DE OPOSITORES DEL PROCESO DE PAZ  A ALIADOS ESTRATÉGICOS…

CARLOS MEDINA GALLEGO

Docente-Investigador

Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz

Universidad Nacional de Colombia

No existe un solo proceso de paz en el mundo que en su desarrollo no se vea abocado a situaciones de crisis, es normal que esto ocurra y no va a ser el caso colombiano la excepción. Es inevitable señalar que toda crisis produce daños, genera desconfianzas y vulnera seguridades que son a todas luces el patrimonio más importante con que cuenta un proceso que construye en el tiempo el fortalecimiento de estas dos condiciones esenciales para la firma de cualquier acuerdo protegido por la seguridad y la confianza de que se va a cumplir. 

  

También la crisis, ofrece oportunidades para que las partes hagan claridades, definan rutas y busquen de manera consensuada llevar el proceso con éxito hasta el final. No resulta bueno para ningún proceso, conversar y acordar sobre temas cruciales en la mesa y comportarse de manera contraria en el territorio nacional, ni utilizar mecanismos de fuerza para imponer decisiones que deben ser el resultado de la debida persuasión y convencimiento mutuo.

Tampoco es bueno hacer eco a la opinión crítica más allá de lo estrictamente necesario y solo en aquello que es pertinente para favorecer el proceso. No conozco la fórmula del éxito, para estos casos, pero si se cual es la del fracaso,  querer mantener contento a todo el mundo. 

El proceso de las Habana va bien, no con pocas dificultades pero va bien, ha avanzado gracias a que las partes han querido conjuntamente mostrar logros al país,  hay un paquete importante de acuerdos en materia de desarrollo rural integral, participación políticas y drogas ilícitas, cada uno con sus respectivas salvedades, que tendrán su momento para ser abordadas de manera concreta y practica. En estos temas el proceso de conversaciones y acuerdos ha avanzado.

Los temas que se están tratando son difíciles porque se corresponden a aspectos que son definitivos; el tema de las víctimas que, entre otros aspectos, tiene que ver sobre todo con la justicia para la paz y el tema de la terminación del conflicto que se corresponde con la dejación de armas y la normalización de la insurgencia en la vida política del país.

La formula de desmovilización, desarme y reinserción-DDR- que suele acompañar estos procesos desde la justicia transicional, es mirada por las FARC-EP con algo de resistencia, pues constituye un mecanismos que se aplica en unas relaciones se asimetría marcada. Las FARC estarían más inclinadas a proponer algo así como dejación de armas, no repetición y participación política-DNP-. 

No creo que en materia de víctimas las propuestas formuladas en relación con los diez principios sobre las cuales se levantaron tengan mayores dificultades para el reconocimiento de las víctimas y la reparación integral, el problema está en el modelo de justicia que debe implementarse para cerrar el conflicto.  Allí la tensión se mueve entre quienes proponen se aplique la justicia transicional y quienes piensan que se debe formular una justicia para la paz propia.    

El tema de terminación del conflicto viene progresando con la creación y el trabajo de la subcomisión de militares activos y comandantes  de las FARC. Un importante esfuerzo comenzó a hacerse en relación con el desescalamiento del conflicto, con la declaración, por parte de la insurgencia,  del cese unilateral indefinido, los acuerdos de desminado humanitario y la suspensión temporal de los bombardeos por parte del gobierno nacional que se revirtió de manera equivocada a raíz de los sucesos del Cauca. La suspensión de los bombardeos se debió mantener a pesar del incidente, porque esa arma ya no opera con la misma efectividad sobre los cuerpos de ejército de las insurgencia que hizo con un altísimo costo en vidas los aprendizajes respectivos.

En las últimas semanas el Presidente Santos ha hecho un giro en su discurso para ponerse a tono con los sectores críticos del proceso, representados por el Centro Democrático del senador Uribe, el Procurador General de la Nación, la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados -Acore- y otros sectores políticos. Esto se puede ver con claridad en cuatro puntos esencialmente: la reanudación de bombardeos y de los operativos militares contra las FARC, que se pone en contravía del proceso de desescalamiento que se venía adelantado; la afirmación que la paz no es posible si la guerrilla no paga pena de privación de la libertad; su decidida declaración  que es necesario ponerle fechas al proceso y, aunque desmentida, la idea que las FARC consideren la posibilidad de concentrarse en 20 o más zonas del país, resguardadas por la fuerza pública.  Que es una de las propuestas del Senador Uribe.

Estas decisiones desde luego que han sido bien recibidas por la oposición, que no ha tenido problema para hacerlo público y saludar la actitud del presidente. Hay en la práctica un acercamiento del gobierno a la oposición del proceso, porque este sabe que la legitimación del mismo debe contar con el respaldo de este sector que no lo hace desinteresadamente, sino que entiende que en el proceso de la Habana, también deben brindarse jurídica y políticamente su pasado.

El acercamiento a la oposición para ganar respaldo al proceso es una buena intención, pero no debe hacerse a costa de fricciones con el primer interlocutor legítimo que en este caso son las FARC. La agenda de la oposición no se puede colocar por encima de la agenda de las partes. Esto no quiere decir que las observaciones que hace la Procuraduría con su propuesta de un Pacto para la Paz, el Centro Democrático, Acore y otros sectores no se deba tener en cuenta y que estos vayan sumando como aliados estratégicos del proceso con el Gobierno y las FARC, más allá de todas diferencias que puedan existir.