LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA

Heridas abiertas del holocausto

 

1. VERDADES JUDICIALES, CONTEXTO HISTÓRICO y VOCES DE LAS VÍCTIMAS 

 El asalto y retoma del Palacio de Justicia, ocurrido los días 6 y 7 de noviembre de 1985, constituye uno de los episodios más trágicos y complejos de la historia contemporánea de Colombia.

 Este artículo reconstruye los hechos a partir de investigaciones judiciales, informes oficiales y testimonios de víctimas y sobrevivientes. 

 Se analizan los antecedentes políticos y militares, la crisis de la política de paz del gobierno Betancur, las responsabilidades de los actores armados, las desapariciones forzadas y las secuelas judiciales que, cuarenta años después, continúan abiertas. La masacre del Palacio simboliza la ruptura del Estado de derecho y la sustitución de la palabra por las armas, dejando heridas que aún interpelan la memoria y la justicia del país.

 1.  EL BAÑO DEL HORROR 

 El desenlace de la tragedia del Palacio de Justicia tuvo lugar al mediodía del 7 de noviembre de 1985 en un baño de no más de 25 metros cuadrados y un mezanine entre el segundo y tercer piso del edificio, en pleno centro de Bogotá. En ese reducido espacio se concentró todo el horror de la guerra. Allí murieron los últimos sobrevivientes del comando del M-19 y varios rehenes civiles. El episodio sintetizó 28 horas de fuego y terror en el corazón del poder judicial colombiano, cuando —como lo registró la Comisión de la Verdad de la Corte Suprema en 2010— “Colombia renunció a la palabra y dejó que las armas reemplazaran el Estado de derecho y los valores ciudadanos esenciales”.

 2. Contexto histórico y político del asalto

 El 6 de noviembre de 1985, a las 11:15 de la mañana, el M-19 asaltó el Palacio de Justicia con el pretexto de realizar un “juicio político” al presidente Belisario Betancur. Este acto, presentado como una denuncia contra la supuesta traición a los acuerdos de paz de 1984 y contra la figura de la extradición, se convirtió en una masacre. Desde el inicio fueron asesinados tres trabajadores del Palacio: los vigilantes Eulogio Blanco y Gerardo Díaz Arbeláez, y el administrador Jorge Tadeo Mayo.

 El gobierno respondió con la mayor operación militar urbana en la historia del país: ocho tanques blindados irrumpieron en la Plaza de Bolívar y dispararon contra la fachada del edificio. En la retoma, se ignoraron las normas mínimas del derecho internacional humanitario, como la distinción entre civiles y combatientes o la proporcionalidad del uso de la fuerza. La recuperación del Palacio se convirtió en un campo de exterminio donde el Estado perdió legitimidad y la guerrilla perdió cualquier reivindicación política.

 3. El baño del mezanine: símbolo del infierno

 En el baño del mezanine se encontraban los jefes del comando del M-19, Andrés Almarales y Alfonso Jacquin, así como rehenes civiles como el magistrado Manuel Gaona Cruz, principal defensor de la extradición, y el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán. Gaona fue asesinado por los guerrilleros; Urán fue visto saliendo vivo del Palacio y apareció luego con un tiro en la cabeza, un hecho que evidencia la existencia de ejecuciones extrajudiciales.

 También murieron allí las abogadas auxiliares Luz Stella Bernal y Aura de Navarrete, posiblemente por la explosión de un rocket disparado por el Ejército. Las versiones recogidas por el Tribunal Especial creado tras la tragedia y los expresidentes de la Corte Suprema coinciden en que se violaron todos los protocolos de la guerra urbana.

 4. Las desapariciones forzadas

 Entre los 35 guerrilleros que participaron en la toma solo dos mujeres salieron vivas: Irma Franco Pineda y Clara Helena Enciso. Franco desapareció después de ser capturada; Enciso logró escapar y murió años después en México.

 Las investigaciones judiciales y forenses confirmaron, entre 2000 y 2019, la identificación de varios cuerpos inicialmente enterrados como NN, entre ellos los de Ana Rosa Castiblanco (embarazada al momento de la tragedia), Gloria Anzola de Lanao, Bernardo Beltrán, Héctor Jaime Beltrán y Lucy Amparo Oviedo. Las irregularidades en los entierros, las fosas comunes y las sustituciones de cadáveres revelan la magnitud del ocultamiento.

 Las desapariciones de trabajadores de la cafetería —Carlos Augusto Rodríguez Vera, David Suspes, Gloria Stella Lizarazo y Norma Constanza Esguerra— permanecen sin resolución definitiva, pese a las condenas emitidas contra algunos oficiales del Ejército.

 5. Responsabilidades judiciales y militares

 El general Jesús Armando Arias Cabrales, el coronel Edilberto Sánchez y el coronel Iván Ramírez fueron condenados por desaparición forzada. Sin embargo, las investigaciones contra las máximas autoridades militares —el ministro de Defensa Miguel Vega Uribe y el comandante del Ejército Rafael Samudio— nunca prosperaron.

El indulto general aprobado tras la desmovilización del M-19 en 1990 blindó a sus antiguos jefes, entre ellos Carlos Pizarro y Álvaro Fayad, de cualquier responsabilidad penal. La justicia colombiana, por tanto, sancionó selectivamente a algunos mandos medios, pero no esclareció la cadena completa de mando ni las órdenes políticas que condujeron a la destrucción total del Palacio.

 6. El fracaso de la política de paz de Betancur

 La tragedia del Palacio de Justicia evidenció el colapso de la política de paz de Belisario Betancur. El proceso de diálogo con el M-19 estaba ya fracturado por la desconfianza, la falta de garantías y la presión del narcotráfico, que veía en la Corte Suprema —defensora de la extradición— un enemigo directo. Existen indicios de que el asalto fue conocido o al menos advertido por la inteligencia militar, lo que sugiere un deliberado retiro de la seguridad del Palacio, interpretado por algunos analistas como una provocación o “toma anunciada”.

 El asalto sirvió de justificación para enterrar cualquier posibilidad de negociación y reactivar la doctrina de la “seguridad nacional”, que convirtió la paz en sinónimo de debilidad.

 7. Memoria, justicia y política contemporánea

 En noviembre de 2024, al conmemorarse el 39° aniversario del holocausto, el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, recordó que “la verdad del Palacio de Justicia no puede estar contaminada de eufemismos ni falacias”. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro —exmiembro del M-19— sostuvo que la toma fue un intento torpe de reabrir un proceso de paz traicionado por el Estado.

 Esta controversia refleja la persistente tensión entre memoria, justicia y política. Las víctimas exigen verdad integral y reconocimiento de responsabilidades de todos los actores, tanto del Estado como de la insurgencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que el caso del Palacio de Justicia constituye una violación grave de derechos humanos y un símbolo de impunidad estructural.

 8. Heridas que no cierran

 A cuarenta años del holocausto, el Palacio de Justicia sigue siendo una herida abierta en la conciencia nacional. Su historia interpela la capacidad del Estado colombiano para garantizar la verdad, la reparación y la no repetición.

 La tragedia reveló la fragilidad de la democracia, el poder destructivo de las ideologías armadas y la profunda desconfianza entre instituciones y ciudadanía. La memoria del Palacio no pertenece solo a las víctimas, sino a toda una nación que aún busca reconciliar justicia con humanidad.

 Contar su historia sin eufemismos es un deber ético y político: recordar no es reabrir heridas, sino impedir que se repitan.