamente con la fiscalía,  se alían en la práctica para reducir el acuerdo a su mínima expresión, a su propósito inicial, que no consistía en otra cosa que en desarmar a las FARC y llevar su dirigencia a la cárcel. El Congreso precarizo la Jurisdicción Especial para la Paz y la redujo prácticamente a los miembros de las FARC.   

Nadie puede negar que las Farc han cumplido a cabalidad con lo acordado y que continúan con obstinación en sacar adelante su proceso de paz. Si se han producido disidencias eso es propio de cada proceso, pero si se han incrementado las disidencias obedece a un sistemático incumplimiento del gobierno con los reincorporados y es responsabilidad exclusiva de la ineptitud y la incapacidad del Estado para mantener motivados en la institucionalidad a quienes se reincorporaron.

Se equivoca el gobierno, la clase política y la sociedad en su conjunto si creen que la entrega de las armas, es suficiente para acabar la violencia, es la mirada más miope que pueda tener una sociedad. Cuando el dispositivo de la violencia se dispara las armas salen de la nada. Lo único que puede disminuir la violencia de naturaleza política es un proceso de trasformaciones democráticas incluyentes que garantice a la sociedad un mínimo de derechos y oportunidades.  Ese era el propósito del acuerdo. No era un acuerdo para hacer ninguna revolución, es un acuerdo de mínimos que comprometen en lo rural una reforma integral, en lo político la ampliación de la democracia y la participación política, y el reconocimiento del derecho de las víctimas y, pare de contar, lo demás son procedimientos. Como bien se ha señalado por distintos sectores se trataba de desatar un ciclo reformista, subrayo -reformista- y no de transformaciones estructurales de la sociedad colombiana, sino como una etapa necesaria de realización de reformas históricamente aplazadas que podían enfrentar en principio, causas que habían sido definidas como de origen y de persistencia del conflicto.

El acuerdo general, contemplo la reincorporación integral, económica, política, social, de las FARC-EP a la vida de la nación, con unas condiciones esenciales y básicas. Si eso no se cumple, mucho menos se va cumplir lo sustancial. El proceso de paz está atravesando un momento crítico que comienza en el incumplimiento de las garantías esenciales para que quienes se reincorporaron tengan las mínimas seguridades de subsistencia y no se produzca, al no ser que sea el interés del Estado, el retorno a la violencia.

Estamos en un terreno movedizo en el que ya se han comenzado a producir fenómenos de reciclaje de violencia inédita con consecuencias incalculables en costos sociales, económicos y políticos. Las FARC van a mantenerse en el proceso de paz, van a ir a la JEP y al Congreso de la República donde seguramente darán duras “batallas”, tomaran distancia de la violencia y de la guerra, pero el Estado está sembrando en un territorio carente de oportunidades, un nuevo y más devastador ciclo de violencia.