TIERRA, TRABAJO Y DIGNIDAD 

Condiciones de trabajo y propiedad de la clase campesina y la necesidad de una agenda unificada de lucha

 En la Colombia rural, en las veredas, corregimientos, fincas y parcelas, habita una de las poblaciones más históricamente olvidadas y sistemáticamente vulneradas del país: la clase campesina. Sujetos fundantes de la nación, trabajadores de la tierra, guardianes de saberes ancestrales y de la soberanía alimentaria. 

 Los campesinos y campesinas han vivido bajo un régimen de exclusión estructural que se manifiesta en condiciones laborales indignas, ausencia de garantías prestacionales, precariedad de la propiedad agraria y una sistemática negación de sus derechos fundamentales.

 Este análisis nace de una conversación con ÁLVARO MATALLANA y de su preocupación por los campesinos y campesinas del país,  se propone examinar críticamente las duras condiciones que enfrenta el campesinado colombiano, destacar su lucha histórica por el acceso a la tierra y por una reforma agraria integral, reivindicar el papel de las organizaciones campesinas —en particular la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC)— y plantear una propuesta de agenda de lucha que unifique las reivindicaciones más urgentes, superando divisiones políticas e ideológicas que tanto han debilitado el movimiento agrario.

 

I. El campesinado y su exclusión estructural

 Colombia es un país rural. Más del 60% del territorio nacional es rural y, sin embargo, su población campesina —que representa alrededor del 25% de la población total— permanece en condiciones de alta marginalidad. El campesinado colombiano no solo vive en situación de pobreza monetaria y multidimensional, sino que además enfrenta profundas desigualdades respecto al acceso a salud, educación, infraestructura vial, servicios públicos, conectividad digital y garantías de seguridad.

 En lo laboral, los trabajadores rurales desempeñan jornadas extenuantes de más de 10 horas diarias, muchas veces sin ningún tipo de contrato formal, sin afiliación a seguridad social, sin pago de prestaciones, subsidios o pensiones. De acuerdo con cifras del DANE y de la Misión para la Transformación del Campo, más del 85% del trabajo rural se da en condiciones de informalidad. El trabajador campesino está expuesto a enfermedades laborales, a accidentes, a pérdidas por fenómenos climáticos, sin ningún respaldo del Estado o del mercado.

 La tenencia de la tierra sigue siendo uno de los núcleos más dolorosos de la desigualdad social colombiana. El 1% de las fincas concentra más del 80% de la tierra productiva del país. A pesar de décadas de reformas agrarias parciales o fallidas, la estructura latifundista se ha consolidado. A esto se suma la amenaza de los agronegocios, la agroindustria extractiva, la especulación inmobiliaria, los monocultivos y las economías ilícitas que, en muchos territorios, imponen reglas de despojo, desplazamiento y muerte.

 

II. Luchas históricas por la tierra: la ANUC y otras organizaciones campesinas

 La lucha campesina en Colombia ha sido constante y heroica. Uno de los hitos más significativos de esta lucha fue el surgimiento de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), fundada en 1967 como parte del proceso de reforma agraria impulsado por el Frente Nacional. Si bien nació con cierto grado de cooptación institucional, la ANUC rápidamente se transformó en un movimiento autónomo y combativo, convirtiéndose en la mayor organización campesina de América Latina en los años 70.

 La ANUC promovió masivas movilizaciones, tomas de tierras, creación de cooperativas y experiencias de economía solidaria. Su consigna de "la tierra para quien la trabaja" sintetizó la aspiración de millones de familias rurales excluidas del acceso a la propiedad. Sin embargo, su crecimiento e impacto despertaron la reacción violenta de los terratenientes, de sectores conservadores del Estado y de grupos paramilitares, lo que derivó en represión, asesinatos y persecución política.

 La fractura de la ANUC —dividida en alas oficialistas y autónomas— marcó un momento crítico para el movimiento campesino. Desde entonces, han surgido diversas organizaciones como la Coordinadora Nacional Agraria (CNA), el Congreso de los Pueblos, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), la Mesa Campesina, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Proceso de Comunidades Negras (PCN), entre muchas otras. Todas han hecho importantes aportes a la lucha por la tierra, la soberanía alimentaria, la economía propia y la dignificación de la vida campesina, aunque también han estado marcadas por disputas internas, fragmentaciones ideológicas y estrategias divergentes.

 

III. Las divisiones: un obstáculo para la unidad campesina

 Uno de los grandes desafíos del movimiento campesino ha sido su fragmentación. Las diferencias políticas, ideológicas y estratégicas entre organizaciones ligadas a diferentes corrientes de izquierda, de iglesias progresistas, de sindicatos o movimientos indígenas y afro, han debilitado la posibilidad de construir una agenda unificada. Esta dispersión ha sido hábilmente aprovechada por el Estado y los gobiernos de derecha, por las élites terratenientes para dividir y neutralizar las luchas sociales en el campo.

 Es común que los paros agrarios o las negociaciones con el gobierno terminen fragmentadas entre múltiples mesas, agendas y vocerías. Las diferencias entre sectores que optan por el diálogo institucional y otros que reivindican la movilización directa o la autodefensa territorial, muchas veces derivan en desconfianzas mutuas que impiden consolidar una fuerza común. Además, las lógicas clientelistas de la política tradicional y los programas asistencialistas del Estado rural han contribuido a la cooptación y desmovilización de sectores campesinos organizados.

 Superar esta situación exige un giro estratégico hacia la construcción de una identidad campesina común, más allá de las diferencias partidarias o doctrinarias. Es necesario reivindicar al campesinado como sujeto político, económico y cultural, con derechos propios, como lo ha reconocido la Corte Constitucional (Sentencia T-763 de 2012) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (2018). Solo desde una unidad en la diversidad será posible avanzar en una agenda transformadora para el campo colombiano.

 

IV. Propuesta de una agenda campesina de lucha y reivindicación

 Ante el panorama descrito, hay que proponer una Agenda Campesina Unificada que recoja las demandas históricas, responda a las urgencias actuales y siente las bases para una transformación rural estructural y democrática. Esta agenda podría estructurarse en los siguientes ejes:

1.    Reforma agraria y rural integral y participativa

a)  Redistribución equitativa de la tierra con enfoque territorial, de género y étnico. 

b) Garantía de acceso real a tierras productivas, seguras y con acompañamiento técnico, financiero y organizativo.

 c) Restitución efectiva de tierras despojadas y fortalecimiento de zonas de reserva campesina.

 

2.      Derechos laborales y prestacionales para el campo 

a) Formalización del empleo rural, reconocimiento de las labores campesinas como trabajo digno, garantía de afiliación a salud, pensión y riesgos laborales.

b) Establecimiento de un salario rural digno y programas de seguridad y protección social para trabajadores del campo.

3.      Soberanía alimentaria y economía campesina

a) Protección de las semillas nativas, promoción de sistemas agroecológicos, fortalecimiento de mercados campesinos locales y regionales, prohibición de transgénicos y freno a la importación masiva de alimentos.

 b) Apoyo técnico y crediticio para la producción diversificada y sostenible.

4.      Infraestructura y bienestar rural 

a) Inversión estatal masiva en salud, educación, vivienda, transporte, conectividad digital, agua potable y saneamiento básico en zonas rurales. 

b) Reconocimiento de la ruralidad como espacio de vida digna, no como periferia olvidada.

5.      Reconocimiento del campesinado como sujeto de derecho.  

a) Implementación efectiva del fallo de la Corte Constitucional y de la Declaración de la ONU. Inclusión de los derechos campesinos en la Constitución Política. 

b) Garantía de participación directa en las políticas públicas rurales.

6.      Autonomía territorial y participación política.

 a) Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal, los Consejos Comunitarios, las Autoridades Ancestrales y las organizaciones campesinas de base.

b) Participación vinculante en los planes de desarrollo rural y en las instancias de concertación estatal.

7.      Fin de la violencia y protección de líderes sociales

a.      Desmilitarización del campo, desmantelamiento de grupos armados ilegales, garantías efectivas para la vida y la integridad de líderes campesinos.

b.      Reparación integral para las víctimas del conflicto en el campo, incluyendo víctimas de la violencia política.

8.      Unidad campesina en la diversidad

a.     Construcción de un espacio de articulación nacional de organizaciones campesinas, étnicas y rurales que, desde la diferencia, puedan tejer una plataforma común de lucha, negociación y movilización. 

b.      Esta unidad debe estar basada en principios de autonomía, justicia social, democracia y paz territorial.

UNA REFLEXIÓN FINAL

La dignidad brota de la tierra…

El futuro de Colombia se juega en el campo. Sin justicia agraria no habrá paz, sin dignidad campesina no habrá democracia. La clase campesina no es un rezago del pasado, sino un actor estratégico para construir una sociedad más justa, sostenible y soberana. Su lucha por la tierra, por el trabajo digno, por la vida y por la autodeterminación, es una causa que interpela al conjunto de la sociedad.

Es urgente dejar de ver al campesinado como un problema y empezar a reconocerlo como la solución. Ellos y ellas han sembrado alimentos en medio del conflicto, han cuidado los territorios en medio del abandono estatal, han resistido al despojo con dignidad y sabiduría. Lo que les corresponde ahora no es la limosna del asistencialismo ni la represión del autoritarismo, sino la plena garantía de sus derechos y la posibilidad de decidir sobre su presente y su destino.

Por eso, una agenda campesina unificada, nacida desde las bases y articulada con todos los sectores populares, puede convertirse en el eje de una nueva esperanza para Colombia. Porque donde florece la dignidad campesina, florece la justicia social. Y donde se siembra justicia, siempre habrá cosecha de paz.