LA FUSIÓN ARTIFICIAL ENTRE EL CARTEL DE LOS SOLES y el GOBIERNO VENEZOLANO COMO ESTRATEGIA DE ESTIGMATIZACIÓN GEOPOLÍTICA

 La insistencia del gobierno de Estados Unidos —en especial en la narrativa impulsada por Donald Trump y sus círculos de seguridad— de presentar al Cartel de los Soles y al gobierno de Nicolás Maduro como una misma entidad constituye una estrategia política profundamente arbitraria, poco sustentada y abiertamente funcional a los intereses geopolíticos estadounidenses en el Caribe y la región andino-amazónica.

 No se trata de una afirmación ingenua ni de una lectura aislada: es parte de un libreto histórico en el que Washington transforma problemas complejos en etiquetas simplificadoras que legitiman intervenciones, sanciones y operaciones de control regional como “Lanza del Sur”.

 El primer problema es metodológico: equiparar un gobierno —con instituciones, burocracia civil, fuerzas armadas formalmente constituidas, legitimidad interna y reconocimiento internacional parcial— con un cartel criminal supone borrar la distinción básica entre Estado y crimen organizado.

 Es una maniobra discursiva que busca despolitizar el conflicto venezolano y reducirlo a una narrativa de narcoterrorismo. Al hacerlo, Estados Unidos se asigna a sí mismo el papel de “restaurador del orden”, como ya lo ha hecho en otras coyunturas donde la estigmatización precedió a la intervención (Panamá 1989, Irak 2003, e innumerables operaciones encubiertas en Centroamérica).

 Asignar al gobierno venezolano la etiqueta de “organización criminal” también opera como herramienta diplomática para justificar sanciones extraterritoriales, presiones financieras, bloqueos comerciales y acciones militares de vigilancia en el Caribe. 

 La Operación Lanza del Sur, presentada como un esfuerzo contra el narcotráfico, encubre en gran parte un despliegue geoestratégico de control marítimo y aéreo en una región donde la presencia militar estadounidense ha sido constante, aunque pocas veces tan abierta y justificada en términos de “amenaza hemisférica”. 

 Esta operación no solo busca controlar flujos de narcóticos; busca someter políticamente a Venezuela, cercarla militarmente y proyectar un mensaje a otros gobiernos que se aparten de la alianza hemisférica liderada por Washington.

 La política trumpista exacerba esta tendencia. El discurso de Trump convierte cualquier matiz en sospecha; cualquier funcionario venezolano se vuelve automáticamente parte del cartel; cualquier negociación política es presentada como complicidad con el crimen. Este mecanismo de estigmatización no es accidental: se articula con la agenda electoral interna estadounidense, donde Venezuela sirve como símbolo útil para movilizar sectores conservadores y de la diáspora. Un díscurso favorecido por la APATRIDA de Corina Machado 

 La arbitrariedad de esta equiparación produce efectos reales: dificulta salidas políticas negociadas, alimenta la confrontación interna venezolana y legitima una presencia militar desproporcionada en el Caribe. En lugar de contribuir a una solución democrática, profundiza la lógica de enemistad absoluta y normaliza la idea de que la presión militar es un mecanismo válido para “resolver” crisis políticas.

 Frente a ello, es urgente desmontar la narrativa simplificadora y denunciar que esta estrategia no combate el narcotráfico: lo instrumentaliza para justificar una política de dominación regional.

 No es Venezuela, es toda América Latina la que está amenazada.

 

CARLOS MEDINA GALLEGO 

Historiador- Analista Político