LA DEGRADACIÓN DEL DEBATE POLÍTICO

 EN COLOMBIA

Entre el miedo, la desinformación y la pobreza de proyecto

 El debate político colombiano atraviesa una crisis profunda que no puede atribuirse únicamente a un sector ideológico, aunque la extrema derecha haya convertido en estrategia sistemática la explotación del miedo, la calumnia y la polarización. Lo que está en juego no es solo la calidad de las campañas electorales sino la posibilidad misma de construir un proyecto de nación compartido. El deterioro del lenguaje público, la personalización agresiva de la política, la circulación masiva de falsedades y la creciente mediocridad de buena parte de la dirigencia configuran un escenario donde la democracia se vacía de contenido y se vuelve espectáculo, guerra cultural y mercadeo emocional.

 Este ensayo propone una mirada analítica y ponderada a esa degradación, sin perder de vista que se trata de un fenómeno estructural, con responsabilidades diferenciadas pero extendidas, donde confluyen: una extrema derecha que ha hecho del miedo su principal oferta, una cultura mediática que premia el escándalo, unas redes sociales que amplifican la desinformación y una ciudadanía golpeada por la desigualdad, la violencia y la frustración histórica.

 1. DEL DEBATE DE IDEAS AL LINCHAMIENTO PERSONAL

 Una de las señales más visibles de la degradación del debate político es el desplazamiento casi total de la discusión programática hacia el ataque personal. Los contendores dejan de ser adversarios para convertirse en enemigos. No se confrontan visiones de país, sino supuestas características morales: “corrupto”, “terrorista”, “castrochavista”, “narcopolítico”, “vendepatria”, “enemigo de la familia”, etc. La lógica del insulto sustituye a la lógica del argumento.

 Este proceso tiene, al menos, tres efectos graves:

 1. Empobrece intelectualmente la política. El tiempo que debería dedicarse a discutir reformas estructurales (sistema tributario, modelo de desarrollo, transición energética, justicia, política de drogas, reforma rural, educación, salud) se consume en responder agravios y aclarar chismes.

 2. Desincentiva perfiles serios y técnicos. Cualquiera que tenga una trayectoria académica o profesional sólida sabe que entrar a la arena política implica exponerse a campañas de desprestigio, montajes y amenazas. Muchos optan por no participar.

 3. Destruye mínimos de convivencia democrática. Cuando al otro se le niega la legitimidad y se le reduce a una caricatura moral, el campo queda abonado para justificar la violencia, simbólica o física.

 La extrema derecha ha sido particularmente hábil en este terreno: construye etiquetas simplificadoras (“guerrilleros de civil”, “petristas mamertos”, “castrochavistas”, “enemigos de la empresa privada”) que condensan en una sola palabra un conjunto de miedos y prejuicios. Pero no es un recurso exclusivo: sectores de izquierda y de centro también caen con frecuencia en el señalamiento fácil, respondiendo insulto con insulto, lo que refuerza el círculo vicioso.

 2. LA "VENTA” DEL DERRUMBE DE LA SOCIEDAD

 Otro rasgo distintivo del clima político reciente es la narrativa del derrumbe inminente: cada gobierno, en especial si es de signo progresista, es descrito por la extrema derecha como el umbral de la destrucción nacional. No se trata de una crítica argumentada a políticas específicas, sino de un relato apocalíptico: “el país se volvió Venezuela”, “estamos al borde del comunismo”, “se acabó la propiedad privada”, “Colombia está destruida”.

 Esta “venta del derrumbe” cumple varias funciones:

•  Moviliza emociones básicas. El miedo a perder lo poco que se tiene es un motor poderoso. Para amplios sectores de clase media empobrecida y sectores populares, la promesa de “salvar al país del abismo” puede resultar más efectiva que una propuesta programática razonada.
•  Oculta responsabilidades históricas. Presentar la crisis como resultado exclusivo de un gobierno concreto permite invisibilizar las raíces de largo plazo: un modelo económico excluyente, una guerra interna prolongada, una élite política tradicional capturada por intereses privados, décadas de corrupción y clientelismo.
•  Impedir la evaluación matizada. Si todo es “desastre total”, es imposible distinguir lo que funciona de lo que no, corregir errores, aprender de las experiencias.

 Lo grave es que este discurso no opera en el vacío. Se apoya en hechos reales: la persistencia de la violencia, la inseguridad urbana, el deterioro ambiental, la informalidad laboral, la precariedad institucional en regiones enteras. Pero en lugar de ofrecer diagnósticos serios y propuestas, la extrema derecha elige exagerar, descontextualizar y atribuirlo todo al gobierno de turno, especialmente si no responde a sus intereses. La realidad se reduce a un argumento para la guerra cultural, no a un problema a resolver.

 3. LA MENTIRA y la CALUMNIA COMO MÉTODO POLÍTICO 

 La difusión sistemática de mentiras y calumnias se ha convertido en una técnica central de la competencia política. No se trata de errores aislados o exageraciones retóricas, sino de una industria de desinformación: cadenas de mensajería instantánea, cuentas falsas en redes sociales, portales de “noticias” que fabrican titulares tendenciosos, videos manipulados, montajes.

 

Algunos patrones son recurrentes: Atribuir a una figura pública frases que nunca dijo. Difundir estadísticas falsas o descontextualizadas. Asociar a determinados líderes con el narcotráfico o el terrorismo sin pruebas.

 Exagerar o inventar medidas de gobierno para generar pánico (por ejemplo, afirmando que se expropiarán ahorros o propiedades cuando no hay tal propuesta).

 Aunque todos los sectores pueden caer en la desinformación, la extrema derecha ha construido verdaderos aparatos de propaganda digital donde la mentira no es un accidente, sino una herramienta deliberada. La lógica es simple: una falsedad impactante circula más rápido que una rectificación posterior. La posverdad consiste precisamente en que la emoción y el sesgo de confirmación pesan más que los hechos.

 El resultado es devastador para la democracia: si el ciudadano no sabe en quién ni en qué creer, las instituciones pierden legitimidad, el periodismo serio es tratado como “enemigo” por todos los bandos, y la discusión pública se convierte en una disputa de relatos inconmensurables.

 4. MIEDO y ODIO COMO MARKETING ELECTORAL 

 En este contexto, el miedo y el odio se utilizan como insumos de marketing. No se busca tanto convencer como movilizar, y nada moviliza tanto como la sensación de amenaza. El manual es conocido:

1.  Se identifica un “enemigo” (la izquierda, los pobres organizados, los indígenas, los migrantes, las personas LGBTIQ+, los jóvenes de las protestas, los defensores de derechos humanos, etc.).
2.  Se construyen narrativas que lo presentan como peligroso, violento, corrupto, antinacional, destructor de valores.
3.  Se repite el mensaje en todos los canales posibles, especialmente en redes sociales, donde los algoritmos premian el contenido polarizante.
4.  Se ofrece una figura fuerte, un “salvador” que promete orden, mano dura y restauración del supuesto pasado de estabilidad.

 Este esquema ha sido explotado de manera sostenida por la extrema derecha, pero también ha contaminado a otras fuerzas. La consecuencia es una política convertida en guerra cultural permanente, donde cada elección se presenta como la batalla definitiva entre el bien y el mal. En ese clima, el matiz es sospechoso, el diálogo es visto como traición y la búsqueda de acuerdos aparece como claudicación moral.

 5. AUSENCIA de PROYECTO de NACIÓN 

 Quizá el síntoma más preocupante de esta degradación es la ausencia de un proyecto de nación compartido. Colombia arrastra, desde hace décadas, la incapacidad de pactar unos mínimos: qué entendemos por desarrollo, cómo distribuir los costos y beneficios del crecimiento, qué tipo de Estado necesitamos, qué lugar tendrá el campo, cómo enfrentar el problema agrario, qué modelo de seguridad queremos, cómo tramitar los conflictos sociales sin recurrir a la violencia.

 En lugar de un horizonte de país, lo que domina es el cálculo electoral de corto plazo. La política se reduce a administrar encuestas, redes y alianzas coyunturales. Incluso cuando emergen proyectos progresistas con agendas de cambio, la discusión pública se vuelca más sobre las figuras (su vida privada, sus declaraciones desafortunadas, sus errores mediáticos) que sobre las reformas que impulsan. La extrema derecha, por su parte, se refugia en un pasado idealizado de “orden”, “familia” y “prosperidad” que nunca existió para la mayoría de la población, sin ofrecer respuestas a las transformaciones del siglo XXI.

 La ausencia de proyecto se hace evidente en la forma en que se tratan temas como la transición energética, la crisis climática, el posconflicto, la reforma policial y militar, la política de drogas, la integración regional o la revolución tecnológica. Son abordados como asuntos secundarios, técnicos, o simplemente usados como munición para la contienda inmediata, sin una conversación estratégica sobre el país que se quiere construir en 20 o 30 años.

 6. El EMPOBRECIMIENTO del PERFIL POLÍTICO de los ASPIRANTES 

 A este panorama se suma el empobrecimiento del perfil político de buena parte de quienes aspiran a cargos de elección popular, desde concejales y alcaldes hasta el Congreso y la Presidencia. No se trata de descalificar por origen social o por falta de títulos académicos; la política no debe ser monopolio de tecnócratas ni de élites universitarias. El problema es otro: la creciente presencia de figuras cuyo principal capital es la popularidad mediática, el escándalo o la pertenencia a maquinarias clientelares.

 

Varios rasgos se repiten:

• Candidatos sin experiencia en lo público ni comprensión básica de la institucionalidad, convertidos en “productos” electorales.
•  Figuras que basan su campaña en frases simples, videos virales y posicionamientos escandalosos, pero sin equipos programáticos serios detrás.
•  Políticos cuya trayectoria principal está marcada por vínculos con clanes familiares, grupos económicos o estructuras ilegales regionales.
•  Aspirantes que reducen su noción de “liderazgo” a la capacidad de polarizar y generar engagement en redes.

 La degradación del perfil de la dirigencia no es ajena a la degradación del debate. Si el campo de juego está colonizado por el insulto, la mentira y el espectáculo, es lógico que los mejores cuadros –académicos, líderes comunitarios, profesionales éticos– se sientan poco atraídos a entrar. La política se vuelve una profesión de alto riesgo y baja dignidad pública.

 7. ¿CÓMO SALIR de ESTE CÍRCULO VICIOSO?

 Ser objetivos y ponderados en este diagnóstico implica reconocer que la responsabilidad es compartida: extrema derecha, derecha tradicional, sectores de centro e izquierda, medios de comunicación, élites económicas y ciudadanía. No todos tienen el mismo peso ni la misma historia, pero ninguno puede declararse inocente.

 Algunas pistas para empezar a revertir la degradación podrían ser:

•  Recuperar el valor del argumento. Exigir a candidatos y partidos que presenten programas claros, metas verificables y rutas de implementación, y no solo slogans emocionales.
•  Fortalecer el periodismo serio y crítico. Defender la independencia de los medios frente a presiones políticas y económicas, y apoyar iniciativas de verificación de datos que permitan desmontar campañas de desinformación.
•  Regular con cuidado, pero con firmeza, la propaganda en redes. No se trata de censura, sino de establecer mínimos de transparencia sobre financiación, publicidad política y uso de datos.
•  Promover formación política ciudadana. Sin una ciudadanía capaz de distinguir crítica legítima de calumnia y discrepancia ideológica de odio, el terreno seguirá favoreciendo a quienes explotan el miedo.
•  Reconocer la legitimidad del adversario. La democracia requiere aceptar que otros piensen distinto sin convertirlos inmediatamente en enemigos a destruir.

 Finalmente, es necesario insistir en que la dignidad de la política no es un lujo. En un país atravesado por la violencia, la desigualdad y la desconfianza, degradar el debate no es una anécdota: es una forma de prolongar el conflicto por otros medios. Recuperar un debate público basado en hechos, argumentos y proyectos de país no es una tarea de ingenuos; es una condición para que la democracia colombiana pueda, algún día, estar a la altura de las demandas de su sociedad.

 

CARLOS MEDINA GALLEGO 

Historiador- Analista Político

 

 

La DESOBEDIENCIA CIVIL como DEFENSA de la SOBERANÍA y del ESTADO CONSTITUCIONAL

 El reciente llamado formulado por el candidato presidencial Iván Cepeda Castro a considerar la desobediencia civil si el presidente electo no renuncia oportunamente a la ciudadanía estadounidense incompatible con el ejercicio de la Presidencia de la República —en caso de que esa incompatibilidad llegara a verificarse conforme al ordenamiento jurídico colombiano— y si persistiera una injerencia indebida de autoridades extranjeras en los asuntos internos del país, ha abierto un debate de enorme trascendencia para la democracia colombiana.

 El llamado de Iván Cepeda Castro a la desobediencia civil pacífica no puede entenderse únicamente como una controversia sobre la doble ciudadanía del presidente electo Abelardo de la Espriella. Su sentido político más profundo está en la defensa de la soberanía nacional frente a una injerencia extranjera abierta, indebida y peligrosa, atribuida al presidente Donald Trump y a su secretario de Estado, Marco Rubio, en los asuntos internos de Colombia.

 Cuando un mandatario extranjero interviene en una contienda política nacional, respalda públicamente a un candidato, condiciona relaciones diplomáticas o pretende orientar el rumbo institucional de otro país, deja de actuar como simple observador internacional y se convierte en factor de presión sobre la autodeterminación democrática de un pueblo.

 Esa intromisión resulta aún más grave cuando proviene de Estados Unidos, país con una larga historia de intervenciones políticas, económicas, militares y judiciales en América Latina.

 En este contexto, la exigencia de Cepeda no es un gesto caprichoso ni una reacción meramente partidista. Es una advertencia democrática: Colombia no puede aceptar que su Presidencia quede subordinada a intereses extranjeros, ni que la Casa Blanca, a través de Donald Trump y Marco Rubio, pretenda definir el curso de la política colombiana. La soberanía popular no puede ser reemplazada por tutelajes imperiales, ni la voluntad ciudadana puede quedar capturada por agendas externas.

 La eventual ciudadanía estadounidense del presidente electo agrava ese debate, porque abre una pregunta de fondo sobre lealtades políticas, compromisos jurídicos y subordinación estratégica. Un jefe de Estado colombiano debe estar sometido exclusivamente a la Constitución de Colombia, a la soberanía del pueblo colombiano y al interés nacional. No puede existir sombra de dependencia frente a otra potencia, mucho menos en una coyuntura marcada por presiones diplomáticas, judiciales y geopolíticas.

 Por eso, la desobediencia civil planteada por Cepeda debe leerse como una forma de resistencia pacífica frente a dos riesgos simultáneos: la posible ilegitimidad constitucional derivada de una doble ciudadanía no resuelta y la injerencia directa de Trump y Rubio en la vida política interna del país. No se trata de promover el caos, sino de defender un principio elemental: Colombia no es un protectorado, no es una colonia, no es una pieza subordinada del ajedrez geopolítico estadounidense.

 La democracia colombiana se debilitaría gravemente si normaliza que actores extranjeros intervengan en sus elecciones, presionen a sus instituciones o condicionen la acción de sus gobernantes. Frente a ello, la ciudadanía tiene derecho a organizarse, deliberar, movilizarse y resistir pacíficamente. La desobediencia civil, en este caso, aparece como un recurso ético para exigir respeto por la Constitución, por la soberanía nacional y por la dignidad política del país.

 En consecuencia, el llamado de Iván Cepeda Castro debe ser entendido como una defensa del Estado constitucional, de la independencia nacional y del principio democrático según el cual Colombia debe ser gobernada por decisiones soberanas de su pueblo, no por imposiciones de Donald Trump, Marco Rubio ni de ningún poder extranjero.

 Más allá de las posiciones políticas que puedan existir frente a este pronunciamiento, la discusión invita a reflexionar sobre un concepto fundamental de las democracias constitucionales: la desobediencia civil.  Se trata de una institución ética y política que no busca destruir el orden democrático, sino defenderlo cuando sectores de la ciudadanía consideran que sus principios esenciales están siendo comprometidos.

 La desobediencia civil pertenece a la tradición democrática. No surge en los regímenes autoritarios, donde toda oposición suele ser reprimida, sino precisamente en sociedades donde los ciudadanos conservan la convicción de que la soberanía reside en el pueblo y de que el poder público está sometido a límites constitucionales. 

 Desde las reflexiones de Henry David Thoreau hasta las luchas no violentas de Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr., la historia demuestra que la resistencia pacífica ha sido un instrumento para ampliar libertades y fortalecer los derechos fundamentales.

 La Constitución Política de Colombia establece que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo y que las autoridades ejercen funciones públicas dentro de los límites fijados por la Constitución y la ley. Ningún gobernante recibe un mandato ilimitado ni puede situarse por encima del orden constitucional. La legitimidad democrática no proviene únicamente del resultado electoral; también depende del respeto permanente por la Constitución, la separación de poderes, los derechos fundamentales y la soberania y la  independencia nacional.

 En ese contexto, toda controversia relacionada con los requisitos constitucionales para ejercer la Presidencia debe ser resuelta mediante los mecanismos institucionales previstos por el ordenamiento jurídico. Corresponde a las autoridades competentes verificar los hechos, interpretar las normas aplicables y adoptar las decisiones que en derecho correspondan. La defensa del Estado constitucional exige que las controversias se tramiten con pruebas, debido proceso y respeto por las instituciones.

 Del mismo modo, la soberanía nacional constituye uno de los pilares del Estado colombiano. Ningún Estado extranjero debería intervenir indebidamente en las decisiones políticas internas de Colombia. Si existieran actuaciones que pudieran constituir presiones o injerencias incompatibles con el principio de autodeterminación de los pueblos, estas deberían ser examinadas y enfrentadas mediante los instrumentos del derecho internacional, la diplomacia y las instituciones nacionales.

 Es precisamente cuando amplios sectores de la ciudadanía perciben que esos principios fundamentales pueden verse comprometidos cuando reaparece el debate sobre la desobediencia civil. No como una invitación al caos ni como un desconocimiento generalizado de la ley, sino como una forma pública, consciente, pacífica y responsable de expresar desacuerdo frente a decisiones consideradas incompatibles con los valores superiores del orden constitucional.

 La desobediencia civil exige un profundo compromiso ético. Rechaza toda forma de violencia, actúa de manera transparente y asume las consecuencias jurídicas de sus actos. Su propósito no consiste en sustituir las instituciones democráticas, sino recordarles cuál es su razón de ser: garantizar la dignidad humana, proteger las libertades públicas y servir al interés general.

 Las grandes conquistas democráticas de la humanidad fueron posibles porque millones de ciudadanos decidieron cuestionar pacíficamente órdenes consideradas injustas. Los derechos laborales, la igualdad jurídica, la ampliación del sufragio, la protección de las minorías y numerosas libertades civiles surgieron gracias a procesos de movilización democrática que combinaron participación ciudadana, deliberación pública y resistencia no violenta.

 Por ello, ninguna democracia sólida puede exigir obediencia absoluta. La fortaleza institucional se construye aceptando el control ciudadano, la crítica pública y el derecho de la sociedad a organizarse pacíficamente cuando considera que determinados principios constitucionales están siendo vulnerados. La democracia no se debilita por el disenso; se debilita cuando el disenso deja de ser posible.

 En Colombia, el Estado Social de Derecho fue concebido precisamente para impedir la concentración arbitraria del poder. Los mecanismos de participación, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la protesta pacífica constituyen herramientas legítimas mediante las cuales la ciudadanía puede expresar su inconformidad dentro del marco constitucional.

 La desobediencia civil forma parte de esa tradición democrática cuando conserva su carácter público, pacífico, proporcional y orientado a la protección de valores superiores.

 El debate suscitado por las declaraciones de Iván Cepeda Castro trasciende coyunturas electorales. Plantea preguntas de fondo sobre la defensa de la soberanía, la autonomía institucional, la supremacía de la Constitución y el papel de la ciudadanía en la preservación del Estado democrático.

 Independientemente de las posiciones políticas, toda democracia madura debe ser capaz de discutir estas cuestiones con serenidad, argumentos y apego al derecho.

 La democracia no consiste únicamente en votar cada cierto número de años. También exige una ciudadanía vigilante, crítica y comprometida con la defensa permanente del orden constitucional. Cuando las instituciones funcionan correctamente, son ellas las llamadas a resolver las controversias. Cuando la ciudadanía considera que existen riesgos para los principios fundamentales del Estado, la movilización pacífica y la deliberación pública continúan siendo expresiones legítimas de la participación democrática.

 En definitiva, la desobediencia civil constituye uno de los últimos recursos éticos de una sociedad libre. No pretende reemplazar la Constitución, sino reivindicar su vigencia; no busca destruir la democracia, sino impedir que se aparte de los principios que le dan legitimidad. En esa medida, cualquier convocatoria a la desobediencia civil solo encuentra justificación dentro de los parámetros de la no violencia, el respeto por la dignidad humana y la defensa del Estado constitucional de derecho.

 

CARLOS MEDINA GALLEGO 

Historiador – Analista Político

 

 

La DIGNIDAD de la DEMOCRACIA

IVÁN CEPEDA CASTRO y la ÉTICA DEMOCRATICA de la DERROTA.

Las democracias se fortalecen no solamente cuando se gana una elección, sino especialmente cuando quienes participan en la competencia política reconocen la legitimidad de las reglas, aceptan los resultados institucionales y colocan el interés general por encima de las pasiones partidistas.

 En sociedades profundamente polarizadas, atravesadas por memorias de violencia y por largas tradiciones de exclusión política, la actitud de los dirigentes frente a la derrota adquiere una enorme importancia ética, democrática y republicana.

 El discurso pronunciado por Iván Cepeda Castro al reconocer la victoria electoral de Abelardo de la Espriella constituye, en este sentido, un acontecimiento político de especial relevancia. Sus palabras expresan una concepción de la democracia fundada en el respeto al pluralismo, la defensa de las instituciones, la protección de los derechos fundamentales y la necesidad de preservar la convivencia nacional en medio de profundas diferencias ideológicas.

 Lejos de alimentar el desconocimiento institucional, la confrontación violenta o la deslegitimación del adversario, el candidato progresista optó por un camino de responsabilidad democrática que merece ser analizado y ponderado.

 La GRANDEZA DEMOCRÁTICA del RECONOCIMIENTO

 La primera dimensión que sobresale en el discurso de Iván Cepeda es su inequívoco compromiso con la legitimidad del orden democrático. Reconocer la victoria del adversario político constituye una de las pruebas más exigentes de la convicción democrática.

 En un contexto de elevada polarización, de discursos agresivos y de profundas tensiones ideológicas, la aceptación institucional de los resultados transmite un mensaje de tranquilidad al país y fortalece la credibilidad de las reglas del juego democrático. La democracia no puede sostenerse únicamente sobre las victorias; necesita también la capacidad de aceptar las derrotas y de preservar los espacios de deliberación y oposición legítima.

 La actitud asumida por Cepeda reivindica una tradición republicana según la cual la competencia política no convierte al adversario en enemigo ni transforma las diferencias ideológicas en razones para la exclusión o la persecución.

 Su intervención demuestra que es posible mantener profundas discrepancias programáticas y, al mismo tiempo, reconocer la legitimidad del resultado electoral y la voluntad expresada por la ciudadanía

 La DEFENSA de lo PÚBLICO y del ESTADO SOCIAL

 Uno de los aspectos más importantes del discurso es la reivindicación de las conquistas sociales alcanzadas durante los años recientes. El reconocimiento de la derrota no implica la renuncia a los principios que orientaron la propuesta progresista.

Por el contrario, el candidato enfatiza la necesidad de defender los avances obtenidos en materia de derechos sociales, ampliación democrática, protección de poblaciones históricamente excluidas y fortalecimiento del Estado como garante del bienestar colectivo.

 La defensa de lo público aparece como un elemento central de la intervención. La educación, la salud, las políticas sociales, la protección ambiental, los derechos de las mujeres, de los jóvenes, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, así como las políticas de inclusión y reconocimiento, son presentadas como conquistas de la sociedad colombiana que trascienden los resultados de una elección.

 Desde esta perspectiva, la alternancia democrática no puede significar la destrucción de los consensos básicos alcanzados por la sociedad ni la eliminación de derechos previamente reconocidos.

 Los DERECHOS FUNDAMENTALES como PATRIMONIO COLECTIVO

 El discurso también reivindica una concepción de los derechos fundamentales como patrimonio común de la ciudadanía. Los derechos no pertenecen a un gobierno, a un partido o a una ideología particular; constituyen conquistas históricas de la sociedad democrática.

 La defensa del derecho a la educación, la salud, la participación política, la igualdad, la diversidad, la paz y la dignidad humana aparece como una responsabilidad colectiva que debe comprometer tanto a quienes ejercen el gobierno como a quienes desempeñan las funciones de oposición.

 Esta visión resulta especialmente importante en contextos de polarización política, donde con frecuencia se presentan los derechos como banderas exclusivas de determinados sectores ideológicos. Cepeda reivindica una ciudadanía basada en la universalidad de los derechos y en la necesidad de preservar los avances constitucionales alcanzados desde la Constitución de 1991.

 PLURALISMO y CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA

 Otro aspecto destacable del discurso es la reivindicación del pluralismo político. La existencia de diferentes proyectos de país constituye una característica normal de las sociedades democráticas. La diferencia no debe conducir a la eliminación del otro ni a la descalificación moral del adversario. Por el contrario, la convivencia democrática exige reconocer la legitimidad de las distintas corrientes de pensamiento y garantizar la existencia de una oposición libre, crítica y respetada.

 En este sentido, el mensaje de Iván Cepeda posee una enorme relevancia pedagógica. En un país que durante décadas confundió la diferencia política con la enemistad y que sufrió graves episodios de violencia contra la oposición, la defensa del pluralismo adquiere un significado histórico.

 La democracia colombiana requiere consolidar una cultura política en la cual las discrepancias se tramiten mediante la deliberación, la movilización pacífica y la participación institucional.

 INDEPENDENCIA y SOBERANÍA NACIONAL

 El discurso también reafirma la importancia de la soberanía nacional y de la autonomía democrática del país. La construcción del futuro colombiano debe corresponder a la voluntad de la ciudadanía y a las instituciones nacionales.

 La defensa de la soberanía no implica aislamiento ni confrontación internacional, sino la capacidad de tomar decisiones de manera autónoma, proteger los intereses nacionales y preservar la dignidad del Estado colombiano.

La apelación a la independencia nacional se articula con la defensa de la democracia y con la necesidad de fortalecer las instituciones republicanas frente a cualquier forma de subordinación o de interferencia que limite la autodeterminación del pueblo colombiano.

 Esto se hace más urgente cuando el vencedor de la contienda se muestra absolutamente subordinado a la política exterior estadunidense como ciudadano que es de ese país y a la intervención del presidente Trump y senadores republicanos en el desarrollo de la contienda electoral. 

 Los DESAFÍOS del PROGRESISMO

 La derrota electoral no significa el agotamiento del proyecto progresista. Por el contrario, el resultado evidencia la consolidación de un amplio bloque social y político que representa a millones de colombianos.

Movimientos sociales, organizaciones campesinas, comunidades indígenas y afrodescendientes, sectores sindicales, organizaciones de mujeres, juventudes, ambientalistas, defensores de derechos humanos, sectores académicos y numerosos ciudadanos comprometidos con la ampliación de los derechos continúan constituyendo una importante fuerza democrática.

 Los retos del progresismo son múltiples.  Primero, preservar la unidad de las diversas expresiones sociales y políticas que lo conforman, más allá de los cuestionamientos que se hagan al candidato y a la campaña. Segundo, fortalecer su capacidad de organización territorial y de movilización democrática. Tercero, ejercer una oposición responsable, rigurosa y respetuosa del orden institucional. Cuarto, defender las conquistas alcanzadas en materia de derechos y políticas públicas. Quinto. Prepararse para la disputa del control territorial en el proceso de las elecciones regionales. 

Y finalmente, mantener abierta la esperanza de construir nuevas mayorías sociales en el futuro.

 La historia de las democracias demuestra que las derrotas electorales pueden convertirse en momentos de aprendizaje, reorganización y renovación política.

 Una ÉTICA de la RESPONSABILIDAD

 El comportamiento de Iván Cepeda puede ser interpretado como una expresión de la ética de la responsabilidad democrática. Frente a la tentación del desconocimiento, la confrontación o el resentimiento, optó por transmitir serenidad institucional y confianza en la convivencia republicana y eso en política es señal de grandeza.

 Esta actitud adquiere especial importancia en una sociedad que aún arrastra las heridas de la violencia política, del conflicto armado y de las exclusiones históricas. La democracia requiere dirigentes capaces de reconocer límites, aceptar resultados y defender sus principios sin recurrir a la deslegitimación del adversario.

 En este sentido, la conducta del candidato Iván Cepeda Castro constituye un ejemplo de madurez política y de compromiso con la estabilidad democrática del país.

 La CONVIVENCIA como TAREA NACIONAL

 Colombia ingresa en una nueva etapa política marcada por la polarización, las diferencias programáticas y las incertidumbres propias de toda transición electoral. Sin embargo, el futuro del país dependerá de la capacidad de sus ciudadanos y dirigentes para preservar la convivencia democrática.

 Las conquistas sociales y democráticas alcanzadas no deben ser objeto de destrucción ni de revancha política. La defensa de los derechos fundamentales, de lo público, de la paz, del pluralismo y de la dignidad humana constituye una responsabilidad compartida.

 La actitud democrática de Iván Cepeda Castro deja una enseñanza valiosa: la democracia se fortalece cuando quienes participan en ella colocan el interés nacional por encima de las pasiones partidistas. Corresponde ahora a la sociedad colombiana construir una ruta de convivencia pacífica, de respeto por las diferencias y de protección de los avances alcanzados. El país necesita menos enemigos y más ciudadanos; menos odio y más deliberación; menos exclusiones y más democracia.

 La defensa de la República, de la Constitución y de los derechos de todos debe convertirse en el punto de encuentro de una nación que, aun desde la diversidad, comparte el mismo destino histórico.

 CARLOS MEDINA GALLEGO

Historiador y Analista Político 

 

 

LA ESTUPIDEZ POLÍTICA COMO CIUDADANÍA DE ODIO

Uno de los fenómenos más inquietantes de las democracias contemporáneas es la creciente distancia entre los intereses objetivos de amplios sectores de la población y las decisiones políticas que estos mismos sectores apoyan electoralmente.

Millones de ciudadanos votan sistemáticamente contra políticas que podrían mejorar sus condiciones materiales de existencia, respaldan proyectos que reducen derechos sociales conquistados históricamente y apoyan liderazgos que promueven discursos de exclusión, odio o discriminación.

Este fenómeno no puede explicarse únicamente por la falta de información o por errores de cálculo electoral. Se trata de un problema más profundo relacionado con la cultura política, la construcción de identidades colectivas y los mecanismos de reproducción ideológica del poder.

Cuando aquí hablamos de "estupidez política" no nos referimos a una condición intelectual individual ni a una incapacidad cognitiva. Nos referimos a una práctica social mediante la cual individuos y colectivos terminan actuando en contra de sus propios intereses democráticos, económicos y ciudadanos. Es una forma de alienación política que transforma a las víctimas de la desigualdad en defensoras de las estructuras que la producen y la reproducen.

La estupidez política constituye, por tanto, una de las formas más eficaces de dominación contemporánea porque logra que los dominados participen activamente en la conservación de las condiciones que limitan su bienestar, sus libertades y sus posibilidades de emancipación.

1. VOTAR CONTRA UNO MISMO

La esencia de la ciudadanía democrática consiste en utilizar el poder político para ampliar las posibilidades de una vida digna. Sin embargo, una parte importante de las sociedades contemporáneas parece actuar en dirección contraria.
Resulta paradójico observar cómo amplios sectores populares apoyan políticas que debilitan los sistemas públicos de salud, educación, vivienda o protección social, aun cuando son precisamente esos sectores quienes más dependen de dichos servicios. La paradoja se vuelve aún más evidente cuando se respaldan proyectos políticos que concentran riqueza, reducen la intervención estatal en favor del interés general y fortalecen mecanismos de exclusión económica.

La estupidez política aparece cuando la ciudadanía deja de evaluar las políticas públicas a partir de sus efectos concretos sobre la calidad de vida y comienza a hacerlo desde emociones negativas, prejuicios ideológicos o identidades construidas artificialmente.

En estas circunstancias, el voto deja de ser una herramienta de transformación democrática para convertirse en un instrumento de autoperjuicio colectivo.

2. LA POLÍTICA DEL ODIO

Las democracias saludables se sostienen sobre el pluralismo, el reconocimiento de la diferencia y la capacidad de tramitar pacíficamente los conflictos sociales. Sin embargo, durante las últimas décadas se ha expandido una política basada en la construcción sistemática de enemigos.

El adversario deja de ser un competidor legítimo y se convierte en una amenaza existencial que debe ser eliminada, perseguida o silenciada. La política abandona la deliberación racional y adopta la lógica de la guerra cultural permanente.

Esta transformación tiene consecuencias profundas. Cuando el odio se convierte en el principal movilizador político, los ciudadanos dejan de votar por propuestas y comienzan a votar contra personas, grupos sociales o identidades específicas.La democracia se degrada porque pierde su capacidad integradora y se transforma en un escenario de confrontación permanente donde la venganza sustituye a la razón pública.

Las sociedades dominadas por la política del resentimiento son especialmente vulnerables al autoritarismo porque terminan aceptando restricciones a las libertades, debilitamiento institucional y concentración del poder bajo la promesa de derrotar al enemigo construido discursivamente.

4. APOROFOBIA y DESPRECIO POR LOS EXCLUIDOS

Uno de los síntomas más visibles de la estupidez política contemporánea es la aporofobia, es decir, el rechazo y desprecio hacia las personas pobres.
Paradójicamente, muchas sociedades muestran altos niveles de tolerancia frente a la riqueza extrema, incluso cuando esta proviene de privilegios heredados, corrupción o captura de recursos públicos. Sin embargo, manifiestan una profunda hostilidad hacia quienes sufren condiciones de pobreza o exclusión.

Esta inversión moral resulta funcional para la reproducción de la desigualdad. En lugar de cuestionar las estructuras económicas que generan pobreza, se responsabiliza individualmente a quienes la padecen. El pobre aparece como culpable de su situación mientras los mecanismos que producen concentración de riqueza permanecen invisibles.

La estupidez política se expresa entonces en la incapacidad para comprender que la pobreza no constituye una falla moral individual sino un problema estructural relacionado con las oportunidades, la distribución de recursos y las formas de organización económica de una sociedad.

5. EL ATAQUE  CONTRA LO PÚBLICO

Otro rasgo característico de la ciudadanía políticamente alienada es su hostilidad hacia lo público.

En numerosos países se ha consolidado una narrativa según la cual el Estado representa siempre ineficiencia, corrupción o despilfarro, mientras el mercado aparece como solución universal para todos los problemas colectivos.

Esta visión ignora una realidad elemental: los principales derechos fundamentales dependen de instituciones públicas sólidas. La educación pública, la salud pública, la justicia, la seguridad ciudadana, la infraestructura y los sistemas de protección social constituyen pilares esenciales de cualquier democracia moderna.

Atacar sistemáticamente lo público equivale a debilitar los instrumentos que permiten garantizar derechos e igualdad de oportunidades.

La paradoja es evidente: quienes más necesitan de estos servicios suelen convertirse en algunos de sus principales detractores, apoyando procesos de privatización o desfinanciación que terminan afectando directamente sus condiciones de vida.

6. GUERRA, PAZ y RACIONALIDAD POLÍTICA

La historia demuestra que prácticamente todos los conflictos armados terminan mediante algún tipo de negociación política.

Sin embargo, una parte significativa de la ciudadanía suele rechazar cualquier proceso de diálogo o construcción de paz, incluso cuando las alternativas disponibles son la prolongación indefinida de la violencia o el aumento del sufrimiento colectivo en los territorios.

La estupidez política se manifiesta aquí como incapacidad para reconocer que la paz no es un acto de ingenuidad sino una necesidad histórica. Apoyar la guerra como horizonte permanente implica aceptar costos humanos, económicos y sociales extraordinarios. Significa normalizar la muerte, la destrucción y la fragmentación del tejido social.

Por supuesto, los procesos de paz son complejos, imperfectos y están llenos de contradicciones. Pero rechazar toda posibilidad de diálogo por principio suele conducir a escenarios mucho más destructivos en una guerra infinita e indefinida.

La paz constituye una construcción política difícil; la guerra, en cambio, suele ser el camino más sencillo para quienes renuncian a la inteligencia colectiva.

7. CORRUPCIÓN, CLIENTELISMO y CULTURA POLÍTICA

La corrupción no prospera únicamente por la existencia de funcionarios corruptos. También requiere entornos culturales que la toleren, la justifiquen o incluso la premien.

Cuando los ciudadanos continúan apoyando electoralmente a quienes utilizan prácticas clientelistas, cuando aceptan el nepotismo como forma normal de ejercicio del poder o cuando relativizan el saqueo de los recursos públicos por razones partidistas, contribuyen activamente a la reproducción del problema. La estupidez política aparece cuando los principios éticos son subordinados a las lealtades ideológicas.

En esos contextos, la corrupción deja de ser juzgada por sus efectos sobre la sociedad y comienza a evaluarse según quién la comete. La democracia pierde entonces uno de sus fundamentos esenciales: la igualdad de todos ante la ley.

8. PATRIOTISMO y SUBORDINACIÓN

Una de las contradicciones más frecuentes de la política contemporánea consiste en la coexistencia entre discursos intensamente nacionalistas y actitudes profundamente subordinadas frente a poderes externos. Se habla constantemente de patria, soberanía e identidad nacional, pero al mismo tiempo se aceptan sin cuestionamiento relaciones internacionales marcadas por profundas asimetrías económicas, financieras o geopolíticas.

El patriotismo auténtico no consiste en repetir consignas ni en exhibir símbolos nacionales. Consiste en defender la capacidad de una sociedad para decidir soberana y autónomamente sobre su futuro, proteger sus recursos estratégicos y garantizar condiciones dignas para su población.

La estupidez política aparece cuando el lenguaje patriótico es utilizado para encubrir formas de dependencia o subordinación que terminan debilitando la soberanía efectiva de las naciones, entregando sus patrimonios estratégicos y sometiendo su libertad política.

IDEAS PARA ORIENTAR UNA REFLEXION CRITICA

La estupidez política no es un problema de inteligencia individual. Es una construcción cultural que separa a los ciudadanos de sus intereses democráticos más profundos. Se expresa cuando se vota contra los derechos fundamentales, cuando se reemplaza la deliberación por el odio, cuando se desprecia a los pobres, cuando se ataca lo público, cuando se glorifica la guerra, cuando se tolera la corrupción y cuando se confunde patriotismo con obediencia externa.

Frente a estas tendencias, la tarea fundamental de las democracias consiste en fortalecer una ciudadanía crítica, informada y consciente de sus propios intereses colectivos.

La democracia no puede sobrevivir únicamente mediante elecciones periódicas. Requiere ciudadanos capaces de comprender que la libertad individual depende también de derechos sociales, que la igualdad fortalece la convivencia y que la dignidad humana constituye el fundamento último de cualquier proyecto político legítimo.

La verdadera inteligencia política consiste precisamente en eso: reconocer que el bienestar propio está inseparablemente ligado al bienestar de los demás y que ninguna sociedad puede prosperar cuando convierte el odio, la exclusión y la ignorancia en principios de organización colectiva.

Ojalá el próximo 21 de junio no llegue a las urnas LA ESTUPIDEZ POLÍTICA COMO  CIUDADANÍA DE ODIO.

CARLOS MEDINA GALLEGO
Historiador- Analista Político 

 

 

LA ESTUPIDEZ POLÍTICA

COMO CIUDADANÍA DE ODIO

 

Uno de los fenómenos más inquietantes de las democracias contemporáneas es la creciente distancia entre los intereses objetivos de amplios sectores de la población y las decisiones políticas que estos mismos sectores apoyan electoralmente.

Millones de ciudadanos votan sistemáticamente contra políticas que podrían mejorar sus condiciones materiales de existencia, respaldan proyectos que reducen derechos sociales conquistados históricamente y apoyan liderazgos que promueven discursos de exclusión, odio o discriminación.

Este fenómeno no puede explicarse únicamente por la falta de información o por errores de cálculo electoral. Se trata de un problema más profundo relacionado con la cultura política, la construcción de identidades colectivas y los mecanismos de reproducción ideológica del poder.

Cuando aquí hablamos de "estupidez política" no nos referimos a una condición intelectual individual ni a una incapacidad cognitiva. Nos referimos a una práctica social mediante la cual individuos y colectivos terminan actuando en contra de sus propios intereses democráticos, económicos y ciudadanos. Es una forma de alienación política que transforma a las víctimas de la desigualdad en defensoras de las estructuras que la producen y la reproducen.

La estupidez política constituye, por tanto, una de las formas más eficaces de dominación contemporánea porque logra que los dominados participen activamente en la conservación de las condiciones que limitan su bienestar, sus libertades y sus posibilidades de emancipación.

1. VOTAR CONTRA UNO MISMO

La esencia de la ciudadanía democrática consiste en utilizar el poder político para ampliar las posibilidades de una vida digna. Sin embargo, una parte importante de las sociedades contemporáneas parece actuar en dirección contraria.
Resulta paradójico observar cómo amplios sectores populares apoyan políticas que debilitan los sistemas públicos de salud, educación, vivienda o protección social, aun cuando son precisamente esos sectores quienes más dependen de dichos servicios. La paradoja se vuelve aún más evidente cuando se respaldan proyectos políticos que concentran riqueza, reducen la intervención estatal en favor del interés general y fortalecen mecanismos de exclusión económica.

La estupidez política aparece cuando la ciudadanía deja de evaluar las políticas públicas a partir de sus efectos concretos sobre la calidad de vida y comienza a hacerlo desde emociones negativas, prejuicios ideológicos o identidades construidas artificialmente.

En estas circunstancias, el voto deja de ser una herramienta de transformación democrática para convertirse en un instrumento de auto perjuicio colectivo.

2. LA POLÍTICA DEL ODIO

Las democracias saludables se sostienen sobre el pluralismo, el reconocimiento de la diferencia y la capacidad de tramitar pacíficamente los conflictos sociales. Sin embargo, durante las últimas décadas se ha expandido una política basada en la construcción sistemática de enemigos.

El adversario deja de ser un competidor legítimo y se convierte en una amenaza existencial que debe ser eliminada, perseguida o silenciada. La política abandona la deliberación racional y adopta la lógica de la guerra cultural permanente.

Esta transformación tiene consecuencias profundas. Cuando el odio se convierte en el principal movilizador político, los ciudadanos dejan de votar por propuestas y comienzan a votar contra personas, grupos sociales o identidades específicas.La democracia se degrada porque pierde su capacidad integradora y se transforma en un escenario de confrontación permanente donde la venganza sustituye a la razón pública.

Las sociedades dominadas por la política del resentimiento son especialmente vulnerables al autoritarismo porque terminan aceptando restricciones a las libertades, debilitamiento institucional y concentración del poder bajo la promesa de derrotar al enemigo construido discursivamente.

4. APOROFOBIA y DESPRECIO POR LOS EXCLUIDOS

Uno de los síntomas más visibles de la estupidez política contemporánea es la aporofobia, es decir, el rechazo y desprecio hacia las personas pobres.
Paradójicamente, muchas sociedades muestran altos niveles de tolerancia frente a la riqueza extrema, incluso cuando esta proviene de privilegios heredados, corrupción o captura de recursos públicos. Sin embargo, manifiestan una profunda hostilidad hacia quienes sufren condiciones de pobreza o exclusión.

Esta inversión moral resulta funcional para la reproducción de la desigualdad. En lugar de cuestionar las estructuras económicas que generan pobreza, se responsabiliza individualmente a quienes la padecen. El pobre aparece como culpable de su situación mientras los mecanismos que producen concentración de riqueza permanecen invisibles.

La estupidez política se expresa entonces en la incapacidad para comprender que la pobreza no constituye una falla moral individual sino un problema estructural relacionado con las oportunidades, la distribución de recursos y las formas de organización económica de una sociedad.

5. EL ATAQUE  CONTRA LO PÚBLICO

Otro rasgo característico de la ciudadanía políticamente alienada es su hostilidad hacia lo público.

En numerosos países se ha consolidado una narrativa según la cual el Estado representa siempre ineficiencia, corrupción o despilfarro, mientras el mercado aparece como solución universal para todos los problemas colectivos.

Esta visión ignora una realidad elemental: los principales derechos fundamentales dependen de instituciones públicas sólidas. La educación pública, la salud pública, la justicia, la seguridad ciudadana, la infraestructura y los sistemas de protección social constituyen pilares esenciales de cualquier democracia moderna.

Atacar sistemáticamente lo público equivale a debilitar los instrumentos que permiten garantizar derechos e igualdad de oportunidades.

La paradoja es evidente: quienes más necesitan de estos servicios suelen convertirse en algunos de sus principales detractores, apoyando procesos de privatización o desfinanciación que terminan afectando directamente sus condiciones de vida.

6. GUERRA, PAZ y RACIONALIDAD POLÍTICA

La historia demuestra que prácticamente todos los conflictos armados terminan mediante algún tipo de negociación política.

Sin embargo, una parte significativa de la ciudadanía suele rechazar cualquier proceso de diálogo o construcción de paz, incluso cuando las alternativas disponibles son la prolongación indefinida de la violencia o el aumento del sufrimiento colectivo en los territorios.

La estupidez política se manifiesta aquí como incapacidad para reconocer que la paz no es un acto de ingenuidad sino una necesidad histórica. Apoyar la guerra como horizonte permanente implica aceptar costos humanos, económicos y sociales extraordinarios. Significa normalizar la muerte, la destrucción y la fragmentación del tejido social.

Por supuesto, los procesos de paz son complejos, imperfectos y están llenos de contradicciones. Pero rechazar toda posibilidad de diálogo por principio suele conducir a escenarios mucho más destructivos en una guerra infinita e indefinida.

La paz constituye una construcción política difícil; la guerra, en cambio, suele ser el camino más sencillo para quienes renuncian a la inteligencia colectiva.

7. CORRUPCIÓN, CLIENTELISMO y CULTURA POLÍTICA

La corrupción no prospera únicamente por la existencia de funcionarios corruptos. También requiere entornos culturales que la toleren, la justifiquen o incluso la premien.

Cuando los ciudadanos continúan apoyando electoralmente a quienes utilizan prácticas clientelistas, cuando aceptan el nepotismo como forma normal de ejercicio del poder o cuando relativizan el saqueo de los recursos públicos por razones partidistas, contribuyen activamente a la reproducción del problema. La estupidez política aparece cuando los principios éticos son subordinados a las lealtades ideológicas.

En esos contextos, la corrupción deja de ser juzgada por sus efectos sobre la sociedad y comienza a evaluarse según quién la comete. La democracia pierde entonces uno de sus fundamentos esenciales: la igualdad de todos ante la ley.

8. PATRIOTISMO y SUBORDINACIÓN

Una de las contradicciones más frecuentes de la política contemporánea consiste en la coexistencia entre discursos intensamente nacionalistas y actitudes profundamente subordinadas frente a poderes externos. Se habla constantemente de patria, soberanía e identidad nacional, pero al mismo tiempo se aceptan sin cuestionamiento relaciones internacionales marcadas por profundas asimetrías económicas, financieras o geopolíticas.

El patriotismo auténtico no consiste en repetir consignas ni en exhibir símbolos nacionales. Consiste en defender la capacidad de una sociedad para decidir soberana y autónomamente sobre su futuro, proteger sus recursos estratégicos y garantizar condiciones dignas para su población.

La estupidez política aparece cuando el lenguaje patriótico es utilizado para encubrir formas de dependencia o subordinación que terminan debilitando la soberanía efectiva de las naciones, entregando sus patrimonios estratégicos y sometiendo su libertad política.

 

IDEAS PARA ORIENTAR UNA REFLEXION CRITICA

La estupidez política no es un problema de inteligencia individual. Es una construcción cultural que separa a los ciudadanos de sus intereses democráticos más profundos. Se expresa cuando se vota contra los derechos fundamentales, cuando se reemplaza la deliberación por el odio, cuando se desprecia a los pobres, cuando se ataca lo público, cuando se glorifica la guerra, cuando se tolera la corrupción y cuando se confunde patriotismo con obediencia externa.

Frente a estas tendencias, la tarea fundamental de las democracias consiste en fortalecer una ciudadanía crítica, informada y consciente de sus propios intereses colectivos.

La democracia no puede sobrevivir únicamente mediante elecciones periódicas. Requiere ciudadanos capaces de comprender que la libertad individual depende también de derechos sociales, que la igualdad fortalece la convivencia y que la dignidad humana constituye el fundamento último de cualquier proyecto político legítimo.

La verdadera inteligencia política consiste precisamente en eso: reconocer que el bienestar propio está inseparablemente ligado al bienestar de los demás y que ninguna sociedad puede prosperar cuando convierte el odio, la exclusión y la ignorancia en principios de organización colectiva.

Ojalá el próximo 21 de junio no llegue a las urnas LA ESTUPIDEZ POLÍTICA COMO  CIUDADANÍA DE ODIO.

 

CARLOS MEDINA GALLEGO
Historiador- Analista Político 

 

LA FUSIÓN ARTIFICIAL ENTRE EL CARTEL DE LOS SOLES y el GOBIERNO VENEZOLANO COMO ESTRATEGIA DE ESTIGMATIZACIÓN GEOPOLÍTICA

 La insistencia del gobierno de Estados Unidos —en especial en la narrativa impulsada por Donald Trump y sus círculos de seguridad— de presentar al Cartel de los Soles y al gobierno de Nicolás Maduro como una misma entidad constituye una estrategia política profundamente arbitraria, poco sustentada y abiertamente funcional a los intereses geopolíticos estadounidenses en el Caribe y la región andino-amazónica.

 No se trata de una afirmación ingenua ni de una lectura aislada: es parte de un libreto histórico en el que Washington transforma problemas complejos en etiquetas simplificadoras que legitiman intervenciones, sanciones y operaciones de control regional como “Lanza del Sur”.

 El primer problema es metodológico: equiparar un gobierno —con instituciones, burocracia civil, fuerzas armadas formalmente constituidas, legitimidad interna y reconocimiento internacional parcial— con un cartel criminal supone borrar la distinción básica entre Estado y crimen organizado.

 Es una maniobra discursiva que busca despolitizar el conflicto venezolano y reducirlo a una narrativa de narcoterrorismo. Al hacerlo, Estados Unidos se asigna a sí mismo el papel de “restaurador del orden”, como ya lo ha hecho en otras coyunturas donde la estigmatización precedió a la intervención (Panamá 1989, Irak 2003, e innumerables operaciones encubiertas en Centroamérica).

 Asignar al gobierno venezolano la etiqueta de “organización criminal” también opera como herramienta diplomática para justificar sanciones extraterritoriales, presiones financieras, bloqueos comerciales y acciones militares de vigilancia en el Caribe. 

 La Operación Lanza del Sur, presentada como un esfuerzo contra el narcotráfico, encubre en gran parte un despliegue geoestratégico de control marítimo y aéreo en una región donde la presencia militar estadounidense ha sido constante, aunque pocas veces tan abierta y justificada en términos de “amenaza hemisférica”. 

 Esta operación no solo busca controlar flujos de narcóticos; busca someter políticamente a Venezuela, cercarla militarmente y proyectar un mensaje a otros gobiernos que se aparten de la alianza hemisférica liderada por Washington.

 La política trumpista exacerba esta tendencia. El discurso de Trump convierte cualquier matiz en sospecha; cualquier funcionario venezolano se vuelve automáticamente parte del cartel; cualquier negociación política es presentada como complicidad con el crimen. Este mecanismo de estigmatización no es accidental: se articula con la agenda electoral interna estadounidense, donde Venezuela sirve como símbolo útil para movilizar sectores conservadores y de la diáspora. Un díscurso favorecido por la APATRIDA de Corina Machado 

 La arbitrariedad de esta equiparación produce efectos reales: dificulta salidas políticas negociadas, alimenta la confrontación interna venezolana y legitima una presencia militar desproporcionada en el Caribe. En lugar de contribuir a una solución democrática, profundiza la lógica de enemistad absoluta y normaliza la idea de que la presión militar es un mecanismo válido para “resolver” crisis políticas.

 Frente a ello, es urgente desmontar la narrativa simplificadora y denunciar que esta estrategia no combate el narcotráfico: lo instrumentaliza para justificar una política de dominación regional.

 No es Venezuela, es toda América Latina la que está amenazada.

 

CARLOS MEDINA GALLEGO 

Historiador- Analista Político

 

 

LA GUERRA DESDE EL AIRE

Drones, asimetría tecnológica y transformación

del conflicto armado colombiano

 

Una mutación silenciosa de la guerra

La guerra colombiana está experimentando una transformación que puede resultar tan importante como lo fueron, en otros momentos, la generalización de las minas antipersonal, los artefactos explosivos improvisados, los francotiradores, las comunicaciones encriptadas o la utilización intensiva de inteligencia electrónica. Los grupos armados ilegales han comenzado a incorporar sistemáticamente sistemas aéreos no tripulados —UAS o drones— a sus operaciones militares.

No se trata simplemente de la aparición de una nueva arma. Lo verdaderamente significativo es que los drones están modificando la relación entre territorio, combatiente, distancia, información, sorpresa y vulnerabilidad.

La guerra irregular colombiana había sido predominantemente terrestre. El dominio del terreno, la movilidad de pequeñas unidades, el conocimiento de caminos y corredores, las emboscadas, los campos minados y los ataques contra instalaciones constituían componentes esenciales de su gramática operacional. El dron introduce una tercera dimensión accesible a organizaciones que históricamente carecieron de poder aéreo.

Por primera vez, una estructura irregular relativamente pequeña puede adquirir por unos cuantos miles de dólares una capacidad elemental de observación aérea, inteligencia táctica, corrección de fuego y ataque desde el aire.

Esto constituye una forma particular de democratización tecnológica de la guerra.

1. DE LA GUERRILLA TERRESTRE A LA GUERRILLA AÉREA DE BAJO COSTO

La importancia estratégica del dron no radica exclusivamente en su potencia destructiva. Un pequeño dron comercial difícilmente puede compararse con una aeronave militar convencional. Su ventaja está en otra parte: la extraordinaria relación entre costo, disponibilidad, precisión relativa y riesgo para quien lo opera.

Las organizaciones ilegales pueden emplear drones comerciales modificados para realizar, principalmente, cuatro funciones:

Primera: reconocimiento. Observar posiciones militares, movimientos de tropas, puestos de policía, carreteras, bases, campamentos y rutas logísticas.

Segunda: inteligencia táctica. Identificar horarios, rutinas, concentraciones de personal, movimientos de vehículos y vulnerabilidades defensivas.

Tercera: lanzamiento de explosivos. Adaptar mecanismos que permiten transportar y liberar cargas explosivas sobre posiciones determinadas.

Cuarta: ataque de impacto o FPV. Convertir el propio dron en un vehículo de ataque que se dirige contra el objetivo.

Estas funciones pueden combinarse. El resultado es particularmente preocupante: un grupo irregular puede observar primero el objetivo, seleccionar el momento de mayor vulnerabilidad y posteriormente atacarlo sin exponer directamente a sus combatientes.

Ese fenómeno altera uno de los principios tradicionales de la guerra de guerrillas: la necesidad de aproximarse físicamente al adversario.

2. EL CRECIMIENTO EXTRAORDINARIO DEL FENÓMENO

La velocidad con la cual esta tecnología se ha incorporado al conflicto colombiano constituye quizás el indicador más preocupante. UNMAS señaló, citando cifras del Ministerio de Defensa, que durante 2025 se registraron 333 ataques efectivos mediante drones armados, frente a 61 incidentes durante 2024, lo que representa un incremento del 445 %.

Existen diferencias entre fuentes y metodologías. Reuters reportó otra serie oficial según la cual se habían contabilizado 264 incidentes, con 15 soldados muertos y 153 heridos. Estas discrepancias probablemente responden a diferencias entre “incidentes”, “ataques” y “ataques efectivos”, por lo que resulta metodológicamente incorrecto presentar cualquiera de estas cifras como absolutamente definitiva.

Para 2026, los datos públicos permiten reconstruir parcialmente la progresión. Al 20 de mayo se informaban 107 ataques, con dos militares muertos y más de cien heridos.

Hacia julio, otra información periodística situaba el acumulado en 172 ataques con drones cargados de explosivos, con seis militares muertos, cinco civiles fallecidos y 141 heridos.

Por consiguiente, a agosto de 2026 puede afirmarse con prudencia que la cifra documentada públicamente supera los 170 ataques durante el año, pero no resulta responsable establecer todavía un total definitivo.

Más importante que la cifra exacta es la tendencia. Colombia ha pasado en pocos años de registrar ataques excepcionales con drones a enfrentar una capacidad operacional relativamente sistemática de las organizaciones armadas ilegales.

3. ¿QUIÉNES LOS ESTÁN UTILIZANDO?

La utilización se encuentra principalmente asociada a estructuras de las disidencias de las antiguas FARC y al ELN. La mayor concentración se ha observado en territorios donde estas organizaciones mantienen capacidad de control territorial o confrontación abierta: Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Norte de Santander, Antioquia, sur de Bolívar, Meta y zonas del suroriente colombiano.

En el Catatumbo, por ejemplo, la Fundación Paz y Reconciliación documentó once acciones durante el primer semestre de 2026 relacionadas con esta modalidad, en el contexto de la confrontación entre el ELN y el Frente 33. Esto demuestra otro fenómeno significativo: los drones no solamente están siendo empleados contra el Estado. También están entrando en las guerras entre organizaciones armadas ilegales.

La tecnología puede convertirse entonces en instrumento para disputar corredores del narcotráfico, enclaves productivos, rutas de movilidad y control territorial.

4. ¿QUÉ DRONES ESTÁN UTILIZANDO?

No parece existir un único modelo estandarizado. Precisamente allí reside una de las dificultades para combatirlos. Se utilizan principalmente plataformas comerciales multirrotor modificadas, adquiridas inicialmente para fotografía, agricultura, inspección o actividades recreativas. También aparecen plataformas de mayor capacidad y configuraciones adaptadas artesanalmente.

Reportes técnicos divulgados en enero de 2026 indican que algunas plataformas detectadas tendrían aproximadamente: alturas operacionales de 380 a 500 metros; alcances aproximados de 4 a 8 kilómetros; autonomías de 30 a 60 minutos según configuración; capacidades de carga que pueden alcanzar unos cinco kilogramos, e incluso algo más en determinadas plataformas modificadas.

No significa que todos los drones utilizados por los grupos ilegales tengan esas capacidades. Los modelos pequeños transportan cargas considerablemente menores. El problema estratégico consiste precisamente en la diversidad. Un aparato relativamente pequeño puede utilizarse para vigilancia; uno mediano puede transportar una munición improvisada; y plataformas mayores pueden incrementar significativamente la carga útil.

Además, durante 2026 apareció una innovación particularmente preocupante: drones controlados mediante fibra óptica. Esta tecnología disminuye la eficacia de determinados sistemas tradicionales de interferencia electrónica, porque el vínculo entre operador y aeronave no depende exclusivamente de una señal de radio convencional. En febrero de 2026 se reportó un ataque contra el cantón militar San Jorge utilizando esta modalidad.

Incluso fue localizado en Bogotá un dron que incorporaba cableado de fibra óptica y transportaba 258 gramos de C4, a unos 5,4 kilómetros del Comando Aéreo de Transporte Militar, cerca de El Dorado.

Este hecho posee una enorme significación estratégica: la amenaza dejó de estar circunscrita exclusivamente a zonas rurales periféricas.

5. LOS DRONES COMO ARTILLERÍA AÉREA IMPROVISADA

Una parte importante de los ataques consiste en convertir drones comerciales en plataformas capaces de transportar municiones modificadas. Las autoridades encontraron en febrero de 2026, en El Castillo, Meta, 190 granadas adaptadas para ser utilizadas desde drones, además de granadas de mortero, minas antipersonal y detonadores.

Esto permite comprender que no estamos frente a experimentos aislados. Existe una incipiente cadena logística de guerra con drones: adquisición de aeronaves; modificación de componentes; fabricación o adaptación de mecanismos; preparación de municiones; entrenamiento de operadores; observación de objetivos; planificación; y ejecución de ataques.

La aparición de piezas producidas mediante impresión 3D añade otro elemento: algunas organizaciones están aprendiendo a reducir costos y sustituir componentes utilizando fabricación descentralizada. La consecuencia estratégica es importante. Destruir un dron no necesariamente destruye la capacidad enemiga. La plataforma puede ser reemplazada rápidamente.

6. ALGUNOS ATAQUES QUE ILUSTRAN EL CAMBIO

Un episodio precursor ocurrió el 1 de junio de 2024 en Suárez, Cauca, cuando fueron utilizados doce drones de manera coordinada contra una base militar; cinco alcanzaron el objetivo. El valor militar del episodio estuvo menos en el daño producido que en demostrar la posibilidad de efectuar ataques simultáneos destinados a saturar defensas.

Otro episodio significativo ocurrió el 28 de febrero de 2026 en el sur de Bolívar, cuando un helicóptero del Ejército fue atacado mediante explosivos transportados por drones y ocho militares resultaron heridos.

En mayo se produjeron otros dos ataques en Bolívar, uno atribuido a disidencias y otro al ELN; uno de ellos produjo la muerte de un soldado. Pero quizás el dato más importante es acumulativo. Desde 2024 hasta comienzos de marzo de 2026 se habían registrado, según una recopilación publicada entonces, 449 atentados con drones, 435 heridos y 53 uniformados muertos.

El daño tampoco debe medirse exclusivamente mediante muertos y heridos. Los drones producen daño operacional, psicológico y territorial. Obligan a las tropas a dispersarse, modifican rutinas, dificultan concentraciones, amenazan puestos fijos, generan temor durante desplazamientos y aumentan la vulnerabilidad de helicópteros, vehículos e instalaciones.

Y existe un problema todavía más grave: la población civil.

UNMAS ha advertido que la utilización de sistemas aéreos no tripulados con cargas explosivas incrementa los riesgos humanitarios, particularmente cuando se emplean municiones improvisadas cuya precisión y confiabilidad son limitadas.

7. UNA REVOLUCIÓN DE LA ASIMETRÍA

El fenómeno debe comprenderse dentro de una transformación mundial de la guerra. Ucrania demostró a escala industrial que una plataforma comercial relativamente barata puede destruir o inutilizar equipos cuyo valor económico es cientos o miles de veces superior. Las organizaciones colombianas están extrayendo lecciones de esos conflictos.

Esto produce una paradoja estratégica: el Estado posee superioridad aérea, pero el actor irregular está adquiriendo micro- capacidad aérea distribuida.La Fuerza Aeroespacial puede controlar el espacio aéreo convencional y, simultáneamente, una patrulla terrestre puede resultar vulnerable frente a un pequeño cuadricóptero que aparece a pocos centenares de metros. No existe contradicción. Son dos escalas diferentes de poder aéreo. La aviación militar tradicional controla grandes espacios; el dron comercial armado disputa el espacio aéreo táctico inmediato situado sobre las tropas.

 

 

8. ¿ESTÁ PREPARADA LA FUERZA PÚBLICA?

La respuesta debe ser matizada. Colombia ya reconoció formalmente la amenaza y comenzó a desarrollar una arquitectura específica de defensa. El proyecto Escudo Nacional Antidrones fue concebido con una inversión anunciada superior a 6,3 billones de pesos, con aproximadamente un billón destinado inicialmente a su primera fase.

El Ministerio de Defensa estructuró una combinación de sistemas: fijos; semifijos; tácticos vehiculares; equipos para unidades a flote; sistemas portátiles; y detectores portátiles de UAS. Esto representa conceptualmente la dirección correcta: no existe una única arma antidron capaz de resolver todo el problema. Sin embargo, la velocidad de adaptación de las organizaciones ilegales ha sido superior a la velocidad institucional de adquisición y despliegue tecnológico. Las propias informaciones disponibles han señalado deficiencias históricas en cobertura, detección e interferencia. Sistemas anteriores resultaron insuficientes o presentaron problemas operacionales.

En julio de 2026, además, se conocieron dificultades relacionadas con un contrato destinado a proporcionar equipos antidrones para Norte de Santander. Por tanto, el problema colombiano no consiste únicamente en comprar sistemas antidrones. Consiste en construir una verdadera doctrina nacional de guerra contra sistemas aéreos no tripulados.

9. UNA ESTRATEGIA INTEGRAL ANTIDRON

Colombia necesita una estrategia construida mediante capas sucesivas de protección.

Primera capa: inteligencia. La mejor forma de neutralizar un ataque es impedir que sea preparado. Esto requiere identificar redes de adquisición, talleres clandestinos, operadores especializados, rutas de suministro, importadores irregulares y lugares de entrenamiento. La inteligencia debe considerar al operador y la cadena logística como elementos centrales del sistema.

Segunda capa: detección. Las unidades desplegadas en territorios críticos necesitan capacidad permanente para advertir tempranamente la presencia de UAS. La respuesta debe combinar diferentes tipos de sensores porque ningún sistema aislado garantiza cobertura completa.

Tercera capa: neutralización. La defensa debe disponer de alternativas escalonadas y jurídicamente controladas para interrumpir o neutralizar aeronaves hostiles. La aparición de sistemas guiados por fibra óptica demuestra por qué depender exclusivamente de interferencia electrónica sería insuficiente.

Cuarta capa: protección pasiva. Esta probablemente sea la medida más económica e inmediata. Las posiciones militares deben rediseñarse pensando también verticalmente. Durante décadas las bases colombianas fueron construidas para enfrentar ataques terrestres. Ahora necesitan reducir exposición aérea mediante cubiertas, dispersión, protección de puntos críticos, ocultamiento, reducción de firmas y protocolos específicos de alarma.

Quinta capa: movilidad. Una unidad estática y predecible constituye un blanco mucho más sencillo. Debe reducirse la previsibilidad de horarios, desplazamientos, abastecimientos y concentraciones de personal.

Sexta capa: entrenamiento. Cada soldado y policía desplegado en zonas críticas debe reconocer que el cielo inmediato forma parte del campo de batalla. La reacción frente a drones debe convertirse en entrenamiento básico, del mismo modo que durante décadas se enseñaron procedimientos frente a emboscadas, minas y francotiradores.

Séptima capa: mando especializado. Colombia necesita consolidar una capacidad conjunta permanente que reúna Fuerzas Militares, Policía, inteligencia, industria nacional, universidades y organismos especializados. No basta con comprar tecnología extranjera. Debe construirse capacidad nacional de investigación, mantenimiento, actualización y producción tecnológica.

Octava capa: protección de civiles y Derecho Internacional Humanitario. La respuesta estatal no puede reproducir la lógica indiscriminada del adversario. La estrategia debe incorporar sistemas de alerta comunitaria, protocolos para instalaciones civiles, hospitales, escuelas y poblaciones situadas cerca de instalaciones militares.

La OEA ha señalado precisamente la necesidad de complementar las capacidades estatales antidrones con medidas que permitan a las comunidades adoptar comportamientos seguros frente a estas amenazas.

10. LA GUERRA QUE VIENE

El error más grave sería pensar que el problema consiste simplemente en comprar mejores inhibidores. Estamos frente a una competencia permanente de innovación. Cada defensa produce una adaptación.

Si se bloquean frecuencias, aparecen alternativas de navegación o enlaces diferentes. Si se protegen las instalaciones, aumentan los ataques contra unidades móviles. Si mejora la detección, pueden aparecer plataformas más pequeñas o vuelos con perfiles diferentes. La ventaja estratégica estará entonces en la velocidad del aprendizaje.

Las Fuerzas Armadas deberán desarrollar una organización capaz de detectar, aprender, modificar procedimientos y desplegar soluciones más rápidamente que las organizaciones ilegales. Ese es probablemente el principal desafío.

A MANERA DE CIERRE:  EL CIELO BAJO TAMBIÉN SE CONVIRTIÓ EN TERRITORIO DE DISPUTA

Durante décadas, la Fuerza Pública colombiana tuvo una ventaja decisiva frente a las guerrillas: el dominio prácticamente absoluto del aire. Esa superioridad estratégica continúa existiendo. Pero debajo del espacio aéreo controlado por aviones y helicópteros ha aparecido otro espacio: el cielo bajo de los pequeños drones.

Allí las diferencias tecnológicas entre Estado e insurgencia se reducen dramáticamente. Un grupo armado que no puede comprar un avión de combate puede adquirir centenares de drones comerciales. No necesita construir una pista, formar pilotos durante años ni mantener una compleja infraestructura aeronáutica. Necesita operadores, talleres, componentes electrónicos, explosivos y conocimiento técnico.

Ese cambio altera profundamente la economía política de la violencia. La guerra aérea, históricamente monopolizada por los Estados, comienza a fragmentarse. Los drones convierten el aire inmediato sobre una patrulla, una estación de policía, un puesto militar o una comunidad rural en un nuevo territorio de confrontación. Por eso Colombia no enfrenta simplemente una nueva arma, sino una modificación de la gramática de su conflicto armado.

La respuesta tampoco puede limitarse a comprar aparatos. Debe combinar inteligencia, detección, guerra electrónica, protección física, innovación nacional, entrenamiento, reorganización operacional, persecución de las cadenas logísticas y protección rigurosa de la población civil.

Pero existe una enseñanza adicional. Los drones no sustituyen las formas tradicionales de guerra: las complementan. Pueden actuar junto a minas, francotiradores, explosivos improvisados, ataques terrestres y acciones de hostigamiento. Esa integración multiplica su capacidad de producir incertidumbre y desgaste. La transformación fundamental puede resumirse en una frase: la guerra irregular colombiana dejó de desarrollarse exclusivamente sobre el territorio; ahora también se libra sobre las cabezas de quienes lo disputan. Y quien comprenda primero esa transformación, construya doctrina alrededor de ella y aprenda más rápido que su adversario tendrá una ventaja decisiva en la nueva etapa del conflicto colombiano.

 

CARLOS MEDINA GALLEGO

Historiador – Analista Político