LAS FARC HAN SIDO “ASALTADAS” EN SU BUENA FE…

Carlos Medina Gallego

Docente Investigador

Universidad Nacional de Colombia

Haber alcanzado un acuerdo, luego de un largo proceso de conversaciones que se tomó más de seis años, es apenas el punto de partida de un prolongado periodo de tensiones y conflictos que se fijan como propósito acercar lo acordado a una etapa de implementación en la que el Estado tiene la mayor responsabilidad en relación con el cumplimiento de lo pactado, no solo como requerimiento de orden constitucional de garantizar la paz a la nación, sino, de construir las seguridades y confianzas para recuperar su propia credibilidad en relación con el manejo de los conflictos sociales y políticos de la nación, la construcción no solo del orden legal, que se lo da la norma si se cumple, sino, de la legitimidad que se la concede la sociedad cuando reconoce y avala  sus esfuerzos, acompaña sus compromisos y vigila el cumplimiento de los mismos.

Lo que se ha comenzado a manifestar desde muy temprano, es un gobierno impotente para cumplir los acuerdos en un escenario político complejo y con una institucionalidad que funciona, según sus parámetros, libres de toda responsabilidad con el acuerdo. La fase de implementación, se sale de la estrecha órbita del gobierno y entra en la complejidad de intereses del orden Estatal y su enredada institucionalidad, compromete las ramas legislativa y judicial, los partidos políticos y la sociedad en su conjunto. La implementación de los acuerdos se da en un periodo de cierre de gobierno, agotamiento de los entusiasmos de los diálogos y de los acuerdos, en un ambiente de creciente polarización y de reconfiguración parcial del mapa político y de cambio de la administración del Estado. Esta situación, resulta grave y preocupante en la medida que el proceso político nacional ha dispersado las fuerzas de la paz que sienten que cada vez gana más terreno los resultados del  plebiscito el 2 de octubre de 2016, que produce una inflexión que puede convertir un proceso aparentemente exitoso en un estruendoso fracaso y en la práctica,  en un fraude político a las FARC que sienten en medio de la impotencia como se va desfigurando a cada paso el cumplimiento del acuerdo.

En la práctica lo que se está viendo es que las FARC han sido engañadas, por una institucionalidad perversa, que pasa por encima de los acuerdos, desconoce los compromisos, e irrespeta no solo a las FARC, sino, a la comunidad nacional e internacional. Se siente un sentimiento de impotencia reprimida, de rabia sorda, una sensación de engaño que hace que la más bella experiencia política de las últimas cinco décadas, la carta de presentación de un pueblo de parias a la sociedad civilizada, se venga a pique en el desparpajo de una clase política inútil, cuyo único propósito son sus propios intereses corruptos y mezquinos, libres de toda ley y todo orden.    

       

El acuerdo se viene renegociando una y otra vez y las posibilidades de lo que representaba en su conjunto, nada distinto a una reforma liberal democrática capaz de enfrentar los problemas estructurales de la nación, se va derrumbando en medio del cinismo y la irresponsabilidad institucional. Los partidos políticos tradicionales y la extrema derecha, conjuntamente con la fiscalía,  se alían en la práctica para reducir el acuerdo a su mínima expresión, a su propósito inicial, que no consistía en otra cosa que en desarmar a las FARC y llevar su dirigencia a la cárcel. El Congreso precarizo la Jurisdicción Especial para la Paz y la redujo prácticamente a los miembros de las FARC.   

Nadie puede negar que las Farc han cumplido a cabalidad con lo acordado y que continúan con obstinación en sacar adelante su proceso de paz. Si se han producido disidencias eso es propio de cada proceso, pero si se han incrementado las disidencias obedece a un sistemático incumplimiento del gobierno con los reincorporados y es responsabilidad exclusiva de la ineptitud y la incapacidad del Estado para mantener motivados en la institucionalidad a quienes se reincorporaron.

Se equivoca el gobierno, la clase política y la sociedad en su conjunto si creen que la entrega de las armas, es suficiente para acabar la violencia, es la mirada más miope que pueda tener una sociedad. Cuando el dispositivo de la violencia se dispara las armas salen de la nada. Lo único que puede disminuir la violencia de naturaleza política es un proceso de trasformaciones democráticas incluyentes que garantice a la sociedad un mínimo de derechos y oportunidades.  Ese era el propósito del acuerdo. No era un acuerdo para hacer ninguna revolución, es un acuerdo de mínimos que comprometen en lo rural una reforma integral, en lo político la ampliación de la democracia y la participación política, y el reconocimiento del derecho de las víctimas y, pare de contar, lo demás son procedimientos. Como bien se ha señalado por distintos sectores se trataba de desatar un ciclo reformista, subrayo -reformista- y no de transformaciones estructurales de la sociedad colombiana, sino como una etapa necesaria de realización de reformas históricamente aplazadas que podían enfrentar en principio, causas que habían sido definidas como de origen y de persistencia del conflicto.

El acuerdo general, contemplo la reincorporación integral, económica, política, social, de las FARC-EP a la vida de la nación, con unas condiciones esenciales y básicas. Si eso no se cumple, mucho menos se va cumplir lo sustancial. El proceso de paz está atravesando un momento crítico que comienza en el incumplimiento de las garantías esenciales para que quienes se reincorporaron tengan las mínimas seguridades de subsistencia y no se produzca, al no ser que sea el interés del Estado, el retorno a la violencia.

Estamos en un terreno movedizo en el que ya se han comenzado a producir fenómenos de reciclaje de violencia inédita con consecuencias incalculables en costos sociales, económicos y políticos. Las FARC van a mantenerse en el proceso de paz, van a ir a la JEP y al Congreso de la República donde seguramente darán duras “batallas”, tomaran distancia de la violencia y de la guerra, pero el Estado está sembrando en un territorio carente de oportunidades, un nuevo y más devastador ciclo de violencia.

Manifiesto por la convivencia libre, justa, igualitaria y democrática de género, contra la violencia, el acoso sexual, el acoso laboral y el feminicidio

  8 de Marzo del 2018

El 8 de Marzo se conmemora el día internacional de la mujer trabajadora, es una fecha cargada de historia, de lucha y sacrificio de las mujeres contra el patriarcalismo opresor, la explotación laboral, la desigualdad, la discriminación, la exclusión y la violencia social, económica y política a la que han sido sometidas las mujeres a lo largo de la existencia humana.

El día internacional de la mujer no es una fiesta, es una fecha de conmemoración de hechos violentos y discriminatorios contra la mujer, nos recuerda los levantamientos de las mujeres, sus movilizaciones, huelgas e infinitos sacrificios por alcanzar la igualdad y la justa reivindicación de sus derechos.  Un 8 de marzo de 1857, un grupo de obreras textiles tomó la decisión de salir a las calles de Nueva York a protestar por las míseras condiciones en las que trabajaban, a reivindicar el derecho al trabajo digno, a una jornada laboral de diez horas y a mejores condiciones de existencia para ella y para sus familias.

Aunque los antecedentes del 8 de marzo pueden buscarse en las luchas por la organización social y sindical de las mujeres, en sus movilizaciones y protestas desde mediados del siglo XIX, la historia del 8 de marzo, en el siglo XX, está cruzada por situaciones y hechos que muestran un escenario complejo y rico en acontecimientos marcados por la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la lucha por el sufragio femenino, las pugnas entre socialistas y sufragistas, y el creciente auge del sindicalismo femenino durante las primeras décadas del siglo XX en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Distintas jornadas de protesta durante reprimidas por la institucionalidad Estatal y el poder económico, generaron las rebeldías y condiciones para que las mujeres fueran adquiriendo su condición de sujeto social, de derecho y político unido a agendas reivindicativas y de lucha que le han permitido avances significativos, pero insuficientes en mundo patriarcal. 

 

Los orígenes del Día Internacional de la Mujer están ligados a los partidos socialistas de Estados Unidos y Europa, en particular al protagonismo de las mujeres del Partido Socialista Norteamericano que, desde 1908, instauraron unas jornadas de reflexión y acción denominadas Woman’s Day. La primera tuvo lugar el 3 de mayo de 1908, en el teatro Garrick de Chicago, con el objetivo central de hacer campaña por el sufragio y contra la esclavitud sexual.

El día Internacional de la Mujer surge para defender los derechos laborales de las trabajadoras para hacer propaganda a favor del sufragio femenino, y manifestarse contra la guerra. En 1909, un 28 de febrero, se celebró por primera vez en EE.UU. el Día de las Mujeres Socialistas. Luego en agosto de 1910, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas (en Copenhage), se reiteró una agenda mínima de peticiones que incluía la demanda por el sufragio universal para todas las mujeres. A partir de entonces en distintos países de América y Europa, comienzan a producirse movimientos de protesta y movilizaciones de las mujeres por sus derechos y a conmemorarse el 8 de marzo como día Internacional de la Mujer, pero es solamente hasta 1975 que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), expide una resolución en la que se establece el 8 de Marzo, como fecha para conmemorar y rendir homenaje a la mujer trabajadora.

Hoy, 8 de Marzo de 2018, las mujeres de 134 países del mundo han convocado un paro global para reivindicar sus derechos fundamentales como trabajadoras y sus derechos en las luchas de género. Hoy las mujeres del mundo se levantan, para hacer oír su voz justiciera contra la opresión patriarcal, la desigualdad y discriminación en todas sus formas. Hoy las mujeres del mundo paran contra todas las formas de violencia, injusticia, desigualdad y opresion.   

En Colombia las mujeres en la lucha por sus derechos ha seguido el mismo camino de las luchas del movimiento internacional de mujeres; estuvieron presente en la luchas comuneras y de independencia, participaron en la construcción de los idearios de la formación del Estado Nacional y, en los conflictos políticos y armados del siglo XIX, en particular en la Guerra de los Mil días, en el desarrollo de las luchas sociales y reivindicativas de los trabajadores en las primeras décadas del siglo XIX, estuvieron en la génesis del movimiento sindical de los trabajadores y en la conformación de las organizaciones políticas que darían origen a la izquierda democratica. Levantaron la bandera por el derecho al sufragio universal y más recientemente han seguido el camino de las luchas de género reivindicando su propia agenda mujer.

La lucha de las mujeres en nuestro país no ha sido fácil y los avances siguen siendo precarios, han sido víctimas de todas las formas de violencia que se dan en la sociedad y en particular las que se originan en el modelo social y económico y, en el conflicto armado. El 70% de las víctimas de la violencia en nuestro país son mujeres, que padecen inhumanas condiciones de vida, mujeres que marchan valientes ante las adversidades en unos horizontes con pocas esperanzas.

 En las últimas dos décadas se han producido, Lineamientos de la Política Pública, para reparar en alguna forma a las mujeres de nuestro país; la Ley 1257 "Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres", de 2008;  la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, aprobada en 2011, que se viene implementando en medio de grandes dificultades y rodeada de graves hechos de violencia, la Defensoría del Pueblo ha señalado que cada 19 días se produce el asesinato de una lideresa y defensora de derechos humanos;  La política para la  Equidad de Género para las Mujeres y el Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias aprobados en 2012; la Ley 1719 por la cual se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, de 2014, entre otras normas, son parte de los esfuerzos que se vienen haciendo en el país para reconocer derechos y acabar la violencia contra las mujeres.

Sin embargo, la lucha de las mujeres no se agota en la lucha contra la violencia sino que se extiende a las luchas por sus derechos particulares, la no discriminación y la igualdad en todos los aspectos de la vida social, económica y política de la nación. 

La participación política de las mujeres ha aumentado del 6% al 11% en los cargos de elección popular, y del 7% al 21% en las elecciones del Congreso en los últimos 20 años. Sin embargo, es uno de los países de América Latina con la menor representación de las mujeres en la política. En 2015 son tan sólo el 14% de concejalas, el 17% de diputadas, el 10% de alcaldesas y el 9% de gobernadoras. Cifras aún muy por debajo de la paridad que haría justicia a la proporción de mujeres dentro de la sociedad, el 52% de la población.

 En relación a los derechos económicos, el acceso de las mujeres al empleo formal y su participación en el Mercado laboral, si bien ha ido creciendo, es aún limitada. En 2013 la brecha de participación laboral fue del 20,94% (frente al 26,63% en 2001); la brecha de desempleo era de 5,30% (frente al 7,38 en 2001); y 2012 brecha salarial de género fue 23,28% (frente al 17,61% en 2002).  Según nos lo da a conocer  los estudios que realiza en el país  ONU Mujeres.

En la conmemoración de este 8 de Marzo, el Consejo de La Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, El Departamento de Ciencia Política y el Departamento de Derecho, quieren sumarse a la luchas de las mujeres por sus derechos y llamar particularmente la atención sobre los problemas de las violencia, el acoso laboral y sexual contra las mujeres y, los feminicidios.

En nuestro país, las mujeres y las niñas  representan el 52% de la población colombiana. Cada semana se registran más de 1.700 denuncias, 76% de ellas corresponden a hechos de violencia contra las mujeres y las niñas; las cifras de medicina Legal, sobre hechos de violencia contra la mujeres son alarmantes cada 12 minutos una mujer sufre violencia por parte de su pareja o expareja; cada tres días una mujer es asesinada por su pareja o expareja; las mujeres más vulnerables a la violencia están entre los 24 y 40 años ; Cada 40 minutos una mujer es agredida sexualmente. Las cifras de la Policía Nacional-DIJIN superan las cifras de Medicina Legal. Estas cifras nos indican  que por lo menos una mujer fue agredida sexualmente cada 20,9 minutos, durante 2016. El 85,32% de los casos de violencia sexual se presenta contra niñas-mujeres. (Menores de 19 años). El 86,21% de los casos de violencia se producen por parte de la pareja o ex pareja. El 74,42% de las víctimas de homicidios son perpetrados por la pareja o ex pareja. En 2016 en Colombia se presentaron 91.445 casos de violencia física, psicológica y sexual contra niñas y mujeres. Y en el 2017, se produjeron 116.000 casos de violencia reportados contra niñas y mujeres.

Las cifras de la fiscalía General de la Nación no son menos alarmantes a febrero de 2018, La fiscalía informa que de cada 100 denuncias de violencia intrafamiliar, 10 mujeres terminaron siendo víctimas de feminicidio. La tasa de condena por cada 100 imputaciones fue del 42 por ciento. 42 personas fueron capturadas, de las cuales 16 fueron enviadas a la cárcel y 26 bajo detención domiciliaria. La Fiscalía imputó cargos en contra de 736 personas por delitos relacionados con violencia en contra de mujeres. Matan a una mujer cada tres días en Colombia.

Cisma Mujer reporta que el 85,32% de los casos de violencia sexual se presenta contra niñas mujeres. (Menores de 19 años); el 86,21% de los casos de violencia por parte de la pareja o ex pareja y el 74,42% de las víctimas de homicidios son perpetrados por la pareja o ex pareja.

Para 2017, Medicina Legal, reporta un trágico inventario en hechos de violencia se registraron 94 feminicidios en Bogotá. 139 en el Valle del Cauca, y 130Antioquia. Los registros apuntan a que el agresor es desconocido en el 48% de los casos; le sigue la pareja o expareja con 27%, y los familiares alcanzan el 3,5%.

Encuesta de prevalencia de violencia sexual contra las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano 2010-2015, realizada por 13 organizaciones de mujeres, mixtas, feministas, víctimas y derechos humanos, que muestra una prevalencia del delito de 18,36% para un universo de 142 municipios con presencia de fuerza pública, guerrilla, paramilitarismo y/o Bacrim, nos señala un total 875.437 mujeres fueron víctimas directas de algún tipo de violencia sexual durante este periodo, lo que significa que anualmente, en promedio, lo fueron 145.906 mujeres, 12.158 cada mes, 400 cada día y 16 cada hora.

Desde esta Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, levantamos nuestra más enérgica voz de protesta contra todas formas de violencia física, económica, social o psicológica contra las mujeres, acompañamos solidaria y firmemente la lucha por sus derechos y reivindicaciones fundamentales. Convocamos a construir desde nuestras aulas, pasillos, oficinas, las mejores y más solidarias relaciones de respeto con las mujeres y a sumarnos a la lucha por la conquista de sus derechos.

Llamamos a denunciar todo hecho de violencia que ocurra en los espacios que habita la comunidad académica contra las mujeres y particularmente, todas las formas de acoso sexual y laboral.

Queremos construir la más bella de todas las sociedades humanas donde hombres y mujeres se relaciones en condiciones de libertad, igualdad y respeto sincero, una sociedad amable y afectuosa, solidaria y justa.

Una deuda histórica inmensa tenemos con las mujeres del planeta y con las mujeres que con su esfuerzo han contribuido a construir la Colombia que hoy tenemos y que debemos mejorar con el esfuerzo mancomunado y solidario de hombres y mujeres.

Nos comprometemos a luchar por la igualdad de géneros, por la no discriminación social, contra todas formas de exclusión, contra violencia social, económica, política y psicológica, a trabajar cotidianamente por superar la cultura patriarcal y machista, por borrar los estereotipos y encontrarnos en la plena realización de derechos. Nos comprometemos a trabajar por una cultura de relacionamientos fraternos, solidarios y respetuosos.

Desde este lugar, enviamos nuestro saludo fraterno a todas mujeres de nuestro pais, a las indígenas que mantienen viva la cultura y las tradiciones de sus pueblos, a las mujeres del campo que trabajan incansablemente para alimentarnos, a la mujeres afrodescendientes que aún vive en los causes de los ríos haciendo minería artesanal para sortear cada día de su existencia y a la de sus familias, para las obreras y trabajadoras  que en las fábricas y sitios de trabajo soportan ignominiosas jornadas de opresión, para los funcionarias públicas que desarrollan largas jornadas en las tareas administrativas del Estado, para las maestras que se juegan en día a día de las escuelas las posibilidades que brinda el alfabeto para sacarnos de la ignorancia, para las estudiantes que aprender sus lecciones cargadas de compromiso con las transformaciones que necesita la sociedad colombiana, para las mujeres cabeza de familia que desde las economías informales se juegan el futuro y el bienestar de sus hijos, para las trabajadoras del sector de la salud que defiende ese derecho fundamental de las personas, para las amas de casa que padecen en el día a día en silencio las carencias y limitaciones de las familias colombianas, para todas las mujeres que constituyen en complejo entramado de la sociedad,  todo nuestro afecto y solidaridad en esta conmemoración y, todo nuestro agradecimiento por sus inmensos sacrificios en el camino de hacer de Colombia una mejor patria, un mejor país y, una mejor y  más justa sociedad. 

8 de Marzo del 2018.        

Siete grandes avances del proceso de conversaciones de paz con el ELN

CARLOS MEDINA GALLEGO

Universidad Nacional de Colombia

Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz

Al finalizar el cuarto ciclo de conversaciones de paz entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) el pasado 1 de Diciembre en la ciudad de Quito, se cierra este año de actividades de las dos delegaciones con avances que no por pequeños dejan de ser significativos y que mantienen viva la esperanza de sacar adelante un proceso cargado de incertidumbres y no pocas dificultades.

La renuncia a la delegación del gobierno de Juan Camilo Restrepo y del General (r) Eduardo Herrera Berbel, al finalizar este ciclo, no debe ser vista como una señal de crisis, sino como el resultado de dinámicas e intereses personales,  de tipo familiar y profesional, que son naturales en estos procesos y que abren la oportunidad para que se produzcan los ajustes necesarios y pertinentes en la delegación que oxigenen la mesa y le den una nueva y más vigorosa dinámica al proceso.

Desde luego que han existido y seguirán existiendo tensiones internas al interior de la mesa de conversaciones que son apenas la expresión natural de los intereses en pugna y que por difíciles que sean es necesario que las partes se comprometan en lo que les corresponde a superarlas. Los incidentes que se han producido a lo largo de todo el proceso en el desarrollo de la confrontación y durante el cese bilateral como el asesinato 24 de octubre de 2017 del Gobernador indígena Aulio Isarama Forastero y la desaparición de uno de sus familiares – Jhon Eriberto Isarama Forastero- a manos del Frente de Guerra Occidental del ELN, la muerte de 9 campesinos en las jornadas de protesta por la erradicación forzada en Tumaco y, la muerte de la comunicadora indígena Efigenia Vázquez, en Kokonuco en el Cauca, entre otros, como los ataques de las fuerzas militares a campamentos del ELN, o la masacre de Magüí Payán, no dejan de ser altamente preocupantes, pero hasta ahora, con voluntad política y serenidad, se les ha dado un tratamiento adecuado que ha permitido que la mesa siga conversando y el cese bilateral se mantenga.

Una valoración del proceso de conversaciones entre el gobierno nacional y el ELN, a todas luces deja un saldo positivo con al menos siete grandes avances en materia de conversaciones y acuerdos:

Primero. Existe una agenda de conversaciones que fue el resultado de un largo proceso exploratorio que se tomó casi cuatro años y que hoy es la base esencial de los diálogos. Una agenda que tiene unas características específicas de interconexión determinante de puntos que pueden permitir que se avance con celeridad en su desarrollo, si se cuenta con las voluntades y osadías para hacerlo innovando de manera contundente en los procedimientos.

Segundo.  Hay una mesa pública de diálogos bilateral y abierta que funciona por ahora en la ciudad de Quito – Ecuador, con un amplio y solidario acompañamiento internacional del Grupo de Países de Apoyo, Acompañamiento y Cooperación, compuesto por Alemania, Italia, Holanda, Suecia y Suiza; así como a los países garantes, Brasil, Chile, Cuba, Noruega, Venezuela y desde luego del país sede de los diálogos Ecuador, con las posibilidades de interlocución con distintos sectores de la sociedad colombiana que la han visitado para exponer sus puntos de vista y ayudar a construir el proceso. A esto hay que sumar la valioso y decidida participación y colaboración de la Iglesia colombiana y de otras iglesias del país.     

Tercero.  Se puso en marcha el primer Cese al Fuego Bilateral, Temporal y Nacional (CFBTN) entre el Gobierno Nacional y el ELN, que constituye un patrimonio de confianza en el proceso, que cuenta con un Mecanismo de Veeduría y Verificación (MV&V), proporcionado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ha jugado un papel determinante en el proceso y cuyos informes resultan de la mayor importancia para el aumento de la credibilidad nacional en el proceso. Cese al fuego bilateral que es un prerrequisito para la participación de la sociedad civil y el desarrollo mismo de la agenda.

Cuarto. Se han realizado diez audiencias públicas para generar insumos que permitan la elaboración de las metodologías de la participación de la sociedad, en el desarrollo de los puntos de agenda y,  que han sido a la vez, un importante indicador de lo que puede ser esa participación.  

Quinto. Se ha abordado y definido rutas para el tratamiento humanitario de los más urgentes situaciones del conflicto que convocan aspectos como: Detener los crímenes contra los líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos; reconocer las responsabilidades, por acción o por omisión, del Estado y la Fuerza Pública, en el desarrollo de los mismos; reconocer la responsabilidad del ELN en los asesinatos de los líderes del Choco y de la crisis humanitaria generada en el departamento por la confrontación con otros grupos armados ilegales y comprometerse con la generación de una solución humanitaria a la situación de las poblaciones afectadas por el conflicto en el Choco; Impulsar proyectos pilotos de desminado humanitario en Choco y Nariño, como Gestos de paz; dar un tratamiento humanitario y garantizar los derechos fundamentales de los prisioneros políticos así como los derechos humanos superando las practicas institucionales represivas.   

El gobierno se ha comprometido en el aspecto humanitario a: i. La publicación del proyecto de decreto para agilizar y fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas.ii. El desarrollo de un esquema integral que mejore la condición humanitaria de los reclusos militantes del ELN que se encuentren en cárceles colombianas. iii. Impulsar la pronta aplicación de la Ley 1820 de 2016 (Ley de Amnistía) y el Decreto 277 de 2017, en lo referido a la despenalización de la protesta y, iv. Verificar que no se obstaculice el flujo normal de víveres y medicamentos hacia las comunidades aisladas. Todos estos aspectos son avances significativos del proceso que deben consolidarse en ejecuciones reales.

Sexto. El proceso ha generado una Gestoría de Paz, por parte del ELN,  que cuenta actualmente, con dos representantes de la organización, Eduardo Martínez y Juan Carlos Cuellar, que vienen realizando un interesante trabajo de pedagogía y relacionamiento social institucional en los distintos territorios del país, que resulta de la mayor utilidad para el proceso, pues constituye una avanzada de la organización hacia la vida social, política e institucional de la nación.

Séptimo. Se ha ido construyendo de manera solidaria y natural una base social, intelectual y política importante de acompañamiento al proceso que puede jugar en distintos momentos del mismo papeles fundamentales.

A manera de balance concluyente se puede afirmar que si bien todo no ha marchado como se quisiera, si se han producido una serie de logros significativos que constituyen el patrimonio inicial de un proceso que puede llegar a ser exitoso transitando un camino que no se muestra nada fácil. El ELN está mirando por el espejo retrovisor las dificultades que viene atravesando la etapa de implementación del acuerdo con las FARC y tiene puesta la mirada en la situación de desgaste del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la dura contienda electoral que se avecina en el 2018.

Hace ya varias décadas Jorge Eliecer Gaitán, el caudillo liberal sacrificado por la violencia bipartidista, señalaba que “Lo imposible no es más que lo difícil visto por ojos donde no ha nacido la fe y muerto la esperanza” y,  a este proceso, hay que ponerle fe y mantener viva la esperanza.   

   

 Diálogos Gobierno- ELN

En busca de una metodología para la participación de la sociedad

CARLOS MEDINA GALLEGO

Docente – Investigador

Universidad Nacional de Colombia

Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de  Paz –CPSPP

 Con el lema de DIALOGANDO – ANDO el Jefe de la delegación del Gobierno para los Diálogos con el ELN, Dr. Juan Camilo Restrepo, conjuntamente con su equipo y el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de Paz ha venido convocando distintos escenarios de encuentro en el país con las variadas formas organizadas de la sociedad civil, comunidades, gremios, instituciones y academia, con el propósito de recoger inquietudes sobre las posibles metodologías de participación que puedan servir para asumir y desarrollar el punto UNO de la agenda dada a conocer el 16 de Marzo de 2016 y que ahora cuenta con un escenario más favorable para su desarrollo al haberse declarado el cese bilateral al fuego después de seis meses de conversaciones públicas.

En que va el proceso…

Las conversaciones en Quito, conforme lo ha dado a conocer Juan Camilo Restrepo, buscan encontrar sus propias rutas metodológicas que los diferencien de lo desarrollado en la Habana y le dé al proceso con el ELN su propia especificidad.  Con ese propósito  trabajan en dos grandes mesas temáticas en las que en una se abordan los temas de participación y, en la otra  los aspectos humanitarios.

El cese bilateral y temporal al fuego, es uno de los logros significativos de la mesa humanitaria con sus respectivos protocolos de seguimiento y verificación; comprometen el trabajo de las Naciones Unidas y las Diócesis Regionales, de manera directa y,  de manera indirecta y de facto, a las comunidades, a las organizaciones sociales y a los organismos de derechos humanos que puedan generar alertas tempranas evitando desafortunados incidentes. Esto, unido a compromisos humanitarios de las partes en relación con el secuestro, la infraestructura,  los presos y la seguridad de los líderes del movimiento social y popular,  constituyen una responsabilidad que puede ayudar a que los temas de la agenda común avancen y, sobre la base de resultados significativos,  se haga necesaria la prorroga correspondiente al cese bilateral al fuego.

Por su parte, la mesa de participación ha propuesto a la mesa común que se convoquen cuatro audiencias, dos presenciales - dos virtuales,  como un prólogo de la participación de la sociedad que tenga como tema central componentes estrictamente metodológicos de la participación. Estas audiencias por aspectos operativos y logísticos se desarrollarían en Colombia a partir del 30 de Octubre y se tomarían las dos primeras semanas de noviembre.

Sobre la naturaleza y condiciones de la participación

No son todavía muchas las claridades que existe sobre la naturaleza de la participación de la sociedad en el desarrollo de los diálogos Gobierno-ELN, más allá de lo expuesto en el acuerdo en el punto 1 en el que se afirma que esta será:  a) En función de iniciativas y propuestas, que hagan viable la paz en el curso y contexto de este proceso, b) sobre los temas de la agenda y como c) un ejercicio dinámico y activo, incluyente y pluralista que permita construir una visión común de paz que propicie las transformaciones para la nación y las regiones.

Lo que se deriva de las anteriores afirmaciones es que la participación no es de cualquier naturaleza y no se reduce a unas conversaciones amplias de la sociedad sobre temáticas particulares y simples o a unos diálogos sin dirección e intranscendentes, si no que están determinados por una agenda que se fija como propósito el derecho superior a la paz, el que se concibe en el marco de la construcción de una visión común, mas allá de los contradictorios intereses que se convoquen, visión que condiciona transformaciones en los órdenes nacional y regional, sobre los temas que la agenda establezca. La participación se da en el marco de unos propósitos que definen rutas de construcción de paz en los ámbitos nacional y regional y que desde luego condicionan la realización de cambios y transformaciones necesarias, conforme lo señala el punto 3, de la agenda, en la que se afirma de manera explícita: a) las propuestas transformadoras elaboradas por la sociedad…, b) programas transformadores para superar la pobreza, la exclusión social, la corrupción y la degradación ambiental en búsqueda de la equidad c) Planes alternativos integrales con enfoque territorial, que constituyan opciones económicas y productivas que beneficien a las comunidades. Componentes todos que tienen en los imaginarios sociales una particular significación en términos del protagonismos social y comunitario y, define en la práctica, el carácter “vinculante” de la participación.

En un primer momento soy del criterio que del acuerdo se deriva un modelo de participación vinculante que se depura y adquiere sentido entre las partes, pero que es en la práctica la participación de la sociedad la que define los contenidos y las rutas de los acuerdos. Definir hasta dónde va el carácter “vinculante” de la participación de la sociedad, es otra cosa, que debe ser establecida con claridad por las partes antes de que esta se haga explicita. De ahí, la importancia de definir la naturaleza y alcances de la participación, que no es, ni se reduce a un procesos instrumental y mecánico, sino, que es clara y objetivamente un proceso de definiciones políticas.  

Por ahora el gobierno señala que la participación debe ser clara, plural y heterogénea y que resulta necesario establecer criterios que generen participación, defina el propósito de la misma, los ámbitos nacional y regional y, el tiempo necesario para que el proceso sea representativo y se ajuste a los criterios del primer punto de la agenda, en consonancia con el segundo y tercer punto en la medida que estos constituyen una única unidad de sentido.

Inquietudes sociales sobre la participación

Mucho antes que se diera a conocer la agenda de conversaciones en Caracas, ya sectores importantes de la sociedad civil y la academia venían trabajando criterios sobre la participación de la sociedad tomando en consideración distintas motivaciones y expectativas. En esos ejercicios se fue construyendo un presupuesto de insumos que resultan de la mayor importancia en este momento en la medida en que recogen distintas visiones, enfoques y alcances de la participación. 

Entre las ideas fuerza que resultan de la reflexión social la primera es darle a la participación una connotación política determinante que está más allá del carácter consultivo, en los ámbitos definitorios y constructores de nuevas realidades sociales que son las que determinan la esencia de los cambios que se requieren para una paz estable y duradera.

Por esta razón la pregunta por la naturaleza, el alcance y las perspectivas de la participación es ineludible, pues la respuesta define lo procedimental y metodológica de la misma en torno a objetivos y metas, así como a categorías que permiten convertir las narrativas en unidades de sentido coherente en el marco de los propósitos y metas que se fije la mesa lo que, inevitablemente, están unidos a temas y problemas estructurales en lo social, regional-nacional, sectorial, gremial e institucional, pues hacia allí apuntara la participación de la sociedad.

Una segunda preocupación que se mueve al interior de los sectores sociales es la limitada credibilidad que existe en la población sobre el carácter “vinculante” de los resultados de la participación, y la tendencia a pensar que es un ejercicio de legitimación de decisiones tomadas de antemano que ningún impacto van a tener en los territorios y en las necesidades y garantía de derechos de las poblaciones. A esto se suma el reclamo permanente por garantías para la participación amplia y abierta de las comunidades cuando esta deriva en compromiso en la defensa de agendas locales y regionales de paz, frente a los opositores y enemigos de los procesos, y a las prácticas de incumplimiento del mismo Estado, ampliamente conocidas por las poblaciones en la historia de sus propias luchas. Garantías que comienzan por la seguridad física de quienes participan y la responsabilidad institucional de detener la criminalización sistemática de la movilización social.  

Una tercera preocupación que convoca el interés social se remite a la definición de una estrategia clara y univoca de comunicación por parte de la mesa, amplificada por los canales institucionales,  acompañada de una vigorosa e innovadora pedagogía de paz, que retroalimente y coloque el país en sintonía con este proceso después del larguísimo desgaste que ha tenido el proceso de paz para llegar al primer acuerdo.

Un cuarto aspecto a tomar en consideración es que para algunas expresiones de la sociedad organizada, una de las diferencias centrales de este proceso, es que en él las poblaciones y los territorios juegan un papel determinantes y es con ellos y sobre ellos que deben desarrollarse los ejercicios de la participación la que además conciben no como un momento, sino, como un proceso. Estos sectores consideran que de esa dinámica de la territorialización de la participación, las narrativas que se produzcan allí deben tomar en consideración no solo las agendas locales existentes, sino, su relación con los que resulten siendo los temas centrales de las conversaciones de la mesa bilateral.

De esto se deriva el reclamo de que la metodología debe ajustarse a los distintos territorios buscando llenar las expectativas de los diversos intereses que se convocan y que esta debe considerar el tema multisectorial generando la mejor disposición para la participación de sectores tradicionalmente renuentes a asistir a foros o a asambleas populares, pero que debidamente orientados lo harían en espacios claramente delimitados y sobre temáticas de su propio interés en un contexto de construcción de paz.

La participación de empresarios y gremios económicos en general; militares retirados y en servicio; fuerzas, movimientos y partidos políticos; medios de comunicación, opositores y académicos, entre otros sectores,  constituyen importantes fuerzas de opinión y decisoras, cuya presencia en los diálogos le dan mayor legitimidad y fortaleza y son parte imprescindible de un autentico dialogo nacional.

Lo anterior convoca una propuesta metodológica que contempla múltiples entradas, distintos escenario, diversidad de culturas y prácticas,  sincronizadas en torno al propósito común de una paz que recoge a su interior las contradictorias y complejas relaciones e intereses que dinamizan el conflicto de manera positiva, atendiendo todas las voces de manera incluyente.

Desde luego esto no posibilita una metodología aséptica como lo señala el jefe de la delegación del gobierno a los diálogos de Quito, es pluralista y contradictoria, lo que NO resulta "cómodo" para los sectores sociales, las comunidades y los territorios es que la participación no sea vinculante y lo producido allí pase por un proceso de arbitraje y escogencia, delimitada por las definiciones que se haga en la mesa bilateral Gobierno-ELN.

las cartas sobre la mesa...

Para Juan Camilo Restrepo y en general para los miembros de la delegación del gobierno. El punto uno de la agenda tiene dos momentos o fases en materia de la participación:

Primero, definir a través de la “participación” una propuesta metodológica sobre lo que debe ser la participación propiamente dicha en el marco del proceso de conversaciones Gobierno-ELN. Para ello se adelantan en el país 20 reuniones en distintas regiones para hacer consultas sobre las metodologías y alcances de la participación y, se realizaran las cuatro audiencias que deben arrojar suficientes insumos para estructurar la propuesta metodológica que adopte la mesa  y su ruta de ejecución.

Segundo. Definida la estrategia metodológica “oficial” poner en marcha el proceso participativo que compromete los puntos dos y tres de la agenda, transformándola en una agenda temática construida socialmente. Para el Jefe de la delegación del gobierno,  la participación no da origen a una mesa social con sus propias agendas, escenarios de conversación y consenso, compromisos y  acuerdos, sino, que está se da en el marco de los acuerdos con el ELN y de las definiciones de la mesa bilateral.

En concreto hay una participación metodológica y,  una participación deliberante y propositiva que es la que termina definiendo las rutas temáticas de las conversaciones bilaterales. El gobierno tiene claro y así lo hace explicito,  que la participación tiene rango constitucional y  que no es un invento de la mesa ni del acuerdo y, que por lo tanto, la participación que emana del Acuerdo con el ELN, no es sustituto de los mecanismos constitucionales de participación los que siguen vigentes.

La delegación del gobierno es del criterio que el proceso de participación concebido como un dialogo multilateral, respetuoso e incluyente,  debe tener tres características. 1. Ser útil. 2. Ser ordenado y, 3. Tener un límite en el tiempo. Y, para el gobierno, esa participación debe ocurrir en el primer semestre del año entrante (2018), pues se considera que el cansancio nacional, sobre el tema paz, debe superarse con prácticas acotadas en el tiempo y que la coyuntura política no posibilita dilaciones de ningún tipo. Comienza a señalarse, de manera explícita, que este proceso se va a dar entre dos gobiernos y que lo que se haga en el primero,  es esencial para que el segundo se sienta comprometido a continuar.

Para la delegación del gobierno, producidos los insumos que genera la participación de la sociedad, las partes abordaran la discusión sobre los mismos y se llegaran a acuerdos que,  en el criterio de esta delegación y seguramente del gobierno en general, solo se firmara con el ELN lo que se tenga la certeza que se puede cumplir.

Algunas observaciones a tener en cuenta.

1.      La primera fase de la participación que define las metodologías, deben ser lo suficientemente clara en la formulación de los criterios y procesos, de tal manera que no se vaya a convertir en un nuevo campo de disputa. La propuesta metodológica,  debe ser tan amplia como para dar cabida a distintas visiones de la participación las que se pueden ordenar en diferentes niveles, escenarios y tiempos no contrapuestos, sino coherentemente complementarios.

2.      Es necesario echar mano de los desarrollos teóricos, epistemológicos y metodológicos existentes al respecto de la participación, y tomar en consideración experiencias del orden internacional y, sobre todo,  nuestras propias experiencias recientes enriquecidas por nuevos enfoques y dinámicas académicas y sociales.

3.      Entender que la participación adquiere en el ELN su propia significación en relación con sus acumulados históricos –sociales y que resulta necesario no desconocer esa situación, sino, por el contrario ayudarla a  re-construir en significados más amplios e incluyentes, que vayan del bloque popular al dialogo nacional amplio e incluyente.

4.      No pensar en un único modelo de participación, sino, desarrollar una propuesta metodológica multinivel, pluralista, incluyente, heterogénea que tome en consideración la diversidad contrapuesta de intereses sin antagonizarlos ni pretender conciliarlos más allá de lo que constituye el interés común en la construcción de una visión compartida de paz.

5.      Independientemente de si es vinculante o no - discusión que hay que agotar en los escenarios decisorios correspondientes-, la participación tiene que tener algún nivel de incidencia en el desarrollo de la vida social, económica, política y cultural de la nación para que resulte motivante para las comunidades e,  igualmente, los distintos y diferenciados niveles de participación no se pueden reducir a la mesa de Quito, sino, que adicionalmente,  y ese es el factor motivante, debe tomar en consideración los problemas territoriales, dar razón de las conflictividades  existentes allí y de las agendas sociales que se adelantan y son objeto de las luchas territoriales. No es equivocado tomar en consideración la necesidad de gestionar el conocimiento existente en las comunidades en relación con las enseñanzas y aprendizajes de sus propios procesos. Esto implica, pensar la participación en el tiempo de las conversaciones, pero igualmente, en el tiempo histórico futuro.

6.      Si bien es importante el trabajo que puede realizar PNUD en materia operativa, en los escenarios de la participación, la experiencia ha demostrado la necesidad de que no sea una sola institución la que se haga cargo de la facilitación de los procesos participativos y de la sistematización de las narrativas. La iglesia y la academia pueden jugar allí un papel determinante.

7.      Desde luego, la participación debe darse en el marco de las mayores seguridades para las comunidades y allí no solo juega un papel determinante la actitud de las partes, las obligaciones constitucionales del Estado y el respeto y la protección de la situación del cese al fuego y las hostilidades, sino, igualmente, los acompañamientos internacionales y las estrategias comunicativas inequívocas y pedagógicas permanentes.

8.      Hay que definir, con absoluta claridad, si la participación es “multitudinaria” o centrada en la “inteligencia social de los acumulados de liderazgo” que representan un auténtico capital social de las dinámicas transformadoras de los territorios. Un  proceso como el que se propone debía inclinarse hacia una participación densa, concentrada en acumulados históricos, liderazgos naturales y fuerzas decisoras que expresen la multiplicidad de intereses que se convocan en el proceso. Cualquiera que sea el camino que siga esa participación la misma debe tomar en consideración las necesidades del tiempo presente, sin dejar de lado, la mediana y larga duración que convocan otras prácticas de participación, igualmente importantes.

El gobierno Nacional y el ELN han dado un primer paso que resulta a todas luces un gran logro: detener temporalmente la confrontación militar, ahora las partes están involucradas en darse una ruta metodológica para que la participación se haga efectiva y la agenda comience a llenarse de la sociedad y sus conflictos, ojala acompañados de mucha imaginación y propuestas para superarlos en el marco de lo que permite el momento histórico por el cual atraviesa el país.

Un fuerte sentimiento de alegría debe llenarnos a todos los que de una u otra manera hemos estado empujando este proceso, porque, por fin ha comenzado a andar… no excepto de múltiples dificultades, como debe ser.

19 de Octubre de 2017                          

Cese al fuego bilateral y participación

El primer pasó de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional –ELN-

CARLOS MEDINA GALLEGO

Docente – Investigador

Universidad Nacional de Colombia

Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz -CPSPP

1.       Sobre el cese al fuego y las hostilidades.

Luego de 18 meses de haberse dado a conocer la agenda de conversaciones entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) -marzo de 2016- en la ciudad de Caracas-Venezuela y,  a ocho meses de instalada la mesa pública-Febrero de 2017- en la ciudad de Quito-Ecuador, las partes dan un primer paso al acordar un Cese Bilateral al fuego temporal, establecer criterios para el manejo humanitario del mismo e iniciar la dinámica de participación de la sociedad en el desarrollo de las conversaciones a través de audiencias públicas y virtuales, cuyo propósito será proporcionar insumos para definir la ruta metodológica de la participación de las comunidades y en general de la sociedad colombiana en el desarrollo de los puntos de agenda.

Desde el 1 de Octubre y hasta el 9 de enero de 2018, el ELN, el Gobierno y la Fuerza pública colombiana, con el acompañamiento de la iglesia, la ONU y las comunidades mantendrán las coordinaciones necesarias para que no se produzcan incidentes que puedan entorpecer el desarrollo de los diálogos. Durante este periodo se desarrollaran acciones humanitarias por cada una de las partes que buscan poner fin a los secuestros,  detener los ataques a la infraestructura, la siembra de minas y el reclutamiento de jóvenes, así como,  contener el asesinato de líderes sociales y populares, combatir el fenómeno paramilitar y mejorar la situación de los presos políticos en las cárceles colombianas, entre otras acciones que ambienten la realización de los diálogos.

Dadas las características de este cese bilateral que se da sosteniendo las condiciones de confrontación los niveles de coordinación entre las partes y las alertas tempranas de posibles e indeseados enfrentamientos, como la interferencia de otros grupos armados obligan a manejar con el mayor rigor posible los protocolos y definiciones construidas al respecto por las partes. Ahora los diálogos tienen la responsabilidad de cuidar ese activo fundamental de las conversaciones que es el cese bilateral y avanzar en el desarrollo de los puntos de la agenda, de manera que los logros que se alcancen al respecto obliguen a la prolongación del cese bilateral, de manera permanente hasta que se pueda hacer definitivo, conforme ha mostrado su interés el presidente Juan Manuel Santos.     

El comandante del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, al dar la orden a todas las estructuras de la organización de cumplir cabalmente con el cese bilateral al fuego y detener las hostilidades hace particular referencia al cumplimiento estricto de la palabra empeñada en este acuerdo, que si se quiere, puede considerarse el primer logro alcanzado por la organización en el desarrollo de los diálogos, en razón que fue el ELN quien insistió durante meses, conjuntamente con sectores de la sociedad civil, en demandar al gobierno nacional como prerrequisito de los diálogos y condición necesaria de los mismos el cese bilateral al fuego, el primero en la historia del conflicto armado con esta organización.

2.       Sobre la participación social en los diálogos.

Declarado y en marcha el cese bilateral, ahora la mayor urgencia la constituye definir en las próximas semanas las rutas de participación de la sociedad para que la agenda pueda ser desarrollada dentro del espíritu que guía la misma cuya particularidad se centra en el hecho que es la sociedad la protagonista central de esos diálogos y quien define en la práctica, no solamente las formas de su vinculación y su alcance, sino, adicionalmente la parte sustancial de la agenda en lo referente a la definición temática de los cambios necesarios para la paz.

Lo primero, que resulta inevitable realizar en este ambiente de cero confrontación es la definición de la ruta metodológica de la participación de la sociedad, su naturaleza, sus dinámicas y sus alcances en término de definiciones sustantivas en materia de cambios y transformaciones necesarias para que se hagan explicitas situaciones de mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y políticas de la nación que por sí mismas hagan innecesario el uso de las armas en el desarrollo del conflicto colombiano. La mesa ha acordado la realización de dos audiencias públicas presenciales y dos audiencias públicas virtuales, para que las distintas expresiones de la sociedad civil organizada y en general de la sociedad en su conjunto se expresen en torno al problema de la participación que constituye el primer punto de agenda, pero,  que ineludiblemente,  está unido a los puntos dos y tres, que hacen referencia a la democracia para la paz y a los cambios necesarios.

No son pocos los esfuerzos que se han realizado en los últimos meses para pensar y proponer escenarios de participación, por parte de las organizaciones sociales, los movimientos políticos y la academia en escenarios que comprometen los territorios donde con mayor intensidad se ha desarrollado la confrontación y mayor interés tienen para que está llegue a su fin. Vale la pena señalar los esfuerzos realizados por la Redprodepaz y la campaña Paz Completa, con el apoyo del PNUD, que adelantaron entre mayo y agosto de este año, una consulta, en la que participaron de manera directa 756 personas en representación de 228 organizaciones comunitarias y que comprometió una población compuesta por mujeres, jóvenes, campesinos, afros, indígenas, cooperativistas, líderes de procesos urbanos, sindicalistas, ambientalistas, comunidad LGTBI, Iglesias, autoridades locales, centros de promoción al desarrollo, defensores de derechos humanos, programas de desarrollo y paz, académicos, comunicadores, entre otros, en el marco del reconocimiento de la  diversidad social, comunitaria, política e institucional que tiene el país. Las regiones contempladas para este ejercicio fueron Chocó, Arauca, Antioquia, Magdalena Medio, Catatumbo y el Suroccidente colombiano zonas en que el ELN tiene su mayor influencia.

En esos territorios se recogió y se sistematizo un importante material de opiniones que seguramente ha de ser muy útil a las audiencias convocadas por la mesa a partir del 23 de Octubre de presente año.

No es fácil satisfacer las expectativas que al respecto de la participación de la sociedad señala el acuerdo al afirmar que está será en función de iniciativas y propuestas que hagan viable la paz en el curso y contexto del proceso; sobre los temas de la agenda y,  como un ejercicio dinámico y activo, incluyente y pluralista, que permita construir visión común de paz que propicie las transformaciones para la nación y las regiones”, en un contexto de escepticismo creciente del cumplimiento institucional de los acuerdos con las FARC y sin una estrategia de comunicación gubernamental clara y motivante para las poblaciones a las que tradicionalmente se les ha reprimido e incumplido. No obstante, existe una manifiesta voluntad de participación si al menos se cumplen cuatro condiciones que las comunidades consideran esenciales: primero, que se ofrezcan las garantías de seguridad, no estigmatización, ni señalamiento, pero,  sobre todo, no haya retaliaciones y persecuciones posteriores que conduzcan en ningún casos a establecer vínculos inexistentes de los participantes con el ELN y a abrir procesos de judicialización; segundo, que los acuerdos y pactos a los que se llegue, se cumplan al pie de la letra y no se generen expectativas sobre los mismos que terminan incumpliéndose y generando nuevas frustraciones en las comunidades. Tercero. Participar desde los procesos organizativos, las autonomías y agendas con las que se han construidos las luchas y resistencias en los territorios en la demanda de derechos fundamentales y, cuarto, que a los diálogos se convoque a todos los sectores del país, no solamente a las clases subalternas, sino a los sectores empresariales y a las elites nacionales, regionales y locales, así como a la institucionalidad del Estado para que el dialogo sea realmente nacional, sectorial, pluralista y de albergue a los diferentes tipos de intereses.  

 El cese bilateral al fuego y las posibilidades de dar curso al primer punto de la agenda constituyen un importante logro de este proceso que hay que proteger y acompañar.

Octubre, 4 de 2017.