IVÁN CEPEDA y CAROLINA CORCHO 

           COMO OPCIÓN PRESIDENCIAL

Virtudes, sinergias y desafíos de una dupla para el progresismo

El 2026 coloca al progresismo en Colombia frente a grandes retos en materia de continuidad en un ambiente caldeado de pre-candidaturas, listas y avales

La eventual postulación conjunta de Iván Cepeda Castro y Carolina Corcho —en cualquier orden, como fórmula presidencial o vicepresidencial— condensa dos corrientes que han marcado el ciclo progresista reciente en Colombia: la defensa de los derechos humanos y la paz, por un lado, y la promesa de transformar el Estado social a través de un sistema de salud universal, público y territorial, por el otro. 

Ambos son hoy figuras visibles en la competencia interna del Pacto Histórico rumbo a 2026: Cepeda ha oficializado su aspiración en la consulta, y Corcho se ha presentado como precandidata que busca retomar la agenda social bloqueada en el Congreso.

 La coalición oficialista prevé escoger su candidatura mediante una consulta abierta en octubre de 2025, paso clave para ordenar la oferta y proyectar gobernabilidad. Estas definiciones confieren verosimilitud a la hipótesis de una “dupla” Cepeda–Corcho, que —de concretarse— sería lectura de continuidad y corrección del rumbo del progresismo en un contexto de polarización y demandas sociales insatisfechas. 

CONTEXTO POLITICO: una izquierda en reordenamiento

Tras la elección de 2022, el progresismo enfrentó la paradoja de gobernar sin mayorías estables y con una agenda ambiciosa de reformas. La administración de Gustavo Petro ha impulsado transformaciones (salud, laboral, pensional), pero su curso ha sido accidentado: rotación de gabinete, resistencias legislativas y tensiones dentro del propio campo. Consciente de ello, el Pacto Histórico decidió institucionalizar una consulta para definir su candidatura presidencial y listas al Congreso; el propio Petro ha intervenido para compactar la coalición y evitar la dispersión, al tiempo que compiten liderazgos diversos —desde sectores de movimientos sociales hasta corrientes de izquierda institucional—. 

En ese escenario, la entrada de Cepeda y la precandidatura de Corcho reconfiguran el tablero y abren un debate programático sobre paz, ética pública y Estado social. 

IVÁN CEPEDA: ética pública, memoria y capacidad de negociación

La trayectoria de Iván Cepeda está indeleblemente ligada a la lucha por los derechos humanos y a la centralidad de las víctimas en la política colombiana. Fundador del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), fue reconocido con la Medalla Roger N. Baldwin (2007), uno de los premios internacionales de mayor prestigio para defensores de derechos humanos. Ese capital moral —forjado en la memoria, la denuncia y la construcción de garantías— le ha permitido irradiar credibilidad más allá de las fronteras partidarias. 

A ese perfil ético se suma su experiencia legislativa y de articulación en escenarios de paz. Cepeda ha sido representante y senador, y en el ciclo reciente participó como negociador del Gobierno en la mesa con el ELN. La suspensión de los diálogos en 2025, tras hechos graves de violencia, subraya tanto la complejidad del conflicto como la pertinencia de liderazgos que combinen firmeza y capacidad de recomponer confianzas. Cepeda ha sido, además, una voz influyente en la veeduría ciudadana de la implementación del Acuerdo con las FARC y en el sostenimiento de un enfoque de derechos en la política de seguridad. 

Su figura está ligada, inevitablemente, al largo litigio judicial que derivó en la condena en primera instancia del expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno a testigos: un proceso que se inició con una denuncia contra el propio Cepeda en 2012 y que, con los años, dio un vuelco procesal y simbólico. Sin sobredimensionar su papel —pues se trata de un expediente complejo con múltiples actores—, el caso consolidó su imagen como referente de una “revolución ética” que exige responsabilidades a las élites. 

Virtudes políticas sobresalientes de Cepeda:

Autoridad moral: su reconocimiento como defensor de derechos humanos le otorga un activo de confianza en un país fatigado por la corrupción y la impunidad. 

Capacidad de diálogo en conflictos: su papel en procesos de paz, tanto en el Congreso como en delegaciones negociadoras, le da pericia para salir de callejones sin salida, una habilidad crucial para el Ejecutivo. 

Anclaje territorial con víctimas y movimientos sociales: su biografía política se ha construido con y desde las víctimas, lo que puede traducirse en una gobernanza más participativa.

Debilidades y retos personales: no ha ejercido cargos ejecutivos —ministerios, gobernación o alcaldía—, lo que implica demostrar capacidad de gerencia pública a gran escala. Además, su polarización con el uribismo puede activar resistencias en sectores conservadores y empresariales, reto que exigiría un diseño de coalición amplio y un mensaje de garantías.

CAROLINA CORCHO: Estado social, salud pública y reforma estructural

Carolina Corcho es médica psiquiatra y cientista política; fue vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana y presidenta de la Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR). Entre agosto de 2022 y abril de 2023 se desempeñó como ministra de Salud, desde donde radicó la reforma sanitaria más profunda de las últimas décadas, centrada en un modelo de atención primaria territorial, en el giro directo de recursos y en la reorganización del sistema alrededor de redes públicas y comunitarias. Su perfil combina experticia técnica, activismo y experiencia de gobierno. 

Los pilares programáticos que promovió —y que hoy constituyen su identidad política— apuntan a que la ADRES ejecute giros directos a prestadores y a fortalecer la gobernanza pública del financiamiento; a transformar el rol de las EPS hacia funciones de gestión y coordinación en redes de atención; y a desplegar centros de atención primaria con equipos territoriales. Más allá de las controversias, estos ejes se mantienen como horizonte de la reforma en discusión y marcan su propuesta presidencial. 

Corcho afrontó críticas políticas y mediáticas durante su gestión —incluida la percepción de rigidez en la negociación y la salida de altos cargos—, lo que precipitó su relevo en 2023. Sin embargo, lejos de diluirse, su figura se consolidó como referente de la agenda social del progresismo y, en 2025, ha formalizado su precandidatura presidencial con la promesa de retomar las reformas truncadas. 

Virtudes políticas sobresalientes de Corcho:

Dominio del diseño de políticas públicas en salud y cuidado, con capacidad de traducir principios de derechos en arquitectura institucional concreta. 

Coherencia programática: su trayectoria —desde la FMC y ANIR hasta el Ministerio— ha sido consistente con un argumento de fondo: la salud como derecho y la necesidad de reterritorializar el sistema. 

Capacidad de movilización social: su liderazgo conecta con gremios sanitarios, organizaciones de pacientes y movimientos de salud pública, útiles para gobernar reformas complejas.

Debilidades y retos personales: su estilo, percibido como confrontativo por opositores, demandará un aprendizaje de negociación incremental y garantías regulatorias para actores privados y territorios, de cara a la implementación gradual de cambios de alto impacto. 

¿Por qué una dupla Cepeda–Corcho (en cualquier orden) sería estratégica?

Una fórmula que combinara a Cepeda y Corcho podría ofrecer al progresismo una narrativa de renovación ética y eficacia social. La complementariedad es evidente: él aporta autoridad moral, experiencia en resolución de conflictos armados y puentes con víctimas y organizaciones de derechos humanos; ella, conocimiento técnico aplicado a la política pública y un plan de reforma social con instrumentos y cronograma.

En términos de arquitectura de gobierno, hay dos diseños posibles:

1. Cepeda presidente / Corcho vicepresidenta: un “mandato de paz y ética pública” en la jefatura del Estado, con una vicepresidencia que coordine la agenda social (salud, cuidado, lucha contra el hambre, salud mental) y la articulación territorial de la política pública. La Presidencia concentraría el restablecimiento y la conducción estratégica de los diálogos, la implementación del Acuerdo Final, la política de seguridad humana y la lucha anticorrupción. 

2. Corcho presidenta / Cepeda vicepresidente: una jefatura del Ejecutivo que priorice la reconfiguración del Estado social —salud, protección social, política del cuidado—, respaldada por una vicepresidencia con liderazgo en paz, derechos humanos y reformas institucionales para garantizar verdad, justicia y reparación. Esta variante enviaría la señal de un giro social profundo con garantías de despolarización en lo político.

En ambos escenarios, la dupla podría articular cinco ejes programáticos:

Paz integral y seguridad humana: retomar con realismo los diálogos con el ELN, con metas verificables, protección de comunidades y política integral contra economías ilegales (minería criminal, narcotráfico), donde la salud pública —prevención y tratamiento de consumos problemáticos— sea componente estructural. 

Reforma sanitaria con transición responsable: hoja de ruta plurianual para ampliar atención primaria, reforzar la capacidad de la ADRES, ordenar redes y clarificar el rol de las gestoras/antiguas EPS, con metas de cobertura, tiempos de pago y resultados en salud. 

Revolución ética y anticorrupción: estándares de transparencia en contratación, compras públicas y financiación política; y blindajes frente a captura institucional, aprendiendo de lecciones de casos paradigmáticos que elevaron las exigencias ciudadanas. 

Desarrollo territorial y justicia social: priorizar regiones más afectadas por la violencia y la exclusión (Pacífico, Catatumbo, Putumayo, Cauca), articulando inversión social, infraestructura y presencia integral del Estado.

Alianzas público–privadas con reglas claras: reconocer capacidades del sector privado y de la economía popular en la provisión de servicios, dentro de un marco regulatorio transparente y con evaluación de resultados.

Retos para el progresismo si apuesta por esta dupla

1) Gobernabilidad y coaliciones

El primer desafío es político-institucional: ganar la consulta del Pacto Histórico y, luego, construir una coalición más allá de su base. La consulta abierta de octubre será un primer test de unidad; allí compiten otros liderazgos fuertes que, de no integrarse, pueden minar la competitividad en primera vuelta. Una vez definido el liderazgo, la formación de mayorías legislativas requerirá acuerdos programáticos y un estilo menos identitario y más negociador. 

2) Polarización y “guerra de relatos”

La contienda de 2026 se librará en un entorno de alta polarización y desinformación. Cepeda arrastra la animadversión de sectores uribistas; Corcho polariza por su propuesta de reforma y su estilo. En ambos casos se necesitará una estrategia de comunicaciones propositiva que priorice resultados verificables, rendición de cuentas y debate con adversarios sin caer en la lógica del antagonismo identitario. La reciente saga judicial de Uribe —condena en primera instancia y tramitación en instancias superiores— seguirá siendo un eje de disputa simbólica. 

3) Seguridad y paz: pasar del discurso a la reducción de la violencia

La suspensión de los diálogos con el ELN en 2025 mostró las fragilidades de un proceso que demanda control del terreno, desescalamiento real y mecanismos de verificación robustos. Un eventual gobierno con Cepeda/Corcho debería combinar diplomacia de paz con una política de seguridad territorial que priorice protección de líderes sociales, justicia local y choque a finanzas criminales. 

4) Reforma sanitaria: capacidad estatal y transición

La viabilidad de la reforma en salud no depende solo de mayorías parlamentarias, sino de capacidad de implementación: robustecer sistemas de información, auditorías y pagos; profesionalizar gestores territoriales; asegurar que la ADRES sostenga giros directos con trazabilidad y oportunidad; y evitar disrupciones en acceso a medicamentos y servicios. Una transición mal calibrada puede generar cuellos de botella y resistencia social. La dupla tendría que presentar un cronograma creíble y acuerdos con actores privados con salvaguardas públicas. 

5) Economía política de las reformas

Cualquier agenda transformadora exigirá disciplina fiscal, priorización y evaluación de impacto. La promesa de ampliar derechos no puede divorciarse de la sostenibilidad, so pena de erosionar apoyos. Aquí la complementariedad es central: la autoridad ética y el talante dialogante de Cepeda pueden abrir compuertas de confianza con actores económicos, mientras que la solvencia técnica de Corcho permite diseñar escalonamientos, pilotos y métricas.

6) Estilo de gobierno y aprendizaje organizacional

Una crítica recurrente al ciclo 2022–2025 fue la inestabilidad ministerial y la dificultad de tramitar diferencias internas. La dupla tendría que aprender del error: gabinete con perfiles técnicos, metas compartidas y coordinación intersectorial; pactos de desempeño y mecanismos de alerta temprana para conflictos de implementación. Además, deberán cuidar la relación con alcaldes y gobernadores: sin ellos, la política pública territorial se vuelve retórica.

¿Qué suma esta dupla al imaginario de esperanza del progresismo?

Primero, coherencia entre agenda y biografías: Cepeda simboliza una promesa de verdad, justicia y no repetición; Corcho encarna la ampliación efectiva de derechos sociales. La conjunción de ambos ofrece una narrativa potente: paz y Estado social como dos caras de un mismo proyecto de dignidad.

Segundo, capacidad de convocar actores dispersos: víctimas del conflicto, gremios de la salud, sindicatos, academia, organizaciones de mujeres y juventudes. Esa transversalidad es vital para superar el techo del voto duro.

Tercero, un método de gobierno: negociación con principios. Ni tecnocracia autorreferente ni caudillismo; más bien, acuerdos verificables, participación social vinculante y evaluación pública de resultados.

Finalmente, un horizonte de país que no se reduzca a administrar la coyuntura:

Paz territorial como plataforma de desarrollo (infraestructura social, justicia local, economías lícitas). 

Salud y cuidado como núcleo del bienestar, con financiamiento transparente y redes cercanas a la gente. 

Ética pública como estándar de la política, con consecuencias para la corrupción y reglas de juego equitativas. 

IDEAS FUERZA A MANERA DE CIERRE 

Una fórmula Iván Cepeda–Carolina Corcho —en el orden que decida el electorado progresista— representaría una apuesta por reconciliar la ética de la paz con la eficacia del Estado social. Cepeda aporta legitimidad moral, experiencia en negociación y un anclaje con las víctimas que reubica la política en su dimensión de dignidad; Corcho aporta la ingeniería institucional de una reforma sanitaria que, si se implementa con prudencia transicional, puede traducir promesas en derechos exigibles.

La dupla de hacer transversal el concepto de justicia social al desarrollo de una programa  de gobierno, que enfrente la pobreza, fortalezca las políticas de empleo de calidad, garantice el derecho a la vivienda digna, la seguridad alimentaria, lucha contra el hambre; garantice una educación publica de calidad, pertinente y, desde luego garantice un servicio de salud integral. También es un reto ampliar y profundizar la democracia en todos los sectores y ofrecer todas las garantías para que el sector empresarial se desarrollo en un ambiente económico de seguridades plemas y proyecciones sociales y solidarias que involucre las economías populares y cooperativas.

 El camino no está despejado: deberán ganar primero un espacio en la consulta del Pacto Histórico, reducir la polarización, reconstruir mayorías, pacificar territorios y demostrar capacidad de gestión en una de las transiciones institucionales más complejas que puede emprender Colombia.

 Pero,  si logran articular un pacto social verificable, con metas medibles en paz, salud, justicia social y democracia, y si cultivan una cultura de gobierno de puertas abiertas, su dupla podría convertirse en una suma creíble de esperanza para el progresismo, una oportunidad no solo para consolidar un ciclo político, sino para institucionalizar —más allá de personas— un estándar de gobierno basado en derechos, evidencia y rendición de cuentas. En tiempos de cansancio ciudadano con la confrontación vacía, esta combinación de ética y gestión podría ser, precisamente, el mensaje diferenciador que vuelva a convocar mayorías. 

CARLOS MEDINA GALLEGO 

Historiador- Analista Político 

Notas de referencia 

1. Cepeda precandidato y contexto de la consulta del Pacto Histórico. 

2. Corcho precandidata y énfasis programático. 

3. Negociaciones con el ELN y suspensión 2025. 

4. Trayectoria de Cepeda: MOVICE y Medalla Roger N. Baldwin. 

5. Reforma a la salud: radicación, giro directo y rol de ADRES / gestoras. 

5.Críticas y salida de Corcho del Ministerio (2023). 

6. Caso Uribe y significado político.