LA IGUALDAD SIN TUTELA

 Contra la infantilización política de las mujeres

 

Hay una paradoja incómoda en el debate contemporáneo sobre género que pocos se atreven a nombrar con claridad: mientras más se habla de empoderamiento, más se multiplican los dispositivos institucionales que tratan a las mujeres como sujetos incapaces de competir en condiciones de igualdad.

 Esta contradicción no es menor. Es, de hecho, el síntoma de una deriva ideológica que ha desplazado la idea de igualdad —como conquista histórica basada en la autonomía y el mérito— hacia una concepción tutelar de los derechos, donde el Estado y las instituciones actúan como garantes permanentes de una supuesta fragilidad estructural femenina.

 Pero la realidad es más compleja —y más incómoda— que ese relato.

 LAS MUJERES QUE NO PIDIERON PERMISO. 

 Existen —y han existido siempre— mujeres que alcanzaron posiciones de excelencia en la ciencia, la política, la economía y la cultura sin cuotas, sin privilegios normativos y sin discursos de victimización. Lo hicieron enfrentando obstáculos reales, sin duda, pero sin convertir esos obstáculos en el eje de su identidad política.

 No construyeron su lugar en el mundo a partir de la denuncia permanente, sino desde la capacidad. No necesitaron declarar a los hombres como adversarios estructurales para afirmarse. No reclamaron ser protegidas: exigieron ser reconocidas.

 Ese tipo de trayectoria encarna una idea de igualdad radicalmente distinta: una igualdad que no se concede, sino que se ejerce. Y justamente por eso resulta incómoda para ciertos discursos contemporáneos.

 CUANDO LA POLÍTICA SUSTITUYE AL MÉRITO 

 El problema no es el feminismo en sí —que ha sido una fuerza histórica imprescindible—, sino su mutación en una gramática institucional de la compensación permanente. Bajo esta lógica, la desigualdad ya no se combate ampliando capacidades, sino redistribuyendo posiciones mediante criterios identitarios.

 El resultado es una inversión peligrosa: el derecho deja de estar anclado en la condición de ciudadanía y comienza a depender de la pertenencia a una categoría.

Esto tiene efectos concretos: se erosiona la legitimidad del mérito, se introduce sospecha sobre los logros alcanzados, se consolida una cultura de la excepción en lugar de la igualdad. En nombre de la equidad, se termina debilitando la idea misma de igualdad.

 LA EXPANSIÓN INFINITA DE LA VIOLENCIA 

 Uno de los terrenos donde esta deriva se hace más visible es en la expansión del concepto de violencia de género. Lo que comenzó como una lucha legítima contra formas graves de violencia ha evolucionado, en ciertos contextos, hacia una inflación conceptual donde casi cualquier interacción puede ser susceptible de reinterpretación punitiva.

 La incorporación de categorías como violencia simbólica, psicológica o cultural no es problemática en sí misma. El problema aparece cuando esas categorías se vuelven difusas, operativamente ambiguas y susceptibles de uso estratégico con fines punitivos.

 En ese punto, el derecho deja de ser un instrumento de justicia y se convierte en un campo de disputa moral. Y cuando eso ocurre, los principios básicos —presunción de inocencia, carga de la prueba, debido proceso— empiezan a tensionarse peligrosamente.

No es un detalle técnico. Es una cuestión de civilización jurídica.

 UNIVERSIDADES: DEL PENSAMIENTO CRÍTICO AL CONTROL MORAL 

 El fenómeno no se limita al ámbito judicial. En muchas universidades —que deberían ser espacios de pensamiento libre y crítico— se ha instalado un clima de vigilancia simbólica donde disentir puede implicar sanción social o institucional.

 Bajo el lenguaje de la inclusión, se han construido dispositivos que operan como filtros ideológicos. No se trata solo de proteger derechos, sino de definir qué se puede decir, cómo se puede decir y quién está autorizado a decirlo y eso en una  universidad como la  Nacional es supremamente grave.  

 El resultado es una paradoja: instituciones que históricamente fueron motores de crítica terminan funcionando como espacios de conformidad en una envoltura de supuesta inconformidad.

 LA FRAGMENTACIÓN COMO FORMA DE CONTROL 

 Esta transformación no ocurre en el vacío. Se inscribe en una lógica más amplia del capitalismo contemporáneo, donde las luchas sociales tienden a fragmentarse en múltiples agendas identitarias.

 Como advierte Nancy Fraser, el desplazamiento desde la redistribución hacia el reconocimiento puede terminar siendo funcional a un orden que integra demandas simbólicas sin alterar estructuras económicas profundas.

 La consecuencia es doble: se intensifican conflictos horizontales (entre grupos sociales); se debilita la capacidad de confrontar las desigualdades estructurales En otras palabras: se pelea más entre iguales y menos contra las condiciones que producen la desigualdad.

EL RIESGO DE LA POLÍTICA DE LA VICTIMIZACIÓN

 Nada de esto implica negar la existencia de violencias reales ni las condiciones difíciles que enfrentan millones de mujeres, especialmente en contextos populares. Sería absurdo hacerlo. Pero una cosa es reconocer la violencia, y otra muy distinta construir una identidad política basada exclusivamente en la victimización.

 Cuando eso ocurre, emergen riesgos claros: dependencia de la protección institucional, debilitamiento de la agencia individual, incentivos perversos en la disputa por el reconocimiento.  En su versión más extrema, la política deja de orientarse a transformar condiciones y se convierte en una competencia por estatus de víctima.

 LA TRAMPA DE LA FALSA PROTECCIÓN 

 Hay algo profundamente problemático en la idea de que la igualdad deba alcanzarse a través de mecanismos que, implícitamente, sugieren incapacidad.

 Porque, aunque no se diga explícitamente, el mensaje subyacente es claro: sin intervención especial, las mujeres no podrían competir en igualdad. Ese no es un discurso emancipador. Es una forma sofisticada de paternalismo. Y como todo paternalismo, termina reproduciendo aquello que dice combatir.

 OTRA FORMA DE FEMINISMO ES POSIBLE. 

 Frente a esta deriva, existen corrientes —particularmente en el feminismo popular— que mantienen una perspectiva distinta: articulada con luchas sociales más amplias, menos centrada en la disputa simbólica y más en las condiciones materiales de existencia.

 Ese feminismo no fragmenta: conecta. No victimiza: organiza. No tutela: potencia. Y sobre todo, no convierte la diferencia en un campo de confrontación permanente, sino en una base para la construcción colectiva.

 VOLVER A LA IGUALDAD SIN ADJETIVOS.

 La pregunta de fondo es incómoda pero inevitable: ¿queremos una sociedad de individuos libres e iguales o una sociedad de categorías protegidas de manera diferencial?. Porque no son lo mismo.

 La igualdad real no puede construirse desde la infantilización política ni desde la sospecha permanente entre hombres y mujeres. Tampoco desde la expansión indefinida de categorías punitivas ni desde la fragmentación de las luchas sociales.

 Se construye desde otro lugar: desde la autonomía, desde la responsabilidad, desde el reconocimiento mutuo. Y, sobre todo, desde una idea simple pero poderosa: que los derechos no se conceden por pertenecer a una identidad, sino por ser parte de la humanidad. 

 

CARLOS MEDINA GALLEGO  Historiador- Analista Político