PARAMILITARISMO DE “QUINTA GENERACIÓN”

Elementos para su caracterización y su desarticulación

CARLOS MEDINA GALLEGO

Docente – Investigador

Universidad Nacional de Colombia

Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz –CPSPP- 

En los últimos años, el fenómeno del paramilitarismo ha ocupado un lugar especial en los estudios y análisis sobre el conflicto social y armado en  Colombia. Es un tema de la mayor relevancia para la definición de la política pública en seguridad y para el tratamiento adecuado del fenómeno, en el ámbito de los comportamientos institucionales y sociales afectados por este y sus particulares y complejos relacionamientos con la vida nacional. Pero igualmente, se ha convertido en un tema central en los procesos de solución política del conflicto armado, en la medida que su desarticulación es la única garantía de viajar seguros hacia una paz estable y duradera. 

El tema de las bandas criminales (BACRIM) y el neoparamilitarismo,  surgió en el contexto de la defensa que el Gobierno de la Seguridad Democrática hizo de los procesos de desmovilización de los grupos paramilitares, como una forma de proteger su efectividad y   el éxito total del proceso. Sin embargo, para un grupo significativo de estudiosos, para las formas organizadas de la población civil y para los organismos de derechos humanos, el fenómeno de las bandas criminales y el neoparamilitarismo es la continuidad del fenómeno paramilitar con una nueva denominación. Teóricos, especialistas, académicos, organismos nacionales e internacionales y hasta el propio Estado han intensificado sus esfuerzos para constituir algún concepto que pueda distinguir este fenómeno, en el ámbito de lo que representa para las dinámicas del conflicto social y armado en el  país.

Los estudios y las apreciaciones que se hacen al respecto se mueven en tres enfoques esenciales: el primero considera que no existe nada, entre bandas criminales y neoparamilitarismo, que los diferencie sustancialmente del viejo paramilitarismo, sino que son la misma cosa; el segundo señala que lo que existe allí es la reconstitución  del  fenómeno a partir de la articulación de grupos que no se desmovilizaron y se fortalecieron con el regreso de desmovilizados y que, al agotarse los programas de Gobierno y no encontrar resuelta su situación, dieron un giro hacia el desarrollo de actividades del narcotráfico, y dejaron a un lado los fundamentos contrainsurgentes, aunque no los abandonaron del todo; el tercer enfoque señala que lo que existe allí es una organización criminal bien estructurada, dedicada a la administración del territorio y al desarrollo de las economías ilegales, en el marco de una concepción de capitalismo criminal, que permea, controla y somete extensos territorios y poblaciones y usa los activos heredados del paramilitarismo en materia de miedo y terror. Para el propósito que se fija esta ponencia, es necesario desarrollar los términos, definiciones, caracterizaciones, significados e interpretaciones de la realidad actual de estos grupos en diferentes regiones del país y mirar las características que asumen en sus relacionamientos con otros actores.

Las concepciones que se tienen acerca de las bandas criminales y el neoparamilitarismo convocan a la elaboración de unos referentes teóricos básicos, que permitan delimitar conceptualmente el fenómeno y caracterizarlo de acuerdo con su percepción y su existencia real. Digamos que, sin pretender salvar esta situación construyendo una nueva tipología ni una teoría compleja, sería pertinente señalar qué es lo que se percibe en el terreno sobre el   actuar de estos grupos

A partir de 2007,  comienza a generase un modelo de paramilitarismo de quinta generación cuyas características más esenciales  están dadas por los siguientes  elementos:

Primero. Existen grupos ilegales que actúan de manera activa en distintas regiones del país   y que han influido de manera sistemática y continua en la esfera de lo económico y lo   social y han adquirido el reconocimiento tácito de la población, que se comporta de manera cautelosa y obediente ante estas estructuras de naturaleza  criminal.

Segundo. Estos grupos, a distinto nivel, se han apoderado del territorio y desarrollan en él actividades que se mueven entre lo ilegal y lo legal, con testaferratos cualificados que les permiten   acceder   a   actividades   económicas   convencionales,   legitimando   capitales y construyendo vigorosas economías que se nutren de la ilegalidad con coberturas de  legalidad a prueba de duda.

Tercero. Para estos grupos, la actividad principal sigue siendo el narcotráfico, pero no es la única; construyen una economía ilegal en torno a la renta extorsiva, micromercados de narcóticos, juegos de azar, compraventas, tráfico de armas y personas, prostitución, contrabando de gasolina, minería ilegal, entre otro centenar de actividades.

Cuarto. Igualmente, invierten en el desarrollo de economías convencionales, principalmente en la ganadería, agricultura, agroindustria, minería, transporte y comercio.

Quinto. Estos grupos han alcanzado un alto grado de incidencia social y, en algunas zonas, constituyen autoridad y son una fuente de empleo para una población que ha sido excluida de los circuitos económicos convencionales y se encuentra en condiciones de extrema precariedad.

Sexto. Su base social está constituida por grupos familiares y relaciones de parentesco y amistad con fuertes tradiciones de lealtad. En algunas regiones no son extraños; son nacidos y crecidos en los procesos locales. Los casos de reclutamiento forzado son pocos: hay una incorporación voluntaria y buscada como alternativa de vida ante la ausencia de  opciones.

Séptimo. Los grupos ejercen de manera directa o indirecta control sobre lo público y, en no pocas experiencias, controlan la institucionalidad local y definen su funcionamiento. Tienen un régimen fiscal paralelo, que funciona de manera sistemática y sin registro de ninguna clase, y es considerado una contribución para las labores de seguridad en la zona que mantienen bajo control.

Octavo. El ejercicio de la violencia privada se administra a través del miedo y la intimidación; se amenaza y se tienen bajo control a líderes campesinos, indígenas, sociales, comunitarios y políticos. La vigilancia sobre el territorio está dirigida a acabar la presencia de otras bandas y los asesinatos que se producen corresponden a lógicas de disputa  territorial.

 Noveno. Estas bandas tienen conciencia clara del carácter productivo de la violencia, el miedo y el terror; administran esos recursos de intimidación como factores de producción y son parte sustancial de su negocio. Por ello, generan, cuando lo consideran conveniente, procesos de desplazamiento; proceden al despojo “legal” de las propiedades en las que    están interesados y de los recursos de acumulación existentes.

Décimo. Ejercen sobre el territorio una vigilancia permanente, soportada en un complejo sistema de inteligencia que compite en eficiencia con el institucional. No dejan de operar mediante la amenaza contra las formas de oposición controlables y el asesinato de personas  y grupos considerados una amenaza para su supervivencia. Sin embargo, de la vieja época  de las masacres y las oleadas de asesinatos selectivos, se pasó a una actitud de control del territorio a través del miedo, la persuasión y las alianzas estratégicas de no agresión y cooperación, buscando, en lo esencial, no llamar la atención.

Undécimo. Algunos grupos consideran pertinente mantener su naturaleza antisubversiva y  se agrupan en torno a discursos políticos, alimentados por asesorías cualificadas. Incluso operan contra liderazgos sociales y políticos caracterizados de izquierda y señalados de terroristas. Son los que más se aproximan a la condición de neoparamilitares, pero igual se nutren de las cadenas productivas de las economías ilegales complejas.

Duodécimo. Aunque existe una gran proliferación de pequeños grupos con distintas denominaciones en todo el territorio nacional, su actividad e importancia está delimitada   por su capacidad de fuego, su influencia en la vida local y regional y la posibilidad de llegar e imponer acuerdos y hacerlos respetar por otros grupos similares. Existen grupos mayores   y pequeños grupos que operan más como bandas delincuenciales que como grupos del crimen organizado. Muchos de esos pequeños grupos sucumben a la cooptación de grupos mayores o son aniquilados en las labores de limpieza que estos desarrollan.

Decimotercero. Las bandas criminales y el neoparamilitarismo no están confederados como las AUC. Operan territorialmente como grupos locales y ya no desarrollan las campañas expedicionarias de ocupación de territorios en disputa con las guerrillas; al contrario, en algunas regiones del país establecen con estas acuerdos de no agresión y de distribución de territorio. Los grupos más relevantes son Los Rastrojos, Los Urabeños y Águilas Negras, que parece ser más una razón social en torno a la cual se amenaza y asesina, que un grupo propiamente dicho.

Decimocuarto. Las bandas, narcotraficantes y neoparamilitares, siguen considerando importante el control de la clase política local y regional; apoyan y financian con mayor cautela los procesos electorales y políticos y buscan tener injerencia en los aspectos administrativos.

El fenómeno de las BACRIM y del neoparamilitarismo se desarrolla en los ámbitos rurales   y urbanos y no solo en los territorios marginales; igualmente, en centros de desarrollo económico, social y político de importancia relevante, en las grandes ciudades, en los principales departamentos del país y en las regiones de principal desarrollo económico. Constituye la mutación de un fenómeno que migró de la lucha anticomunista y antisubversiva, sin abandonarla, hacia la administración criminal del territorio y de las actividades que posibilitan su desarrollo social, económico y  político.

No existe una diferencia sustancial entre neoparamilitares y bandas criminales distinta al énfasis que se hace en que los primeros están mucho más coordinados con el control territorial en torno al discurso antisubversivo, y los segundos buscan el desarrollo de una administración criminal del territorio, complementaria a la economía ilegal del narcotráfico  y a la explotación de recursos mineros y agropecuarios.

Las BACRIM tienen relación con otros agentes que pertenecen a organizaciones institucionales, empresariales o delictivas. Se unen a ellos para mostrar su potencial persuasivo y violento en las zonas donde mantienen el control. Igualmente, cuentan con un sorprendente poder económico, construido en un proceso de acumulación criminal de capital, que los obliga a contar con agentes que cooperan en la administración de sus economías y les señalan cómo deben moverse y actuar en los circuitos  económicos.

En síntesis, como consecuencia de la política pública de seguridad y defensa, y como resultado del fracaso de los procesos adelantados por los gobiernos (Uribe y Santos) con las organizaciones criminales, la sociedad colombiana ha visto un resurgimiento del fenómeno paramilitar  y  su  transmutación  hacia  el  control  ilegal  y  extorsivo  del  territorio.     Este fenómeno se ha articulado con las economías del narcotráfico y la ilegalidad, que cumple   de manera suplementaria actividades de seguridad privada y control social antisubversivo.

Este paramilitarismo de quinta generación, es mucho más societal, su mimetización es más compleja y la manera de combatirlo no está en el campo de la acción militar, sino, en las tareas de inteligencia y contrainteligencia de la fuerza pública y en su capacidad para insertarse e ir conjuntamente con la fiscalía y todo el sector judicial desarticulando los nudo de poder que lo constituyen.

La lucha contra esta generación de paramilitares compromete una estrategia estatal organizada en torno al conocimiento profundo del fenómeno, su complejidad, los actores y sectores que involucra y la manera como operan sobre el territorio y las poblaciones. Para ello,  es necesario construir una estructura institucional y social que opere coordinadamente y se desarrolle en los ámbitos de lo nacional y lo regional, constituida por instituciones como la fuerza pública, en particular sus unidades de inteligencia y contra inteligencia, La fiscalía, el CTI, la Rama Judicial, la Contraloría, La Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, Organizaciones de Derechos Humanos y bajo la orientación de los Ministerios de defensa y del Interior, entre otros organismos e instituciones que puedan formar una fuerza institucional lo suficientemente vigorosa como enfrentar y desarticular el fenómeno, que debe tomar en consideración los siguientes aspectos:

Primero. Definir con toda claridad una ruptura institucional y política del Estado con el fenómeno del paramilitarismo en la complejidad que el mismo tiene en los ámbitos de lo económico, lo social, lo político y lo militar. Es necesario desparamilitarizar el Estado, liberándolo de los desviados enfoques de la seguridad y la defensa que involucraron a civiles y militares en los ámbitos de las prácticas ilegales y criminales contra la población civil en el desarrollo de la lucha contra la insurgencia. Esto implica un trabajo de asepsia general de la fuerza pública y el relevo de todos los mandos militares y de policía que estén involucrados con las prácticas paramilitares en los territorios, a la vez que el establecimiento de un orden de conducta circunscrito al mandato constitucional y al rol que en él debe jugar la fuerza pública.

El trabajo de inteligencia y contrainteligencia al interior de la institucionalidad militar es esencial para su saneamiento, se trata de combatir las practicas de ilegalidad y criminalidad de los grupos que operarán a su interior buscando en los logros alcanzados, independientemente de la legalidad de la rutas seguidas, los reconocimientos institucionales. Es necesario mantener vigilancia sobre las estructuras de mando que operan en territorios donde el fenómeno se ha consolidado, para evitar la cooptación y el involucramiento de estos con el paramilitarismo.

Segundo. El Estado a través de toda su institucionalidad debe ejercer una estricta vigilancia sobre los funcionarios públicos de elección popular y sobre sus prácticas de gobierno en los territorios en donde operan los grupos paramilitares. Debe preocuparse por garantizar que a los cargos de la administración pública lleguen funcionarios que estén libres de toda sospecha de su relación con los grupos paramilitares. Direccionalizar las acciones de los organizamos de control en los aspectos operativos y de contratación de la gestión pública y en la vigilancia de las ejecuciones presupuestales,  muchas veces capturadas por el paramilitarismo. Debe intervenir con las instituciones, empresas y organizaciones con quienes  se contrata y hacer las investigaciones que sean necesarias para brindar la ejecución presupuestal de prácticas criminales de corrupción dirigidas al fortalecimiento del paramilitarismo. Hay que sustraer a las administraciones locales, departamentales y nacionales, de las influencias y presiones del paramilitarismos, salvaguardando la institucionalidad del Estado en su dimensión y complejidad. Esto demanda, crear en la mentalidad de quienes están articulados a la administración pública una disposición ética y moral y una actitud practica para no dejarse involucrar en actividades relacionadas con el poder paramilitar.

Tercero. Los partidos políticos tienen que ejercer sobre sus dirigentes y sus militancias y, en particular,  sobre quienes aspiran a desempeñarse en los cargos de elección popular la más estricta vigilancia, no pueden seguir siendo un dispensador de avales, que posibilita que la delincuencia del crimen organizado del paramilitarismo se tome el Estado. Es necesario recuperar, poner a salvo y brindar la seguridad ética y política del sistema de partidos y del sistema electoral. El paramilitarismo de quinta generación tiene entre sus propósitos la captura del Estado y su instrumentalización al servicio del capitalismo criminal. Las direcciones de los partidos y sus comités de ética tienen que diseñar una estrategia de seguridad para su propia colectividad en relación con quienes aspirar a nombre de la colectividad a representarla en el desarrollo de la gestión pública, siendo agentes del paramilitarismo. 

Cuarto. Es necesario sanear la actividad económica de las presiones extorsivas del fenómeno paramilitar y conducir a los empresarios, comerciantes, ganaderos, agricultores  y trabajadores de todo orden a mantenerse del lado de la legalidad, no establecer alianzas con grupos ilegales, no prestarse para el testaferrato y el lavado de activos, no permitir presiones extorsivas  de ningún tipo. El Estado debe hacer un intenso trabajo con las organizaciones gremiales y de empresarios para sustraerlos de procesos de para-economía y narco-economía.

Quinto. Es necesario trabajar con las comunidades en donde el paramilitarismo se ha societalizado, ha vinculado a distinto niveles y en distintas tareas de orden legal e ilegal a sus miembros. Es urgente desparamilitarizar la mentalidad de las poblaciones y superar su aceptabilidad de ese fenómeno como natural.

Una cultura de la legalidad debe buscar instalarse en estas comunidades soportada por una oferta de oportunidades y una presencia estatal cargada de derechos. La iglesia, la familia, la escuela y en general el contexto social e institucional debe funcionar en el marco de un proyecto ético y político que no busca en la ilegalidad encontrar la solución a los problemas que, en materia social y de derechos, es responsabilidad de la sociedad en general, el Estado y el modelo económico en específico, ayudar a resolver.

La desparamilitarizacion de la mentalidad ciudadana en los territorios es uno de los mayores retos que tiene el proceso de paz, en la lucha contra este fenómeno

Sexto. Es necesario suspender los mecanismos coercitivos a través de los cuales se crean las condiciones para el impulso de los grandes macroproyectos en el país y que están precedidos de hechos de violencia en los que participa la institucionalidad y el paramilitarismo; igualmente, es necesario desvincular a las empresas trasnacionales de las influencias y los apoyos que terminan prestando a las organizaciones ilegales para poder desarrollar en los territorios sus propios proyectos económicos.

Séptimo. Realizar las investigaciones jurídicas necesarias para que los responsables del fenómeno paramilitar y sus beneficiarios sean castigados conforme a la naturaleza y a la dimensión de sus delitos, a través de la justicia ordinaria en razón que sus crímenes se cometen por fuera de la ley de Justicia y paz y del procesos de desmovilización paramilitar.

Octavo. Establecer y sancionar las estrechas relaciones del paramilitarismo con el narcotráfico, el lavado de activos y las prácticas de corrupción, sometiendo a la justicia a sus responsables.