Del PODER POPULAR al CORPORATIVISMO POPULAR: Transformaciones del ELN en el marco de la GUERRA de RESISTENCIA

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha sido, desde su fundación en 1964, una de las insurgencias más complejas y persistentes de América Latina. Su genealogía política se nutrió de una mezcla de influencias del marxismo-leninismo, la revolución cubana y la teología de la liberación, con un fuerte componente ético-político alrededor de la figura de Camilo Torres Restrepo.

Desde sus inicios, el ELN concibió su proyecto como una apuesta de poder popular, entendido como la construcción de formas organizativas de base, autónomas, orientadas a disputar la hegemonía de las élites políticas y económicas en Colombia. Sin embargo, el transcurso de seis décadas de confrontación armada, la persistencia de la violencia estatal y paraestatal, así como los cambios en la economía política global y nacional, han empujado al ELN hacia transformaciones sustantivas. Una de las más significativas es su tránsito hacia un modelo de corporativismo popular, en el que su capacidad de articulación social ya no descansa exclusivamente en la construcción de un poder democrático desde abajo, sino en el control y la regulación de formas corporativas de representación social, económica y territorial.

El presente ensayo analiza este tránsito, explorando sus fundamentos históricos, las tensiones que lo producen y las implicaciones que tiene para el futuro de la organización, para la democracia colombiana y para el proyecto de paz en curso.

I. EL PODER POPULAR COMO HORIZONTE FUNDACIONAL

El ELN nació con un fuerte discurso ético inspirado en la figura de Camilo Torres Restrepo, quien concibió la acción política como una obligación moral frente a las mayorías excluidas. El poder popular, en esa primera fase, era un poder moralizado, enraizado en comunidades campesinas, sindicales y estudiantiles, con un horizonte revolucionario que aspiraba a la toma del poder estatal mediante la insurrección.

La apuesta del ELN se materializó en experiencias como los comités de barrio, las juntas de acción comunal y la penetración en sindicatos estratégicos (petróleo, energía, transporte). La guerrilla concebía estas expresiones como semillas de un poder alternativo al Estado, en el cual las decisiones colectivas debían emanar desde las bases y no desde la cúpula.

El poder popular se vinculó estrechamente con la noción de guerra popular prolongada , en la que las comunidades eran simultáneamente base de apoyo y sujetos activos de una transformación revolucionaria. La idea no era únicamente protegerse del Estado, sino ir creando embriones de un nuevo poder político.

II. CRISIS DEL MODELO y CONDICIONES DE TRANSFORMACIÓN

Desde los años ochenta, el avance del paramilitarismo, muchas veces con apoyo estatal, minó la capacidad del ELN para sostener el poder popular como proyecto autónomo. Las comunidades fueron blanco de masacres, desplazamientos y persecuciones, lo cual obligó a la insurgencia a replegarse y a mutar sus estrategias de organización.

El involucramiento en la economía del secuestro, de las “retenciones económicas” y luego de los impuestos a economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, transformaron la relación con las comunidades. El poder popular se volvió progresivamente instrumentalizado por la necesidad de financiar la guerra, erosionando su carácter ético original.

La caída del bloque socialista y las transformaciones de la izquierda latinoamericana también golpearon el proyecto insurgente. Mientras experiencias como el sandinismo y, posteriormente, el chavismo en Venezuela, adoptaban formas de poder popular desde el Estado, el ELN quedó aislado y presionado a redefinir sus mecanismos de influencia social.

III. El CORPORATIVISMO POPULAR: características y dinámicas

El corporativismo, en su acepción clásica, se refiere a un sistema de representación política y social basado en la organización de sectores (sindicatos, gremios, asociaciones) integrados en un marco de regulación centralizada.

En el caso del ELN, se ha configurado un corporativismo popular armado, en el que la guerrilla media, regula y controla las formas de organización social en los territorios bajo su influencia.

A diferencia del poder popular original, donde la autonomía comunitaria era esencial, el corporativismo popular implica una relación vertical: la organización insurgente define quién representa a la comunidad, regula los espacios de participación y se convierte en árbitro de conflictos locales. La práctica de “convocar a la comunidad” a asambleas obligatorias o imponer lineamientos en juntas comunales son expresiones de este giro.

El ELN ha logrado consolidar formas de poder corporativo en sectores como:

Economía extractiva ilegal (minería, contrabando, narcotráfico): imponiendo “impuestos revolucionarios” y regulando mercados locales.

Asociaciones campesinas y comunitarias: estructurando liderazgos que funcionan como canales de negociación con actores estatales y privados.

Espacios humanitarios y de resistencia civil: cooptando el discurso de defensa comunitaria para legitimar su presencia armada.

De este modo, la guerrilla no construye únicamente un poder social alternativo, sino que administra corporativamente los territorios como si fuesen “federaciones populares” subordinadas a su lógica de resistencia armada.

IV. CORPORATIVISMO y GUERRA DE RESISTENCIA

En un contexto de guerra de resistencia, el corporativismo popular cumple una función estratégica: le otorga al ELN capacidad de negociación frente al Estado y frente a otros actores armados, al presentarse como vocero legítimo de comunidades organizadas.

El corporativismo se sostiene en una ambivalencia: por un lado, ofrece a las comunidades un espacio de defensa frente a la violencia estatal y paraestatal; por otro, reproduce prácticas coercitivas (control social, justicia armada, castigos) que limitan la autonomía popular.

Aunque el corporativismo conserva el discurso del poder popular, en la práctica lo reemplaza por un sistema de representación funcional a la supervivencia de la insurgencia. La guerra de resistencia convierte al ELN en un gestor corporativo de territorios, más que en un promotor de un nuevo poder político autónomo.

V. CONSECUENCIAS e IMPLICACIONES

El tránsito hacia el corporativismo implica una pérdida de autonomía y de capacidad crítica. Las comunidades pasan de ser sujetos políticos activos a bases corporativas reguladas, lo que limita su posibilidad de emancipación real.

El corporativismo fortalece la capacidad de supervivencia y de acumulación de poder del ELN, pero a costa de diluir su proyecto revolucionario original. Se transforma en una organización híbrida: insurgencia política y administración corporativa territorial.

En escenarios de negociación, el ELN presenta como capital político su control corporativo de comunidades. Esto plantea un dilema: ¿cómo diferenciar entre una representación legítima de los intereses populares y una mediación impuesta por la insurgencia armada?

VI. CONTEXTO HISTÓRICO COMPARADO

El tránsito hacia el corporativismo no es exclusivo del ELN. Experiencias como la FARC en su etapa final, o movimientos insurgentes en Centroamérica, muestran procesos similares de corporativización de la resistencia, donde la administración de territorios y economías se convierte en fuente de legitimidad.

En Colombia, el corporativismo insurgente se enfrenta a un contexto en el que el Estado mismo ha operado bajo lógicas corporativas (pactos con gremios, clientelismo sindical). El ELN, en cierto sentido, reproduce un modelo histórico de corporativismo político colombiano, pero desde la periferia armada.

VII. PERSPECTIVAS CRÍTICAS

Desde una mirada crítica, el paso del poder popular al corporativismo puede leerse como una degradación del proyecto insurgente. Lo que comenzó como emancipación comunitaria terminó como administración corporativa armada.

La guerra prolongada y la resistencia armada han forzado al ELN a priorizar la supervivencia sobre la transformación. El corporativismo es un mecanismo de defensa, pero también una trampa que lo mantiene en un círculo cerrado de legitimidad relativa.

El reto del ELN y de la sociedad colombiana es romper esta lógica corporativa para retomar un horizonte democrático donde las comunidades recuperen autonomía real. El proceso de paz debería apuntar a desmontar la intermediación armada y fortalecer formas genuinas de poder popular civil en una perspectiva democrática.

IDEAS FUERZA A MANERA DE CIERRE

El tránsito del ELN del poder popular al corporativismo popular refleja tanto la persistencia de la guerra en Colombia como la capacidad de adaptación de la insurgencia. Lo que en un inicio fue un proyecto ético-político de emancipación se convirtió en un modelo de acumulación de poder corporativo en territorios en disputa.

Este cambio garantiza la supervivencia de la organización, pero limita sus posibilidades de proyectarse como alternativa política transformadora. Las comunidades, lejos de ganar autonomía, se ven atrapadas en una lógica corporativa de representación mediada por la insurgencia armada.

El desafío central es cómo desmontar este corporativismo armado en el marco de una negociación de paz, y cómo devolver a las comunidades la posibilidad de construir un poder popular auténtico, democrático y emancipador.

CARLOS MEDINA GALLEGO

Historiador- Analista Político

Referencias

• Medina Gallego, C. (2010). ELN: una historia de resistencia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
• Sánchez, G. (2003). Guerreros y campesinos: el despojo de la tierra en Colombia. Bogotá: Norma.
• Brittain, J. (2010). Revolutionary Social Change in Colombia: The Origin and Direction of the FARC-EP. London: Pluto Press.
• Pizarro Leongómez, E. (2017). Las FARC (1949–2017): de guerrilla campesina a máquina de guerra. Bogotá: Debate.
• Torres Restrepo, C. (1965). Mensaje a los cristianos. Bogotá: Editorial Presencia.

 

TRANSFORMAR LA CULTURA POLÍTICA EN COLOMBIA

Una democracia de calidad con respeto, justicia y vida digna

La democracia en Colombia, como en gran parte de América Latina, se encuentra tensionada entre la aspiración a construir un orden político basado en la justicia social, la participación ciudadana y la garantía de derechos, y la persistencia de prácticas clientelistas, estigmatizadoras y polarizantes que degradan la vida pública.

El ejercicio de la política —entendido en su sentido profundo como el arte de deliberar colectivamente sobre el bien común y organizar el poder para garantizar derechos y ofrecer bienestar— ha sido reemplazado en muchas ocasiones por dinámicas de confrontación que privilegian el odio, la descalificación y la compra de lealtades electorales.

Superar esta cultura política degradada es indispensable para fortalecer una democracia de calidad. Esto implica desmontar los mecanismos de manipulación clientelista, romper con las narrativas de estigmatización y calumnia, y abrir paso a un debate público basado en argumentos, respeto por la diferencia y construcción de un proyecto de país que asegure justicia social, seguridad ciudadana y protección de la vida.

Este ensayo abre un análisis crítico de la cultura política colombiana, revisa antecedentes históricos que ayudan a comprender sus deformaciones, señala los riesgos del modelo electoral actual basado en la guerra de odios, y propone rutas de transformación orientadas a consolidar una democracia más deliberativa, incluyente y respetuosa de los derechos fundamentales.

CONTEXTO HISTÓRICO: RAÍCES DE UNA CULTURA POLÍTICA DEGRADADA

Desde la Colonia y durante la conformación de la República, el poder político en Colombia se concentró en élites que se disputaban la hegemonía en función de intereses particulares, no del bien común. La independencia no trajo consigo una democratización plena, sino la sustitución de unos grupos de poder por otros, manteniendo amplios sectores de la población —campesinos, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, mujeres— excluidos del escenario político.

Durante gran parte del siglo XIX y el XX, la vida política estuvo dominada por el bipartidismo liberal y conservador. Este modelo, más que abrir canales de participación, se tradujo en confrontaciones violentas. El período conocido como La Violencia (1946–1958) evidenció cómo la política se usaba como justificación para la eliminación física del adversario. El Frente Nacional, aunque logró estabilizar parcialmente el sistema, profundizó la exclusión de alternativas políticas distintas a las tradicionales, incubando la insurgencia armada y debilitando la confianza en la democracia representativa.

La Carta Política de 1991 marcó un avance significativo: reconoció la diversidad étnica y cultural, abrió espacios a nuevas fuerzas políticas y estableció un marco amplio de derechos. Sin embargo, la cultura política no se transformó en la misma medida. Persistieron el clientelismo, la compra de votos, la estigmatización del disidente y la criminalización de liderazgos sociales. Así, la promesa de una democracia participativa quedó incompleta.

LA CULTURA POLÍTICA ACTUAL: ENTRE LA ESTIGMATIZACIÓN Y EL CLIENTELISMO

En la actualidad, la política se vive más como una arena de confrontación personal que como un espacio de deliberación sobre el país. Adversarios son presentados como enemigos y el debate público se reduce a ataques y calumnias. Esto tiene consecuencias nefastas: se alimenta el odio, se erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y se legitima la violencia contra quienes piensan distinto. Líderes sociales, defensores de derechos humanos y opositores políticos han sido víctimas de esta cultura del señalamiento, muchas veces con consecuencias mortales.

El clientelismo sigue siendo un rasgo estructural de la política colombiana. La compra de votos, la intermediación de “maquinarias” y la cooptación de instituciones estatales para fines electorales degradan la democracia. Este fenómeno, que opera en múltiples niveles —desde concejos municipales hasta el Congreso—, convierte el voto en mercancía y el acceso a derechos en botín. La política, en vez de servir para garantizar bienestar, se instrumentaliza para perpetuar privilegios.

Los procesos electorales recientes han mostrado un modelo de competencia basado en la polarización extrema. Más que presentar proyectos de país, las campañas se concentran en descalificar al gobierno de turno y movilizar emociones de miedo y odio. Esta lógica sacrifica la posibilidad de construir consensos básicos y convierte la política en una guerra cultural que fragmenta a la nación. La democracia se empobrece cuando los ciudadanos son convocados a votar “en contra de” en vez de hacerlo “a favor de” propuestas concretas.

DEMOCRACIA DE CALIDAD: PRINCIPIOS y HORIZONTES

Para superar esta degradación es necesario avanzar hacia una democracia de calidad. Esto supone:

1. 1. Respeto por la diferencia: aceptar que la pluralidad de visiones políticas, ideológicas y culturales es constitutiva de la democracia y no una amenaza.
2. 2. Debate argumentado: reemplazar la calumnia y el señalamiento por el intercambio de razones, sustentado en evidencia, respeto y escucha activa.
3. 3. Proyecto de país compartido: trascender la lógica electoral inmediata para pensar en un horizonte nacional que garantice justicia social, inclusión y sostenibilidad.
4. 4. Garantía de derechos fundamentales: situar en el centro de la política la protección de la vida, la seguridad ciudadana y la dignidad de todas las personas.

En suma, la democracia no puede reducirse al conteo de votos, sino que debe medirse por la capacidad de las instituciones y de la sociedad política para asegurar el bienestar de sus ciudadanos.

CRÍTICA AL MODELO ELECTORAL BASADO EN LA DESCALIFICACIÓN

El modelo actual de competencia política en Colombia y en varios países de la región adolece de una serie de problemas estructurales:

1. Reducción de la política a una campaña permanente

El gobierno de turno es atacado de manera sistemática, sin importar la naturaleza de sus políticas, con el objetivo de desgastarlo y preparar el terreno electoral. Esto impide dar continuidad a proyectos de Estado y genera inestabilidad institucional.

2. Polarización destructiva

Las campañas electorales se han convertido en guerras de odios. Se construyen narrativas de “ellos contra nosotros” que dividen al país en bandos irreconciliables. Esta polarización erosiona el tejido social, deslegitima la política y debilita la confianza en la democracia.

3. Sacrificio de la paz y la tranquilidad nacional

Cuando la política se convierte en un campo de batalla, la paz se sacrifica en nombre de la disputa por el poder. El discurso del odio alimenta la violencia simbólica y, en contextos como el colombiano, puede traducirse en violencia física.

4. Desconexión con las necesidades ciudadanas

En lugar de discutir soluciones a problemas urgentes —como la inseguridad urbana, la crisis ambiental, el desempleo o la pobreza—, las campañas giran en torno a la destrucción del adversario político. Esto aumenta la desafección ciudadana y la apatía electoral.

5. Reproducción del clientelismo

La guerra de odios es funcional al clientelismo: mientras el debate público se centra en ataques y descalificaciones, las maquinarias operan silenciosamente comprando votos y capturando el aparato estatal.

RUTAS DE TRANSFORMACIÓN DE LA CULTURA POLÍTICA

Superar este escenario requiere un esfuerzo integral que involucre instituciones, partidos, ciudadanía y sociedad civil. Algunas rutas son:

1. Reformar el sistema electoral y de partidos

• Implementar mecanismos de financiación pública más estrictos que reduzcan la dependencia de recursos privados y clientelistas.
• Fortalecer los partidos como espacios de deliberación programática y no solo como maquinarias electorales.
• Establecer sanciones efectivas contra la compra de votos y las prácticas corruptas.

2. Fomentar la educación ciudadana y política

• Incorporar en el sistema educativo procesos de formación en cultura democrática, derechos humanos y pensamiento crítico.
• Promover campañas pedagógicas que visibilicen la importancia del voto libre y consciente.
• Reconocer y potenciar iniciativas comunitarias de educación popular que fortalecen el tejido democrático desde abajo.

3. Regular el discurso político y mediático

• Establecer códigos éticos para campañas electorales que limiten la difusión de calumnias y noticias falsas.
• Fortalecer los medios públicos y comunitarios como espacios de debate plural.
• Responsabilizar a líderes políticos y comunicadores por el impacto de sus discursos de odio.

4. Garantizar seguridad y protección de la vida

• Asegurar que liderazgos sociales, opositores políticos y defensores de derechos humanos puedan ejercer su labor sin temor.
• Vincular la seguridad ciudadana a un enfoque de derechos humanos, alejándola de la mera represión.

5. Promover acuerdos básicos de país

• Convocar a distintos sectores políticos, sociales y económicos a construir pactos mínimos: respeto por la vida, garantías electorales, justicia social y sostenibilidad ambiental.
• Inspirarse en experiencias internacionales de diálogo nacional, pero adaptarlas al contexto colombiano.

IDEAS FUERZA A MANERA DE CIERRE

Transformar la cultura política en Colombia es un desafío urgente y estratégico para consolidar una democracia de calidad. No se trata únicamente de ajustar instituciones, sino de modificar las prácticas, discursos y valores que configuran la vida pública. La política debe dejar de ser el terreno del odio, la calumnia y el clientelismo, para convertirse en el espacio de la deliberación respetuosa, el debate argumentado y la construcción colectiva de un proyecto de país incluyente.

La crítica al modelo electoral basado en la descalificación del gobierno de turno y la guerra de odios no implica negar la importancia del control y la oposición, sino subrayar que este debe ejercerse con responsabilidad, argumentos y propuestas. La democracia se empobrece cuando se reduce a un pleito permanente y se enriquece cuando logra articular diferencias en torno a propósitos comunes.

Colombia tiene ante sí la oportunidad histórica de superar una cultura política degradada y avanzar hacia un horizonte de paz, justicia social y dignidad. Este camino exige voluntad política, compromiso ciudadano y una ética del respeto por la diferencia. Solo así será posible pensar la política como lo que verdaderamente es: el arte de ejercer el poder para garantizar derechos y ofrecer bienestar y tranquilidad a todos los ciudadanos y ciudadanas.

 

CONFLICTOS GLOBALES: IDEOLOGÍAS PRECARIZADAS, CREDOS EMPOBRECIDOS E INTERESES ECONÓMICOS INFLADOS

La conflictividad mundial contemporánea no puede entenderse únicamente a partir de explicaciones clásicas como la pugna entre potencias, la disputa geoestratégica por territorios o la defensa de identidades religiosas. La dinámica del siglo XXI revela un escenario más complejo: la precarización de las ideologías políticas, el empobrecimiento de los credos religiosos en términos éticos y sociales, y la inflación desmesurada de los intereses económicos que colonizan tanto la política como la espiritualidad. Esta tríada configura un terreno fértil para la alienación de las sociedades, la proliferación de guerras de intereses y la polarización identitaria.

El presente ensayo analiza críticamente este fenómeno, mostrando cómo la política se ha convertido en un negocio, cómo las iglesias y los credos de toda índole se han instrumentalizado como mecanismos de acumulación y poder, y cómo los intereses económicos —convertidos en dogma neoliberal global— han corroído los fundamentos de la vida colectiva.

Finalmente, se plantean algunas recomendaciones para superar la “estupidez ideológica y religiosa” que perpetúa los conflictos y abrir paso a una práctica política comprometida con los derechos fundamentales, la justicia social y la democracia.

I. LA POLÍTICA COMO NEGOCIO: DEL CONTRATO SOCIAL AL CONTRATO MERCANTIL

Las ideologías políticas clásicas —liberalismo, socialismo, conservadurismo— surgieron en contextos históricos de transformación radical (Revolución Francesa, Revolución Industrial, luchas obreras del siglo XIX). Constituían sistemas de pensamiento que ofrecían interpretaciones del mundo y proyectos de futuro. Hoy, en cambio, asistimos a su precarización: más que proyectos colectivos, se han convertido en mercancías en el mercado electoral.

En América Latina, los populismos de derecha e izquierda apelan a símbolos y consignas históricas, pero lo hacen vaciados de contenido y orientados a campañas de consumo masivo. En Europa, partidos nacionalistas y ultraderechistas instrumentalizan la identidad cultural mientras pactan con corporaciones financieras. En Estados Unidos, la política bipartidista se ha transformado en un juego de lobby permanente, donde el financiamiento empresarial determina agendas legislativas más que las demandas sociales.

La política como negocio se expresa también en la corrupción institucionalizada. Casos como el “Lava Jato” en Brasil, el financiamiento ilícito de campañas en Colombia, o el papel de las farmacéuticas y petroleras en la política estadounidense, muestran cómo el poder público se reduce a una extensión de intereses privados. El ciudadano deja de ser un sujeto político para convertirse en consumidor o cliente.

La política internacional no escapa a esta lógica. Las guerras contemporáneas en Irak, Siria, Afganistán o Libia no pueden entenderse sin la mediación de intereses petroleros, de control de rutas comerciales o de reposicionamiento en mercados globales. Incluso la “guerra contra el terrorismo” ha servido como plataforma de negocios para el complejo militar-industrial estadounidense, cuyos beneficios crecen a medida que se prolonga la conflictividad.

II. IGLESIAS Y CREDOS COMO NEGOCIO: LA MERCANTILIZACIÓN DE LA FE.

Históricamente, las religiones ofrecieron marcos de sentido para comprender la vida, enfrentar la muerte y organizar comunidades. Sin embargo, en el contexto contemporáneo, muchos credos han sido cooptados por lógicas de mercado. La “teología de la prosperidad” en América y África, por ejemplo, convierte la fe en una transacción económica: quien da más diezmos recibe más bendiciones.

En sociedades desgarradas por la pobreza y la incertidumbre, esta narrativa ofrece ilusiones inmediatas de salvación, pero a cambio reproduce sistemas de dominación. La espiritualidad se subordina a la lógica empresarial: pastores convertidos en empresarios, megaiglesias como corporaciones multinacionales, y un discurso que sustituye la ética del cuidado por la ideología del consumo.

El fenómeno no se limita al cristianismo evangélico. El fundamentalismo islámico, las sectas neopentecostales, el integrismo católico o los cultos New Age funcionan como identidades cerradas, dispuestas a confrontar al “otro” en nombre de la verdad. Esta perversión identitaria alimenta guerras culturales y conflictos armados, donde la fe sirve como legitimación de violencias.

En Medio Oriente, el islamismo político ha sido manipulado tanto por elites locales como por potencias extranjeras para sostener conflictos interminables. En Estados Unidos y Brasil, las alianzas entre iglesias evangélicas y partidos políticos han legitimado agendas conservadoras contra derechos de minorías sexuales y de las mujeres.

Las iglesias no solo influyen ideológicamente, también participan directamente en la economía. Propiedades, exenciones tributarias, negocios mediáticos y vínculos con partidos convierten a las religiones en actores económicos y políticos de primer orden. En algunos países de África, iglesias pentecostales son de los mayores propietarios de tierras y medios de comunicación. En Colombia, su poder electoral ha sido decisivo en plebiscitos y elecciones presidenciales.

III. INTERESES ECONÓMICOS INFLADOS: EL MERCADO COMO RELIGIÓN DEL SIGLO XXI

La caída del bloque soviético en 1991 consolidó el neoliberalismo como ideología dominante. Pero más que ideología, el neoliberalismo se ha convertido en religión secular: predica la mano invisible del mercado, la competencia como motor de progreso y la privatización como solución universal. En este marco, los intereses económicos se inflan al punto de determinar la política, subordinar la cultura y modelar incluso la espiritualidad.

Los conflictos bélicos actuales están íntimamente ligados a corporaciones transnacionales. Empresas armamentísticas como Lockheed Martin, Northrop Grumman o BAE Systems dependen de la prolongación de guerras para sostener su rentabilidad. Empresas energéticas se benefician de la desestabilización de regiones productoras de petróleo o gas. Incluso las tecnológicas participan en la economía de guerra con sistemas de vigilancia y ciberseguridad.

El capital financiero ha colonizado todas las esferas de la existencia: salud, educación, vivienda, pensiones. La financiarización no solo concentra la riqueza en élites globales, sino que genera frustración social al transformar derechos en deudas. Esta dinámica inflada de intereses económicos es combustible de conflictos sociales, migraciones masivas y estallidos urbanos.

IV. CONFLICTOS GLOBALES COMO GUERRAS DE INTERESES E IDENTIDADES

La convergencia de ideologías precarizadas, religiones empobrecidas e intereses inflados genera un fenómeno de polarización creciente. La sociedad se aliena al enfrentarse bajo banderas ideológicas vacías o dogmas religiosos manipulados, mientras los verdaderos beneficiarios son las elites económicas y políticas.

Ejemplos abundan: en Ucrania, el conflicto combina aspiraciones nacionalistas con la pugna económica entre Occidente y Rusia. En Palestina, la lucha por el territorio se reviste de argumentos religiosos mientras corporaciones se benefician de la industria bélica. En América Latina, las guerras culturales (aborto, género, derechos LGBTIQ+) polarizan a la población y distraen del debate sobre desigualdad y concentración de la riqueza.

El concepto de “identidad perversa” refiere a la instrumentalización de rasgos culturales, religiosos o ideológicos para legitimar la violencia y la exclusión. La construcción del enemigo —el hereje, el comunista, el terrorista, el inmigrante— sirve para cohesionar artificialmente comunidades y justificar políticas represivas. Estas identidades perversas se alimentan del miedo y la desinformación, expandida hoy a través de redes sociales y algoritmos digitales.

V. RECOMENDACIONES PARA SUPERAR LA ESTUPIDEZ IDEOLÓGICA Y RELIGIOSA

Es indispensable rescatar el sentido de la política como construcción de lo común. Esto exige fortalecer los partidos como espacios programáticos y no como maquinarias clientelistas, promover la participación ciudadana y combatir la corrupción estructural. La transparencia en el financiamiento electoral y el control ciudadano sobre los recursos públicos son medidas básicas.

Las religiones deben volver a su dimensión ética y comunitaria. En lugar de la “prosperidad individual”, urge un discurso de solidaridad, justicia y dignidad. Las comunidades de fe que trabajan en derechos humanos y construcción de paz son ejemplos de cómo la espiritualidad puede contribuir al bien común.

El Estado debe recuperar su capacidad reguladora frente al mercado. Esto implica gravar a las grandes fortunas, prohibir el lobby corporativo en decisiones políticas, y garantizar la provisión pública de derechos básicos como salud, educación y vivienda. La economía no puede seguir inflándose como esfera autónoma al margen del bienestar social.

Superar la alienación requiere formar ciudadanía crítica. La educación debe fomentar la lectura de la historia, el análisis de los medios y la reflexión ética. Igualmente, se necesitan medios de comunicación independientes que cuestionen las narrativas dominantes y abran espacio a voces marginadas.

La mejor vacuna contra totalitarismos y autoritarismos es una democracia robusta, sustentada en justicia social. Reducir la desigualdad, garantizar derechos fundamentales y asegurar la participación real de las mayorías no es solo un imperativo ético: es la condición para prevenir guerras de intereses y polarizaciones destructivas.

IDEAS FUERZA A MANERA DE CIERRE

Los conflictos globales contemporáneos no son meramente choques de civilizaciones ni luchas entre ideologías fuertes. Más bien, son el resultado de la precarización ideológica, el empobrecimiento de los credos religiosos y la inflación desmesurada de intereses económicos que colonizan la política y la espiritualidad. La política se ha convertido en negocio, las religiones en empresas y la economía en dogma absoluto.

Esta convergencia genera polarizaciones e identidades perversas que alienan a las sociedades y prolongan guerras de intereses. Sin embargo, no estamos condenados a esta deriva. Recuperar la política como proyecto colectivo, reconfigurar las religiones hacia el cuidado, limitar los intereses corporativos, fortalecer la educación crítica y consolidar una democracia con justicia social son caminos posibles para superar la estupidez ideológica y religiosa que tanto daño ha causado a la humanidad.

CARLOS MEDINA GALLEGO
Historiador- Análisista Político

Referencias

• Chomsky, N. (2003). Hegemonía o supervivencia: la búsqueda de dominio global por Estados Unidos. Madrid: Ediciones B.
• Chomsky, N. (2017). ¿Quién domina el mundo? Barcelona: Crítica.
• Harvey, D. (2007). Breve historia del neoliberalismo. Madrid: Akal.
• Harvey, D. (2012). Ciudades rebeldes: del derecho de la ciudad a la revolución urbana. Madrid: Akal.
• Habermas, J. (1998). Facticidad y validez: sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso. Madrid: Trotta.
• Mbembe, A. (2011). Necropolítica. Madrid: Melusina.
• Mbembe, A. (2020). Políticas de la enemistad. Buenos Aires: Paidós.
• Žižek, S. (2009). En defensa de las causas perdidas. Madrid: Akal.
• Žižek, S. (2012). El año que soñamos peligrosamente. Madrid: Akal.
• Sen, A. (2000). Desarrollo y libertad. Barcelona: Planeta.
• Klein, N. (2007). La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre. Barcelona: Paidós.
• Bauman, Z. (2001). Modernidad líquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
• Bauman, Z. (2013). Vidas desperdiciadas: la modernidad y sus parias. Buenos Aires: Paidós.
• Beck, U. (2002). La sociedad del riesgo global. Barcelona: Paidós.
• Stiglitz, J. (2019). El malestar en la globalización: la globalización y sus descontentos revisados. Madrid: Taurus.
• Bourdieu, P. (1999). Contrafuegos: reflexiones para servir a la resistencia contra la invasión neoliberal. Barcelona: Anagrama.

 

EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN CON EL CLAN DEL GOLFO 

Posibilidades, tensiones y beneficios de la sujeción a la justicia

La política de “Paz Total” emprendida por el gobierno colombiano ha abierto múltiples tableros de diálogo con diversos actores armados, entre los que destaca el proceso recientemente anunciado con el Clan del Golfo. El boletín de monitoreo del 20 de septiembre de 2025 que hace ABCPAZ,  da cuenta de los primeros acuerdos alcanzados en Catar, los cuales contemplan la desvinculación de menores, la sustitución de cultivos ilícitos, la regulación frente a la migración irregular y la presencia de instituciones como el Ministerio de Justicia y el ICBF en territorios priorizados. 

Este escenario se perfila como un intento de superar décadas de confrontación, economías ilegales y violencia sistemática que han configurado el mapa del conflicto en regiones del Urabá, Chocó y Bajo Cauca.

El análisis de este proceso requiere poner en perspectiva el papel que el Clan del Golfo ha jugado en la historia reciente, las transformaciones de sus repertorios de violencia y control territorial, así como los retos que enfrentan tanto el Estado como las comunidades al abrir una ruta de negociación con un actor que combina estructuras militares, economías ilícitas y redes político-criminales. Al mismo tiempo, es preciso evaluar las posibilidades reales de éxito de este proceso y los beneficios concretos para quienes se someten a la justicia, en términos de garantías jurídicas, desarticulación de estructuras y construcción de paz territorial.

CONTEXTO HISTÓRICO DEL CLAN DEL GOLFO 

El Clan del Golfo emergió como una organización armada en la primera década del siglo XXI, heredera de redes criminales y estructuras paramilitares desmovilizadas tras los Acuerdos de Santa Fe de Ralito (2003-2006). Su consolidación estuvo vinculada al control de rutas del narcotráfico, a la apropiación de rentas provenientes de la minería ilegal y a la regulación de economías informales en territorios de alta vulnerabilidad social.

El proceso de expansión del Clan se sostuvo en tres pilares:

1. Control territorial militar: presencia armada en regiones estratégicas como el Urabá antioqueño, el Chocó y el Bajo Cauca, donde logró consolidar corredores de movilidad para la cocaína hacia el Caribe y Centroamérica.

2. Apropiación económica: participación activa en la cadena de producción y exportación de cocaína, explotación ilegal de oro, extorsión a mineros, comerciantes y transportadores, además de la administración de pasos fronterizos con Panamá y Venezuela.

3. Redes sociales y políticas: construcción de pactos de connivencia con actores locales, cooptación de autoridades y, en muchos casos, control social sobre comunidades rurales a través de la violencia selectiva, la regulación de conflictos y la provisión de “orden” en territorios donde el Estado estaba ausente.

En esta trayectoria, el Clan del Golfo se configuró como un actor de poder híbrido: ni estrictamente insurgente ni únicamente delincuencial. Su capacidad de controlar territorios y poblaciones lo convirtió en una amenaza estructural para el Estado y un obstáculo para la consolidación de la paz después de la firma del Acuerdo de 2016 con las FARC-EP.

ACUERDOS DE CATAR: ENTRE LA CONFIANZA Y EL ESCEPTICISMO 

El boletín de paz de septiembre de 2025 anuncia acuerdos iniciales en materia de desvinculación de menores, sustitución de cultivos, migración irregular y presencia institucional en cinco municipios: Mutatá (Antioquia), Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó). Estos puntos son significativos por varias razones:

Plan piloto en cinco municipios: representa un esfuerzo por focalizar la confianza en territorios donde el Clan del Golfo ha ejercido dominio. La experiencia muestra que los pilotos son necesarios para probar mecanismos de verificación, medir capacidades estatales y ajustar la implementación antes de expandir acuerdos a otras zonas.

Desvinculación de menores: el compromiso de entregar niños, niñas y adolescentes al ICBF supone un reconocimiento tácito de prácticas recurrentes de reclutamiento. Si se cumple, significaría un avance en materia de derechos humanos y un debilitamiento del músculo armado de la organización.

Sustitución de cultivos ilícitos: la inclusión de este punto reconoce que las economías cocaleras son la base material de la organización. El éxito dependerá de la capacidad estatal de garantizar ingresos estables, infraestructura productiva y seguridad para los campesinos que decidan sustituir.

Migración irregular: el Clan del Golfo ha explotado durante años las rutas migratorias del Tapón del Darién, convirtiendo el tránsito de miles de personas en una fuente de rentas ilegales. El compromiso de desestimular esta economía supone un reto monumental, dado que implica renunciar a ingresos millonarios.

Protección del medio ambiente: la inclusión de temas ambientales abre un campo novedoso de negociación, vinculando la explotación ilegal de madera, la expansión de la frontera agrícola y los impactos mineros en territorios de altísima biodiversidad.

Estos acuerdos muestran un giro discursivo del Clan del Golfo hacia el reconocimiento de los derechos humanos y la sujeción a mecanismos de verificación. Sin embargo, la historia de incumplimientos en procesos anteriores (como la falsa desmovilización de bloques paramilitares en la década del 2000) genera un escepticismo fundado sobre la real voluntad de transformación.

POSIBILIDADES REALES DEL PROCESO 

La viabilidad de este proceso puede analizarse en tres niveles:

1. Nivel político

El gobierno busca con este proceso no solo desarmar a un actor armado, sino reducir la violencia criminal que afecta a las comunidades. El costo político es alto: negociar con un actor señalado de masacres, narcotráfico y control social puede ser percibido como una concesión inadmisible. Sin embargo, si logra avances verificables, puede consolidar la imagen de la Paz Total como una política integral y no solo simbólica.

2. Nivel territorial

El éxito dependerá de la capacidad institucional para llegar a los territorios con programas sociales, justicia, infraestructura y protección ambiental. La experiencia demuestra que, sin presencia efectiva del Estado, los acuerdos se diluyen y los grupos reconfiguran sus economías ilegales.

3. Nivel organizativo

El Clan del Golfo es una estructura federada, con mandos medios autónomos que muchas veces actúan por intereses propios. La desarticulación exige que la cúpula tenga la capacidad real de imponer disciplina sobre sus frentes. De lo contrario, la fragmentación puede dar lugar a la proliferación de bandas residuales.

En síntesis, el proceso tiene posibilidades moderadas de éxito si logra conjugar verificación internacional, cumplimiento estatal y un diseño diferenciado para cada territorio.

BENEFICIOS DE LA SUJECIÓN A LA JUSTICIA 

El documento plantea que el Clan del Golfo no será caracterizado como grupo paramilitar ni como organización político-militar, lo que abre la puerta a una sujeción a la justicia de carácter especial, distinta a la aplicación estricta del derecho penal ordinario. Entre los beneficios que pueden obtener quienes se sometan se encuentran:

1. Reducción de penas: la entrega de armas, la colaboración en la verdad y la reparación pueden conllevar rebajas significativas en las condenas, siguiendo experiencias previas de la Ley de Justicia y Paz (2005) o del Acuerdo de Paz de 2016.

2. Garantías de seguridad jurídica: los miembros que se acojan a este proceso evitan ser perseguidos como terroristas o narcotraficantes internacionales, lo que representa un incentivo frente a la amenaza de extradición.

3. Reinserción social y económica: programas de reincorporación pueden ofrecer alternativas productivas, formación laboral y apoyo psicosocial, reduciendo la reincidencia en economías ilegales.

4. Participación en procesos restaurativos: la articulación con mecanismos de justicia transicional permitiría que los miembros aporten a la reparación de las comunidades, tanto material como simbólicamente.

5. Beneficios colectivos: más allá de los individuos, la organización puede obtener el reconocimiento de que sus territorios recibirán inversión social, proyectos productivos y presencia institucional, generando un beneficio indirecto para las bases comunitarias que alguna vez estuvieron bajo su control.

CRÍTICAS y RIESGOS DEL PROCESO 

A pesar de los avances, el proceso enfrenta críticas severas:

Legitimidad cuestionada: negociar con un actor asociado a economías ilegales y violencia criminal genera rechazo en sectores de opinión pública y política.

Posible impunidad: si los beneficios jurídicos no están acompañados de verdad y reparación, el proceso puede ser percibido como un pacto de impunidad.

Fragmentación criminal: la falta de cohesión organizativa puede dar lugar a la proliferación de disidencias que mantengan las economías ilegales.

Cooptación institucional: el riesgo de que los acuerdos se conviertan en una estrategia para consolidar poder político y económico en manos de antiguos miembros persiste, como ocurrió tras la desmovilización paramilitar de los años 2000.

IDEAS FUERZA A MANERA DE CIERRE

El proceso de negociación entre el Gobierno y el Clan del Golfo constituye uno de los desafíos más complejos de la política de Paz Total. Los acuerdos iniciales en Catar marcan un punto de partida significativo: la desvinculación de menores, la sustitución de cultivos ilícitos, la regulación de la migración irregular y la protección ambiental son temas de alto impacto social y territorial.

Las posibilidades reales de éxito dependen de tres factores: la capacidad estatal de cumplir los compromisos, la disciplina interna del Clan del Golfo para acatar lo pactado y la verificación internacional que otorgue confianza a las comunidades. Los beneficios para quienes se someten a la justicia son evidentes: reducción de penas, garantías jurídicas, reinserción social y participación en procesos restaurativos. Sin embargo, los riesgos de impunidad, fragmentación y cooptación institucional no deben subestimarse.

En última instancia, este proceso solo tendrá sentido si logra transformar las condiciones estructurales de exclusión, pobreza y ausencia estatal que han permitido la reproducción de estas organizaciones. La paz no se garantiza con firmas ni con comunicados, sino con la construcción cotidiana de confianza entre Estado y comunidades.

CARLOS MEDINA GALLEGO 

Historiador- Analista Político

 

LA DESCERTIFICACIÓN DE COLOMBIA EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS 

                 A los apatridas de Derecha que delinquen con el NARCOTRÁFICO... y se alegran con la descertificación 

Un análisis crítico de una política fallida agenciada por quien descertifica. 

La relación entre Colombia y Estados Unidos en torno a la llamada “guerra contra las drogas” ha estado marcada , desde la década de 1980, por un modelo de subordinación política y militar que ha tenido efectos devastadores en nuestro país. 

 La reciente descertificación del gobierno colombiano por parte de Washington —una medida que cuestiona su compromiso en la lucha antidrogas— constituye un nuevo episodio de una larga historia de desencuentros. Sin embargo, este hecho resulta particularmente paradójico: Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas ilícitas del mundo, con un sistema de salud pública desbordado y fracasado en el manejo de las adicciones, responsabiliza a un país productor cuya población ha cargado con los costos sociales, políticos y humanos de esta fallida estrategia.

El objetivo de este ensayo es examinar críticamente la descertificación, situarla en un contexto histórico de relaciones bilaterales asimétricas, analizar los errores de la política antidrogas estadounidense y sus consecuencias para Colombia, y señalar cómo esta decisión se explica más por razones de política interna en EE.UU. y de recortes presupuestales que por una evaluación objetiva del problema.

I. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA “GUERRA CONTRA LAS DROGAS”

Desde el gobierno de Richard Nixon, que en 1971 declaró a las drogas como “enemigo público número uno”, la estrategia estadounidense se ha centrado en la oferta más que en la demanda.

 Esta visión fue reforzada en los años ochenta con la administración de Ronald Reagan, que promovió la militarización de la lucha antidrogas y presionó a países productores como Colombia, Perú y Bolivia para asumir un papel de contención y erradicación.

Colombia, atrapada entre la producción de cocaína y el fortalecimiento del narcotráfico, vivió un ciclo de violencia alimentado por los carteles de Medellín y Cali, que desafiaron al Estado y generaron una profunda crisis de seguridad. En este contexto, la cooperación con EE.UU. se intensificó, llegando a su punto máximo con el Plan Colombia (2000), durante las administraciones de Andrés Pastrana y Bill Clinton.

El Plan Colombia, con más de 10 mil millones de dólares invertidos, buscaba reducir la producción de coca y fortalecer al Estado. Aunque logró modernizar las Fuerzas Armadas y debilitar parcialmente a las guerrillas, fracasó en su objetivo principal: la reducción sostenida de los cultivos de coca. A comienzos de los años 2000 había alrededor de 160 mil hectáreas; en 2020, tras dos décadas de intervención, las cifras eran similares o mayores según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Más aún, las políticas de fumigación aérea con glifosato, respaldadas por Washington, tuvieron graves impactos ambientales y sanitarios, afectando a comunidades campesinas e indígenas. Colombia pagó el costo humano y territorial de una estrategia que, en esencia, trasladaba la responsabilidad de la adicción estadounidense a países productores.

II. LA PARADOJA DE LA DESCERTIFICACIÓN 

Estados Unidos es el principal mercado de drogas ilícitas en el mundo. Según el National Survey on Drug Use and Health (2022), más de 46 millones de estadounidenses reportaron consumo de drogas ilícitas en el último año, y las muertes por sobredosis superaron las 110 mil en 2023, en gran medida por opioides sintéticos como el fentanilo.

Mientras tanto, los programas de salud pública y prevención han mostrado resultados limitados. El fracaso del modelo estadounidense radica en tratar el consumo como un problema criminal y no como un asunto de salud. Los centros de rehabilitación son insuficientes, los seguros de salud limitan la cobertura y el estigma sobre el adicto reproduce ciclos de exclusión.

Resulta, por tanto, profundamente contradictorio que un país que no ha podido resolver su crisis interna de adicciones culpe a Colombia de su incapacidad para frenar la demanda que alimenta el mercado.

La descertificación no se basa en criterios objetivos, sino en decisiones políticas. La Foreign Assistance Act de 1961 permite al presidente de EE.UU. retirar la certificación a países que no cooperen “plenamente” en la lucha antidrogas, lo que puede derivar en sanciones económicas y en restricciones de ayuda.

Históricamente, esta medida ha sido usada como un instrumento de presión diplomática más que como una evaluación real. En el caso actual, se inscribe en el marco de la política de recortes presupuestales a la ayuda exterior iniciada con USAID, y refleja más la necesidad de Washington de justificar ajustes internos que un análisis riguroso de los avances o retrocesos en Colombia.

III. LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS PARA COLOMBIA 

Colombia ha puesto las víctimas, la violencia y la degradación social en nombre de la “guerra contra las drogas”. Miles de campesinos han perdido sus medios de vida por erradicaciones forzadas; miles más han sido desplazados en territorios controlados por narcotraficantes o grupos armados ilegales.

Los costos humanos incluyen asesinatos de líderes sociales, masacres en zonas cocaleras y la perpetuación de un conflicto armado alimentado por la economía de la coca. La descertificación desconoce estos sacrificios y se erige como un acto de desagradecimiento frente a un país que ha funcionado como muro de contención de la droga hacia EE.UU.

La descertificación afecta no solo la cooperación antidrogas, sino también la inversión extranjera y la imagen internacional de Colombia. Puede limitar créditos multilaterales y abrir un flanco de vulnerabilidad en un momento en que el país busca diversificar sus relaciones hacia Europa y Asia.

Geopolíticamente, esta medida se utiliza para descalificar gobiernos alternativos en América Latina, presentándolos como poco confiables o permisivos frente al narcotráfico. Washington instrumentaliza el tema de las drogas para mantener su política de seguridad hemisférica y para debilitar proyectos políticos que cuestionan su hegemonía.

IV. CRÍTICA A LA LÓGICA DE LA OFERTA 

El núcleo de la política estadounidense ha sido atacar la oferta en los países productores, ignorando que la verdadera raíz del problema está en la demanda interna. La lógica ha sido: si se reduce la producción en Colombia, se reduce el consumo en EE.UU. Sin embargo, los hechos muestran lo contrario: cada vez que se logra una reducción en un territorio, la producción se desplaza a otro  y se incrementa porque la estimula la demanda.

La descertificación refuerza esta visión miope: castigar al país productor mientras se elude el debate interno sobre la legalización, la regulación y las estrategias de salud pública.

El caso del fentanilo es ilustrativo. A diferencia de la cocaína, no depende de cultivos ilícitos en América Latina, sino de laboratorios químicos en China y México. El que hoy sea la principal causa de muertes por sobredosis en EE.UU. demuestra que el problema es mucho más complejo que la erradicación de cultivos en Colombia.

V. COLOMBIA FRENTE A LA DESCERTIFICACIÓN: ¿Un cambio de paradigma?

La descertificación puede ser vista como una oportunidad para replantear la relación bilateral y cuestionar un modelo que ha fracasado si logra sostenerse contra el arrodillamiento de una derecha pusilánime que vive del negocio de las drogas .

 Colombia podría avanzar hacia:

1. Políticas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, con enfoque territorial y participación comunitaria.

2. Enfoques de regulación de ciertos mercados, como el cannabis, que reduzcan el poder del narcotráfico.

3. Diplomacia multilateral, buscando apoyos en Europa y organismos internacionales que reconozcan el problema de las drogas como un asunto global y compartido.

Al reducir la ayuda, EE.UU. debilita las capacidades de Colombia para contener la producción. Esto se traduce, inevitablemente, en mayor flujo de droga hacia el norte. Es, en palabras coloquiales, “un tiro en la pata” de Washington: en lugar de reducir la oferta, la incrementará en sus propias calles.

A MANERA DE CIERRE

La descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas es un acto desafortunado y contradictorio que evidencia la incapacidad de Estados Unidos para enfrentar su crisis interna de consumo y adicciones. Se trata de una decisión más vinculada a recortes presupuestales y a estrategias de control político en la región que a una evaluación objetiva de los esfuerzos colombianos.

Colombia ha pagado con creces los costos de una guerra que no diseñó, pero de la que ha sido el principal escenario: miles de muertos, millones de desplazados, territorios devastados y un conflicto prolongado. Mientras tanto, en Estados Unidos los programas de salud pública fracasan, las muertes por sobredosis aumentan y el mercado de drogas se diversifica.

Persistir en la lógica de atacar la oferta sin abordar la demanda es repetir un error histórico. 

La descertificación no solo golpea a Colombia, sino que, paradójicamente, se convertirá en un problema para el propio Estados Unidos, que verá más droga en sus calles y menos aliados confiables en la región. 

La urgencia hoy es cambiar el paradigma hacia una política global de regulación, prevención y salud pública, donde el peso de la responsabilidad sea compartido y no unilateralmente impuesto.

CARLOS MEDINA GALLEGO 

Historiador- Analista Político 

Referencias

Bagley, B. (2013). Drug Trafficking and Organized Crime in the Americas: Major Trends in the Twenty-First Century. Latin American Program, Woodrow Wilson Center.

Isacson, A. (2020). The Future of Plan Colombia. Washington Office on Latin America (WOLA).

National Survey on Drug Use and Health (NSDUH). (2022). Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA).

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2020). Colombia: Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos.

Youngers, C. & Rosin, E. (2005). Drugs and Democracy in Latin America: The Impact of U.S. Policy. Lynne Rienner Publishers.