PAZ TOTAL EN COLOMBIA   

(2022–2026):

Balance crítico de su diseño, implementación y resultados

 La política de “Paz Total” del gobierno del Pacto Histórico constituye uno de los experimentos más ambiciosos en la historia reciente de Colombia en materia de resolución de conflictos armados. 

 Este ensayo ofrece un balance crítico de sus fundamentos normativos, su implementación operativa y sus resultados empíricos, con énfasis en tres instrumentos clave: los ceses al fuego, la figura de gestores de paz y la suspensión de órdenes de captura. A partir de fuentes institucionales y reportes recientes, se argumenta que, aunque la política ha logrado avances en términos de apertura de diálogos y legitimidad internacional, presenta inconsistencias significativas en su ejecución, especialmente en la verificación de compromisos, la coherencia jurídica y el control territorial. 

 La principal conclusión es que la Paz Total ha sido una política con alta legitimidad normativa, pero con limitada eficacia operativa.

 Palabras clave: Paz Total, ceses al fuego, gestores de paz, suspensión de captura, conflicto armado, Colombia.

 1. ENTRE LA INNOVACIÓN POLÍTICA y la FRAGILIDAD INSTITUCIONAL 

 La política de Paz Total impulsada por el gobierno de Gustavo Petro representa un intento de reconfigurar el enfoque tradicional de negociación del conflicto armado en Colombia. A diferencia de modelos previos —como el desarrollado durante el proceso con las FARC-EP—, esta estrategia se fundamenta en la simultaneidad de diálogos con múltiples actores armados, tanto de naturaleza política como criminal.

 Este giro se institucionaliza con la Ley 2272 de 2022, que amplía el marco jurídico de la política de paz, habilitando instrumentos diferenciados para negociación y sometimiento. No obstante, esta expansión normativa ha planteado desafíos sustantivos en términos de gobernabilidad, coordinación interinstitucional y coherencia jurídica.

 2. ARQUITECTURA NORMATIVA: Expansión de instrumentos y ambigüedad regulatoria

 La Ley 2272 de 2022 introdujo una arquitectura flexible que reconoce la heterogeneidad de actores armados en Colombia. Este marco permite, por un lado, negociaciones políticas con grupos insurgentes y, por otro, procesos de sometimiento a la justicia para organizaciones criminales.

 Sin embargo, esta flexibilidad normativa generó una ambivalencia estructural: el Estado amplió su capacidad de interlocución sin desarrollar simultáneamente mecanismos suficientemente robustos de regulación, verificación y sanción. En consecuencia, la política operó en múltiples escenarios con niveles desiguales de institucionalización, lo que debilitó su coherencia interna.

 3. CESE AL FUEGO: Entre la coherencia declarativa y la fragmentación operativa

 

Los ceses al fuego constituyen uno de los pilares de la Paz Total. Su propósito ha sido reducir la intensidad del conflicto y generar condiciones para el diálogo. En términos parciales, algunos datos sugieren efectos positivos: según el informe La paz ¿cómo vamos? (2025), se registró una disminución del 3,2 % en violaciones al cese al fuego entre 2023 y 2024, así como una reducción del 4,7 % en acciones hostiles.

 No obstante, estos resultados deben interpretarse con cautela. La implementación de los ceses ha sido heterogénea, con mecanismos de verificación robustos en algunos procesos (como el del ELN) y notablemente débiles en otros, especialmente en diálogos urbanos y con estructuras criminales.

 Adicionalmente, la fragmentación interna de los grupos armados —particularmente en las disidencias de las FARC— ha producido una “geometría variable” de los ceses: acuerdos nacionales que, en la práctica, se suspenden o incumplen en territorios específicos. Esta inconsistencia ha limitado su impacto estructural y ha permitido la persistencia de dinámicas de violencia.

 4. DINÁMICAS DEL CONFLICTO: Expansión armada y crisis humanitaria

 Uno de los principales indicadores de la efectividad de la política de paz es su capacidad para contener o reducir la violencia. En este punto, el balance es crítico.

Según la Fundación Ideas para la Paz (2026), los grupos armados ilegales alcanzaron más de 27.000 integrantes, lo que representa un incremento del 23,5 % en comparación con el año anterior. Este crecimiento evidencia una expansión organizativa y territorial que contrasta con los objetivos de la Paz Total.

 Asimismo, la Defensoría del Pueblo reportó que, durante la crisis del Catatumbo en 2025, más de 64.000 personas fueron desplazadas y más de 16.000 confinadas. Este episodio constituye una de las mayores crisis humanitarias recientes y revela la persistencia de disputas armadas en territorios estratégicos.

 En términos de derechos humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó 63 masacres en 2025, así como un alto número de asesinatos de líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz. Estas cifras indican que la reducción de hostilidades no se tradujo en una disminución sustantiva de la violencia estructural.

 5. GESTORES DE PAZ: Funcionalidad política y debilidad jurídica

 La figura de gestores de paz ha sido uno de los instrumentos más controvertidos de la política. Su propósito es facilitar procesos de diálogo mediante la participación de actores con capacidad de intermediación, incluso cuando estos se encuentran privados de la libertad.

 Desde el punto de vista jurídico, esta figura tiene antecedentes normativos, como el Decreto 1175 de 2016. Sin embargo, su expansión durante el actual gobierno ha generado cuestionamientos sobre su uso.

 El principal problema radica en su progresiva desinstitucionalización: en varios casos, la designación de gestores no ha estado acompañada de rutas claras de sometimiento, compromisos verificables ni mecanismos de rendición de cuentas. En escenarios urbanos como Medellín o Quibdó, esta situación ha generado incertidumbre jurídica y ha debilitado la legitimidad del proceso.

 6. SUSPENSIÓN DE ÓRDENES DE CAPTURA: Tensiones entre paz y legalidad

 La suspensión de órdenes de captura es uno de los instrumentos más sensibles de la Paz Total. Si bien la Ley 2272 de 2022 autoriza su uso para facilitar negociaciones, la Corte Constitucional de Colombia, en la Sentencia C-525 de 2023, estableció límites claros: la medida debe ser excepcional, motivada y sujeta a control judicial.

 En la práctica, este instrumento ha generado tensiones entre el Ejecutivo y las autoridades judiciales. Casos recientes han evidenciado el riesgo de que actores armados mantengan su capacidad operativa mientras se benefician de la suspensión de captura, lo que debilita la credibilidad del proceso.

 La tensión estructural es evidente: mientras la lógica política busca flexibilizar la acción penal para facilitar la paz, el orden constitucional exige garantías de legalidad, proporcionalidad y control judicial. La falta de equilibrio entre estos principios ha generado inconsistencias en la implementación.

 7. COHERENCIA e INCONSISTENCIAS DE LA POLÍTICA DE PAZ TOTAL 

 Desde una perspectiva analítica, la política presenta elementos de coherencia e inconsistencia que deben ser diferenciados.

 COHERENCIA:

 1. Reconocimiento de la complejidad del conflicto armado contemporáneo

2. Diversificación de instrumentos de negociación y sometimiento

3. Reposicionamiento de la paz como eje central de la política pública

4. Internacionalización del acompañamiento y verificación

 INCONSISTENCIAS:

 1. Desigualdad en los mecanismos de verificación de ceses al fuego

2. Expansión normativa sin fortalecimiento institucional equivalente

3. Ambigüedad jurídica en la figura de gestores de paz

4. Tensiones entre el Ejecutivo y el sistema judicial

5. Incapacidad para contener la expansión territorial de grupos armados

 

8. A MANERA DE CIERRE:

 

 Legitimidad normativa sin consolidación territorial

 El balance de la Paz Total no puede reducirse a una dicotomía entre éxito y fracaso. Se trata, más bien, de una política que ha logrado avances significativos en el plano normativo y político, pero que enfrenta serias limitaciones en su implementación.

 La principal lección es que la paz no puede sostenerse únicamente sobre la voluntad política o la apertura de diálogos. Requiere, de manera imprescindible, una capacidad estatal robusta que garantice control territorial, verificación efectiva, coherencia jurídica y coordinación interinstitucional.

 En ausencia de estos elementos, la negociación corre el riesgo de convertirse en una gestión transitoria de la violencia, más que en un proceso de transformación estructural del conflicto.

 

CARLOS MEDINA GALLEGO - Historiador- Analista Político 

 

REFERENCIAS (formato APA 7)

1. Corte Constitucional de Colombia. (2023). Sentencia C-525/23.

2. Defensoría del Pueblo. (2025). Informes de crisis humanitaria y violencia en Colombia.

3. Fundación Ideas para la Paz. (2026). Dinámicas del conflicto armado en Colombia.

4. Ley 2272 de 2022. Por medio de la cual se modifica la Ley 418 de 1997.

5. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2026). Informe anual sobre Colombia 2025.

6. Pares & Vivamos Humanos. (2025). La paz ¿cómo vamos? Radiografía de los procesos de diálogo en Colombia.