La DESOBEDIENCIA CIVIL como DEFENSA de la SOBERANÍA y del ESTADO CONSTITUCIONAL

 El reciente llamado formulado por el candidato presidencial Iván Cepeda Castro a considerar la desobediencia civil si el presidente electo no renuncia oportunamente a la ciudadanía estadounidense incompatible con el ejercicio de la Presidencia de la República —en caso de que esa incompatibilidad llegara a verificarse conforme al ordenamiento jurídico colombiano— y si persistiera una injerencia indebida de autoridades extranjeras en los asuntos internos del país, ha abierto un debate de enorme trascendencia para la democracia colombiana.

 El llamado de Iván Cepeda Castro a la desobediencia civil pacífica no puede entenderse únicamente como una controversia sobre la doble ciudadanía del presidente electo Abelardo de la Espriella. Su sentido político más profundo está en la defensa de la soberanía nacional frente a una injerencia extranjera abierta, indebida y peligrosa, atribuida al presidente Donald Trump y a su secretario de Estado, Marco Rubio, en los asuntos internos de Colombia.

 Cuando un mandatario extranjero interviene en una contienda política nacional, respalda públicamente a un candidato, condiciona relaciones diplomáticas o pretende orientar el rumbo institucional de otro país, deja de actuar como simple observador internacional y se convierte en factor de presión sobre la autodeterminación democrática de un pueblo.

 Esa intromisión resulta aún más grave cuando proviene de Estados Unidos, país con una larga historia de intervenciones políticas, económicas, militares y judiciales en América Latina.

 En este contexto, la exigencia de Cepeda no es un gesto caprichoso ni una reacción meramente partidista. Es una advertencia democrática: Colombia no puede aceptar que su Presidencia quede subordinada a intereses extranjeros, ni que la Casa Blanca, a través de Donald Trump y Marco Rubio, pretenda definir el curso de la política colombiana. La soberanía popular no puede ser reemplazada por tutelajes imperiales, ni la voluntad ciudadana puede quedar capturada por agendas externas.

 La eventual ciudadanía estadounidense del presidente electo agrava ese debate, porque abre una pregunta de fondo sobre lealtades políticas, compromisos jurídicos y subordinación estratégica. Un jefe de Estado colombiano debe estar sometido exclusivamente a la Constitución de Colombia, a la soberanía del pueblo colombiano y al interés nacional. No puede existir sombra de dependencia frente a otra potencia, mucho menos en una coyuntura marcada por presiones diplomáticas, judiciales y geopolíticas.

 Por eso, la desobediencia civil planteada por Cepeda debe leerse como una forma de resistencia pacífica frente a dos riesgos simultáneos: la posible ilegitimidad constitucional derivada de una doble ciudadanía no resuelta y la injerencia directa de Trump y Rubio en la vida política interna del país. No se trata de promover el caos, sino de defender un principio elemental: Colombia no es un protectorado, no es una colonia, no es una pieza subordinada del ajedrez geopolítico estadounidense.

 La democracia colombiana se debilitaría gravemente si normaliza que actores extranjeros intervengan en sus elecciones, presionen a sus instituciones o condicionen la acción de sus gobernantes. Frente a ello, la ciudadanía tiene derecho a organizarse, deliberar, movilizarse y resistir pacíficamente. La desobediencia civil, en este caso, aparece como un recurso ético para exigir respeto por la Constitución, por la soberanía nacional y por la dignidad política del país.

 En consecuencia, el llamado de Iván Cepeda Castro debe ser entendido como una defensa del Estado constitucional, de la independencia nacional y del principio democrático según el cual Colombia debe ser gobernada por decisiones soberanas de su pueblo, no por imposiciones de Donald Trump, Marco Rubio ni de ningún poder extranjero.

 Más allá de las posiciones políticas que puedan existir frente a este pronunciamiento, la discusión invita a reflexionar sobre un concepto fundamental de las democracias constitucionales: la desobediencia civil.  Se trata de una institución ética y política que no busca destruir el orden democrático, sino defenderlo cuando sectores de la ciudadanía consideran que sus principios esenciales están siendo comprometidos.

 La desobediencia civil pertenece a la tradición democrática. No surge en los regímenes autoritarios, donde toda oposición suele ser reprimida, sino precisamente en sociedades donde los ciudadanos conservan la convicción de que la soberanía reside en el pueblo y de que el poder público está sometido a límites constitucionales. 

 Desde las reflexiones de Henry David Thoreau hasta las luchas no violentas de Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr., la historia demuestra que la resistencia pacífica ha sido un instrumento para ampliar libertades y fortalecer los derechos fundamentales.

 La Constitución Política de Colombia establece que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo y que las autoridades ejercen funciones públicas dentro de los límites fijados por la Constitución y la ley. Ningún gobernante recibe un mandato ilimitado ni puede situarse por encima del orden constitucional. La legitimidad democrática no proviene únicamente del resultado electoral; también depende del respeto permanente por la Constitución, la separación de poderes, los derechos fundamentales y la soberania y la  independencia nacional.

 En ese contexto, toda controversia relacionada con los requisitos constitucionales para ejercer la Presidencia debe ser resuelta mediante los mecanismos institucionales previstos por el ordenamiento jurídico. Corresponde a las autoridades competentes verificar los hechos, interpretar las normas aplicables y adoptar las decisiones que en derecho correspondan. La defensa del Estado constitucional exige que las controversias se tramiten con pruebas, debido proceso y respeto por las instituciones.

 Del mismo modo, la soberanía nacional constituye uno de los pilares del Estado colombiano. Ningún Estado extranjero debería intervenir indebidamente en las decisiones políticas internas de Colombia. Si existieran actuaciones que pudieran constituir presiones o injerencias incompatibles con el principio de autodeterminación de los pueblos, estas deberían ser examinadas y enfrentadas mediante los instrumentos del derecho internacional, la diplomacia y las instituciones nacionales.

 Es precisamente cuando amplios sectores de la ciudadanía perciben que esos principios fundamentales pueden verse comprometidos cuando reaparece el debate sobre la desobediencia civil. No como una invitación al caos ni como un desconocimiento generalizado de la ley, sino como una forma pública, consciente, pacífica y responsable de expresar desacuerdo frente a decisiones consideradas incompatibles con los valores superiores del orden constitucional.

 La desobediencia civil exige un profundo compromiso ético. Rechaza toda forma de violencia, actúa de manera transparente y asume las consecuencias jurídicas de sus actos. Su propósito no consiste en sustituir las instituciones democráticas, sino recordarles cuál es su razón de ser: garantizar la dignidad humana, proteger las libertades públicas y servir al interés general.

 Las grandes conquistas democráticas de la humanidad fueron posibles porque millones de ciudadanos decidieron cuestionar pacíficamente órdenes consideradas injustas. Los derechos laborales, la igualdad jurídica, la ampliación del sufragio, la protección de las minorías y numerosas libertades civiles surgieron gracias a procesos de movilización democrática que combinaron participación ciudadana, deliberación pública y resistencia no violenta.

 Por ello, ninguna democracia sólida puede exigir obediencia absoluta. La fortaleza institucional se construye aceptando el control ciudadano, la crítica pública y el derecho de la sociedad a organizarse pacíficamente cuando considera que determinados principios constitucionales están siendo vulnerados. La democracia no se debilita por el disenso; se debilita cuando el disenso deja de ser posible.

 En Colombia, el Estado Social de Derecho fue concebido precisamente para impedir la concentración arbitraria del poder. Los mecanismos de participación, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la protesta pacífica constituyen herramientas legítimas mediante las cuales la ciudadanía puede expresar su inconformidad dentro del marco constitucional.

 La desobediencia civil forma parte de esa tradición democrática cuando conserva su carácter público, pacífico, proporcional y orientado a la protección de valores superiores.

 El debate suscitado por las declaraciones de Iván Cepeda Castro trasciende coyunturas electorales. Plantea preguntas de fondo sobre la defensa de la soberanía, la autonomía institucional, la supremacía de la Constitución y el papel de la ciudadanía en la preservación del Estado democrático.

 Independientemente de las posiciones políticas, toda democracia madura debe ser capaz de discutir estas cuestiones con serenidad, argumentos y apego al derecho.

 La democracia no consiste únicamente en votar cada cierto número de años. También exige una ciudadanía vigilante, crítica y comprometida con la defensa permanente del orden constitucional. Cuando las instituciones funcionan correctamente, son ellas las llamadas a resolver las controversias. Cuando la ciudadanía considera que existen riesgos para los principios fundamentales del Estado, la movilización pacífica y la deliberación pública continúan siendo expresiones legítimas de la participación democrática.

 En definitiva, la desobediencia civil constituye uno de los últimos recursos éticos de una sociedad libre. No pretende reemplazar la Constitución, sino reivindicar su vigencia; no busca destruir la democracia, sino impedir que se aparte de los principios que le dan legitimidad. En esa medida, cualquier convocatoria a la desobediencia civil solo encuentra justificación dentro de los parámetros de la no violencia, el respeto por la dignidad humana y la defensa del Estado constitucional de derecho.

 

CARLOS MEDINA GALLEGO 

Historiador – Analista Político