GOBERNANZAS ARMADAS Y ESTADOS TERRITORIALES DE FACTO 

El nuevo rostro del poder en los márgenes de la legalidad

En los territorios más golpeados por la ausencia estructural del Estado colombiano, se consolidan formas alternativas de poder que, aunque ilegales, logran imponer autoridad, generar formas de organización social, ejercer control sobre la vida cotidiana y establecer regímenes paralelos de regulación, justicia y redistribución. Estas formas de gobernanza armada, ejercidas por grupos criminales y organizaciones insurgentes, surgen de una combinación entre la debilidad institucional, la precariedad social y la colonización violenta de las economías extractivas ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.

Este fenómeno no es nuevo, pero ha mutado y se ha sofisticado. Hoy en día no se trata solamente del control militar de un territorio o del uso de la violencia para intimidar, explotar y someter la población. Se trata de un proyecto político, económico y social sostenido por la fuerza de las armas, pero también por la funcionalidad que estas organizaciones adquieren frente al abandono estatal. Son estructuras que ofrecen seguridad, regulan conflictos locales, median en disputas familiares o comerciales, imponen códigos de conducta y, sobre todo, ofrecen formas precarias pero reales de trabajo, redistribución económica y acceso a bienes básicos. En muchos casos, han llegado a reemplazar al Estado, construyendo lo que podrían denominarse estados territoriales de facto.

1.      Control de las economías ilegales: narcotráfico, minería y extorsión 

Los pilares económicos de estas gobernanzas armadas se sostienen principalmente sobre tres ejes: el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Actividades ilegales que ofrecen réditos millonarios, requieren una gran estructura logística y movilizan enormes volúmenes de mano de obra, lo que convierte a estas actividades en fuentes de empleo en regiones donde la economía formal es marginal o inexistente. Así, los grupos armados controlan toda la cadena de producción y distribución, desde la siembra de coca o la extracción de oro hasta la exportación; controlan las economías convencionales a través de la extorsión a cambio de seguridad.

Este control no se ejerce solamente por la vía coercitiva, sino también por mecanismos de integración económica. Quienes cultivan coca o trabajan en las minas no siempre lo hacen por coacción directa, sino porque estas actividades representan su única opción de subsistencia digna. Así, el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión no son solo economías del crimen, sino formas de reproducción de la vida cotidiana para miles de familias campesinas, indígenas afrodescendientes y populares atrapadas en un contexto de abandono estatal crónico.

2.      Regulación de la vida social y legitimidad

La gobernanza armada no se limita al ámbito económico. Estas organizaciones también regulan la vida cotidiana. Imponen “ley seca”, toques de queda, reglas de comportamiento sexual o familiar, sancionan el robo, el maltrato intrafamiliar, las disputas entre vecinos y, en muchos casos, organizan formas rudimentarias de justicia comunitaria. Este control, aunque ilegítimo desde el punto de vista jurídico, adquiere legitimidad social cuando es percibido como eficaz, coherente y menos corrupto que la presencia estatal. 

En estos contextos, la legitimidad no se construye a partir del derecho, sino de la eficacia y la proximidad. La comunidad reconoce a quienes les brindan protección, solución a sus problemas cotidianos y acceso a ciertos bienes, aunque esos actores operen al margen o en contra del orden constitucional. Este fenómeno puede entenderse como una delegación involuntaria de soberanía: ante el vacío del Estado, la población opta por someterse a la autoridad más funcional, aunque esta sea armada y criminal.

3.      Penetración de la política institucional y control del poder local.

La evolución más preocupante de estas gobernanzas armadas es su capacidad creciente para penetrar las instituciones políticas y cooptar el poder público. Grupos armados han entendido que controlar alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas les permite canalizar recursos del Estado, manejar presupuestos públicos, obtener contratos, financiar sus operaciones ilegales y aumentar su legitimidad local.

A través de alianzas con caciques políticos, redes clientelistas o mediante la imposición directa de candidatos, estos actores logran colocar gobernadores, alcaldes, concejales y diputados que actúan como fichas funcionales de su poder. Así, no solo ejercen poder desde las sombras, sino que participan directamente del Estado, lo instrumentalizan y lo ponen a su servicio. El resultado es una política capturada por actores armados, donde la frontera entre lo legal y lo ilegal se difumina peligrosamente.

Este fenómeno no ocurre exclusivamente en zonas marginales; alcanza incluso áreas urbanas y cabeceras municipales. En regiones como el Catatumbo, el Bajo Cauca, el sur de Córdoba, el Chocó o el Pacífico nariñense, no se entiende la política local sin el respaldo o la intimidación de alguna estructura armada. La política electoral, la contratación pública y la inversión social están profundamente infiltradas por estos grupos, lo que profundiza la captura del Estado y su pérdida de soberanía territorial.

4.      Servicios, trabajo y legitimación social

Paradójicamente, algunas de estas organizaciones criminales logran lo que el Estado no ha conseguido: ofrecer empleo, garantizar ciertos niveles de seguridad, resolver conflictos y distribuir recursos en contextos de pobreza estructural. Aunque esto se logra a través de economías ilícitas y control violento, para muchas comunidades resulta preferible al caos, la violencia desbordada o la indiferencia estatal. Esta capacidad de responder a las necesidades básicas de las poblaciones es la clave de su legitimación social.

Por ejemplo, en algunos territorios del Chocó o de la Costa Pacífica, donde no hay presencia real del Estado, el Clan del Golfo organiza jornadas médicas, distribuye mercados, financia actividades culturales y deportivas, y ofrece protección contra otros grupos. En el Catatumbo o Arauca, el ELN ejerce funciones de regulación comunitaria, justicia y redistribución económica que en la práctica lo convierten en un Estado alternativo de facto. Esta funcionalidad, aunque perversa, genera arraigo y aceptación.

5.      Consolidación de estados territoriales de facto

La sumatoria de control territorial, dominación económica, regulación social, participación política y legitimación comunitaria da lugar a lo que puede considerarse estados territoriales de facto. No son estados en el sentido clásico, pero ejercen el monopolio de la violencia, imponen normas, manejan recursos, controlan población y participan en las decisiones políticas locales. Su poder se construye desde abajo, al margen del orden constitucional, y descompone el pacto social nacional.

El mayor peligro de estos estados paralelos no es solo su ilegalidad, sino su capacidad para reemplazar la institucionalidad sin necesidad de una revolución o de una toma del poder central. Son formas de poder subnacional, descentralizado, que fragmentan el territorio y cuestionan de manera radical la idea de soberanía y unidad nacional. En estos territorios, el Estado no es más que una ficción lejana, mientras que el verdadero orden es impuesto por quienes controlan las armas, las rutas, los recursos y la vida de las comunidades.

6.      Entre la omisión y la complicidad

Frente a este panorama, el Estado colombiano no ha sabido (o no ha querido) responder con una política integral de presencia territorial, justicia social, desarrollo económico y transformación democrática. Su omisión se convierte en complicidad, y su fragilidad permite que actores armados reconfiguren el mapa del poder desde las regiones.

La solución no puede ser exclusivamente militar. Se requiere una reconstrucción profunda del Estado social de derecho desde abajo, con una política que priorice la inversión social, la participación ciudadana, el fortalecimiento de la justicia local y el desmantelamiento de las redes criminales que cooptan la política. Solo así será posible recuperar los territorios para la democracia y desmontar las gobernanzas armadas que hoy, más que una excepción, se convierten en la regla en muchas regiones del país, no obstante, la realidad es que muchas comunidades prefieren ese modelo de gobernabilidad con sus políticas de seguridad y bienestar que la presencia de un modelo de Estado Social de Derecho inoperante y corrupto.