La IZQUIERDA ante el CAMBIO de ÉPOCA

Entre la ortodoxia y el progresismo democrático 

 La izquierda atraviesa uno de los momentos más decisivos de su historia. No solo porque enfrenta el ascenso de proyectos autoritarios de derecha que buscan restringir derechos y concentrar el poder, sino porque también debe responder a una pregunta mucho más profunda: ¿puede seguir interpretando el siglo XXI con las categorías políticas del siglo XX?

 

Durante décadas, una parte importante de la izquierda latinoamericana se estructuró alrededor del marxismo - leninismo – maoísmo en sus versiones más ortodoxas. Aquella tradición realizó aportes significativos a la comprensión de las relaciones de explotación, la concentración de la riqueza, la dominación imperial y la organización de los sectores populares. Su legado en la defensa de los trabajadores, de la justicia social y de la igualdad forma parte de la historia democrática de muchos países.

 Sin embargo, esa misma tradición también desarrolló expresiones marcadas por el dogmatismo, el sectarismo y una comprensión excesivamente rígida de la realidad histórica. En numerosos casos terminó reduciendo la complejidad de las sociedades contemporáneas a esquemas ideológicos incapaces de interpretar las transformaciones tecnológicas, culturales, ambientales y geopolíticas que hoy configuran el mundo.

 El capitalismo contemporáneo ya no es únicamente industrial. Es financiero, digital, algorítmico, biotecnológico y global. Las formas de explotación se transforman permanentemente. Las desigualdades ya no se explican solamente por la relación entre capital y trabajo, sino también por el acceso al conocimiento, la tecnología, la información, la educación, el ambiente sano, la participación política y el reconocimiento efectivo de los derechos humanos.

 Frente a este escenario emerge una izquierda progresista que no renuncia a la búsqueda de la justicia social, pero comprende que la democracia, las libertades públicas y los derechos fundamentales no constituyen concesiones burguesas sino conquistas irrenunciables de la humanidad.

 Esta izquierda entiende que la igualdad no puede construirse sacrificando la libertad y que la libertad pierde contenido cuando se convierte en privilegio de unos pocos. Su horizonte no consiste en sustituir un autoritarismo por otro, sino en ampliar permanentemente los espacios democráticos y fortalecer la ciudadanía. Su principal patrimonio no es una doctrina cerrada sino una ética política basada en la dignidad humana.

 Esta izquierda reconoce que las nuevas luchas sociales incorporan dimensiones que durante mucho tiempo permanecieron invisibilizadas: la defensa del ambiente, la igualdad de género, los derechos de las minorías, el reconocimiento étnico y cultural, la economía del cuidado, la soberanía alimentaria, la protección de los bienes comunes, la democratización del conocimiento y la regulación democrática del poder tecnológico.

 No abandona la crítica al capitalismo, pero comprende que la construcción de alternativas exige gobernar sociedades diversas, complejas y profundamente interdependientes. Por ello, el reto principal del progresismo no consiste únicamente en disputar elecciones. Consiste en construir poder social, PODER POPULAR. 

 El poder democrático no puede depender exclusivamente de las instituciones del Estado ni de los liderazgos individuales. Debe nacer de una ciudadanía organizada, consciente y capaz de defender colectivamente los derechos conquistados durante décadas de luchas sociales. La historia demuestra que ningún derecho permanece garantizado para siempre. Los derechos laborales, las libertades civiles, la educación pública, la salud, la participación política y los mecanismos de protección constitucional pueden retroceder cuando la sociedad renuncia a defenderlos.

 Por esa razón, la izquierda progresista necesita cohesionarse alrededor de un proyecto democrático común. Las diferencias ideológicas, programáticas o electorales no pueden convertirse en factores permanentes de fragmentación cuando enfrente existen proyectos políticos que buscan debilitar el Estado social de derecho, restringir libertades, desinstitucionalizar los controles democráticos y gobernar mediante la polarización, el miedo y la construcción de enemigos internos.

 La unidad no significa unanimidad. Significa reconocer prioridades históricas compartidas. Entre ellas, la defensa de la Constitución, de los derechos humanos, de la independencia judicial, de las universidades públicas, de la libertad de expresión, de las organizaciones sociales, del sindicalismo, de la participación ciudadana y de todos aquellos espacios que permiten la existencia de una democracia plural.

 En esa tarea resulta igualmente indispensable cerrar filas en torno a los liderazgos democráticos que han surgido de los procesos sociales y populares. No para construir personalismos ni caudillismos, sino para proteger proyectos colectivos frente a campañas sistemáticas de deslegitimación, persecución política, desinformación y violencia simbólica que buscan fracturar las posibilidades de transformación democrática.

 Pero la resistencia del siglo XXI tampoco puede reducirse exclusivamente a la movilización callejera. La protesta social seguirá siendo un derecho fundamental y un instrumento legítimo de las sociedades democráticas. Cuando los gobiernos desconocen derechos, incumplen compromisos o afectan gravemente el interés público, la movilización constituye una expresión legítima de participación ciudadana.

Del mismo modo, la desobediencia civil, entendida como una acción pública, no violenta y orientada a cuestionar normas o decisiones consideradas injustas, mantiene un lugar relevante dentro de las tradiciones democráticas siempre que se ejerza de manera responsable y dentro de los principios propios de un Estado de derecho.

 Sin embargo, la resistencia contemporánea exige mucho más. Implica construir comunidad. Crear economías solidarias. Fortalecer cooperativas. Impulsar redes territoriales de producción. Promover sistemas comunitarios de cuidado. Defender la educación pública. Producir conocimiento. Consolidar medios alternativos de comunicación. Impulsar procesos culturales. Fortalecer organizaciones juveniles, campesinas, indígenas, afrodescendientes, feministas, sindicales y ambientales.

 La verdadera fortaleza del progresismo no reside únicamente en su capacidad para protestar, sino en su capacidad para demostrar que existen formas más justas, solidarias y democráticas de organizar la vida colectiva. Cada territorio debe convertirse en un escenario de construcción democrática. Cada organización social debe ser una escuela de ciudadanía. Cada comunidad debe avanzar hacia mayores niveles de autonomía, bienestar, participación y dignidad. Porque el poder democrático se construye desde abajo, no únicamente desde los gobiernos.

 El cambio de época exige abandonar las viejas disputas doctrinarias que consumieron durante décadas buena parte de las energías transformadoras de la izquierda. Hoy la discusión fundamental ya no consiste en decidir quién interpreta con mayor fidelidad los textos clásicos, sino quién logra responder con mayor eficacia a los desafíos de un mundo atravesado por la inteligencia artificial, la crisis climática, las nuevas desigualdades, la concentración tecnológica, la desinformación digital y la expansión de proyectos políticos autoritarios.

 La izquierda progresista tiene la oportunidad histórica de convertirse en una fuerza capaz de articular justicia social, democracia, pluralismo y libertad. Su mayor desafío no consiste únicamente en ganar el próximo gobierno. Consiste en construir una sociedad capaz de defender la democracia incluso cuando quienes gobiernan pretendan debilitarla. Porque la democracia no sobrevive solamente gracias a las instituciones. Sobrevive cuando existe una ciudadanía organizada, crítica, solidaria y consciente de que los derechos conquistados nunca son definitivos y que toda generación tiene la responsabilidad de defenderlos, ampliarlos y transmitirlos fortalecidos a quienes vendrán después.

 

Bogotá, 21 de julio de 2026