PONENCIA. Congress Latin American Research
Review-LASA-
Colombia
Guerra y
paz durante la administración Santos
CARLOS MEDINA GALLEGO
Docente –
Investigador
Universidad
Nacional de Colombia
Grupo de
Investigación en Seguridad y Defensa
1. Esta ponencia centra su atención en
el análisis de los desarrollos que ha tenido el conflicto armado y los procesos
de paz en Colombia durante la administración del Presidente Juan Manuel Santos.
Busca en lo esencial resolver cuatro interrogantes: ¿Cómo ha evolucionado la
política de seguridad y defensa en la administración Santos, en relación con el
gobierno anterior?, ¿Cuáles han sido los resultados de esa política en la lucha
contra el crimen organizado y la insurgencia en el país?, ¿Cuáles son las
nuevas amenazas en materia de seguridad existentes con la aparición de las
Bandas Criminales(BACRIM) y las adecuaciones de la insurgencia a las nuevas
estrategias de guerra desarrolladas por el Estado? Y, ¿Qué avances hay en materia de construcción
de escenarios de diálogos de paz en el país?.
2. El
gobierno del Presidente Uribe construyó durante sus dos administraciones un
enfoque particular para caracterizar el conflicto colombiano y comportarse
conforme a ello en materia de seguridad y defensa en el desarrollo de su
política de Seguridad Democrática. Su concepción se centró en negar la
existencia del conflicto armado y caracterizar el mismo como una amenaza
terrorista, en correspondencia con el impulso de las políticas de la seguridad
global desarrolladas por E.U. en torno a la lucha contra el terrorismo[1].
3.
La estrategia desarrollada
por la política de seguridad democrática se centro en términos operativos en la
modernización y moralización de la fuerza pública y en particular de las
fuerzas armadas que habían sido derrotas en el desarrollo de la guerra de
tierra por la guerrilla colombiana. Dos armas nuevas fueron introducidas en el
desarrollo de las operaciones militares en especial contra las guerrillas de
las FARC y el ELN, la inteligencia militar y policial y, la aviación militar,
que le permitió a la fuerza pública llevar la guerra al aire y propiciar a las
guerrillas duros golpes. Las distintas operaciones militares desarrolladas por
la coordinación de todas las fuerzas arrojo en términos de bajas, capturas,
deserciones, y desarticulación de estructuras importantes resultados obligando
a las guerrillas a redefinir su estrategia de guerra para poder enfrentar la
ofensiva militar. Los logros alcanzados comenzaron a mostrar la vulnerabilidad
de la guerrilla en niveles de dirección, antes intocables, denominados
objetivos de alto impacto, que se correspondían a la captura o aniquilación de
los miembros del Estado Mayor Central y del Secretariado de las FARC, así como
de la dirección Nacional del ELN y el COCE.
4.
En el desarrollo de la
política de seguridad democrática del gobierno Uribe y no obstante los éxitos
de la misma, se produjo un serio cuestionamiento a varios aspectos que
resultaron improcedente y lesivos para la democracia y el ejercicio de los
derechos fundamentales de la población. A la idea de que la seguridad demandaba
de una restricción de las libertades individuales, se fue generando el
creciente involucramiento de la población civil en tareas de seguridad con las
repercusiones que ello tiene en la construcción del tejido y las redes de
convivencia y solidaridad social, creando un ambiente de inseguridad donde
cualquier ciudadano era potencialmente sospechoso y objeto posible de una
perversa política de recompensas.
5. A
esto se sumo el desarrollo del proceso de paz con los paramilitares, los
acuerdos de desmovilización y sometimiento a la Ley de Justicia y Paz, bajo el
compromiso de la no extradición y la responsabilidad de los comandantes
desmovilizados de contribuir con los procesos de verdad, justicia y reparación
a las víctimas que se vio truncado con el incumplimiento del gobierno a través
de extradición hacia los tribunales norteamericanos. El proceso de
desmovilización pronto comenzó a mostrar dos nuevos fenómenos el resurgimiento
del fenómeno del para militarismo, ahora denominado por el Estado para encubrir
su fracaso como de Bandas Criminales y, por algunos investigadores académicos
como neoparamilitarismo.
La política
integral de seguridad y defensa para la prosperidad del presidente Santos.
1. El gobierno del presidente Santos ha
ido evolucionando de las estrategias heredadas de la administración
anterior hacia un nuevo modelo operativo
que busca hacer los ajustes pertinentes a la política y a las estrategias operativas
que se agotaron en camino del desarrollo de las políticas de Seguridad
Democrática, colocándolas en concordancia con los nuevos retos en materia de la
confrontación. Ha sostenido, como estrategia general, el desarrollo de las actividades de inteligencia
operativa, humana y técnica, y la guerra de aire con resultados importantes en
términos de golpes a las fuerzas insurgentes en sus objetivos de alto impacto y
en la desarticulación y aniquilamiento de destacamentos y frentes de la
guerrilla. Igualmente, en los últimos meses ha centrado las operaciones
militares contra mandos medios y ha desarrollados una estrategia dirigida a
producir desmovilizaciones, más que capturas.
2. Su
política ha estado dirigida al fortalecimiento económico del sector de seguridad que superó ampliamente en los presupuestos
los recursos de inversión social, estableciendo para la seguridad una inversión
en los próximos tres años (2012-2015) estimada en 25 billones de pesos. Durante
lo que va de la administración Santos se ha persistido en la Modernización de
la Fuerza Pública y en el crecimiento del pie de fuerza, incorporando
aproximadamente 26.000 efectivos entre enero del 2010 y lo que va del 2012, que
representa un incremento del 6% del pie de fuerza total estimado 447. 391 y
distribuido entre la Policía Nacional con 165.906 efectivos y las Fuerzas
Armadas con 281.485.
Avances, retrocesos y nuevos retos en materia de
seguridad y defensa durante los gobiernos de Uribe y Santos..
1.
Avances y logros
en seguridad durante la administración SANTOS.
1. La administración del presidente
Santos a través de la política integral de seguridad y defensa para la
prosperidad asumió el proceso de confrontación en una etapa en la que la
política de seguridad democrática se había agotado en logros y se requería de
un ajuste a la misma, en razón de que habían aparecido nuevos y más complejos
fenómenos de violencia heredados del ciclo de la fallida desmovilización
paramilitar que dio origen al fenómeno del neo paramilitarismo y las Bandas
Criminales (BACRIM) y a unas nuevas condiciones de la guerra originadas en los
procesos de ajuste táctico de los grupos insurgentes a la estrategia militar
del Estado.
2. Las estadísticas presentadas de los
estándares de eficiencia y calidad de las acciones de la fuerza pública,
durante el gobierno del Presidente Santos, señalan que durante el periodo que
va de su administración se han producido 1400 acciones terrorista (2.2 acciones
por día) que se expresan en ataque directo a la fuerza pública, a poblaciones y
estaciones de policía y a la infraestructura de oleoductos, torres de energía,
puentes y vías, así como hostigamientos, emboscadas, retenes ilegales,
incursión en poblaciones, con diverso impacto sobre la fuerza y la población
civil.
3. Durante este periodo la fuerza
pública ha obtenido distintos resultados contra los GAML que deben ser mirados
con cuidado por el redimensionamiento que tienen las cifras en relación con la
realidad numérica de los dos actores armados estimados en unos 12.000
hombres-armas. Así, si miramos el periodo
entre enero 2010 y febrero de 2012, según los reportes del Ministerio de
defensa, el número de neutralizados
(muertos en combate+ capturados + desmovilizados) se estima en 9334 integrantes[2] lo que
equivaldría al aniquilamiento del 78 % de la capacidad de fuego de las fuerzas
insurgentes, situación que tendría en extrema precariedad a los dos grupos,
porque el reclutamiento y la incorporación al combate de nuevos militantes
suele tomarse tiempo y, lo que están
mostrando estos grupos, es un incremento
significativo de su capacidad operativa, en acciones de hostigamiento, contra
la fuerza pública con significativos resultados.
4. Entre enero del 2010 y febrero del
2012, se han producido 1049 muertes de miembros
de la fuerza pública y 4530 bajas vivas (heridos), esto es que han sido
neutralizados por la insurgencia y el crimen organizado 5579 efectivos entre
oficiales, suboficiales, soldados, policías, auxiliares. Además de las muertes
producidas, en combates, emboscadas, y hostigamientos, resultan de mayor
problema las estrategias desarrolladas por la insurgencia con la siembra de
minas antipersonales y la colocación de artefactos explosivos[3] que en el periodo estudiado han dejado fuera
del combate a 1130 efectivos de la fuerza pública. Estas minas antipersonales y
la colocación de explosivos igualmente
han afectado a la población civil no dejando de producirse con ellas un número
elevado de muertes.
5. La situación de desplazamiento
generada por las dinámicas de la violencia y la guerra no han cesado, los datos
oficiales de Acción Social ahora Departamento para la Prosperidad Social
reportan una población desplazada en el periodo de enero de 2010 a febrero de
2012 de unas 250.000 personas
equivalente a unas cincuenta mil familias, que se localizan en medio de grandes
precariedades y desarraigos en los principales centros urbanos del país a la
espera de atención institucional.
Sobre los cambios en la dinámica de la guerra.
1. El desarrollo de las nuevas
políticas de seguridad de los dos gobiernos conjuntamente con sus planes
operativos con los que obtuvieron y siguen
obteniendo importantes resultados contra la insurgencia ha obligado a
estas organizaciones a hacer reingeniería en sus prácticas operativas y adecuar
sus planes militares.
2. La fortaleza de la fuerza publica para
cambiar la correlación de fuerzas en el desarrollo de la guerra (conflicto
armado) consistió en el impulso de un proceso de modernización de las
instituciones militares, el incremento del pie de fuerza, la recuperación de la
moral de combate, la política de informantes, cooperantes y recompensas, y el cambio en la estrategia militar centrada
en el desarrollo de la inteligencia técnica y humana para el combate y el
impulso de la guerra desde el aire, en el marco del desarrollo de grandes
planes estratégicos (Colombia, Patriota, Consolidación…) y a través de
operaciones especificas (Fénix, Jaque, Camaleón…) obteniendo con esto
significativos resultados que coloco a la fuerza pública a la ofensiva en la
confrontación, las organizaciones insurgentes igualmente ha desarrollado un
conjunto de modificaciones en sus prácticas de combate y en acomodamiento sobre
el territorio.
3. El proceso de reingeniería de los
GAML y en particular de las guerrillas
atraviesa no solo por la disposición de las fuerzas para nuevas
modalidades de combate en particular el uso de explosivos de defensa- ataque y
tiro de alta precisión, sino, la invisibilización de las fuerzas con la
desaparición uniforme y la parafernalia militar de ejercito en las áreas de
mayor crisis, el retorno a las tácticas partisanas de guerra de guerrillas, la
transformación de la retaguardia selvática en retaguardia social bajo la
premisa demostrada por las operaciones militares que la selva se ha hecho
insegura como espacio de protección lo que los ha obligado a construir una
nueva relación con el territorio y la población. Al repensar la guerra las FARC establecen nuevos sistemas de
reclutamiento y nuevas formas de organización que privilegian para el combate
las fuerzas especiales. Entran en una fase de reconstrucción de estructuras en
las que se toman en consideración tres líneas de trabajo: la reconstrucción de
frentes, la construcción de interfrentes
y, donde sea posible, la creación de
nuevos modelos de frente.
4. El proceso de reingeniería genera un
cambio en la percepción del territorio produciéndose el paso del espacio físico
selvático al espacio social organizativo, la diasporizacion de la fuerza en
pequeñas unidades civiles, el retorno a la guerra de guerrilla y a los viejos
mecanismos de comunicación, el énfasis en el escenario político y una lógica de
alianzas perversas que incluye regionalmente relaciones con los grupos
criminales del narcotráfico y las nuevas bandas paramilitares. Las FARC y el
ELN están en un proceso de convergencia y prácticas militares y políticas. Se
sostienen en zonas de dominio tradicional haciendo a distintos niveles
presencia militar, política y socio-económica, bajo el entendido que la guerra
es mucho más que combates y acciones militares. Las dos organizaciones han comenzado,
como lo ha hecho el gobierno nacional, a
repensar el conflicto en una lógica distinta a la del siglo pasado en el
contexto global y en el marco de las transformaciones de los sistemas políticos
regionales.
5. En el desarrollo de las
confrontaciones se hacen los aprendizajes y los ajustes a las formas operativas
y se reciben y asimilan los distintos golpes. Tanto la fuerza pública como la
insurgencia han hecho del desarrollo del conflicto su escuela de formación y
han aprendido a modificar sus tácticas operativas y sus formas de
relacionamiento con el territorio y la población según las dinámicas de la
guerra y los logros de la misma.
6. La política de seguridad
democrática transformó la modalidad de guerra contra la insurgencia y le
dio al gobierno pasado réditos suficientes para permanecer durante dos periodos
en el poder. No obstante, el más elemental de los teóricos de la guerra enseña
que esta no se desarrolla contra una fuerza inerte, sino contra una fuerza viva
que aprende de sus equivocaciones y transforma su manera de operar para
sobrevivir y seguir combatiendo. Digamos que no solo las fuerzas armadas
hicieron reingeniería, también lo hicieron las guerrillas como ya lo hemos
señalado. De manera que la política de seguridad democrática en lo
operativo llega a su limite en el 2008, aun cuando, como se produciría después
en la administración Santos, el ejercito
y la policía, pudiera atribuirse dos grandes objetivos de alto impacto en el
desarrollo de sus operaciones: La muerte de Jorge Briceño, el mono Jojoy, la
Muerte del máximo comandante de la organización, Alfonso Cano.
7. Pero para el gobierno Santos,
existen nuevos y urgentes frentes que atender en materia de seguridad
ciudadana, que no dan espera. La política de seguridad
democrática medio tapo un hueco y destapó otro: el de los conflictos
urbanos. Las pandillas, las Bacrim, el paramilitarismo desmovilizado,
convertido en delincuencia urbana y crimen organizado, han construido la
territorialidad de sus negocios y guerras en las grandes y pequeñas ciudades,
en zonas periféricas y suburbanas y en amplias zonas rurales al amparo de la
impunidad, de una creciente incapacidad del Estado para controlar el crimen, la
delincuencia y dar seguridad a los ciudadanos.
BANDAS CRIMINALES
1. El tema de las Bandas Criminales
(BACRIM) y el neo-paramilitarismo surge en el contexto de la defensa que el
gobierno de la seguridad democrática hace de los procesos de desmovilización de
los grupos paramilitares, como una forma de proteger la efectividad de los
mismos y el éxito total del proceso. Sin embargo, para un grupo significativo
de estudiosos, para las formas organizadas de la población civil y para los
organismos de derechos humanos, el fenómeno de las bandas criminales y el
paramilitarismo es la continuidad del fenómeno paramilitar en una nueva
envoltura de denominación.
2. Los estudios y las apreciaciones que
se hacen a este respecto se mueven en tres enfoques esenciales: El primero
considera que no existe nada distinto entre las Bandas Criminales y neo-paramilitarismo
que lo diferencie sustancialmente del viejo paramilitarismo, si no que uno y
otro son una misma cosa; el segundo señala que lo que existe allí es la
reconstitución del fenómeno a partir de la articulación de grupos que no se
desmovilizaron, fortalecidos por el regreso de desmovilizados que al agotarse
los programas de gobierno, no encontraron resuelta su situación y que se ha
dado un giro de los grupos el desarrollo de las actividades del narcotráfico
haciendo a un lado los fundamentos contrainsurgentes sin abandonarlos y, un
tercer enfoque señala que lo que existe allí es una bien estructurada
organización criminal dedicada a la administración del territorio y al
desarrollo de las economías ilegales en el marco de una concepción de
capitalismo criminal, que permea, controla y somete extensos territorios y
poblaciones haciendo uso de los activos heredados del paramilitarismo en
materia de miedo y terror.
3. Las características señaladas por el
investigador Alejo Vargas, sobre el crimen organizado, obligan contemplar el
fenómeno en una dimensión de mayor complejidad, cuando este está unido a
modelos de desarrollo económico y a formas de control político y social que
demarca una territorializacion del conflicto desde la ilegalidad en la que
surge un nuevo ordenamiento administrativo,
definido por los esquemas de control y seguridad de estos grupos y sus
particulares formas de ejercicio de la condición de Estado en la doble
impuestación a los sectores económicos y la oferta de seguridad que ofrecen
frente a la acción de otros actores o, a
los pactos de no agresión que realizan unidos a intereses comunes con
organizaciones contrapuestas y antagónicas.
4. El fenómeno de las Bacrim y del
Neo.-paramilitarismo se desarrolla en los ámbitos rurales y urbanos y no solo
en los territorios marginales, sino,
igualmente, en centros de desarrollo económico, social y político de
importancia relevante, en las grandes ciudades, en los principales
departamentos del país y en las regiones de principal desarrollo económico; constituye la mutación de un fenómeno que
migró de la lucha anticomunista y antisubversiva, sin abandonarla, hacia la administración criminal del
territorio y de las actividades que posibilitan el desarrollo social, económico
y político del mismo. No existe una diferencia sustancial entre
neo-paramilitares y Bandas Criminales, distinta al énfasis que se hace en que
los primeros están mucho más coordinados con el control territorial entorno al
discurso antisubversivo y, los segundos, al desarrollo de una administración
criminal del mismo complementaria de la economía ilegal del narcotráfico y la
explotación de recursos mineros y agropecuarios.
5.
En
síntesis, la sociedad colombiana ha
visto producirse como consecuencia de la política pública de seguridad y
defensa y, resultado del fracaso de los procesos adelantados por los gobiernos
(Uribe y Santos) con las organizaciones criminales, un resurgimiento del
fenómeno paramilitar y la transmutación del mismo hacia el control ilegal y
extorsivo del territorio, articulado con las economías del narcotráfico y la
ilegalidad, cumpliendo de manera suplementaria, actividades de seguridad
privada y control social antisubversivo.
Santos: Guerra y Tierra.
1. El tema de los territorios rurales,
la tenencia de la tierra y el papel que esta juega en el desarrollo de las
estructuras y economías agrarias, ha sido la razón de ser de los últimos
setenta años de guerra.
2. En general todos los analistas están
de acuerdo en señalar que el problema de la tierra está ligado al problema de
la violencia, por lo tanto el problema de la paz pasa necesariamente por dar
solución al problema de tenencia de tierras. Acabar con la pobreza,
fortalecerla convivencia regional, generar prosperidad en las zonas rurales y
un desarrollo sustentable en la producción de alimentos y en la agricultura
comercial tiene como prerrequisito resolver de manera estructural, el problema
de la propiedad de la tierra y diseñar un modelo de desarrollo agrario,
incluyente, en el que se establezca una unidad de producción agraria campesina
que sea autónoma, complementaria y suplementaria del desarrollo empresarial
agrario el que debe ser pensado en términos ambientales, de generación de
empleo, ampliación de la democracia económica y en perspectiva del mejoramiento
de la convivencia política.
3. No obstante esta situación, la
sociedad y el Estado colombiano tienen que entender que no es posible avanzar
en la solución del conflicto sin modificar la estructura de tenencia de
tierra y los conflictos del uso del suelo y que para ello se requiere:
Una reforma rural unida de manera estrecha a una ley integral de tierras. Una
reforma agraria integral, democrática, ambiental, con una adecuada política de
desarrollo agrario y rural en el marco de un bien pensado y soberano Plan de
Ordenamiento Territorial, un agresivo programa de producción alimentaría que le
garantice al país su soberanía en esta materia y una agricultura
comercial en capacidad de general una oferta significativa de empleos
rurales y vincularse a las lógicas del mercado global.
4. Sobre esta reflexión es importante
señalar que el programa de restitución de tierras no contiene
ninguna reforma Agraria, ni toca en lo esencial el problema de la
propiedad de la tierra, se construye sobre la recuperación de las tierras
expropiadas a través de la violencia y decomisadas a narcos, paras y
testaferros, lo que en la práctica significa una nueva situación de guerra por
la propiedad restituida como ya se ha comenzado a manifestar con el asesinato
de dirigentes campesinos y el inicio de un nuevo ciclo de expulsión
y de violencia.
Piezas
para armar el rompecabezas de la paz
1. Resulta necesario aceptar que un
proceso de paz, en este momento, no tiene mucha audiencia y si grandes y
pequeños enemigos de parte y parte. Sobre todo aquellos que viven y se nutren
económica, social y políticamente de la guerra, la extrema derecha guerrerista
y la extrema izquierda fetichista. Una y
otra coinciden en la necesidad de mantener el conflicto por razones e intereses
distintos. Estas fuerzas son las
primeras que hay que desactivar porque hacen las veces de minas quiebra
procesos.
2. Lo peor que le podía pasar a la
nación es que se hiciera eco a los enemigos de la paz que agazapados, fuera y
dentro del establecimiento y de las organizaciones insurgentes, empantanan los
procesos para que éstos se detengan y no avancen hacia salidas posibles; lo
mejor que nos puede pasar, es que el gobierno,
en lugar de andar reclamando hechos de paz, tomara la iniciativa y de manera discreta
estableciera contactos para un pre-diálogo que explore las posibilidades reales
de un proceso que reconozca el estado del conflicto y busque una salida
consensuada y real para el país.
3. Para eso, el gobierno tiene que
mover el discurso del lugar en que se encuentra; no va a ser posible un proceso
que se construye con el convencimiento de que la derrota militar de la
guerrilla, la va a llevar a una mesa de negociación, de rodillas, para
desmovilizarse, desarmarse y someterse a la justicia. Esa situación está lejos de
los imaginarios de la insurgencia y del
desarrollo del conflicto militar. La insurgencia se ha acomodado a la
estrategia operativa de las fuerzas militares y desde hace meses puso fin a la
efectividad del modelo de la seguridad
democrática y, aun, con el nuevo ministro,
Juan Carlos Pinzón, no se ve en
marcha una estrategia operativa propia del modelo de la seguridad para la
prosperidad, que si ha de tener éxito, será seguramente, porque está pensada en
términos de la solución política negociada y de un proceso de paz para
Colombia.
4. No creo que las FARC estén
dispuestas a negar que en los últimos cuatro años la organización ha sido
duramente golpeada y que el proyecto de Ejército del Pueblo (EP), que definió
su salto estratégico hacia la guerra de movimientos se evaporó. Hoy, sin estar
derrotadas, pueden subsistir eternamente
en la guerra de guerrillas, pero el triunfo militar sobre las fuerzas
oficiales, desapareció en el tiempo futuro. De ahí que su capital más fuerte
sea su agenda política, que en lo
esencial, al presente, estaría centrada en un programa agrario democrático, una
auténtica ley de víctimas, la liberación de sus presos y una reforma política
que profundice la democracia.
5. El ELN, ha soportado de manera
diferente la ofensiva militar e institucional del Estado, porque es una
organización diferente a las FARC, es mucho más societal que militar; por eso,
ha sido duramente golpeada en sus bases sociales que fueron encarceladas y
desplazadas y, menos en sus pequeños
cuerpos de ejército. Desafortunadamente,
para el país, los últimos gobiernos han priorizado los procesos de paz
con la FARC y le dieron al ELN un lugar secundario. Muy lejos había llegado el
proceso con el ELN, en los diálogos de la Habana, en aspectos metodológicos y de agenda con el
Acuerdo Base, que fueron botados por la irresponsabilidad del entonces Alto
Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo y el ex-presidente Álvaro Uribe
Vélez.
6. Hay unos requerimientos y unas
premisas que resultan útiles tener presente a la hora de abordar cualquier
proceso de paz con algún margen de éxito. Primero se requiere, que las partes
estén dispuestas a llevar adelante el proceso de manera irreversible,
responsable, sin crear falsas
expectativas y nuevas desilusiones que terminen radicalizando el conflicto;
segundo, que se haya construido la suficiente credibilidad y confianza entre
las partes, de tal manera que éstas estén absolutamente convencidas de que no
van a ser burladas, ni engañadas, antes, durante y después del proceso; tercero,
contar con un orden normativo a manera de una ley de paz que permita las
negociaciones políticas y la favorabilidad en el proceso, de forma que éste se
inscriba en el principio de la solución positiva para que ninguna de las partes
se sienta derrotada y sea la sociedad colombiana en su conjunto la que resulte victoriosa.
7. Como premisas centrales para guiar
el proceso, es conveniente llegar al convencimiento que el conflicto no se
acaba por la vía militar y que la única posibilidad de una salida digna para el
país es a través del dialogo y la negociación. Que el modelo de la seguridad
democrática que priorizó la guerra se ha
agotado y que lo único realmente ingenioso en materia de seguridad y defensa es
un modelo que se fija como propósito político alcanzar la paz. Que la paz debe
contemplar un paquete de reformas en todos los ámbitos de la vida social,
económica y política del país, pero que en lo fundamental debe tomar en cuenta
el desarrollo rural campesino, la profundización de la democracia y, el desarrollo
regional y territorial incluyente.
8. En síntesis, se requiere que se
reconozca la existencia del conflicto armado en el país, se acepte la
naturaleza social y política del mismo, se avance en la disposición de las
partes para la solución política negociada y se abra el camino de las reformas
para una paz con justicia social y democracia profunda. Para ello, es necesario
que las partes respeten el DIH y los DH, cesen las hostilidades contra la
población civil, los movimientos sociales y la oposición política y se haga un
cese unilateral al fuego para que se pueda pensar y escuchar las distintas
iniciativas de paz.
9. Tantos las FARC como el ELN vienen
avanzando en el camino de la construcción de escenarios de paz y haciendo
señales de estar realmente interesados en adelantar diálogos con el gobierno.
10. Creo que es legítimo que las dos
organizaciones aten el proceso de solución negociada a una agenda política y
social. La pregunta es, si en el actual momento de la guerra, ¿son las viejas
agendas las que lo posibilitan o es necesario precisar qué es lo que en el
marco de la correlación de fuerzas debe negociarse? Tanto una reforma agraria,
como una constituyente están en la agenda necesaria del actual gobierno y este
vería con muy buenos ojos que las dos organizaciones le dieran una manito con
esos dos proyectos… Desde luego que los enfoques serian distintos pero lo que
prevalece en un escenario político de decisiones es cómo está en la balanza del
conflicto la correlación de fuerzas.
- En los últimos veinte años el
conflicto se ha modificado, existe un nuevo orden del discurso de la
guerra que cambia el orden del discurso de la política. Es preciso pensar
cuál es el tipo de agenda que es susceptible de ser asumida y desarrollada
en un proceso de paz viable, que considere el momento histórico y político
actual. Pero más allá del contenido de las agendas lo relevante hoy es
entender si existen las condiciones para que el proceso pueda
viabilizarse.
- En esta perspectiva es imperioso
tener en cuenta algunos aspectos, los cuales son de la mayor utilidad para
que el proceso pueda tener curso:
- Uno. Entender que el gobierno no
tiene ningún afán, esto no significa que no tenga interés, de transitar
por un proceso de paz, quiere que la guerra se agote en resultados y considera
que la estrategia que viene utilizando aún se los puede dar.
- Dos. La coalición de gobierno
todavía NO ha adquirido la hegemonía del pensamiento Santista, se requiere
que se unifique y consolide un equipo de gobierno que no sufra de
bipolaridad política entre la subordinación al Santismo y las lealtades al
Uribismo. El gobierno de Santos tiene que viajar en un universo de luchas
políticas internas y darse tiempo para ganar más apoyo político propio y
tomar distancia del Uribismo. Por ahora, el gobierno tiene la mayor
oposición desde la derecha Uribista, que téngase claro no es amiga de
ningún proceso de paz.
- Tres. Es urgente que el orden de
la justicia erosione la imagen de Uribe y, Santos se pueda desprender de
la sombra del mismo para iniciar su propia era. No existe nadie más
interesado en deshacerse de la herencia política de Uribe que Santos. Y no
resulta bueno decir que uno y otro es lo mismo - que sirvan al mismo
propósito es distinto-, pero, cada uno quiere dejar su propia huella y a
Santos le gustaría ser sin duda el presidente de la paz verdadera.
- Cuatro. Las fuerzas militares han
comenzado a entender que no va a haber victoria militar, ni rendición de
la guerrilla y que va ser necesario re-caracterizar el conflicto aceptando
su naturaleza política, para su propia razón de ser. La culebra sigue viva
ha dicho el Ministro Rivera y, lo peor es que existe un límite del
crecimiento de fuerzas y de presupuestos que ya ha sido superado.
- Contrario a lo que podía pensarse
unas fuerzas militares inteligentes son los mejores aliados de un proceso
de paz, y este es un excelente momento para asumirlo pues cuentan con
reconocimiento y legitimidad (pese a todos los deplorables delitos que los
cuerpos de ejército cometen a diario, como el vergonzoso crimen de las
niñas y niños de Arauca, que es solamente un botón para la muestra).
Muchas veces Marulanda llamó a la alta oficialidad a encontrar entre
militares un camino común para la paz.
- Cinco. El país está atravesando
un periodo en el cual las partes están explorando nuevas posibilidades,
pero éstas se van a tomar tiempo en madurar: Santos está hablando desde el
conflicto, para el conflicto y para la solución del conflicto (sea esta
militar o negociada). Las tendencias que predominan en los imaginarios
militares globales se inclinan hacia las salidas políticas, solo en los
países bárbaros y en las guerras puras los ejércitos combaten hasta
aniquilarse mutuamente.
- Seis. Es necesario crear las
condiciones institucionales, sociales y legales para que el proceso de
solución política pueda tener curso. Es muy importante considerar las
iniciativas ciudadanas y locales de paz, incluyendo Diálogos humanitarios
regionales con los actores armados, propuestos por el Congreso de los
Pueblos y las comunidades indígenas. Fortalecer los escenarios donde se
formulan las políticas públicas de paz, en los consejos municipales y
departamentales y en los programas de desarrollo. La sociedad civil, la
iglesia y en general las comunidades e instituciones de toda índole deben
irse comprometiendo en un proceso que no cree expectativas pero que
avance.
- Siete. No existe un orden
normativo que pueda regir actualmente un proceso de paz. La ley de
Justicia y Paz ha muerto y ese no es el instrumento adecuado. El orden
jurídico no solo es para los actores ilegales, la degradación del
conflicto ha llevado a la institución militar a pensar en su propia
seguridad jurídica, la cual la historia ha demostrado que está más allá de
la justicia penal militar. Existen grandes y serias objeciones a las
implicaciones de la aplicación del enfoque de la justicia penal del
enemigo, que no puede ser el marco de referencia en un proceso. Se
requiere de un orden legal para el proceso y no existe. Se están
retrotrayendo las decisiones tomadas con anterioridad en materia de
amnistía e indulto. Para algunos analistas el bloque normativo
internacional puede ayudar o complicar el proceso. Este es un reto de las
mayores proporciones que se requiere resolver antes de aventurar cualquier
proceso. El proceso seguido con los paramilitares es un mal precedente.
- Ocho. Timoleon Jiménez ,
Rodríguez Bautista y Santos deben encontrar en los procesos de solución
política del conflicto una respuesta conjunta para el problema del
narcotráfico, ese problema lejos de ser un obstáculo debe ser una
fortaleza de los procesos de diálogo y acercamiento. No tiene presentación
para los tres desconocer el papel que ha jugado el narcotráfico en el
desarrollo del conflicto colombiano, irrigando con sus capitales todos los
espacios de la vida social, económica, política, militar e institucional
de la nación. Asumir el problema con madurez, reconocer responsabilidades
y encontrar salidas efectivas hace parte de su agenda común.
- Nueve. Santos ha hecho un
excelente trabajo en el aquietamiento del conflicto regional recomponiendo
sus relaciones con los vecinos, convirtiéndolos en los “mejores nuevos
amigos”; esa relación y las que se consigan establecer con Unasur y la
comunidad internacional pueden ser muy útiles a la solución del conflicto.
[1]
La Ley 599 de 2000 define el terrorismo como la acción de provocar o mantener
en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante
actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las
personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte,
procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios
capaces de causar estragos.
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