EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN CON EL CLAN DEL GOLFO 

Posibilidades, tensiones y beneficios de la sujeción a la justicia

La política de “Paz Total” emprendida por el gobierno colombiano ha abierto múltiples tableros de diálogo con diversos actores armados, entre los que destaca el proceso recientemente anunciado con el Clan del Golfo. El boletín de monitoreo del 20 de septiembre de 2025 que hace ABCPAZ,  da cuenta de los primeros acuerdos alcanzados en Catar, los cuales contemplan la desvinculación de menores, la sustitución de cultivos ilícitos, la regulación frente a la migración irregular y la presencia de instituciones como el Ministerio de Justicia y el ICBF en territorios priorizados. 

Este escenario se perfila como un intento de superar décadas de confrontación, economías ilegales y violencia sistemática que han configurado el mapa del conflicto en regiones del Urabá, Chocó y Bajo Cauca.

El análisis de este proceso requiere poner en perspectiva el papel que el Clan del Golfo ha jugado en la historia reciente, las transformaciones de sus repertorios de violencia y control territorial, así como los retos que enfrentan tanto el Estado como las comunidades al abrir una ruta de negociación con un actor que combina estructuras militares, economías ilícitas y redes político-criminales. Al mismo tiempo, es preciso evaluar las posibilidades reales de éxito de este proceso y los beneficios concretos para quienes se someten a la justicia, en términos de garantías jurídicas, desarticulación de estructuras y construcción de paz territorial.

CONTEXTO HISTÓRICO DEL CLAN DEL GOLFO 

El Clan del Golfo emergió como una organización armada en la primera década del siglo XXI, heredera de redes criminales y estructuras paramilitares desmovilizadas tras los Acuerdos de Santa Fe de Ralito (2003-2006). Su consolidación estuvo vinculada al control de rutas del narcotráfico, a la apropiación de rentas provenientes de la minería ilegal y a la regulación de economías informales en territorios de alta vulnerabilidad social.

El proceso de expansión del Clan se sostuvo en tres pilares:

1. Control territorial militar: presencia armada en regiones estratégicas como el Urabá antioqueño, el Chocó y el Bajo Cauca, donde logró consolidar corredores de movilidad para la cocaína hacia el Caribe y Centroamérica.

2. Apropiación económica: participación activa en la cadena de producción y exportación de cocaína, explotación ilegal de oro, extorsión a mineros, comerciantes y transportadores, además de la administración de pasos fronterizos con Panamá y Venezuela.

3. Redes sociales y políticas: construcción de pactos de connivencia con actores locales, cooptación de autoridades y, en muchos casos, control social sobre comunidades rurales a través de la violencia selectiva, la regulación de conflictos y la provisión de “orden” en territorios donde el Estado estaba ausente.

En esta trayectoria, el Clan del Golfo se configuró como un actor de poder híbrido: ni estrictamente insurgente ni únicamente delincuencial. Su capacidad de controlar territorios y poblaciones lo convirtió en una amenaza estructural para el Estado y un obstáculo para la consolidación de la paz después de la firma del Acuerdo de 2016 con las FARC-EP.

ACUERDOS DE CATAR: ENTRE LA CONFIANZA Y EL ESCEPTICISMO 

El boletín de paz de septiembre de 2025 anuncia acuerdos iniciales en materia de desvinculación de menores, sustitución de cultivos, migración irregular y presencia institucional en cinco municipios: Mutatá (Antioquia), Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó). Estos puntos son significativos por varias razones:

Plan piloto en cinco municipios: representa un esfuerzo por focalizar la confianza en territorios donde el Clan del Golfo ha ejercido dominio. La experiencia muestra que los pilotos son necesarios para probar mecanismos de verificación, medir capacidades estatales y ajustar la implementación antes de expandir acuerdos a otras zonas.

Desvinculación de menores: el compromiso de entregar niños, niñas y adolescentes al ICBF supone un reconocimiento tácito de prácticas recurrentes de reclutamiento. Si se cumple, significaría un avance en materia de derechos humanos y un debilitamiento del músculo armado de la organización.

Sustitución de cultivos ilícitos: la inclusión de este punto reconoce que las economías cocaleras son la base material de la organización. El éxito dependerá de la capacidad estatal de garantizar ingresos estables, infraestructura productiva y seguridad para los campesinos que decidan sustituir.

Migración irregular: el Clan del Golfo ha explotado durante años las rutas migratorias del Tapón del Darién, convirtiendo el tránsito de miles de personas en una fuente de rentas ilegales. El compromiso de desestimular esta economía supone un reto monumental, dado que implica renunciar a ingresos millonarios.

Protección del medio ambiente: la inclusión de temas ambientales abre un campo novedoso de negociación, vinculando la explotación ilegal de madera, la expansión de la frontera agrícola y los impactos mineros en territorios de altísima biodiversidad.

Estos acuerdos muestran un giro discursivo del Clan del Golfo hacia el reconocimiento de los derechos humanos y la sujeción a mecanismos de verificación. Sin embargo, la historia de incumplimientos en procesos anteriores (como la falsa desmovilización de bloques paramilitares en la década del 2000) genera un escepticismo fundado sobre la real voluntad de transformación.

POSIBILIDADES REALES DEL PROCESO 

La viabilidad de este proceso puede analizarse en tres niveles:

1. Nivel político

El gobierno busca con este proceso no solo desarmar a un actor armado, sino reducir la violencia criminal que afecta a las comunidades. El costo político es alto: negociar con un actor señalado de masacres, narcotráfico y control social puede ser percibido como una concesión inadmisible. Sin embargo, si logra avances verificables, puede consolidar la imagen de la Paz Total como una política integral y no solo simbólica.

2. Nivel territorial

El éxito dependerá de la capacidad institucional para llegar a los territorios con programas sociales, justicia, infraestructura y protección ambiental. La experiencia demuestra que, sin presencia efectiva del Estado, los acuerdos se diluyen y los grupos reconfiguran sus economías ilegales.

3. Nivel organizativo

El Clan del Golfo es una estructura federada, con mandos medios autónomos que muchas veces actúan por intereses propios. La desarticulación exige que la cúpula tenga la capacidad real de imponer disciplina sobre sus frentes. De lo contrario, la fragmentación puede dar lugar a la proliferación de bandas residuales.

En síntesis, el proceso tiene posibilidades moderadas de éxito si logra conjugar verificación internacional, cumplimiento estatal y un diseño diferenciado para cada territorio.

BENEFICIOS DE LA SUJECIÓN A LA JUSTICIA 

El documento plantea que el Clan del Golfo no será caracterizado como grupo paramilitar ni como organización político-militar, lo que abre la puerta a una sujeción a la justicia de carácter especial, distinta a la aplicación estricta del derecho penal ordinario. Entre los beneficios que pueden obtener quienes se sometan se encuentran:

1. Reducción de penas: la entrega de armas, la colaboración en la verdad y la reparación pueden conllevar rebajas significativas en las condenas, siguiendo experiencias previas de la Ley de Justicia y Paz (2005) o del Acuerdo de Paz de 2016.

2. Garantías de seguridad jurídica: los miembros que se acojan a este proceso evitan ser perseguidos como terroristas o narcotraficantes internacionales, lo que representa un incentivo frente a la amenaza de extradición.

3. Reinserción social y económica: programas de reincorporación pueden ofrecer alternativas productivas, formación laboral y apoyo psicosocial, reduciendo la reincidencia en economías ilegales.

4. Participación en procesos restaurativos: la articulación con mecanismos de justicia transicional permitiría que los miembros aporten a la reparación de las comunidades, tanto material como simbólicamente.

5. Beneficios colectivos: más allá de los individuos, la organización puede obtener el reconocimiento de que sus territorios recibirán inversión social, proyectos productivos y presencia institucional, generando un beneficio indirecto para las bases comunitarias que alguna vez estuvieron bajo su control.

CRÍTICAS y RIESGOS DEL PROCESO 

A pesar de los avances, el proceso enfrenta críticas severas:

Legitimidad cuestionada: negociar con un actor asociado a economías ilegales y violencia criminal genera rechazo en sectores de opinión pública y política.

Posible impunidad: si los beneficios jurídicos no están acompañados de verdad y reparación, el proceso puede ser percibido como un pacto de impunidad.

Fragmentación criminal: la falta de cohesión organizativa puede dar lugar a la proliferación de disidencias que mantengan las economías ilegales.

Cooptación institucional: el riesgo de que los acuerdos se conviertan en una estrategia para consolidar poder político y económico en manos de antiguos miembros persiste, como ocurrió tras la desmovilización paramilitar de los años 2000.

IDEAS FUERZA A MANERA DE CIERRE

El proceso de negociación entre el Gobierno y el Clan del Golfo constituye uno de los desafíos más complejos de la política de Paz Total. Los acuerdos iniciales en Catar marcan un punto de partida significativo: la desvinculación de menores, la sustitución de cultivos ilícitos, la regulación de la migración irregular y la protección ambiental son temas de alto impacto social y territorial.

Las posibilidades reales de éxito dependen de tres factores: la capacidad estatal de cumplir los compromisos, la disciplina interna del Clan del Golfo para acatar lo pactado y la verificación internacional que otorgue confianza a las comunidades. Los beneficios para quienes se someten a la justicia son evidentes: reducción de penas, garantías jurídicas, reinserción social y participación en procesos restaurativos. Sin embargo, los riesgos de impunidad, fragmentación y cooptación institucional no deben subestimarse.

En última instancia, este proceso solo tendrá sentido si logra transformar las condiciones estructurales de exclusión, pobreza y ausencia estatal que han permitido la reproducción de estas organizaciones. La paz no se garantiza con firmas ni con comunicados, sino con la construcción cotidiana de confianza entre Estado y comunidades.

CARLOS MEDINA GALLEGO 

Historiador- Analista Político