LA MUJER CAMPESINA EN COLOMBIA

 

Un artículo dedicado a NUBIA MARTINEZ y a sus valientes reclamos frente a la realidad de la mujer campesina en Boyacá - Colombia 

 

Entre la servidumbre, la resistencia y la dignidad 

En los campos de Colombia, donde la vida se aferra a la tierra con la dureza del surco y el sudor, la mujer campesina carga sobre sus hombros el peso de una historia de exclusión, explotación y silencios forzados. Su existencia ha sido moldeada por relaciones de poder profundamente patriarcales, donde el trabajo, la vida y el cuerpo son territorios colonizados por el machismo, la pobreza y la violencia estructural.

A. La esclavitud doméstica y productiva.

La mujer campesina colombiana enfrenta una doble y, a menudo, triple jornada: trabaja la tierra, cuida a la familia y mantiene el hogar en condiciones de absoluta precariedad. Aun cuando aporta de manera decisiva a la producción agrícola, su labor es invisibilizada por un sistema económico que no reconoce ni remunera el trabajo reproductivo. Se trata de una forma de esclavitud moderna, donde el trabajo no tiene salario, el cuerpo no tiene descanso y la voz no tiene eco.

En muchas zonas rurales, el acceso a servicios básicos como salud, educación, agua potable o energía eléctrica sigue siendo una promesa incumplida. Las mujeres viven y crían a sus hijos en condiciones que rayan en lo infrahumano. Sus cuerpos, además, son los primeros en ser golpeados por la violencia armada, el desplazamiento forzado, la represión estatal y el abandono gubernamental.

B. Patriarcado, servidumbre y control del cuerpo 

La vida de la mujer campesina está marcada por el control patriarcal del cuerpo y la voluntad. Desde edades tempranas, muchas niñas son obligadas a asumir roles de cuidado y sumisión, y una vez adultas, se les impone la maternidad como destino, y el sacrificio como virtud. El poder patriarcal no se expresa solo en lo íntimo, sino también en lo político: el acceso de las mujeres a la tierra, al crédito, a la participación en organizaciones sociales y al poder local ha sido restringido históricamente por estructuras machistas que las relegan a un papel de acompañamiento o de simple fuerza de trabajo.

Los cacicazgos regionales, profundamente anclados en prácticas clientelistas y autoritarias, reproducen estas relaciones de subordinación. Las mujeres son instrumentalizadas como votos, como fuerza de trabajo electoral o como botín de guerra simbólico para mantener el poder territorial en manos de élites masculinas conservadoras, muchas veces vinculadas con redes de corrupción, narcotráfico o paramilitarismo.

C. Una vida precarizada

 La pobreza estructural del campo colombiano tiene rostro de mujer. Según informes de la Misión para la Transformación del Campo, las mujeres campesinas enfrentan mayores índices de pobreza multidimensional que los hombres, acceso limitado a la propiedad de la tierra (solo el 26 % de los predios rurales están a nombre de mujeres), y discriminación sistemática en las políticas públicas. En muchas regiones, su esperanza de vida es inferior a la media nacional y su acceso a servicios de salud sexual y reproductiva es casi nulo.

 La falta de educación y de infraestructura escolar adecuada refuerza el círculo de pobreza intergeneracional. Muchas niñas campesinas abandonan la escuela para ayudar en las labores domésticas o para casarse precozmente, perpetuando una cultura de resignación, sumisión y silenciamiento.

D. Luchas por la tierra y la dignidad

Pese a este panorama desolador, la mujer campesina ha sido protagonista de luchas admirables por la tierra, la soberanía alimentaria, la dignidad del trabajo rural y la justicia social. Movimientos como el de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCIC), las Dignidades Campesinas, los procesos de mujeres en el Congreso de los Pueblos o en las Zonas de Reserva Campesina han hecho visibles sus reivindicaciones y exigencias. 

Estas mujeres no solo reclaman acceso a la tierra, sino a la vida plena, a la justicia y a la palabra. Exigen ser reconocidas como sujetas políticas, como productoras, como lideresas sociales. Sus luchas confrontan el patriarcado rural, las lógicas clientelistas, la violencia armada y el extractivismo, que amenaza con arrebatarles no solo el territorio sino el sentido de comunidad.

E. Nuevas resistencias frente a las viejas opresiones

En los últimos años, ha emergido una nueva generación de mujeres campesinas que se organizan desde una conciencia crítica y de feminismo campesino y popular. Ellas cuestionan las formas tradicionales de organización agraria que han marinado aquí sus voces, y construyen redes de solidaridad, economías alternativas y pedagogías de la resistencia.

Desde la agroecología, las escuelas campesinas, los procesos de comunicación popular, las mingas por la vida y los encuentros de mujeres rurales han comenzado a subvertir el relato patriarcal del campo. La palabra se ha convertido en herramienta de emancipación, y el cuerpo, antes esclavizado por el trabajo y el control, se reivindica como territorio de libertad.

Estas resistencias también denuncian la violencia de género en el contexto rural, el abuso por parte de actores armados, la negligencia institucional y la falta de políticas con enfoque de género rural. A través de sus luchas, reconfiguran el campo como un espacio de vida digna, no de servidumbre.

F. Una justicia campesina con rostro de mujer

La mujer campesina colombiana no es una víctima pasiva de las estructuras patriarcales y capitalistas que rigen el campo. Es una luchadora incansable por el derecho a vivir, sembrar, cuidar, hablar y decidir. Su lucha no es solo por la tierra, sino por la posibilidad de construir un mundo en el que valga la pena vivir.

Cualquier proceso de reforma agraria, de transformación rural o de construcción de paz debe reconocer centralmente su papel. No habrá justicia social sin justicia de género en el campo. No habrá paz sin la dignificación plena de la vida de las mujeres campesinas.

Porque ellas, que han parido la resistencia en medio del polvo y la sangre, son las verdaderas sembradoras de esperanza. La paz tiene nombre de mujer.

 

 

TIERRA, TRABAJO Y DIGNIDAD 

Condiciones de trabajo y propiedad de la clase campesina y la necesidad de una agenda unificada de lucha

 En la Colombia rural, en las veredas, corregimientos, fincas y parcelas, habita una de las poblaciones más históricamente olvidadas y sistemáticamente vulneradas del país: la clase campesina. Sujetos fundantes de la nación, trabajadores de la tierra, guardianes de saberes ancestrales y de la soberanía alimentaria. 

 Los campesinos y campesinas han vivido bajo un régimen de exclusión estructural que se manifiesta en condiciones laborales indignas, ausencia de garantías prestacionales, precariedad de la propiedad agraria y una sistemática negación de sus derechos fundamentales.

 Este análisis nace de una conversación con ÁLVARO MATALLANA y de su preocupación por los campesinos y campesinas del país,  se propone examinar críticamente las duras condiciones que enfrenta el campesinado colombiano, destacar su lucha histórica por el acceso a la tierra y por una reforma agraria integral, reivindicar el papel de las organizaciones campesinas —en particular la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC)— y plantear una propuesta de agenda de lucha que unifique las reivindicaciones más urgentes, superando divisiones políticas e ideológicas que tanto han debilitado el movimiento agrario.

 

I. El campesinado y su exclusión estructural

 Colombia es un país rural. Más del 60% del territorio nacional es rural y, sin embargo, su población campesina —que representa alrededor del 25% de la población total— permanece en condiciones de alta marginalidad. El campesinado colombiano no solo vive en situación de pobreza monetaria y multidimensional, sino que además enfrenta profundas desigualdades respecto al acceso a salud, educación, infraestructura vial, servicios públicos, conectividad digital y garantías de seguridad.

 En lo laboral, los trabajadores rurales desempeñan jornadas extenuantes de más de 10 horas diarias, muchas veces sin ningún tipo de contrato formal, sin afiliación a seguridad social, sin pago de prestaciones, subsidios o pensiones. De acuerdo con cifras del DANE y de la Misión para la Transformación del Campo, más del 85% del trabajo rural se da en condiciones de informalidad. El trabajador campesino está expuesto a enfermedades laborales, a accidentes, a pérdidas por fenómenos climáticos, sin ningún respaldo del Estado o del mercado.

 La tenencia de la tierra sigue siendo uno de los núcleos más dolorosos de la desigualdad social colombiana. El 1% de las fincas concentra más del 80% de la tierra productiva del país. A pesar de décadas de reformas agrarias parciales o fallidas, la estructura latifundista se ha consolidado. A esto se suma la amenaza de los agronegocios, la agroindustria extractiva, la especulación inmobiliaria, los monocultivos y las economías ilícitas que, en muchos territorios, imponen reglas de despojo, desplazamiento y muerte.

 

II. Luchas históricas por la tierra: la ANUC y otras organizaciones campesinas

 La lucha campesina en Colombia ha sido constante y heroica. Uno de los hitos más significativos de esta lucha fue el surgimiento de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), fundada en 1967 como parte del proceso de reforma agraria impulsado por el Frente Nacional. Si bien nació con cierto grado de cooptación institucional, la ANUC rápidamente se transformó en un movimiento autónomo y combativo, convirtiéndose en la mayor organización campesina de América Latina en los años 70.

 La ANUC promovió masivas movilizaciones, tomas de tierras, creación de cooperativas y experiencias de economía solidaria. Su consigna de "la tierra para quien la trabaja" sintetizó la aspiración de millones de familias rurales excluidas del acceso a la propiedad. Sin embargo, su crecimiento e impacto despertaron la reacción violenta de los terratenientes, de sectores conservadores del Estado y de grupos paramilitares, lo que derivó en represión, asesinatos y persecución política.

 La fractura de la ANUC —dividida en alas oficialistas y autónomas— marcó un momento crítico para el movimiento campesino. Desde entonces, han surgido diversas organizaciones como la Coordinadora Nacional Agraria (CNA), el Congreso de los Pueblos, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), la Mesa Campesina, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Proceso de Comunidades Negras (PCN), entre muchas otras. Todas han hecho importantes aportes a la lucha por la tierra, la soberanía alimentaria, la economía propia y la dignificación de la vida campesina, aunque también han estado marcadas por disputas internas, fragmentaciones ideológicas y estrategias divergentes.

 

III. Las divisiones: un obstáculo para la unidad campesina

 Uno de los grandes desafíos del movimiento campesino ha sido su fragmentación. Las diferencias políticas, ideológicas y estratégicas entre organizaciones ligadas a diferentes corrientes de izquierda, de iglesias progresistas, de sindicatos o movimientos indígenas y afro, han debilitado la posibilidad de construir una agenda unificada. Esta dispersión ha sido hábilmente aprovechada por el Estado y los gobiernos de derecha, por las élites terratenientes para dividir y neutralizar las luchas sociales en el campo.

 Es común que los paros agrarios o las negociaciones con el gobierno terminen fragmentadas entre múltiples mesas, agendas y vocerías. Las diferencias entre sectores que optan por el diálogo institucional y otros que reivindican la movilización directa o la autodefensa territorial, muchas veces derivan en desconfianzas mutuas que impiden consolidar una fuerza común. Además, las lógicas clientelistas de la política tradicional y los programas asistencialistas del Estado rural han contribuido a la cooptación y desmovilización de sectores campesinos organizados.

 Superar esta situación exige un giro estratégico hacia la construcción de una identidad campesina común, más allá de las diferencias partidarias o doctrinarias. Es necesario reivindicar al campesinado como sujeto político, económico y cultural, con derechos propios, como lo ha reconocido la Corte Constitucional (Sentencia T-763 de 2012) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (2018). Solo desde una unidad en la diversidad será posible avanzar en una agenda transformadora para el campo colombiano.

 

IV. Propuesta de una agenda campesina de lucha y reivindicación

 Ante el panorama descrito, hay que proponer una Agenda Campesina Unificada que recoja las demandas históricas, responda a las urgencias actuales y siente las bases para una transformación rural estructural y democrática. Esta agenda podría estructurarse en los siguientes ejes:

1.    Reforma agraria y rural integral y participativa

a)  Redistribución equitativa de la tierra con enfoque territorial, de género y étnico. 

b) Garantía de acceso real a tierras productivas, seguras y con acompañamiento técnico, financiero y organizativo.

 c) Restitución efectiva de tierras despojadas y fortalecimiento de zonas de reserva campesina.

 

2.      Derechos laborales y prestacionales para el campo 

a) Formalización del empleo rural, reconocimiento de las labores campesinas como trabajo digno, garantía de afiliación a salud, pensión y riesgos laborales.

b) Establecimiento de un salario rural digno y programas de seguridad y protección social para trabajadores del campo.

3.      Soberanía alimentaria y economía campesina

a) Protección de las semillas nativas, promoción de sistemas agroecológicos, fortalecimiento de mercados campesinos locales y regionales, prohibición de transgénicos y freno a la importación masiva de alimentos.

 b) Apoyo técnico y crediticio para la producción diversificada y sostenible.

4.      Infraestructura y bienestar rural 

a) Inversión estatal masiva en salud, educación, vivienda, transporte, conectividad digital, agua potable y saneamiento básico en zonas rurales. 

b) Reconocimiento de la ruralidad como espacio de vida digna, no como periferia olvidada.

5.      Reconocimiento del campesinado como sujeto de derecho.  

a) Implementación efectiva del fallo de la Corte Constitucional y de la Declaración de la ONU. Inclusión de los derechos campesinos en la Constitución Política. 

b) Garantía de participación directa en las políticas públicas rurales.

6.      Autonomía territorial y participación política.

 a) Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal, los Consejos Comunitarios, las Autoridades Ancestrales y las organizaciones campesinas de base.

b) Participación vinculante en los planes de desarrollo rural y en las instancias de concertación estatal.

7.      Fin de la violencia y protección de líderes sociales

a.      Desmilitarización del campo, desmantelamiento de grupos armados ilegales, garantías efectivas para la vida y la integridad de líderes campesinos.

b.      Reparación integral para las víctimas del conflicto en el campo, incluyendo víctimas de la violencia política.

8.      Unidad campesina en la diversidad

a.     Construcción de un espacio de articulación nacional de organizaciones campesinas, étnicas y rurales que, desde la diferencia, puedan tejer una plataforma común de lucha, negociación y movilización. 

b.      Esta unidad debe estar basada en principios de autonomía, justicia social, democracia y paz territorial.

UNA REFLEXIÓN FINAL

La dignidad brota de la tierra…

El futuro de Colombia se juega en el campo. Sin justicia agraria no habrá paz, sin dignidad campesina no habrá democracia. La clase campesina no es un rezago del pasado, sino un actor estratégico para construir una sociedad más justa, sostenible y soberana. Su lucha por la tierra, por el trabajo digno, por la vida y por la autodeterminación, es una causa que interpela al conjunto de la sociedad.

Es urgente dejar de ver al campesinado como un problema y empezar a reconocerlo como la solución. Ellos y ellas han sembrado alimentos en medio del conflicto, han cuidado los territorios en medio del abandono estatal, han resistido al despojo con dignidad y sabiduría. Lo que les corresponde ahora no es la limosna del asistencialismo ni la represión del autoritarismo, sino la plena garantía de sus derechos y la posibilidad de decidir sobre su presente y su destino.

Por eso, una agenda campesina unificada, nacida desde las bases y articulada con todos los sectores populares, puede convertirse en el eje de una nueva esperanza para Colombia. Porque donde florece la dignidad campesina, florece la justicia social. Y donde se siembra justicia, siempre habrá cosecha de paz.

 

 

CONTRA EL HAMBRE COMO ARMA 

Crítica al Bloqueo a Cuba y Llamado a una Solidaridad Eficaz entre los Pueblos

El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra la República de Cuba constituye uno de los actos más prolongados, inhumanos y arbitrarios en la historia contemporánea. Más que una simple política exterior, representa una forma moderna de guerra silenciosa, una estrategia de asfixia diseñada para doblegar por hambre y carencias a un pueblo que ha decidido vivir con dignidad, ejercer su soberanía y caminar por los senderos de la independencia. Se trata de una acción que, a pesar de su antigüedad, no ha perdido su carácter infame ni su capacidad de infligir dolor, en una clara manifestación de lo que significa hoy el uso del poder imperial en el mundo: una pequeñez moral que utiliza el sufrimiento civil como método de presión geopolítica.

 

1.      Un imperio contra una isla

Cuba, con sus apenas 11 millones de habitantes, ha resistido más de seis décadas de agresiones sistemáticas. El bloqueo —recrudecido aún más con la Ley Helms-Burton y las más de 240 sanciones impuestas durante los gobiernos de Donald Trump— limita no sólo el comercio, las finanzas y las transacciones internacionales, sino que impide el acceso a medicinas, tecnología, alimentos, combustibles y servicios básicos que salvan vidas. Es un castigo colectivo, criminal e inhumano.

Es una contradicción insostenible: el país más poderoso del mundo, con todos sus recursos diplomáticos, económicos y militares, utiliza su poder para aislar y dañar a una nación que ha optado por un modelo político soberano. Si bien se presentan estas medidas como sanciones “contra el gobierno cubano”, en la práctica afectan directamente a la población civil. ¿No es esto una forma de castigo colectivo, prohibida por el derecho internacional humanitario?

 

2.      La humanidad no puede ser rehén de los imperios

Lo que está en juego va más allá del caso cubano. Es la legalización de una doctrina de coerción global que habilita a las potencias a decidir quién vive y quién muere, quién puede desarrollarse y quién debe arrodillarse. Se castiga a Cuba por no rendirse, por mantener viva la llama de la autodeterminación. ¿Qué mensaje se está enviando a los pueblos del mundo? Que la libertad se paga con hambre. Que la independencia es una herejía en un mundo dominado por corporaciones y centros financieros globales.

Pero frente a esta ignominia, también se han levantado pueblos y naciones que se niegan a ser cómplices del atropello. La solidaridad con Cuba no ha sido sólo retórica; ha sido también práctica, concreta, profundamente ética.

 

3.      Una solidaridad soberana y amor eficaz. 

Durante la pandemia del COVID-19, mientras muchos países cerraban fronteras, el gobierno cubano envió brigadas médicas del Contingente Henry Reeve a más de 40 naciones, incluso a países europeos como Italia y Andorra. En contraste, Cuba recibía insumos y donaciones desde países del Sur Global que, con escasos recursos, entendieron que la solidaridad es el lenguaje más auténtico entre los pueblos. México, Argentina, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Vietnam, Sudáfrica, Rusia y China han sido algunos de los países que, desde diversas posiciones ideológicas, han acompañado a Cuba, desafiando las amenazas extraterritoriales del imperio.

 Incluso ciudades y regiones dentro de Estados Unidos y Europa han emitido resoluciones exigiendo el fin del bloqueo, desafiando a sus propios gobiernos. Esa es también una forma de amor eficaz entre pueblos: la desobediencia moral frente al crimen silencioso de matar con sanciones.

 

4.      ¿Qué hacer? Rutas para una solidaridad activa

El bloqueo a Cuba no puede enfrentarse sólo con condenas simbólicas. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha votado abrumadoramente durante 32 años seguidos por su levantamiento, sin que ello tenga efecto vinculante. Esto demuestra que el sistema internacional está secuestrado por los intereses de los más poderosos. La solidaridad verdadera debe entonces construir otras rutas:

 

• 1)      Organizar redes de comercio justo y cooperación directa con Cuba, desafiando los mecanismos de sanción con sistemas alternativos de intercambio.
• 2)      Impulsar campañas globales de presión ciudadana contra las empresas y bancos que acatan extraterritorialmente las leyes del bloqueo.
• 3)      Fortalecer el intercambio cultural, académico y científico como forma de romper el cerco mediático y político.
• 4)      Exigir que organismos internacionales de derechos humanos intervengan y documenten las violaciones que el bloqueo representa para los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo cubano.
• 5)      Apoyar las luchas de otros pueblos bloqueados, como Venezuela, Irán, Siria o Palestina, generando una conciencia común contra la guerra económica como herramienta de dominación.

 

5.      Por encima de los estados, la humanidad

El drama de Cuba —como el de tantos pueblos sometidos a medidas coercitivas unilaterales— nos obliga a repensar los límites de la legalidad internacional y el sentido ético de nuestras naciones. ¿Podemos aceptar un orden global donde el hambre sea utilizada como arma? ¿Dónde un niño cubano no tenga acceso a un medicamento porque un banco extranjero teme ser sancionado por Washington, o que un niño palestino muera de sed y hambre por el bloqueo de la ayuda humanitaria?

La humanidad debe colocarse por encima de los Estados, especialmente por encima de las potencias que actúan como poderes castigadores. Los pueblos no pueden seguir siendo rehenes de las guerras geopolíticas que solo defienden intereses de élites económicas y militares. La solidaridad internacional debe volver a ser un principio ético y político fundamental, un acto cotidiano de resistencia contra la injusticia global.

 

6.      ! ¡Cuba no está sola!!! 

 Cuba no ha sido vencida. Y eso, en sí mismo, es una victoria moral de proporciones gigantescas. Su resistencia es también la nuestra. La dignidad de un pueblo que no se rinde, a pesar del cerco, debe ser inspiración para quienes creemos en un mundo distinto. Un mundo donde los pueblos no sean chantajeados por elegir su camino. Un mundo donde amar a los otros no sea delito.

 Hoy más que nunca, debemos gritar con fuerza: ¡Abajo el bloqueo! ¡Viva la soberanía de los pueblos! Y que la esperanza organizada y solidaria sea el verdadero rostro del porvenir.

 Todos los estados democráticos y solidarios con el pueblo de Cuba y los pueblos del mundo que sufren bloqueo y hambre. 

 

 

SIONISMO, ANTISEMITISMO Y EL CONFLICTO DE ISRAEL Y PALESTINA. 

Claves para entender una tragedia histórica hecha genocidio

 

A mí amigo Jorge Acero, de una conversación en Transmilenio, sin terminar...

El conflicto entre Israel y Palestina es uno de los más prolongados y dolorosos del mundo contemporáneo. Para comprenderlo con claridad, es esencial distinguir conceptos fundamentales como sionismo y antisemitismo, y conocer los actores implicados, sus motivaciones y el trasfondo geopolítico que mantiene viva una guerra que ha cobrado miles de vidas y provocado desplazamientos masivos. También es necesario examinar el papel de potencias como Estados Unidos, Europa e Irán, así como el fracaso de organismos como las Naciones Unidas para detener lo que muchos califican como un genocidio en curso contra el pueblo palestino.

a.      ¿Qué es el sionismo?

El sionismo es un movimiento político e ideológico surgido a finales del siglo XIX, cuyo objetivo inicial fue establecer un hogar nacional judío en Palestina, entonces bajo dominio del Imperio Otomano. Su promotor más influyente fue Theodor Herzl, quien en 1896 publicó El Estado Judío, texto fundacional del sionismo moderno.

Originalmente, el sionismo surgió como respuesta a siglos de persecución y discriminación contra los judíos en Europa, y buscaba garantizarles un refugio seguro. Sin embargo, con el tiempo, el sionismo se transformó en una ideología nacionalista excluyente que ha justificado la colonización, el desplazamiento forzado del pueblo palestino y la ocupación militar de sus territorios.

Hoy, el sionismo oficial es el fundamento ideológico del Estado de Israel, y muchos de sus sectores más radicales promueven la expansión territorial, el apartheid y el supremacismo étnico judío en detrimento de los derechos del pueblo palestino.

 

b.     ¿Qué es el antisemitismo?

 El antisemitismo es una forma de odio y discriminación dirigida contra los semitas (hebreos, arameos, y árabes) judíos como grupo étnico o religioso. Ha existido durante siglos, con expresiones que van desde prejuicios culturales hasta crímenes atroces como el Holocausto nazi.

Es fundamental no confundir antisemitismo con la crítica legítima al Estado de Israel o al sionismo. Acusar de antisemitismo a quienes denuncian violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno israelí es una manipulación peligrosa que invisibiliza el sufrimiento palestino y blinda al Estado de Israel ante cualquier control internacional.

 

c.      El origen del conflicto entre Israel y Palestina

 El conflicto comenzó con la colonización sionista de Palestina durante el Mandato Británico (1917-1948), alentada por la Declaración Balfour (1917), en la que el gobierno británico expresó su apoyo a la creación de un “hogar nacional judío” en territorio palestino, sin consultar a sus habitantes.

En 1948, tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, se fundó el Estado de Israel, lo que derivó en la Nakba (catástrofe) palestina: más de 700.000 palestinos fueron expulsados o huyeron de sus hogares, se destruyeron cientos de aldeas y comenzó una era de ocupación, segregación y violencia.

Desde entonces, los palestinos han vivido bajo ocupación militar, bloqueos, expansión de asentamientos ilegales, desplazamientos forzados y represión sistemática. Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental son territorios ocupados ilegalmente según el derecho internacional. La resistencia palestina ha tomado diversas formas: desde la diplomacia y la protesta popular hasta la lucha armada.

 

d.     ¿Qué es Hamas?

Hamas (acrónimo en árabe de “Movimiento de Resistencia Islámica”) fue fundado en 1987 durante la Primera Intifada. Es un movimiento político-militar y religioso que se autodefine como una organización de resistencia frente a la ocupación israelí.

Hamas es considerado grupo terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea e Israel, pero también tiene una fuerte base de apoyo entre los palestinos, especialmente en la Franja de Gaza, donde gobierna desde 2007. Entre sus objetivos están:

• a.      Poner fin a la ocupación israelí.
• b.      Restaurar los derechos del pueblo palestino, incluidos el retorno de los refugiados y la creación de un Estado soberano.
• c.      Reivindicar Jerusalén como capital de Palestina.

Hamas ha sido responsable de ataques contra civiles israelíes, lo cual ha generado fuerte condena internacional. Sin embargo, sus acciones también deben entenderse en el marco de un conflicto profundamente desigual, donde el Estado de Israel posee superioridad militar y tecnológica aplastante y emplea castigos colectivos sobre la población civil, violando el derecho internacional humanitario.

 

e.      Irán e Israel: una rivalidad estratégica

El conflicto entre Irán e Israel no es territorial, sino geopolítico e ideológico. Irán se opone radicalmente al sionismo y apoya movimientos de resistencia en Palestina, Líbano (Hezbollah) y otros países. Considera a Israel un régimen ilegítimo que oprime a los pueblos musulmanes y constituye una amenaza para la seguridad regional.

Israel, por su parte, percibe a Irán como su mayor enemigo por su respaldo a grupos antiisraelíes y por su programa nuclear, aunque no se ha probado que Irán haya desarrollado armamento nuclear con fines ofensivos. Israel ha realizado numerosos ataques aéreos en Siria y otros países para frenar la influencia iraní, y ha asesinado científicos iraníes y bombardeado instalaciones militares, violando soberanía internacional con el consentimiento tácito de Estados Unidos.

 

f.       El papel de Estados Unidos y Europa

Estados Unidos es el principal aliado de Israel. Le entrega anualmente más de 3.800 millones de dólares en ayuda militar, le garantiza protección diplomática en organismos como el Consejo de Seguridad de la ONU y comparte una visión geopolítica estratégica para controlar Oriente Medio. El lobby proisraelí en Washington (como AIPAC) tiene un enorme peso en las decisiones políticas estadounidenses.

Europa, aunque más crítica en algunos casos, ha mantenido una postura tibia frente a los crímenes de guerra cometidos por Israel. Pese a sus compromisos con el derecho internacional, la Unión Europea continúa comerciando con empresas que operan en territorios ocupados y evita sancionar al gobierno israelí por miedo al coste político y económico.

Ambos bloques han sido cómplices pasivos o activos de las políticas de ocupación, segregación y limpieza étnica, financiando, armando o legitimando a un Estado que, en nombre de la seguridad, perpetúa una situación de apartheid y genocidio.

 

g.      El fracaso de las Naciones Unidas 

La ONU ha sido incapaz de frenar el genocidio en Palestina. Pese a contar con numerosas resoluciones que condenan la ocupación israelí, el establecimiento de asentamientos ilegales y las violaciones a los derechos humanos, ninguna se ha cumplido.

El veto permanente de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad ha impedido cualquier acción vinculante contra Israel. Las agencias humanitarias como UNRWA han sido hostigadas, desfinanciadas y expulsadas de Gaza, lo que ha agravado aún más la situación.

Las Naciones Unidas se han convertido en un espectador impotente, víctima de su propia arquitectura institucional basada en la hegemonía de las potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial. La impunidad israelí revela la doble moral de la comunidad internacional: se condenan rápidamente otras violencias, pero se guarda silencio o se justifican las atrocidades cometidas por un Estado aliado de Occidente.

h.     Un genocidio ante los ojos del mundo

La situación actual en Gaza y Cisjordania puede ser calificada, sin ambages, como genocidio. Se trata de la destrucción sistemática, intencional y planificada de una población mediante asesinatos, bloqueos, destrucción de infraestructura civil, impedimento del acceso a alimentos, agua, energía y atención médica.

Más de 50.000 palestinos han sido asesinados desde octubre de 2023, la mayoría mujeres y niños. Se han destruido hospitales, universidades, escuelas, y centros religiosos. Gaza ha sido convertida en un campo de concentración moderno, sin electricidad, sin refugio y sin salida.

 

i.        Un llamado a detener la barbarie

Es urgente un alto al fuego inmediato, la apertura de corredores humanitarios y el levantamiento del bloqueo a Gaza. Se necesita una presión internacional real sobre Israel para que cese su política de exterminio. La solución pasa por: 

• Ø  La retirada total de los territorios ocupados.
• Ø  El derecho al retorno de los refugiados palestinos.
• Ø  El fin del apartheid y el reconocimiento de un Estado palestino soberano con plenos derechos.

El mundo no puede seguir mirando hacia otro lado. La indiferencia, la hipocresía diplomática y la complicidad mediática han convertido este conflicto en una tragedia sin fin. Cada bomba que cae sobre Gaza no solo asesina personas, sino que mata también la conciencia colectiva de la humanidad.

A Manera de Cierre.

El conflicto entre Israel y Palestina no es una lucha entre iguales. Es la historia de un pueblo colonizado y oprimido que resiste frente a un Estado colonial armado hasta los dientes con el respaldo de las grandes potencias. No se puede hablar de paz mientras se mantenga la ocupación, la segregación y la impunidad. Poner fin al genocidio es una obligación ética global. Callar, justificar o mirar hacia otro lado es ser parte del crimen. La humanidad está fallando, y cada día que pasa sin justicia para Palestina, ese fracaso se vuelve más insoportable e inhumano.

 

 

DESEMPLEO, INFORMALIDAD Y FEMINIZACION DE LA POBREZA EN COLOMBIA 

Un análisis estructural y propuestas de política pública

A raíz de la aprobación de la reforma laboral, que beneficia un sector importante de los trabajadores, se amerita hacer un análisis de la relación entre el desempleo, la informalidad laboral y la feminización de la pobreza en Colombia, con base en datos recientes y fuentes institucionales. 

A pesar de la reforma laboral y la disminución de la tasa de desempleo, el empleo de baja calidad y sin garantías continúa siendo la norma para millones de trabajadores y trabajadoras. En este ensayo se evidencian las brechas estructurales de género en el mercado laboral y se plantea un conjunto de recomendaciones de política pública para enfrentar esta problemática de forma integral.

1.      Empleo, informalidad y calidad laboral en Colombia.

Colombia enfrenta una contradicción estructural en su mercado laboral: mientras las cifras agregadas muestran una disminución sostenida del desempleo, la informalidad, la precarización y las desigualdades de género persisten y, en algunos casos, se agudizan. Esta situación alimenta la reproducción de la pobreza, especialmente en los hogares encabezados por mujeres, donde la falta de empleo formal, el acceso limitado a la protección social y la persistencia de roles de género tradicionalmente asignados se traducen en vulnerabilidad económica y social. 

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleo en Colombia para mayo de 2025 fue del 9 %, la más baja para ese mes en más de dos décadas. No obstante, esta mejora cuantitativa contrasta con la calidad del empleo: según el Banco de la República y BBVA Research, más del 74 % de los empleos creados recientemente pertenecen al sector informal, es decir, sin contrato legal, afiliación a la seguridad social o derechos laborales garantizados.

La informalidad alcanza un 56 % a nivel nacional, con variaciones significativas entre zonas urbanas (43 %) y rurales (más del 70 %). Estas cifras reflejan una estructura laboral segmentada y excluyente, en la que millones de trabajadores subsisten sin acceso a pensiones, salud, licencias remuneradas o mecanismos de protección frente al despido arbitrario.

2.      Género y segmentación ocupacional: una crítica al modelo laboral 

Aunque los hombres presentan una tasa de informalidad levemente superior en promedio, el análisis interseccional revela que las mujeres —especialmente en zonas rurales, con bajos niveles educativos o con responsabilidades de cuidado— enfrentan condiciones laborales más precarias. La tasa de participación laboral femenina apenas supera el 56 %, frente al 76 % de los hombres, y la tasa de desempleo de las mujeres es superior en al menos 4,6 puntos porcentuales.

Esta desigualdad no es sólo numérica, sino estructural: las mujeres están sobrerrepresentadas en sectores tradicionalmente feminizados —como servicios, educación, salud y trabajo doméstico— donde predominan contratos inestables, bajos ingresos y alta informalidad. Además, la sobrecarga de trabajo no remunerado en el ámbito doméstico limita las posibilidades de inserción plena y equitativa en el mercado laboral.

3.      Feminización de la pobreza en Colombia. 

La pobreza en Colombia tiene rostro de mujer. El 44,2 % de los hogares colombianos está encabezado por mujeres, y de ellos, más del 41 % vive en situación de pobreza monetaria y el 16,7 % en pobreza extrema. En hogares con jefatura masculina, estas cifras son significativamente menores (33,1 % y 11,6 %, respectivamente). 

En contextos rurales, la situación se agrava: el 50,4 % de los hogares con jefatura femenina vive en pobreza, enfrentando no solo la exclusión del mercado laboral formal, sino también la negación de derechos económicos fundamentales, como la propiedad de la tierra, el acceso al crédito o la participación en políticas de desarrollo productivo.

Esta feminización de la pobreza no es un fenómeno coyuntural, sino el resultado de una acumulación histórica de desigualdades estructurales, patriarcales y económicas que colocan a las mujeres —y particularmente a las madres cabeza de hogar— en una situación de desventaja persistente.

4.      Políticas laborales, informalidad y exclusión. 

Las políticas laborales en Colombia han mostrado limitados avances en la superación de la informalidad y la promoción del trabajo decente. Las recientes reformas han enfocado sus esfuerzos en mejorar la cobertura de seguridad social y fortalecer el rol del Ministerio de Trabajo como ente de vigilancia. Sin embargo, persisten barreras institucionales y estructurales que limitan su efectividad: la carga tributaria para pequeñas empresas, la rigidez de ciertos marcos regulatorios, y la escasa fiscalización en sectores como el trabajo doméstico o el empleo agrícola.

Por otra parte, los mecanismos de protección social no han logrado adaptarse a las realidades del trabajo informal, dejando fuera del sistema a millones de personas que no cotizan, no tienen contrato, o dependen de ingresos variables. Esta situación perpetúa la precariedad, la exclusión y la pobreza intergeneracional.

5.      Propuestas para superar el desempleo y garantizar trabajo digno. 

Frente a este panorama, es necesario replantear el enfoque de las políticas públicas desde una perspectiva estructural, de derechos y con enfoque de género. A continuación, se presentan algunas recomendaciones clave:

a.      Incentivar la formalización laboral, especialmente en pequeñas y medianas empresas, mediante la reducción progresiva de cargas parafiscales y beneficios tributarios condicionados a la afiliación de trabajadores al sistema de seguridad social.

b.      Ampliar y fortalecer los mecanismos de inspección laboral, priorizando sectores con alta informalidad y vulneración de derechos laborales, e incorporando tecnologías de monitoreo y sistemas de denuncia accesibles.

c.      Implementar políticas de corresponsabilidad social en el cuidado, incluyendo jardines infantiles públicos, ampliación de licencias parentales equitativas y programas de cuidado comunitario que liberen tiempo productivo para las mujeres.

d.      Diseñar programas de formación técnica y reconversión laboral, orientados a sectores estratégicos (tecnología, manufactura, servicios especializados), con acciones afirmativas para mujeres, jóvenes y poblaciones rurales.

e.      Construir un sistema de protección social adaptado a la informalidad, que garantice acceso progresivo a salud, pensiones y seguros de desempleo a quienes no cumplen con los requisitos tradicionales de cotización.

f.        Fomentar el liderazgo económico femenino, mediante acceso preferencial a crédito, titularidad de tierras, participación en compras públicas y apoyo técnico para emprendimientos liderados por mujeres.

g.      Monitorear de forma periódica y desagregada las condiciones laborales, los niveles de informalidad y pobreza, con indicadores específicos de género, territorio y sector económico, para orientar las decisiones públicas con base en evidencia.

6.      Ideas para una reflexión que debe abrirse. 

El desempleo en Colombia ya no es el único indicador crítico: la informalidad, la baja calidad del empleo y las profundas desigualdades de género configuran una problemática compleja que debe abordarse desde múltiples frentes. La feminización de la pobreza no es sólo una consecuencia del sistema laboral excluyente, sino un síntoma de un modelo de desarrollo inequitativo que perpetúa la desigualdad estructural.

Superar esta situación requiere una transformación profunda de las políticas laborales y sociales, que reconozca el trabajo como derecho y como base para una ciudadanía plena. Un trabajo digno, con derechos y con equidad de género, no es solo un objetivo social, sino una condición fundamental para la superación de la pobreza, la justicia económica y el desarrollo sostenible del país.

 

 

CONTRA EL PATERNALISMO COMUNITARIO 

Por una autogestión democrática en territorios adversos

 

En vastas regiones de América Latina, y particularmente en contextos como el colombiano, las comunidades enfrentan una doble condena: la violencia persistente que fractura el tejido social y la indiferencia o negligencia histórica del Estado. Ante esa realidad, muchas comunidades han optado por un camino empinado pero digno: la construcción de autonomía, autogestión e independencia en medio de territorios donde la institucionalidad brilla por su ausencia y la guerra —ya sea criminal, revolucionaria o paramilitar— marca la cotidianidad.

Sin embargo, persiste también otro fenómeno menos visible, pero igualmente destructivo: el comunitarismo paternalista. Se trata de comunidades que, atrapadas en una lógica asistencialista, han renunciado a sus capacidades de agencia y organización, convirtiéndose en solicitantes permanentes de favores estatales o de organizaciones externas. En vez de levantar la voz desde su propia fuerza, se postran ante el poder, demandando lo que no construyen ni se atreven a imaginar. Es una dependencia crónica que neutraliza las posibilidades de transformación estructural y perpetúa relaciones coloniales, incluso dentro del propio país.

Este artículo busca hacer una crítica profunda a esa postura mendicante, pero al mismo tiempo, exaltar con firmeza a las comunidades que han decidido romper esas cadenas y construir desde abajo, desde el barro y la esperanza, procesos de vida y justicia social. Porque sí existen —aunque no sean protagonistas en los titulares— comunidades que no esperan al Estado, sino que lo enfrentan desde la ética del cuidado, el trabajo colectivo y la decisión política de no ser esclavos de la caridad ni víctimas perpetuas del abandono.

1.      El mito del Estado benefactor: una trampa paralizante

Durante décadas, el discurso dominante ha promovido una imagen del Estado como un ente todopoderoso, obligado a suplir todas las necesidades de la población. En teoría, esta visión responde a un modelo de justicia distributiva en el que el Estado, como garante de derechos, debe intervenir activamente en los territorios más vulnerables. Pero la práctica ha sido otra. Allí donde más se requiere la presencia estatal, ha habido omisión, negligencia o corrupción.

Ante esa ausencia, muchas comunidades han desarrollado una relación tóxica con el Estado: lo acusan —con razón— de su olvido, pero al mismo tiempo lo idealizan como el único capaz de resolver sus problemas. Esto alimenta una cultura de la espera, de la queja permanente, de la solicitud infinita de ayudas que rara vez llegan y que, cuando lo hacen, son paliativos sin transformación estructural.

Ese modelo paternalista, además, ha sido aprovechado por élites políticas, ONGs, iglesias y partidos que entienden que una comunidad que vive mendigando es más fácil de manipular. La dependencia se convierte en una herramienta de control social y político. Así, se bloquea toda posibilidad de construir una ciudadanía activa, crítica y transformadora.

2.      Comunidades de pie: cuando la dignidad se organiza

Pero no todo es inercia ni resignación. En muchos rincones de Colombia —como en el Pacífico, la Orinoquía, el Catatumbo o el suroccidente del país— han emergido comunidades que se niegan a vivir como víctimas eternas. Son pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, barrios populares, procesos juveniles o colectivos de mujeres que han comprendido que la justicia social no se mendiga: se construye.

 Estas comunidades no esperan al Estado para tener agua potable, educación o salud. Las gestionan. No esperan subsidios para alimentar a sus hijos. Producen, cooperan, truecan. No esperan ser reconocidas por leyes escritas desde arriba. Reclaman sus derechos con el cuerpo y la palabra. No le entregan su destino a caudillos o partidos. Deciden en asamblea, deliberan, se autogobiernan. Son ejemplos vivos de democracia radical.

Un caso paradigmático son las Zonas de Reserva Campesina, espacios autogestionados que reivindican el control territorial comunitario sobre el uso de la tierra. En muchas de ellas, los habitantes han construido escuelas, centros de salud, sistemas de justicia comunitaria y economías propias. Otro ejemplo son los Consejos Comunitarios afrodescendientes, que gestionan sus territorios con visión ancestral y sostenible. También se encuentran las iniciativas de educación popular autónoma como las Escuelas de Paz, que surgen como respuesta a la guerra y la exclusión.

3.      El valor de la autonomía: más allá de la autosuficiencia

Hablar de autonomía no es romantizar el aislamiento. No se trata de crear comunidades cerradas, sino de procesos colectivos que recuperan el control sobre sus decisiones fundamentales: qué producir, cómo educar, cómo curar, cómo vivir. Es una apuesta por la soberanía popular desde abajo, no como consigna, sino como práctica cotidiana.

La autonomía no significa negar al Estado, sino dejar de depender de él como único proveedor. Implica más bien interpelarlo, exigirle desde la fuerza construida, no desde la carencia. Una comunidad autónoma no renuncia a sus derechos: los defiende con hechos. Y cuando negocia con el Estado, lo hace desde la dignidad, no desde la súplica.

Además, la autonomía no es autosuficiencia individualista, sino construcción colectiva. Se sustenta en el trabajo común, en la redistribución interna, en la solidaridad concreta. No hay autonomía sin tejido comunitario, sin confianza mutua, sin organización.

4.      Territorios adversos: democracia desde el riesgo

Estos procesos no se dan en contextos fáciles. Muchas de estas comunidades construyen su dignidad en medio de la violencia de grupos armados, el narcotráfico, la minería extractiva, la militarización o el desplazamiento. No tienen garantías, ni acuerdos de ningún tipo, ni pactos firmados. Pero aun así resisten. Y en esa resistencia florecen alternativas democráticas de un valor incalculable.

En territorios donde ser líder comunitario es casi una sentencia de muerte, donde defender la tierra puede costar la vida, organizarse no es un lujo ideológico sino un acto de sobrevivencia. Por eso, estas comunidades no son solo autónomas: son heroicas. Su ejemplo es más potente que cualquier discurso institucional. Son prueba viviente de que es posible otra manera de habitar el país.

5.      Contra el paternalismo: pedagogía de la emancipación

Superar el paternalismo implica una profunda transformación cultural. Significa desmontar el discurso del “pobrecito” y sustituirlo por una narrativa de dignidad. Significa dejar de ver a las comunidades como destinatarias pasivas y reconocerlas como sujetos políticos. Significa reemplazar la lógica del favor por la lógica del derecho.

Esto no se hace solo con discursos. Requiere pedagogía. Necesitamos formar sujetos comunitarios que piensen con cabeza propia, que conozcan sus derechos, que se organicen, que no se dejen comprar por promesas electorales ni por limosnas institucionales. Una pedagogía para la emancipación no reproduce la dependencia, sino que siembra la autoconfianza colectiva.

6.      Comunidades que construyen país

El futuro de Colombia no está en manos de tecnócratas ni de burócratas. Está en esas comunidades que, día tras día, levantan territorios con dignidad, con autonomía, con justicia social. Son ellas las que están reconstruyendo el país real mientras otros lo debaten en los salones del poder. 

Necesitamos mirar allí, apoyar allí, aprender allí. Porque no hay transformación verdadera sin pueblos organizados. No hay justicia sin autogestión. No hay democracia sin autonomía. Las comunidades que dejan de mendigar y comienzan a construir no solo dignifican su existencia: nos muestran el camino a todos.

Es tiempo de dejar atrás la dependencia y el paternalismo. Es tiempo de levantar comunidades autónomas que, sin renunciar a sus derechos, asuman el reto de ser gestoras de su presente y constructoras de su futuro. Porque solo así la justicia dejará de ser un sueño y se convertirá en territorio.