FEMINISMO PUNITIVO Y POLITICA DE GENERO AUTORITARIA

Injusticia y destrucción de vidas...

En las últimas décadas, el auge de la política de género ha significado, sin duda, un avance crucial en la visibilización de las violencias estructurales que históricamente han afectado a las mujeres y diversidades. No obstante, ese mismo discurso, cuando es instrumentalizado y pervertido por intereses particulares o agendas ideológicas radicalizadas, puede convertirse en un arma que corroe los fundamentos de la justicia, vulnera derechos fundamentales y destruye reputaciones, vidas y familias sin que medie el debido proceso.

En diversos contextos institucionales, judiciales y sociales, se ha consolidado una peligrosa modalidad de activismo que opera no como un vehículo de emancipación, sino como un mecanismo de castigo social y disciplinamiento moral. Un sector de activismo de género ha derivado en prácticas profundamente punitivas, sustentadas más en la lógica del linchamiento público que en el imperio de la prueba, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Se trata de un feminismo mercantilizado y, en no pocos casos, criminal, que ha hecho de la victimización una industria rentable, tanto simbólica como económicamente.

1.      Activismo rentista y fabricación de victimarios

La cultura de la denuncia, sin matices ni procedimientos garantistas, se ha instalado en instituciones educativas, administrativas, laborales y judiciales. Se trata de un modelo de activismo que no busca tanto proteger a las víctimas reales como consolidar un capital de poder simbólico y político basado en la posibilidad de señalar, destruir y excluir.

No son pocos los casos donde denuncias infundadas, maliciosas o simplemente carentes de sustento terminan por desatar procesos disciplinarios, juicios penales, despidos injustificados, cancelaciones sociales y linchamientos mediáticos. Todo ello ocurre sin que los señalados tengan la más mínima posibilidad de defenderse antes de ser estigmatizados como culpables en la plaza pública. Esta lógica de sospecha permanente transforma la política de género en una máquina de fabricar victimarios, sin importar los daños colaterales.

Detrás de muchas de estas sindicaciones hay activistas profesionales que han convertido la militancia de género en una forma de capital político y económico. Existen redes y plataformas que viven de gestionar el dolor ajeno, que monetizan la denuncia, que acumulan poder a través de la ruina ajena y que encuentran su sentido en la repetición permanente del conflicto. A mayor número de enemigos, mayor es su visibilidad y mayor su rentabilidad discursiva. Así, se construye una nueva élite militante que no responde a la ética del cuidado ni de la justicia, sino a la necesidad de perpetuar su hegemonía en el debate público.

2.      Justicia instrumentalizada, derechos vulnerados

La institucionalidad ha cedido peligrosamente a estas lógicas, generando un sistema de justicia paralelo donde no se juzga con pruebas sino con narrativas. Comités de ética, consejos universitarios, oficinas de género, medios de comunicación, todos han sido colonizados por esta lógica que reemplaza la deliberación por la cancelación, la búsqueda de verdad por el imperativo de creer ciegamente, y el respeto al proceso legal por el juicio sumario.

Esto ha tenido consecuencias nefastas para personas que han sido víctimas de falsas acusaciones o de denuncias manipuladas. Profesores que pierden su trabajo, funcionarios que son despedidos sin derecho a defensa, familias estigmatizadas, hijos e hijas marcados por el escarnio social, trayectorias laborales truncadas, e incluso suicidios provocados por la desesperación de no poder limpiar el nombre ante un señalamiento que se asume como verdad absoluta.

Esta situación no sólo afecta a los acusados. Desgasta profundamente la credibilidad de las verdaderas luchas feministas, debilita el sistema judicial y pone en entredicho el debido proceso. Lo que comienza como un acto de justicia puede terminar en una cacería de brujas que mina la legitimidad de toda política de género.

3.      Feminismo crítico y justicia restaurativa

No se trata de negar la violencia que sufren millones de mujeres. Esa violencia es real, estructural y debe ser combatida con decisión y justicia. Lo que se cuestiona aquí es la deriva autoritaria de un sector que ha sustituido la emancipación por el castigo, y que ha hecho del antagonismo una práctica habitual, promoviendo la división y el odio en lugar del diálogo y la reparación.

Es urgente volver a un feminismo crítico, ético, comprometido con la justicia, que no tema al debate ni al disenso, y que no instrumentalice el dolor de las víctimas como herramienta de poder. Un feminismo que respete los principios constitucionales y que reconozca que los derechos humanos no son selectivos: también aplican para los hombres, para los acusados y para quienes aún no han sido vencidos en juicio.

Las políticas de género deben basarse en la verdad, la proporcionalidad, el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia. Todo lo contrario, conduce a un modelo autoritario donde el miedo se impone como norma y donde las instituciones ya no funcionan como espacios de justicia sino como escenarios de escarmiento.

4.      El daño irreparable

El daño que este modelo de activismo punitivo genera no es solo individual. Erosionan la confianza social, destruyen el diálogo político, convierten las instituciones en instrumentos de venganza, y abren la puerta a un populismo judicial que, lejos de reparar, solo multiplica el dolor y la fragmentación. Además, refuerzan una cultura del miedo que impide el ejercicio libre del pensamiento y del afecto, criminalizando incluso las relaciones humanas más básicas.

Cuando las políticas de justicia de género se convierten en prácticas disciplinarias absolutistas, cuando la sospecha se convierte en condena, y cuando el activismo se transforma en inquisición, estamos ante una peligrosa inversión de los principios democráticos. No es feminismo lo que allí se practica. Es autoritarismo con disfraz emancipador.

5.      Un llamado al equilibrio

La justicia no puede ser ideológica. La causa de los derechos de las mujeres y la equidad de género exige una transformación social real, pero no puede fundarse sobre la destrucción de inocentes, ni sobre la mercantilización del dolor. Es momento de exigir responsabilidad, no solo a los acusados, sino también a quienes acusan. Es momento de exigir garantías procesales, responsabilidad mediática y ética en el activismo.

Reivindicar la política de género no debe significar callar ante sus excesos. Solo el pensamiento crítico puede corregir sus desviaciones y preservar su sentido original. Porque cuando se destruyen vidas en nombre de la justicia, lo que se consuma no es justicia, sino una nueva forma de opresión y esa es la que lidera ese feminismo instrumental y mercantil carente de toda ética y respeto por los derechos de las personas.

Frente a esto que está haciendo una institucionalidad capturada por el temor y la subordinación política e ideología a esa política criminal: NADA.