POR QUÉ FRACASA LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS Y QUÉ RUTAS VIABLES EXISTEN 

                   A mí amiga Aura María Puyana, de una conversación en redes... Fumigación                            aérea y certificación 

Durante más de medio siglo, Estados Unidos ha impulsado—e irradiado al mundo—una política prohibicionista que se resume bajo el rótulo de “guerra contra las drogas”. El paradigma de “tolerancia cero”, centrado en la erradicación de cultivos, la fumigación aérea, la interdicción y el encarcelamiento masivo, prometió reducir la oferta, encarecer los estupefacientes, disminuir el consumo y quebrar las economías criminales.

 El resultado, sin embargo, ha sido el contrario: aumento sostenido del consumo a escala global; sofisticación y expansión de las cadenas de valor del narcotráfico; integración de capitales ilícitos en sectores lícitos de la economía; y graves impactos humanitarios y ambientales sobre comunidades rurales, especialmente campesinas, indígenas y afrodescendientes.

 Este ensayo ofrece un balance crítico del fracaso de esa política y plantea alternativas viables bajo un enfoque de salud pública, regulación responsable de mercados y transformaciones institucionales y territoriales.

1. EL ESPEJO GLOBAL: CONSUMO EN AUMENTO y MERCADOS MÁS COMPLEJOS 

El primer indicador del fracaso es empírico: el mundo consume más drogas hoy que hace diez años. Según la UNODC, 292 millones de personas usaron drogas en 2022—un aumento del 20% respecto a una década antes—y las tendencias de mercado muestran mayor diversidad de sustancias (cannabis de alta potencia, estimulantes sintéticos, opioides, cocaína) y de rutas de tráfico. La oferta no se contrajo: se adaptó, innovó y se expandió. 

La dinámica de la cocaína ilustra esa resiliencia. En Colombia, el área cultivada de hoja de coca alcanzó 253.000 hectáreas en 2023, con un salto del 53% en la producción potencial de cocaína respecto a 2022, niveles récord en dos décadas. La expansión se concentró en departamentos históricamente golpeados por el conflicto armado y con débil presencia estatal, como Cauca, Nariño, Putumayo y Norte de Santander. 

2. EL ESPEJISMO DEL CONTROL POR LA FUERZA: Fumigación, erradicación y sustitución fallidas

2.1 FUMIGACIÓN AÉREA: costos en salud y eficacia limitada

La aspersión con glifosato—piedra angular del Plan Colombia—fue defendida como herramienta “quirúrgica” para desincentivar la siembra. Sin embargo, evidencia rigurosa mostró aumentos en consultas por afecciones dermatológicas y respiratorias y en abortos espontáneos en zonas expuestas a las aspersiones. Estas externalidades en salud pública, combinadas con daños a cultivos lícitos y tensiones diplomáticas, erosionaron su legitimidad social y su base legal. 

Más allá de los daños, su eficacia fue—en el mejor de los casos—temporal y espacialmente desplazada: los cultivos se movieron hacia áreas nuevas o más remotas, un fenómeno conocido como “efecto globo”, documentado por literatura académica y por evaluaciones críticas del Plan Colombia. Aunque algunos estudios a nivel municipal discuten la magnitud de ese efecto, el balance agregado de dos décadas muestra que la aspersión no logró una reducción sostenida del cultivo ni de la producción, mientras sí generó costos sociales y ambientales significativos. 

2.2 ERRADICACIÓN FORZADA: Incentivos perversos y conflictividad

La erradicación manual forzada, que con frecuencia opera sin alternativas económicas creíbles ni institucionalidad civil suficiente, incrementa riesgos de confrontación y exacerba la precariedad de los hogares campesinos. Al tratarse de una economía de supervivencia, la respuesta típica es resembrar en zonas contiguas o más ocultas, o desplazarse a áreas con menor control estatal, trasladando el problema sin resolverlo. El propio comportamiento de los precios locales y la presencia de actores armados confirman que la erradicación—sin mercados legales y sin Estado funcional—no altera los fundamentos de la economía cocalera. 

2.3 SUSTITUCIÓN VOLUNTARIA MAL IMPLEMENTADA: El caso PNIS

El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), surgido del Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia, prometió reemplazar ingresos ilegales con proyectos lícitos. Sin embargo, retrasos en pagos, exclusiones arbitrarias, promesas incumplidas, débil asistencia técnica y cambios institucionales crónicos minaron la confianza comunitaria y erosionaron derechos. Evaluaciones independientes y de la sociedad civil han documentado el carácter “roto” del programa y la necesidad de rediseños profundos con enfoque territorial, ambiental y de derechos. Además, el anuncio de pagos a veces indujó “siembras de anticipación” (moral hazard) para calificar a beneficios, fenómeno observado en la literatura sobre sustitución. 

3. LA ECONOMÍA POLÍTICA DE  LA  PROHIBICIÓN: Cómo se fortalecen los mercados criminales

La prohibición externaliza la resolución de disputas sobre precios, calidades, rutas y territorios hacia la violencia: si el contrato es ilegal, no hay juez competente y la fuerza se vuelve el mecanismo de cumplimiento. La teoría y la evidencia sobre mercados ilegales muestran que, al elevarse las rentas por riesgo (risk premium), la interdicción selectiva y la represión fragmentada redistribuyen el poder entre organizaciones, aumentando los incentivos a la coerción y la corrupción. El caso colombiano ha probado repetidamente que los shocks de escasez (por interdicción o erradicación) elevan las rentas de actores con capacidad violenta. 

En paralelo, las redes financieras que lavan ganancias criminales se han vuelto más complejas. La UNODC estimó que los montos lavados alcanzaron alrededor del 2,7% del PIB mundial (US$1,6 billones) en 2009, y que los ingresos por drogas son una de las mayores fuentes de utilidades del crimen organizado transnacional. Parte sustancial de estos flujos se integra a sectores convencionales (inmobiliario, comercio exterior, servicios financieros no bancarios) a través de lavado basado en el comercio (TBML), empresas fachada y estructuras societarias opacas. Informes de FATF y del Banco Mundial subrayan el rol del comercio internacional y del sector inmobiliario como vectores críticos de integración de capitales ilícitos en la economía legal. 

4. ESTADOS UNIDOS: La paradoja doméstica de la “guerra”

Mientras Washington exportaba el “modelo”, su crisis de opioides se profundizó: más de 100.000 muertes por sobredosis anuales durante 2021–2023 (aunque con una leve caída en 2023 y una reducción provisional mayor en 2024), con creciente presencia de fentanilo y policonsumos. El dato reitera lo obvio: perseguir oferta en el extranjero no reemplaza una política robusta de salud pública en casa (prevención, tratamiento, reducción de daños, control de prescripción y respuesta a opioides sintéticos). 

La evaluación costo-efectividad también desarma el mito represivo: el clásico estudio de RAND sobre “Controlling Cocaine” mostró que el tratamiento de usuarios problemáticos genera más reducción del consumo por dólar invertido que la interdicción, el control en países de origen o la represión doméstica orientada a la oferta. Esa conclusión ha sido replicada y defendida por distintos análisis, sin que la asignación presupuestal haya reflejado consistentemente esa evidencia. 

5. IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES: Quién paga el costo

La cadena de la cocaína—desde su materia prima—se ancla en ecosistemas frágiles: selvas húmedas, parques y reservas. La expansión de cultivos y laboratorios implica deforestación, contaminación de suelos y aguas por insumos químicos, y presión sobre territorios étnicos. Al mismo tiempo, la convivencia de economías ilegales con pluralidad de actores armados multiplica el desplazamiento forzado, el confinamiento y la victimización de líderes sociales. La “guerra” no desplaza estos costos hacia los traficantes globales; los concentra en campesinos pobres, mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. 

6. ¿POR QUÉ FRACASÓ LA GUERRA?

1. Supuestos errados sobre la elasticidad de la oferta.  La prohibición presupuso que destruir hectáreas o incautar cargamentos sería suficiente para elevar precios y desplomar consumo. La realidad mostró sustitución espacial, aprendizaje tecnológico (mejores variedades, mayor rendimiento) y diversificación logística (narcosubmarinos, químicos camuflados, cadenas financieras opacas). 

2. Desalineación de incentivos entre países consumidores y productores. Estados Unidos externalizó costos ambientales y humanos a países andinos mientras priorizaba objetivos métricos (hectáreas erradicadas, toneladas incautadas) por sobre transformaciones institucionales y sociales de largo plazo.

3. Economía política de la ilegalidad. La prohibición premia a actores con ventaja violenta y redes corruptoras capaces de capturar o evadir al Estado.

4. Subinversión crónica en salud pública: prevención basada en evidencia, tratamiento oportuno, reducción de daños y vigilancia sanitaria quedaron subordinados a la lógica punitivista.

5. Desconexión con el mundo rural: los programas de sustitución, mal financiados y centralistas, fallaron en crear ingresos estables y acceso a mercados, que es lo único que compite eficazmente con la rentabilidad de la coca. La sustitución de la siembra no se acompaño de la seguridad de la sustitución del ingreso por fuertes  productivas legales 

7. Lecciones de alternativas: lo que sí funciona

Ninguna jurisdicción ha hallado la “bala de plata”, pero hay evidencia útil:

Despenalización del consumo y posesión para uso personal (Portugal, desde 2001): se asoció con fuertes caídas en muertes por sobredosis y en nuevas infecciones por VIH entre usuarios, al tiempo que se fortalecieron redes de tratamiento y reducción de daños. La clave no fue “liberalizar” el mercado, sino tratar el consumo problemático como un asunto de salud, no de policía. 

Tratamientos asistidos con heroína (Suiza, y luego Alemania, Países Bajos, Canadá): para usuarios con dependencia severa refractaria a otros tratamientos, la terapia asistida redujo consumo ilícito, criminalidad y riesgos sanitarios, con buena costo-efectividad. 

Regulación del cannabis (Uruguay, Canadá, estados de EE. UU.): al someter producción y venta a controles de calidad, licencias y trazabilidad, se reduce el espacio del mercado ilegal, se obtiene información sanitaria y se reorientan recursos desde la represión a la prevención. La evidencia es heterogénea en efectos específicos, pero muestra que es posible una transición regulatoria sin catástrofes sanitarias y con ganancias institucionales (registro, precios, potencias, advertencias sanitarias). 

8. RUTAS VIABLES PARA SUPERAR LAS ECONOMÍAS DEL NARCOTRÁFICO 

8.1 Regular con enfoque de salud pública

Legalizar y regular no significa “liberar” sin reglas. Implica marcos robustos que definan licencias, estándares de pureza y potencia, etiquetado, restricciones de publicidad, precios e impuestos, límites de edad, canales de venta y vigilancia epidemiológica. En el corto plazo, la prioridad debería ser:

Cannabis: avanzar hacia mercados regulados con control estatal de licencias, trazabilidad “semilla a venta” e impuestos destinados a prevención y tratamiento.

Estimulantes y opioides: implementar, como mínimo, programas de reducción de daños (análisis de sustancias, salas de consumo supervisado, naloxona generalizada) y ensayos de regulación estricta para poblaciones de alto riesgo (p. ej., tratamientos asistidos y prescripción supervisada en contextos clínicos). 

8.2 TRANSICIÓN TERRITORIAL: Del PNIS fallido a un Plan Rural Productivo

Para desactivar la economía cocalera se requiere un paquete integral y persistente:

1. Ingresos puente confiables por 24–36 meses, condicionados a metas productivas realistas, con pagos puntuales y verificables.

2. Infraestructura (vías terciarias, electrificación, conectividad), extensión agroecológica y acceso a crédito con garantías.

3. Compras públicas y contratos de largo plazo para productos sustitutos (cacao, café especial, caucho, frutales), con aseguramiento de precios piso y logística de acopio.

4. Ordenamiento territorial con seguridad civil (policía rural profesional, justicia local, catastro multipropósito) y gobernanza ambiental (pagos por servicios ecosistémicos, acuerdos de conservación).

5. Participación comunitaria vinculante en el diseño y la veeduría de los programas (consejos de planeación, JAC, cabildos), evitando incentivos de siembra oportunista que minan la credibilidad. 

8.3 GOLPEAR LAS FINANZAS, NO LOS CULTIVOS 

Mover el centro de gravedad desde la hectárea erradicada hacia la trazabilidad financiera:

Beneficial ownership: registros reales y verificables para compañías y fideicomisos; interoperabilidad internacional.

TBML: analítica aduanera basada en riesgo (sub/sobrefacturación, “dual invoicing”), integración de datos bancarios y de comercio, y tareas conjuntas aduanas-UIF-fiscalías.

Inmobiliario: debida diligencia reforzada, sujetos obligados no-financieros (notarios, inmobiliarias), y alertas de riesgo por zonas y tipologías. Estas medidas siguen recomendaciones de FATF y herramientas del Banco Mundial para evaluar riesgos sectoriales. 

8.4 COOPERACIÓN INTERNACIONAL HONESTA 

La cooperación debe cambiar de métrica: menos “toneladas incautadas” y más indicadores de salud y desarrollo (reducción de sobredosis, acceso a tratamiento, formalización productiva rural). Los países consumidores deben cofinanciar infraestructura y transición productiva en territorios productores y, a la vez, limpiar sus propios sistemas de lavado y corruptelas corporativas que alimentan la demanda de dinero sucio. 

9. OBJECIONES PREVISIBLES y RESPUESTAS 

1. “La regulación aumentará el consumo”. La evidencia comparada no muestra incrementos explosivos e incontrolados cuando hay regulación estricta y educación sanitaria; los efectos dependen del diseño (precios, límites de potencia, canales). En contraste, la prohibición no ha evitado que el consumo global siga aumentando. 

2. “La erradicación reduce la oferta”. Puede disminuir temporalmente en un municipio, pero el equilibrio nacional se recompone con desplazamientos, mejoras agronómicas y nuevas rutas. Cuando el resultado agregado es récord de cultivos y producción, la política ha fracasado. 

3. “El problema es solo colombiano”. La cadena de valor es transnacional; la etapa de mayor rentabilidad se ubica lejos de la parcela y cerca del lavado en economías avanzadas. Sin transparencia societaria y control del TBML, seguir fumigando selva equivale a barrer el desorden bajo la alfombra. 

IDEAS FUERZA A MANERA DE CIERRE 

El tablero de la guerra contra las drogas revela una combinación de miopía instrumental y persistencia ideológica. Las métricas de hectáreas erradicadas, vuelos de aspersión e incautaciones han demostrado ser malos sustitutos de objetivos sustantivos: menos muertes, menos violencia, menos corrupción y menos daño ambiental. La experiencia comparada sugiere una reorientación estratégica:

Tratar el consumo como problema de salud pública con inversiones masivas en prevención, tratamiento oportuno y reducción de daños.

Regular gradualmente ciertos mercados con controles sanitarios y fiscales, empezando por cannabis y ampliando intervenciones clínicas para poblaciones de alto riesgo en el caso de opioides/estimulantes.

Transformar territorios: pasar de la sustitución intermitente al desarrollo rural productivo con contratos estables, infraestructura, justicia local y seguridad civil.

Atacar las finanzas criminales con transparencia societaria, control del TBML y debida diligencia en inmobiliario y cadenas de suministro.

Reescribir la cooperación: corresponsabilidad real de países consumidores y métricas centradas en salud, derechos y desarrollo.

Persistir en el prohibicionismo punitivo es insistir en un equilibrio perverso que distribuye beneficios a redes criminales y costos a comunidades vulnerables. Cambiar el paradigma no es una concesión; es seguir la evidencia y poner la vida en el centro. 

CARLOS MEDINA GALLEGO 

Historiador- Analista Político 

Referencias.

• UNODC, World Drug Report 2024 (incremento global del consumo). 
• UNODC/Reuters, Colombia 2023: 253.000 ha coca; +53% producción potencial (récords recientes). 
• Camacho & Mejía (CGD), Efectos en salud de la aspersión con glifosato (evidencia causal). 
• UNODC/FATF/Banco Mundial, Lavado de activos ≈ 2,7% del PIB mundial; TBML e inmobiliario (integración de economías lícitas). 
• RAND, Controlling Cocaine (costo-efectividad superior del tratamiento). 
• Portugal, Despenalización y salud pública (caídas en VIH y sobredosis). 
• HAT Suiza/Europa/Canadá (eficacia clínica y social). 
• Evaluaciones PNIS y análisis de sustitución (diseño e implementación deficientes; riesgos de anticipación).