MEXICO: Narcoterrorismo y Derechos Humanos

CARLOS MEDINA GALLEGO

Docente Investigador

Universidad Nacional de Colombia

México vive hoy una situación crítica en materia de Derechos Humanos que se ha visibilizado de manera contundente con el secuestro, desaparición y asesinato de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa,  Estado de Guerrero, desaparecidos desde el 26 de septiembre en Iguala, asesinados y posteriormente quemados, según las primeras declaraciones de los implicados,   por el grupo criminal Guerreros Unidos, en connivencia con la fuerza pública y la complicidad autista del gobierno Federal.  

Ese doloroso y lamentable juvenicidio lo que coloca al centro de la problemática mexicana es la existencia de unas precarias condiciones de gobernabilidad frente a la acción desestabilizadora de los carteles de la droga, el crimen organizado trasnacional  y el narcoterrorismo que unido a los problemas migratorios y de pobreza generalizada va arrastrando el país a un indetenible espiral de violencia que afecta al común de las familias mexicanas y en general a toda la sociedad.

No se trata de un caso excepcional esta masacre, una oleada de crímenes azota todo el territorio mexicano comprometiendo de manera directa a la fuerza pública y a funcionarios del Estado que permeados por la capacidad de fuego y corrupción de la delincuencia organizada participan y/o permiten que se produzcan asesinatos, masacres y desplazamiento forzado de población que se encuentra en condiciones de absoluta desprotección en regiones donde el poder de la delincuencia está por encima del  Estado .

La impunidad, corrupción e infiltración del narcotráfico en cuerpos de seguridad que se agudizaron durante el combate militar antidrogas de Felipe Calderón (2006-2012) permanecen bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, que permanece inmune ante las violaciones de derechos humanos, conforme lo ha expresado José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. Más de 80,000 personas han sido asesinadas en México y 22,000 desaparecidas en el corto periodo de 8 años.

En este país, las autoridades hablan de la existencia de siete carteles de tráfico de drogas: los carteles de Sinaloa, Juárez, Tijuana, los Beltrán Leyva, El Golfo, Milenio y La Familia, pero es necesario sumar a estas organizaciones criminales a sectores de la fuerza pública,  la clase política y  empresarial, así como a las empresas trasnacionales que operan en el país y que desarrollan de manera directa, por acción o por omisión, practicas de complicidad con las olas de criminalidad que azotan distintas regiones del territorio mexicano ensañándose con los activistas sociales y la población más desprotegida .  

Estos cartel están organizados a través de grupos más pequeños que operan coordinadamente en acciones de narcotráfico, practicas de sicariato y acciones de bandas criminales, delincuencia común y organizada que  desarrollan entre ellos permanentes guerras por rutas y territorios, negocios y transacciones financieras, en las que van involucrando la institucionalidad de la nación mexicana, dada a las prácticas de corrupción e impunidad, a la clase política cómplice, a los sectores económicos que hacen el papel de testaferros calificados y cada vez con más fuerza a la población que frente a las dificultades generadas por la pobreza no encuentra otra ruta para sobrevivir que la informalidad y la delincuencia.

La precarización de la situación de seguridad ha conducido a los dos ultimos gobiernos (Calderón - Peña Nieto) a desarrollar una guerra militar contra el crimen organizado que ha tenido un fuerte impacto en materia de derechos humanos y la degradación institucional con la irrupción del fenómeno paramilitar como práctica de terrorismo de Estado y el cometimiento de crímenes de lesa humanidad.

La administración de justicia mexicana tiene un entramado de nexos corruptos con la delincuencia que afecta las decisiones judiciales; las presiones políticas e institucionales ha deshumanizado a los servidores federales, quienes por dar resultados y llenar estadísticas, recurren a tratos crueles e inhumanos para obtener confesiones de parte de quienes están siendo procesados por un delito que tenga probablemente incidencia internacional como lo es el lavado de activos o el narcotráfico.

Pero el mayor detonante esta dado por las precarias condiciones de existencia a la que están abocados los mexicanos, no muy distintas de inmensas masa de pobres de América Latina, que se ven reflejadas en condiciones laborales precarias, índices considerables de desocupación y mendicidad, inadecuado sistema de salud que garantice atención integral a las personas más vulnerables como mujeres gestantes y niños. Una población que se encuentra cesante sin modo de proveerse lo necesario para su sustento suele ser víctima de incorporación “forzada” a grupos delincuenciales.

Human Rigths Watch ha reportado en varios de sus informes que se presenta una situación insostenible e ingobernable en el llamado “paso” y sus zonas rivereñas, que está constituido físicamente en su mayoría por zonas desérticas y hostiles, donde bandas organizadas y agentes federales operan de manera despiadada; se ha establecido en un sinnúmero de casos en que migrantes ilegales son capturados, secuestrados bien para ser explotados sexualmente, para ser vendidos como esclavos o simplemente desaparecidos torturados , asesinados y arrojados a fosas comunes.  

Sobre estas problemáticas no han sido pasivos los que propenden por el respeto de los Derechos Humanos, no obstante cientos de líderes o activistas sociales han sido masacrados cuando han intentado llamar la atención sobre estos crímenes o generar movilización social para denunciar los vejámenes de los que son víctimas los niños, las mujeres, los ancianos y los hombres en general con la acción combinada del terrorismo de Estado y el crimen organizado del narcoterrorismo.

México sufre, sin duda, graves problemas en la defensa y protección de los Derechos Humanos. Las violaciones de derechos como el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad de expresión, a las garantías y protección judiciales, ha sido motivo de preocupación de las organizaciones civiles de Derechos Humanos, las cuales están en una permanente lucha en la que no pocos defensores han sido víctimas de amenaza, persecución y asesinatos. El Sur de México es la zona más afectada por la violencia, en especial los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y en las Huastecas de Veracruz e Hidalgo, pero no lo son menos los Estados Fronterizos y ciudad de México. Las causas que provocan esta situación están vinculadas a conflictos locales, regionales y de carácter político, económico y religioso, como, a la pobreza, la discriminación y la impunidad de la que gozan las autoridades públicas y el creciente poder del narcotráfico y el crimen organizado trasnacional que ha permeado ante la impotencia del Estado y la sociedad mexicana distintos sectores y actividades de la sociedad y la economía convencional.

Gran parte de la población no tiene acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales, especialmente mujeres, indígenas, adultos mayores, niños en situación de calle y personas discapacitadas; sufriendo en muchos de estos lugares  condiciones deplorables de empobrecimiento, hambruna y acceso casi nulo a servicios sociales y de salud. En México a la sombra de la impunidad, se practica actos de tortura de forma sistemática, ejecuciones, detenciones arbitrarias y ataques contra la población civil por parte de los policías judiciales y de las fuerzas de seguridad estatal y federal. La impunidad impide la vigencia del Estado de Derecho y lleva a los ciudadanos a desconfiar tanto del desempeño de las instituciones, como de la efectividad de los sistemas de protección de los derechos humanos.

La alarmante situación de inseguridad en muchos lugares del país y las consecuencias del combate al crimen organizado y a los cárteles de la droga por parte de las fuerzas armadas, han aumentado la inseguridad y la violencia en muchas regiones, dejando a las comunidades desprotegidas. Los reportes sobre abusos y violación  de derechos humanos cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad, incluyendo desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias continúan y la impunidad en todos los crímenes sigue siendo la misma.

Los defensores de derechos humanos y periodistas, quienes frecuentemente tratan de apoyar a las víctimas y revelan los abusos, enfrentan cada vez mayores ataques. Las mujeres, los pueblos indígenas, los niños y personas de la tercera edad, sufren discriminación y violencia, y al ser comunidades excluidas, sus posibilidades de obtener atención son casi nulas.

Las organizaciones de Derechos Humanos, la prensa y los movimientos sociales y políticos democráticos adelantan una aguerrida lucha para que la situación de crisis humanitaria que genera la violación sistemática y continua de los derechos fundamentales de la población, se coloque al frente de las preocupaciones del gobierno y en general de las instituciones del Estado para que se definan no solo políticas públicas acorde con la gravedad de los hechos, sino, sobre todo acciones de protección y salvaguarda de las poblaciones más vulnerable. Se le reclama al gobierno actual demostrar que está preparado para hacer de ésta situación una verdadera prioridad política, no una mera postura retórica sobre compromisos internacionales de derechos humanos que en la práctica son discurso y letra muerta.

Las mujeres mexicanas están en proceso de lucha, por la igualdad de género, una meta aún lejana en esta sociedad reconocidamente machista y en la que el feminicidio ha convocado la atención solidaria de la comunidad mundial. La violencia y la discriminación el desconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, comprometen su seguridad y salud. La violencia de género sigue golpeando  las vidas de mujeres y niñas en todo México al amparo de la impunidad,  la violencia de todo tipo y el abuso sexual, es generalizado. Las leyes promulgadas por el gobierno mexicano para investigar los crímenes y prevenir la violencia son totalmente ineficaces dejando a las mujeres y a las niñas en un riesgo constante.

No es menos crítica la situación de muchas comunidades indígenas en México que sufren de discriminación, acceso limitado a la justicia, a la salud, a la educación, la vivienda y la tierra. Las medidas que ha tomado el gobierno no han sido las adecuadas para enfrentar los obstáculos estructurales que les impiden disfrutar de estos derechos. El aumento de los proyectos extractivos y de desarrollo económico que impactan directamente las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas representa el mayor problema que tienen que afrontar estas comunidades cuando no se siguen los procedimientos que han sido establecidos para intervenir en estos territorios generalmente objeto de grandes macroproyectos . Las autoridades deben proporcionar información imparcial y adecuada, y conducir procesos de consulta previa y transparente con el fin de obtener el consentimiento libre e informado de las comunidades afectadas.

El avance de las practicas de terrorismo de Estado unidas con las practicas criminales del narcoterrorismo le vaticinan al pueblo mexicano una época de terror de la que solo puede librarse a través de la movilización social generalizada y decidida y la solidaridad y el acompañamiento humanitario de los países de América Latina y del Mundo.

Para el pueblo Mexicano y sus defensores de Derechos Humanos toda nuestra solidaridad.