LA PAZ TOTAL EN COLOMBIA: AVANCES PARCIALES, FRAGMENTACIÓN ARMADA E INCERTIDUMBRE POLÍTICA

 

Una lectura de abril y mayo de 2026

 La política de “Paz Total” impulsada por el gobierno de Gustavo Petro atraviesa, durante los meses de abril y mayo de 2026, uno de sus momentos más complejos y decisivos. 

 A pocos meses del cierre del actual gobierno y en medio de una intensa campaña presidencial marcada por la polarización política, el proceso de negociaciones con distintos grupos armados ilegales presenta un balance ambiguo: algunos avances humanitarios y territoriales conviven con profundas dificultades jurídicas, operativas y políticas que ponen en duda la sostenibilidad de los diálogos en el mediano plazo.

 La Paz Total fue concebida desde 2022 como una estrategia integral destinada a negociar simultáneamente con organizaciones insurgentes, disidencias y resurgencias armadas, estructuras narcotraficantes y bandas criminales urbanas, bajo el supuesto de que el conflicto colombiano ya no podía abordarse mediante una sola mesa de negociación o exclusivamente desde una perspectiva militar. 

 La Ley 2272 de 2022 permitió ampliar los instrumentos jurídicos del Estado para establecer conversaciones políticas y procesos de sometimiento sociojurídico con distintos actores armados.

 Sin embargo, hacia abril y mayo de 2026, la política enfrenta tensiones derivadas de la fragmentación de los grupos armados, la persistencia de economías ilícitas, las disputas territoriales y las limitaciones institucionales del Estado para garantizar implementación, control territorial y seguridad para las comunidades.

 LAS PRINCIPALES MESAS DE NEGOCIACIÓN

 Durante este periodo, el Gobierno mantiene abiertas distintas mesas de conversación y espacios sociojurídicos con actores armados de naturaleza diversa.

 ELN: ENTRE EL ESTANCAMIENTO Y LA DESCONFIANZA

 La mesa con el Ejército de Liberación Nacional continúa siendo la más emblemática y al mismo tiempo una de las más inestables. Aunque en años anteriores se logró un histórico cese bilateral al fuego de un año y un acuerdo de participación de la sociedad civil  las conversaciones entraron en crisis debido a incumplimientos, ataques armados y diferencias sobre el modelo de negociación.

 En abril y mayo de 2026 persisten dificultades relacionadas con: La falta de confianza entre las partes; las disputas territoriales entre el ELN y disidencias de las FARC en regiones como Catatumbo y Arauca; La presión militar sobre algunas estructuras y la dificultad para mantener mecanismos efectivos de verificación.

 El ELN insiste en discutir transformaciones estructurales del Estado y reformas económicas y sociales, mientras sectores institucionales y de oposición consideran que la negociación se ha prolongado sin resultados definitivos. A ello se suma la preocupación por la expansión territorial del grupo durante el periodo de negociación.

 El proceso con Comuneros del Sur, una disidencia del ELN, se mantiene en medio de grandes dificultades jurídicas para avanzar. 

 EL ESTADO MAYOR CENTRAL (EMC)

 La negociación con las disidencias agrupadas alrededor del denominado Estado Mayor Central ha sufrido fuertes fracturas internas. La división entre sectores cercanos a alias Iván Mordisco y otros mandos regionales (Calarcá) produjo rupturas operativas y enfrentamientos internos. 

 En 2026 el gobierno mantiene conversaciones con algunos sectores disidentes que aún aceptan mecanismos de diálogo, mientras desarrolla operaciones militares contra otras facciones consideradas responsables de ataques terroristas y expansión narcotraficante.

 La situación se agravó tras hechos violentos ocurridos en distintas regiones del país, incluidos atentados y acciones armadas registradas durante abril de 2026, en el sur occidente del país en los departamentos de Cauca y Nariño. 

 Las principales dificultades de esta mesa son: Fragmentación del mando insurgente; falta de unidad política solida; dependencia estructural de la económica del narcotráfico; autonomía regional de los frentes; Escasa capacidad de los mandos para imponer decisiones sobre diálogo y paz. 

 Esto ha llevado a que la negociación funcione más como múltiples diálogos territoriales que como una mesa nacional coherente.

 SEGUNDA MARQUETALIA

 El proceso con la Segunda Marquetalia continúa "formalmente abierto", aunque con avances limitados y dificultades relacionadas con la pérdida de cohesión de la organización por los golpes que ha sufrido está resurgencia.

 El debilitamiento militar y las disputas internas han reducido la capacidad de interlocución política de esta estructura. Aun así, el Gobierno sostiene canales de comunicación orientados a acuerdos humanitarios, reducción de hostilidades y posibles mecanismos de reincorporación.

 La incertidumbre sobre el liderazgo real de la organización y su capacidad efectiva de control territorial sigue siendo uno de los mayores obstáculos.

 La segunda Marquetalia es el grupo de Iván Márquez, que prácticamente está desmantelado. El resto de esa segunda Marquetalia está agrupado en la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que dirige Walter Mendoza. En la práctica no hay diálogos con ellos 

 DIÁLOGOS CON EL CLAN DEL GOLFO

 Uno de los hechos más controversiales de mayo de 2026 ha sido el avance de conversaciones sociojurídicas con el Clan del Golfo, considerado el grupo narcotraficante más poderoso del país.

 El Gobierno anunció la creación de zonas de ubicación temporal para aproximadamente 400 integrantes de la organización, en una apuesta por iniciar procesos de tránsito hacia la vida civil. 

 Las conversaciones, desarrolladas parcialmente en Doha, Qatar, han generado fuertes controversias jurídicas y políticas debido a: Solicitudes de suspensión de órdenes de captura; tensiones con la Fiscalía General ; presiones diplomáticas de Estados Unidos; debate sobre el carácter político o criminal del grupo; temor a interferencias electorales.

 El proceso ha sido criticado por sectores que consideran riesgoso negociar con estructuras eminentemente narcotraficantes sin un marco jurídico plenamente consolidado. 

 No obstante, el Gobierno sostiene que la magnitud territorial y militar del Clan del Golfo obliga a buscar salidas negociadas para reducir la violencia en regiones históricamente afectadas (Córdoba, Choco y la región del caribe en general)

 LOS DIÁLOGOS URBANOS

 La Paz Total también mantiene espacios sociojurídicos con estructuras criminales urbanas en ciudades como Medellín, Buenaventura y Quibdó.

 En algunos casos se han producido reducciones temporales de homicidios y acuerdos de no agresión entre bandas rivales.

 Sin embargo, estos procesos presentan enormes limitaciones:

Fragilidad jurídica; ausencia de ley clara de sometimiento; persistencia de economías ilegales; continuidad de extorsiones y microtráfico; influencia territorial de organizaciones mayores como el Clan del Golfo.

 Las comunidades valoran algunas reducciones de violencia, pero persiste la percepción de que muchas estructuras criminales aprovecharon las negociaciones para fortalecerse y expandirse.

 LOS PRINCIPALES AVANCES

 A pesar de las dificultades, la Paz Total sí ha producido algunos avances importantes durante este periodo pese al excepticismo critico de algunos investigadores y analistas que aseguran que la paz total ha sido un fracaso total. 

 1. APERTURA SIMULTÁNEA DE MÚLTIPLES DIÁLOGOS

 Por primera vez en décadas, el Estado colombiano logró abrir canales de interlocución con casi todos los principales actores armados del país, incluyendo guerrillas, disidencias, grupos narcotraficantes y estructuras urbanas.

 2. REDUCCIONES TEMPORALES DE VIOLENCIA

 En distintos territorios se registraron disminuciones parciales de enfrentamientos armados, desplazamientos y homicidios durante periodos específicos de cese al fuego. 

 3. PARTICIPACIÓN SOCIAL

 Las mesas incorporaron mecanismos de participación de comunidades, organizaciones sociales, iglesias y actores territoriales, especialmente en los diálogos con el ELN. Está experiencia es un acumulado importante en un enfoque de paz territorial. 

 4. POSICIONAMIENTO DE LA PAZ COMO EJE CENTRAL DEL DEBATE NACIONAL

 La Paz Total logró reinstalar la discusión sobre salidas negociadas al conflicto armado en el centro de la agenda pública colombiana. No obstante, como todo proceso de paz, de esta magnitud y complejidad, también ha tenido dificultades. 

 LAS GRANDES DIFICULTADES

 Los problemas estructurales siguen siendo enormes.

 FRAGMENTACIÓN ARMADA

 El principal obstáculo es que el conflicto colombiano ya no está dominado por organizaciones verticales y centralizadas. Muchos grupos funcionan mediante redes regionales autónomas ligadas a economías ilícitas, otras organizaciones han hecho de la violencia una forma de vida y de injerencia y control de las dinámicas territoriales.

 ECONOMÍAS ILEGALES

 El narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el contrabando continúan financiando la expansión armada. En muchos casos, la lógica económica pesa más que cualquier proyecto político. Se fue instaurando un modelo de capitalismo criminal. 

 DEBILIDAD ESTATAL

 La limitada presencia institucional en regiones periféricas dificulta consolidar acuerdos y garantizar seguridad para las comunidades. No sé ha podido establecer una presencia más integral de estado con programas de desarrollo y bienestar. 

 AUSENCIA DE MARCOS JURÍDICOS CONSOLIDADOS

 La Corte Constitucional limitó parcialmente las facultades del Ejecutivo para negociar con organizaciones sin reconocimiento político, generando vacíos legales sobre sometimiento y beneficios judiciales. 

 POLARIZACIÓN POLÍTICA

 La Paz Total se convirtió también en escenario de confrontación electoral. Mientras algunos sectores la consideran una apuesta necesaria para cerrar ciclos de violencia, otros la presentan como una política improvisada que fortaleció a los grupos armados.

 UNA POLÍTICA ENTRE LA ESPERANZA Y LA INCERTIDUMBRE

 Abril y mayo de 2026 muestran una Paz Total atravesada por contradicciones profundas. El Gobierno logró abrir diálogos inéditos y posicionar nuevamente la salida negociada como horizonte político, pero al mismo tiempo enfrenta el crecimiento y fragmentación de actores armados cuya lógica criminal y territorial supera muchas veces la capacidad estatal de regulación.

 El conflicto colombiano actual ya no responde únicamente a viejas categorías insurgentes. Se trata de un entramado híbrido donde convergen narcotráfico, control territorial, economías ilegales, poderes locales armados y estructuras criminales flexibles.

 La gran pregunta hacia el futuro es si Colombia logrará construir una segunda generación de procesos de paz capaces de combinar negociación política, sometimiento judicial, presencia estatal efectiva y transformación territorial, o si la Paz Total terminará convertida en un experimento parcialmente inconcluso, condicionado por la transición presidencial de agosto de 2026 y por la persistencia de un conflicto armado cada vez más fragmentado y complejo.

 CARLOS MEDINA GALLEGO  Historiador- Analista Político