LA FUERZA DEL ESTADO Y EL PODER DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Por un pacto social hacia la democracia profunda, la justicia social, la seguridad y la paz

 

En tiempos de descomposición institucional, violencia persistente y captura del Estado por intereses privados, el debate sobre la necesidad de un Estado fuerte vuelve a cobrar vigencia. Sin embargo, esta idea debe ser abordada con cuidado, pues no se trata simplemente de abogar por una maquinaria estatal todopoderosa o autoritaria. Por el contrario, lo que se necesita es un Estado fuerte y solidario, pero profundamente democrático, controlado y vigilado por una sociedad civil igualmente fuerte, crítica y participativa. Un Estado que funcione bajo las bases de un pacto social renovado, donde la justicia social, la seguridad ciudadana, la paz y la profundización democrática sean sus pilares fundamentales.

Este artículo propone una reflexión crítica sobre esa relación complementaria entre un Estado fuerte y una sociedad civil empoderada, y cómo esa interacción, mediada por un nuevo pacto social, puede constituir el camino para transformar las estructuras de exclusión, violencia y desigualdad que aún predominan en muchas sociedades, especialmente en países como Colombia. 

¿Qué es un Estado fuerte y solidario? 

Un Estado fuerte no es sinónimo de un Estado autoritario. La fortaleza del Estado se mide por su capacidad institucional para hacer cumplir las leyes, distribuir justicia de manera equitativa, garantizar los derechos fundamentales, y regular los intereses privados en favor del bien común. Un Estado fuerte recauda impuestos de forma progresiva, redistribuye riqueza, invierte en salud, educación, infraestructura, cultura y ambiente, y protege a los sectores vulnerables.

La dimensión solidaria del Estado implica empatía institucional, responsabilidad histórica y compromiso con la justicia social. Significa reconocer las desigualdades estructurales heredadas de siglos de racismo, clasismo, sexismo y colonialismo, y actuar activamente para corregirlas. Un Estado solidario no es neutral: se ubica del lado de las mayorías excluidas, sin dejar de garantizar la dignidad y los derechos de todos.

En ese sentido, la solidez del Estado no reside en el uso de la fuerza coercitiva, sino en su legitimidad, su efectividad, y su capacidad para promover una vida digna para todos los ciudadanos.

La sociedad civil como contrapeso y garante 

No puede haber un Estado fuerte sin una sociedad civil fuerte. La sociedad civil —entendida como el conjunto de organizaciones, movimientos sociales, colectivos, ciudadanos organizados, periodistas críticos, intelectuales públicos y redes comunitarias— cumple la función esencial de vigilar, presionar, proponer y fiscalizar al poder estatal.

Una sociedad civil fuerte y crítica actúa como contrapeso frente a las tentaciones autoritarias, la corrupción, el clientelismo o la privatización del poder público. Es el músculo democrático del pueblo que exige que las instituciones respondan a sus necesidades y demandas. A diferencia de una masa pasiva que delega su soberanía cada cuatro años, una sociedad civil activa mantiene una movilización permanente, pacífica pero firme, que hace funcionar al Estado según los intereses del colectivo y no de las élites.

En las últimas décadas, la sociedad civil ha demostrado su capacidad de incidir, resistir e incluso transformar agendas públicas. Los movimientos feministas, ambientales, estudiantiles, indígenas, campesinos, afrodescendientes y por la paz han ampliado la democracia, denunciado abusos, y abiertos debates cruciales que los gobiernos han intentado ignorar.

El pacto social como fundamento de convivencia 

El pacto social es el acuerdo fundacional entre ciudadanos y Estado sobre cómo organizar la convivencia, distribuir el poder, los recursos y los derechos. En la mayoría de los países de América Latina, ese pacto está roto o fue históricamente excluyente: diseñado para proteger privilegios y mantener las estructuras de dominación intactas.

Un nuevo pacto social implica una reconfiguración profunda del contrato político y económico, que coloque en el centro el bienestar colectivo, la justicia y la vida. Un pacto que no sea escrito solo por tecnócratas en el Estado, sino co-construido con la sociedad civil, con participación directa de los pueblos y comunidades históricamente marginadas.

Este pacto debe tener cuatro ejes fundamentales:

 

1.       Democracia profunda: no solo electoral, sino participativa, deliberativa, comunitaria. Que democratice la economía, la información, la cultura, la tierra, y el poder mismo.

2.       Justicia social: entendida como redistribución real de la riqueza, reconocimiento de las identidades y reparación de las deudas históricas con pueblos originarios, mujeres, trabajadores, jóvenes y territorios empobrecidos.

3.       Seguridad ciudadana integral: no reducida al castigo o a la represión, sino entendida como garantía de derechos, acceso a servicios, y condiciones dignas de vida que disminuyen el crimen y la violencia estructural.

4.       Paz territorial y estructural: no como silenciamiento de los fusiles únicamente, sino como transformación de las condiciones que generan conflicto: exclusión, pobreza, concentración de tierras, falta de acceso a justicia y educación.

 

Cuando el Estado se debilita y la sociedad civil es ignorada 

Cuando el Estado es capturado por élites económicas, por partidos clientelistas o mafias, y cuando la sociedad civil es silenciada, cooptada o criminalizada, lo que ocurre es una privatización del Estado y una descomposición del pacto social. Las instituciones dejan de representar al interés público y se convierten en instrumentos de negocios privados, acumulación ilegal de riquezas, y opresión de las mayorías.

El debilitamiento institucional también se da por la falta de legitimidad democrática, la corrupción rampante, y la incapacidad para garantizar derechos mínimos. Esta fragilidad alimenta la desconfianza ciudadana, la apatía política o la radicalización violenta.

Por otro lado, cuando la sociedad civil es tratada como enemiga, estigmatizada o excluida del debate público, se rompe la posibilidad de construir un proyecto común. En contextos así, se impone el miedo, la censura, y la represión.

La necesaria alianza: sociedad civil + Estado democrático 

La salida a estas crisis no es el debilitamiento del Estado, ni el reemplazo de este por ONGs o actores privados. Tampoco lo es una sociedad civil sola, sin capacidad institucional para materializar cambios. La clave está en una alianza estratégica entre una sociedad civil crítica y un Estado democrático, legítimo, eficiente y solidario.

Esto implica, por ejemplo:

1.  Mecanismos reales de participación ciudadana en las decisiones públicas (presupuestos participativos, consultas populares, cabildos abiertos, audiencias públicas).

2.  Protección jurídica e institucional a defensores de derechos humanos, líderes sociales y periodistas independientes.

3.     Reforma profunda del sistema político y de justicia para que sea representativo, transparente y verdaderamente al servicio del pueblo.

4.      Control social de las políticas públicas, con veedurías ciudadanas fortalecidas.

5.       Reconocimiento de la movilización social como forma legítima de acción democrática.

Esta alianza exige una ciudadanía activa, educada en valores democráticos, éticos y solidarios, y al mismo tiempo instituciones que rindan cuentas, que escuchen, y que respondan a las demandas sociales.

Retos y desafíos de esta articulación 

Aunque deseable, esta articulación no es fácil. Entre los principales desafíos están:

• a.      La cooptación de las organizaciones sociales por parte de los gobiernos o partidos políticos.
• b.  La fragmentación y división dentro de la sociedad civil, muchas veces promovida por los mismos poderes que quieren desmovilizarla.
• c.      La violencia contra líderes sociales, que en países como Colombia es sistemática.
• d.      La persistencia de una cultura política vertical, clientelista y patriarcal.
• e.      La debilidad institucional para procesar la participación social de manera vinculante. 

Superar estos obstáculos exige una nueva cultura política, una educación ciudadana transformadora, y una voluntad política real de democratizar el Estado desde adentro y desde afuera.

Hacia una democracia radicalmente humana 

Finalmente, el ideal que se busca no es una tecnocracia ilustrada ni una democracia reducida al voto. Lo que se propone es una democracia radicalmente humana, en la que el poder político no sea una maquinaria de privilegios, sino un espacio de servicio al bien común. Una democracia que respete la diferencia, que escuche el disenso, que redistribuya el poder, que proteja la vida y el planeta.

Un nuevo pacto social —impulsado por una sociedad civil viva y un Estado legítimo— debe nacer de las calles, las comunidades, las resistencias, las pedagogías populares, las utopías posibles. No se trata de restaurar el viejo contrato social, sino de escribir otro, con tinta de dignidad, voz plural, y horizonte colectivo.

Porque no hay Estado fuerte sin pueblo fuerte. Y no hay justicia sin democracia viva.