La delincuencia, empresarialmente organizada, de la
contratación publica
CARLOS MEDINA GALLEGO
Docente-Investigador
Universidad Nacional de Colombia
Lo
que podía llamarse la mafia de la industria criminal de la contratación pública
compromete reconocido empresarios, abogados, políticos, funcionarios públicos y
ese abominable engendro de las prácticas de la corrupción que son los
lobbystas. Nada más trágico para un país lleno de necesidades sociales y de
urgencias de desarrollo que encontrar que los presupuestos públicos, los que se
constituyen con el aporte de todos los ciudadanos y los provenientes de la cada
vez menos actividades de las empresas productivas del Estado, se van por la vena rota de la corrupción
hacia los bolsillos de la delincuencia organizada en sociedad anónimas,
empresas de contratistas, bufetes de abogados especializados en demandar al
Estado y una elite política y de
funcionarios que se especializaron en saquear el presupuesto y enriquecerse de
manera ilícita.
Es
absolutamente claro que el blanco de las acciones criminales de estos
delincuentes son los sectores que requieren de mayor atención y a los que por
lo tanto se les destina mayor presupuesto. La construcción de vías estratégicas
para el desarrollo nacional y los ordenamientos urbanos, la salud y la
educación, los gastos en seguridad, los servicios públicos, el desarrollo
agrario y rural y en general todas las actividades de la gestión pública a las
que se les asignan presupuesto para que generen bienestar, convivencia y
desarrollo.
Existe
una extensa red de inteligencia criminal al interior del Estado,
conformada por funcionarios de las clientelas de los partidos que pone a mano
de quienes puedan contratar la información que se requiera y hacen lo que este
a su alcance, incluyendo establecer los criterios de los pliegos de
contratación, para mantener contentos a
sus patrones políticos y favorecer a las empresas de contratistas a través de
las cuales esta alianza asaltan los presupuestos públicos. Incluso, se habla de
que muchas empresas de contratistas han infiltrado al interior de la
administración pública, a través de los políticos
amigos, funcionarios para que cumplan ese papel, a la manera de las mafias
del narcotráfico y la delincuencia del crimen organizado.
Los
filtros que se colocan para garantizar la idoneidad de las empresas
contratistas en relación con las obras que se pretendan contratar y que tienen
que ver con el hecho de que acrediten experiencia y los indicadores de liquidez
que le den seguridad al Estado, son burlados permanentemente falseando
experiencias y certificados de solidez financiera y cupos de endeudamiento, o a
través de uniones temporales, con
otras firmas para sumar esfuerzos y llenar requisitos. Así como los concursos
públicos de meritos se hacen sobre pliegos con nombre “propio”, muchas
licitaciones se hacen a “empresas preadjudicadas” y se llena la farsa del
requisito de la licitación pública en la que por lo general otros aspirantes al
no poder llenar los requisitos, encuentran anormalidades para impugnar o
demandar las licitaciones. Entre las más comunes la presentación extra-temporal
de documentos y de nuevos requisitos procedimentales.
Toda
la institucionalidad de la que puedan echar mano para alcanzar el propósito de
asaltar los presupuestos entra en la mira de los carteles de la contratación que va descomponiendo la
institucionalidad a atrás prebendas, coimas y comisiones que es el mecanismo
mediante el cual se alimenta la corrupción. Las contralorías, las personerías,
el zar anticorrupción, los interventores, toda la maquinaria institucional se
ve envuelta en las lógicas criminales de un proceso que se fija como propósito,
mas que hacer empresa y ser eficiente y eficaz en la realización de las obras,
es asaltar los presupuestos públicos,
generando sobrecostos, extendiendo los tiempos de ejecución, solicitando adiciones
presupuestales, o haciendo abandono de obras a través de la figura de la
quiebra empresarial.
La
corrupción no es un fenómeno que nació en Bogotá en las administraciones del
Polo, es una enfermedad que sufre la administración publica desde muchos antes
que la presidente Julio Cesar Turbay Ayala se le ocurriera esa maravillosa
frase de reducir la corrupción a sus justas proporciones. Es una enfermedad
heredada de las prácticas clientelares de los partidos tradicionales que
contagio a la izquierda.
Existe
una delincuencia organizada del más alto nivel que ha puesto sus ojos en los
presupuestos públicos municipales, departamentales y nacionales. Son
responsables del incremento de la pobreza, de la indigencia, del desempleo, de
la violencia, hacen mucho mas daño que el terrorismo y el narcotráfico; viven
en las grandes ciudades del mundo, hacen los que se les dan la gana, cuentan
con prestigiosos abogados y destacados defensores de “oficio”. Mantienen sus
capitales en cuentas secretas de difícil rastreo en los principales bancos del
mundo, en las islas Caiman, en los paraísos fiscales de la delincuencia
organizada del capitalismo Criminal. Como las mafias, funcionan en familia,
como los Nule, cuentan con políticos como los Olano, Moreno, Gaviria, Uribe… funcionarios como los Rojas Birry y lo
Moralesrussi y abogados como los Dávila
y Lombana.
No
se sabe el monto exacto del desangre del presupuesto publico generado por la
corrupción. Algunos hacen estimativos de billones de pesos, suma suficiente
para inundar de bienestar a los damnificados de las inundaciones, que son antes
que nada damnificados de la corrupción de las mafias de la contratación en el
país. Cuando comenzaran a destaparse a grito entero los actos de corrupción del
refundador de la patria y su gabinete,
de sus hijos, su clon y su caballero de la Virgen Maria
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