PAZ TOTAL FRENTE AL CAPITALISMO CRIMINAL

 La política de “Paz Total” se ha presentado como uno de los proyectos más ambiciosos del Estado colombiano en las últimas décadas. Su aspiración es integral: negociar simultáneamente con diversos actores armados, reducir la violencia estructural, recuperar el control territorial y ofrecer alternativas legales que permitan desactivar las economías ilícitas que sostienen el conflicto. 

 Sin embargo, más allá de su formulación normativa y de su potencia discursiva, la Paz Total enfrenta un obstáculo estructural que no puede ser ignorado: la profunda imbricación entre conflicto armado y economías ilegales que operan como verdaderos sistemas de acumulación capitalista criminal.

 En efecto, el principal límite de la Paz Total no radica exclusivamente en la falta de voluntad política ni en la resistencia de ciertos sectores, sino en la incapacidad del Estado para ofrecer una alternativa económica, social y política que compita con los beneficios materiales, simbólicos y de poder que generan el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilícitas.

 En vastas regiones del país, estas economías no son marginales ni accesorias: estructuran la vida social, organizan el territorio, determinan jerarquías de poder y configuran formas de gobernanza paralela que, en muchos casos, resultan más eficaces que la presencia estatal.

 Así, mientras el Estado propone procesos de sometimiento, reintegración o negociación, los actores armados y las redes criminales operan bajo lógicas económicas consolidadas que garantizan ingresos constantes, protección armada, control social y, en algunos casos, movilidad social. 

 La pregunta que subyace es ineludible: ¿cómo puede la oferta estatal competir con economías que generan rentas significativas, que tienen acceso a mercados globales y que han logrado diversificar sus portafolios delictivos?

 La respuesta, hasta ahora, parece insuficiente. Las políticas de sustitución de cultivos, los programas de desarrollo alternativo y las iniciativas de inclusión social no han alcanzado la escala ni la eficacia necesarias para desestructurar estos sistemas. En muchos territorios, la oferta estatal llega fragmentada, tardía o desconectada de las realidades locales, mientras que las economías ilegales ofrecen soluciones inmediatas, aunque violentas y depredadoras. Esta asimetría constituye uno de los núcleos duros del problema.

 Pero la dificultad no es únicamente económica. También es analítica. La Paz Total requiere una caracterización rigurosa y diferenciada de los conflictos y de los actores que operan en los territorios. Sin embargo, uno de los déficits más evidentes ha sido la ausencia de equipos suficientemente robustos, interdisciplinarios y autónomos que logren comprender la complejidad de estas dinámicas.

  No todos los actores armados responden a lógicas ideológicas ni a proyectos políticos coherentes; muchos de ellos están profundamente insertos en economías criminales y actúan como empresas ilegales con estructuras flexibles, redes transnacionales y capacidad de adaptación.

 Negociar con estos actores bajo esquemas tradicionales implica un riesgo considerable: el de aplicar categorías analíticas inadecuadas y, por ende, diseñar estrategias de intervención que no corresponden a la naturaleza del problema. La distinción entre insurgencia, criminalidad organizada y economías ilegales se ha vuelto difusa, y esa ambigüedad afecta directamente la eficacia de la política de paz.

 A ello se suma un fenómeno aún más preocupante: la creciente capacidad de estas organizaciones para incidir en las estructuras del Estado. Lejos de ser actores externos o marginales, muchos grupos vinculados al narcotráfico y a la minería ilegal han logrado permear instituciones públicas, influir en decisiones administrativas y, en algunos casos, participar indirectamente en escenarios de representación política. Esta captura parcial de la institucionalidad redefine el conflicto y complejiza cualquier intento de resolución.

 En este contexto, las viejas fórmulas de negociación —basadas en beneficios jurídicos, participación política o garantías de reincorporación— resultan cada vez menos atractivas para organizaciones que ya ejercen poder real en los territorios y que han logrado insertarse en circuitos económicos y políticos más amplios. Para estos actores, el costo de abandonar las economías ilegales puede ser significativamente mayor que los beneficios ofrecidos por el Estado.

 De hecho, el tránsito de estructuras armadas hacia formas más sofisticadas de criminalidad ha generado una transformación en las expectativas de los actores ilegales. Ya no se trata únicamente de obtener reconocimiento político o de garantizar la seguridad jurídica de sus miembros, sino de preservar —o incluso ampliar— sus niveles de acumulación económica. En este sentido, la paz se enfrenta a una paradoja: desactivar la violencia implica, en muchos casos, desmantelar estructuras económicas que resultan altamente rentables para quienes las controlan.

 Otro elemento central en este análisis es la dimensión territorial. Las economías ilegales no operan en abstracto; se arraigan en contextos específicos donde confluyen factores históricos, geográficos, sociales y culturales. La ausencia del Estado, la precariedad de las infraestructuras, la debilidad institucional y la exclusión social han creado condiciones propicias para la expansión de estas economías. En muchos casos, las comunidades locales dependen directa o indirectamente de estas actividades para su subsistencia, lo que introduce un componente adicional de complejidad.

 En consecuencia, cualquier estrategia de paz que no tenga en cuenta estas realidades territoriales está condenada a fracasar o, en el mejor de los casos, a producir resultados limitados y temporales. La homogeneización de las políticas públicas, la aplicación de modelos estandarizados y la falta de participación efectiva de las comunidades son errores recurrentes que deben ser superados.

 Asimismo, es necesario reconocer que la economía ilegal ha desarrollado mecanismos de legitimación social en ciertos contextos. A través de la provisión de empleo, la financiación de obras comunitarias o la imposición de formas de orden social, estos actores han logrado construir relaciones de dependencia y, en algunos casos, de aceptación. Esto no implica una legitimidad plena, pero sí una tolerancia que dificulta la intervención estatal.

 Frente a este panorama, la Paz Total requiere una reconfiguración profunda de sus enfoques y estrategias. En primer lugar, es indispensable fortalecer la capacidad del Estado para comprender las dinámicas territoriales, lo que implica invertir en investigación, en inteligencia social y en equipos interdisciplinarios que integren saberes locales. La construcción de diagnósticos precisos no es un lujo académico, sino una condición necesaria para la formulación de políticas efectivas.

 En segundo lugar, es urgente replantear la oferta estatal en términos económicos. No basta con programas de asistencia o con incentivos temporales; se requiere una transformación estructural que genere oportunidades sostenibles, que integre a las comunidades en circuitos económicos legales y que reduzca las brechas de desigualdad. Esto implica, entre otras cosas, inversiones significativas en infraestructura, educación, acceso a mercados y fortalecimiento institucional.

 En tercer lugar, es fundamental abordar la problemática de la captura institucional. La lucha contra la corrupción, la transparencia en la gestión pública y el fortalecimiento de los mecanismos de control son elementos clave para recuperar la legitimidad del Estado y garantizar que las políticas de paz no sean cooptadas por intereses ilegales.

 Finalmente, la Paz Total debe explorar nuevas rutas que superen los enfoques tradicionales de negociación. Esto no significa abandonar el diálogo, sino complementarlo con estrategias más complejas que integren dimensiones económicas, sociales, políticas y culturales. La diferenciación territorial, la identificación precisa de los actores y la comprensión de sus motivaciones son elementos esenciales para diseñar intervenciones adecuadas.

 En este sentido, la paz no puede ser concebida únicamente como la ausencia de violencia armada, sino como la construcción de un orden social en el que las economías ilegales pierdan su centralidad y en el que el Estado logre ofrecer alternativas reales y sostenibles. Este es, sin duda, un desafío de largo aliento que requiere coherencia, persistencia y una visión estratégica que vaya más allá de los ciclos políticos.

 En conclusión, la Paz Total enfrenta límites estructurales que no pueden ser resueltos con instrumentos convencionales. La existencia de un capitalismo criminal profundamente arraigado en los territorios, la debilidad de la oferta estatal, las dificultades de caracterización de los conflictos y la captura parcial de la institucionalidad configuran un escenario complejo que exige respuestas innovadoras. Solo a través de una comprensión integral de estas dinámicas y de la implementación de políticas diferenciadas y sostenibles será posible avanzar hacia una paz que no sea simplemente declarativa, sino efectiva y duradera.

 

CARLOS MEDINA GALLEGO  Historiador- Analista Político