SECUESTRO DEL PODER POLITICO EN VENEZUELA

Estado, traición y guerra encubierta en Venezuela.

 

No deja de ser inquietante —y profundamente perturbador— que durante meses el gobierno de Estados Unidos haya ofrecido 50 millones de dólares por la cabeza del presidente Nicolás Maduro, como si se tratara de un criminal fugitivo y no del jefe de Estado de un país soberano. Esa recompensa no fue un exabrupto retórico ni una amenaza simbólica: fue una orden política con formato de cacería, una invitación abierta a la traición interna, al mercenarismo y a la ruptura del orden internacional. Convertir a un presidente en objetivo monetizado es, en sí mismo, una declaración de guerra no convencional.

 Venezuela no estaba en situación de normalidad. El país vivía un estado de alerta operacional permanente, con dispositivos de seguridad activados, inteligencia en máxima tensión y protocolos explícitamente diseñados para repeler un ataque externo o interno. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana había sido advertida. El escenario estaba previsto. El enemigo estaba identificado. No había ingenuidad posible.

 Y, sin embargo, ocurrió lo impensable: el secuestro del comandante en jefe del Estado. En términos doctrinales, ese hecho constituye el nivel máximo de agresión estratégica. No se trata de un incidente fronterizo ni de una provocación aérea. Es un golpe directo al centro del poder político-militar. En cualquier manual serio de defensa, un evento de esta magnitud activa automáticamente la respuesta armada, el cierre total del teatro de operaciones, la defensa del objetivo estratégico y la contraofensiva inmediata. Nada de eso ocurrió.

 El silencio fue absoluto. Y en el lenguaje militar, el silencio no es neutral: es una decisión.

 Desde el Ministerio de la Defensa, bajo la conducción del general Vladimir Padrino López, no se emitió orden de fuego, no se activaron unidades de reacción rápida, no se ordenaron despliegues ni contraataques. La cadena de mando no reaccionó. Y cuando un país está preparado para la guerra y el ataque se produce sin respuesta, las explicaciones se reducen drásticamente.

 Hay quienes intentan refugiarse en tecnicismos: guerra electrónica, confusión temporal, operaciones quirúrgicas. Todo eso puede explicar minutos de desorientación, jamás la parálisis total frente a la captura del jefe del Estado. Aquí no hubo sorpresa estratégica. Hubo preparación previa. Y aun así, no hubo respuesta.

 Este punto es crucial: la ausencia de reacción no puede explicarse solo como fallo, porque el sistema estaba diseñado precisamente para ese escenario. Cuando un aparato militar no actúa ante el ataque al corazón del poder, estamos ante una de tres situaciones —todas devastadoras—: complicidad, pasividad estratégica o pérdida real del control de las fuerzas. No hay una cuarta opción honorable.

 La hipótesis de la pasividad —esperar el desenlace para acomodarse al nuevo equilibrio de poder— revela un cálculo frío y profundamente antinacional: sacrificar al jefe del Estado para preservar posiciones, privilegios o cuotas de poder interno. La hipótesis de la pérdida de control es aún más grave: implicaría que el ministro de Defensa es apenas una figura formal, sin mando efectivo sobre las tropas, en un Estado fracturado por lealtades opacas y redes paralelas. Y la hipótesis de la complicidad —la más explosiva— apunta a una traición de alto nivel, con conocimiento previo y consentimiento operativo.

 Pero hay un actor que no puede ni debe ser omitido: la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA. Pensar que una operación de esta envergadura se ejecutó sin su diseño, coordinación o respaldo es una ingenuidad que raya en la negación. La CIA no es un actor secundario en América Latina; es una institución histórica de intervención, especializada en golpes encubiertos, fractura de élites, compra de lealtades y neutralización de liderazgos incómodos.

 Este operativo no responde a la lógica de una captura policial ni a una acción judicial internacional. Responde a la doctrina de guerra híbrida: inteligencia, recompensa económica, presión psicológica, infiltración interna y ejecución rápida. La recompensa no era solo un incentivo económico; era un instrumento de descomposición del Estado, una señal dirigida a los cuadros militares y de seguridad: “el poder puede cambiar de manos, y habrá premio para quien se anticipe”.

 En ese sentido, la CIA no actúa sola. Opera sobre grietas preexistentes, sobre contradicciones internas, sobre ambiciones personales y miedos acumulados. Su éxito no depende solo de su capacidad técnica, sino de la fragilidad política del adversario. Y aquí emerge la pregunta más incómoda: ¿hasta qué punto el aparato de poder venezolano estaba ya corroído por dentro?

 El secuestro de Nicolás Maduro no es solo un golpe contra una persona o un gobierno. Es un precedente devastador para América Latina. Si se normaliza que una potencia capture al jefe de Estado de un país soberano bajo el pretexto de la justicia doméstica, el derecho internacional se convierte en papel mojado. Volvemos a la ley del más fuerte, a la lógica imperial del castigo ejemplar, al mensaje disciplinador: ningún liderazgo disidente está a salvo.

 Este hecho reabre una herida histórica en la región. No importa la simpatía o antipatía que se tenga por el gobierno venezolano. Lo que está en juego es algo mucho más profundo: la inviolabilidad mínima del orden estatal, la idea de que los conflictos entre naciones se resuelven mediante secuestros presidenciales diseñados en oficinas de inteligencia.

 La conducta del alto mando militar venezolano, lejos de cerrar filas con el Estado, deja un vacío peligroso. Un ministro de Defensa que no responde cuando el país estaba en alerta máxima no es un garante de seguridad. Es, en el mejor de los casos, un administrador del colapso; en el peor, un actor del quiebre.

 Aquí no basta con condenar a Estados Unidos o señalar a la CIA. También hay que mirar hacia adentro con crudeza. Un Estado que no defiende a su propio jefe bajo ataque ha perdido algo esencial: la capacidad de afirmarse como Estado. Sin esa capacidad, no hay soberanía que resista ni discurso que la sostenga.

 La historia juzgará este episodio no solo por el nombre del capturado, sino por lo que reveló: que el poder real no siempre coincide con el poder formal; que la lealtad puede comprarse; y que, cuando el silencio reemplaza a la defensa, la derrota ya ocurrió antes del primer disparo. 

 Frente a esta situación solo queda la movilización soberana del pueblo en resistencia y en defensa de sus recursos estratégicos y sus patrimonios de futuro y bienestar. 

 

CARLOS MEDINA GALLEGO Historiador - Analista Político