domingo, 27 de julio de 2025

 


LA DEGRADACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL COLOMBIANO

Corrupción, poder y el secuestro de la justicia

 

En Colombia, la justicia ha dejado de ser el faro de equidad y el instrumento de protección de los derechos ciudadanos para convertirse, en muchos casos, en una maquinaria degradada, infiltrada por intereses políticos, económicos y criminales. Desde las altas cortes hasta los juzgados municipales, el sistema judicial enfrenta una profunda crisis de legitimidad y funcionamiento, marcada por redes de corrupción, clientelismo judicial, instrumentalización política, negligencia e impunidad. Esta situación erosiona no solo la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, sino también la viabilidad misma del Estado de derecho.

1.      Las altas cortes: el secuestro de la justicia por la politiquería 

En la cúspide del poder judicial colombiano se encuentran la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura. Estas instituciones, que deberían actuar como garantes de la Constitución, los derechos fundamentales y el equilibrio institucional, han sido cooptadas por una lógica de cuotas políticas y pactos burocráticos que diluyen su independencia.

La elección de magistrados, lejos de regirse por criterios de mérito y trayectoria ética, se encuentra contaminada por intereses partidistas. Los partidos políticos, en alianza con poderosos grupos económicos, influyen en la designación de magistrados a través de negociaciones oscuras en el Congreso. De esta manera, la cúpula judicial se convierte en una extensión de las disputas del poder político, y no en un contrapeso autónomo. El caso del llamado Cartel de la Toga es un ejemplo paradigmático: magistrados de la Corte Suprema de Justicia como Francisco Ricaurte y Gustavo Malo, fueron investigados y condenados por haber recibido millonarios sobornos a cambio de manipular procesos judiciales y frenar investigaciones contra congresistas y funcionarios. Este escándalo desnudó una red de corrupción que, durante años, operó bajo el silencio cómplice de la institucionalidad.

2.      Fiscalía General de la Nación: del ente acusador al instrumento político

La Fiscalía, concebida como el organismo autónomo encargado de investigar y acusar penalmente, ha sufrido una gravísima degradación. Lejos de actuar con imparcialidad, ha sido capturada por intereses del poder Ejecutivo, del Congreso y de sectores económicos y criminales que la utilizan como herramienta de persecución o protección según sus conveniencias.

El nombramiento del Fiscal General por parte de la Corte Suprema, a partir de una terna enviada por el presidente de la República, ha producido un modelo perverso de clientelismo institucional. El fiscal, en muchos casos, responde más a las lealtades políticas que a los mandatos constitucionales. Las filtraciones de casos judiciales selectivos, la inacción en investigaciones contra aliados políticos y la fabricación de procesos contra opositores han sido prácticas frecuentes. Ejemplos como el archivo de investigaciones contra Álvaro Uribe Vélez en múltiples ocasiones, a pesar de graves señalamientos y pruebas documentadas, contrastan con la celeridad con que se han armado expedientes contra líderes sociales, opositores políticos o periodistas incómodos al poder.

3.      Jueces municipales y jueces penales: la impunidad en la puerta de entrada

La crisis del sistema judicial no solo afecta a las altas esferas. En los juzgados municipales y penales de circuito, la corrupción también es una moneda de cambio cotidiana. Jueces que venden fallos, manipulan tiempos procesales o aceptan prebendas para emitir sentencias favorables a narcotraficantes, políticos locales o empresarios inescrupulosos, son parte de un ecosistema judicial donde la ética se ha convertido en una excepción. 

Los procesos judiciales se dilatan ad infinitum, favoreciendo la impunidad. Las demoras no son solo producto de la congestión judicial, sino también de prácticas deliberadas para torpedear los casos. A ello se suma la existencia de mafias jurídicas locales, donde fiscales, jueces, defensores públicos y abogados litigantes establecen pactos de silencio o redes de favores para beneficiar a quienes pueden pagar por justicia. El caso de la jueza de garantías de Barranquilla que otorgó medidas de detención domiciliaria a un capo del narcotráfico a cambio de favores económicos es apenas un ejemplo entre muchos que rara vez salen a la luz.

4.      Abogados: entre la defensa legítima y el crimen jurídico

No todos los abogados colombianos son corruptos, pero en muchos sectores del litigio se ha naturalizado una práctica de manipulación del sistema en favor de los poderosos. Existen estudios jurídicos que operan como verdaderos carteles legales al servicio de intereses mafiosos, empresariales o políticos. Desde allí, se construyen estrategias de dilación, manipulación de pruebas, amenazas a testigos, compra de jueces y fiscales o montaje de falsas denuncias contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Estos abogados no solo vulneran el código de ética profesional, sino que también se convierten en cómplices directos de estructuras criminales que blanquean su accionar a través del aparato judicial. El caso de la red de abogados vinculados a la organización de alias “Otoniel”, quienes gestionaban decisiones judiciales desde los estrados para liberar a miembros del Clan del Golfo, demuestra cómo el derecho puede ser pervertido cuando se pone al servicio del crimen.

5.      Consecuencias sociales y políticas: un país sin justicia

La degradación del sistema judicial en Colombia tiene consecuencias devastadoras. En primer lugar, erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. Cuando la justicia se percibe como parcial, comprada o manipulada, la sociedad deja de creer en el Estado. La ley se convierte en un privilegio para los poderosos y en una amenaza para los débiles.

En segundo lugar, esta corrupción alimenta el círculo vicioso de la impunidad. Los crímenes de cuello blanco, las violaciones de derechos humanos, los feminicidios, los desplazamientos forzados, los fraudes electorales y los saqueos del erario quedan sin castigo. Las víctimas, especialmente las más vulnerables, no encuentran reparación ni justicia.

En tercer lugar, el sistema judicial degradado es funcional al mantenimiento de un modelo económico desigual y excluyente. Las grandes empresas pueden obtener fallos favorables para apropiarse de tierras, explotar recursos naturales o desconocer derechos laborales. Las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas que reclaman su territorio, enfrentan montajes judiciales y criminalización. La justicia, en lugar de protegerlas, se vuelve su verdugo.

6.      Rutas para una transformación radical

La reconstrucción del sistema judicial colombiano no puede ser cosmética. Requiere una reforma estructural que involucre varios frentes:

Ø  Reforma a la elección de magistrados y fiscales: se debe eliminar la lógica de cuotas políticas y garantizar procesos públicos, meritocráticos y con veeduría ciudadana para elegir a los más idóneos.

Ø  Fortalecimiento del control disciplinario y ético: se necesita una Comisión Nacional de Ética Judicial independiente y con capacidad sancionatoria real, que actúe sin interferencias políticas.

Ø  Blindaje contra el clientelismo judicial: hay que erradicar las redes de favores entre funcionarios judiciales, implementar rotación de cargos, prohibir nexos familiares en el mismo circuito judicial y aplicar con rigor el régimen de inhabilidades.

Ø  Acceso equitativo a la justicia: se deben fortalecer los mecanismos de justicia comunitaria, los jueces de paz, la justicia restaurativa y los consultorios jurídicos universitarios como mecanismos de acceso para los más pobres.

Ø  Transparencia y rendición de cuentas: todos los fallos judiciales, actuaciones procesales y decisiones de fiscalía deben ser de libre acceso público, en lenguaje claro y con mecanismos de rendición de cuentas periódica.

7.      Una justicia que no es justicia

El sistema judicial colombiano atraviesa una de las crisis más profundas de su historia. La corrupción, la cooptación política, la instrumentalización por parte de élites económicas y criminales, y la falta de voluntad para corregir el rumbo, han convertido la justicia en un botín. Es necesario desnaturalizar la idea de que esto es “normal”, denunciar con valentía, y construir desde abajo una nueva ética judicial basada en la equidad, la transparencia y la dignidad humana.

Una sociedad sin justicia es una sociedad sin futuro. Si no se logra una transformación radical del sistema judicial, Colombia seguirá condenada a repetir el ciclo de la impunidad, la violencia estructural y la exclusión. La justicia no puede ser un privilegio de los poderosos ni una trampa para los pobres. Tiene que ser el corazón de una democracia real. Y hoy, ese corazón está enfermo...

 

 


CUANDO LA LEY NO BASTA.

El secuestro normativo en las democracias capturadas

En las sociedades contemporáneas, especialmente en aquellas que se reivindican como democracias constitucionales, la ley suele presentarse como el pilar del orden social y la garantía fundamental de los derechos ciudadanos. Sin embargo, en la práctica, muchas leyes terminan por ser instrumentos inútiles para la defensa de la dignidad humana y, en no pocos casos, se convierten en verdaderos obstáculos para la justicia social. Este fenómeno se agudiza cuando los poderes del Estado están secuestrados por intereses corporativos, financieros o partidistas, como sucede de manera grotesca en Colombia.

La ley, en estos contextos, deja de ser una herramienta para expandir derechos y se convierte en un arma para restringirlos, manipularlos o incluso revocarlos. Lejos de ser una garantía, la ley se transforma en un escenario de disputa entre poderes que no representan a los pueblos, sino a élites económicas que se reciclan en el poder legislativo, judicial y en los organismos de control. En estas condiciones, la legalidad no es sinónimo de legitimidad ni de justicia.

1.      La ley como herramienta de restricción y regresión

Una de las mayores paradojas del Estado de derecho es que puede operar, bajo la apariencia de legalidad, como un régimen que cancela derechos en lugar de garantizarlos. Esto se debe, en gran medida, a que la ley no es un producto neutral. Su contenido, su interpretación y su aplicación están atravesadas por relaciones de poder. Quien tiene el poder de legislar también tiene el poder de imponer una visión del mundo, de blindar privilegios, de construir inmunidades y de perpetuar desigualdades.

En Colombia, esta realidad ha quedado al desnudo en múltiples ocasiones. Cada vez que se ha conquistado un gobierno con una vocación progresista o una sensibilidad social mínima, los sectores tradicionales del poder, con mayoría parlamentaria, han operado como muralla. Reforman, revierten, obstaculizan, reglamentan con perversidad. No les interesa el bien común ni la justicia distributiva, sino mantener intactas las estructuras de dominación que han hecho de la política una empresa lucrativa. No legislan para servir al pueblo sino para blindar sus negocios.

Basta observar cómo, en los últimos años, los intentos de transformar el sistema de salud, el régimen pensional o las condiciones laborales han sido saboteados sin ningún rubor por una oposición que no ofrece alternativas, sino vetos. Es el caso patético de Colombia, donde el Congreso se ha vuelto un cementerio de reformas sociales y un campo de batalla donde la mayoría opositora actúa como cancerbero de los intereses empresariales, financieros y transnacionales.

2.      La fragilidad de las leyes en democracias polarizadas

En una sociedad políticamente polarizada, donde las instituciones se encuentran divididas en torno a intereses particulares, la ley pierde toda pretensión de universalidad y estabilidad. Ni siquiera las constituciones están a salvo. El ejemplo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez es emblemático. En su mandato, la Constitución de 1991 fue objeto de una reforma exprés para permitir la reelección presidencial inmediata, torciendo no solo el espíritu de la Carta, sino también los principios básicos de la alternancia democrática.

Esa modificación fue defendida desde la legalidad, pero su legitimidad fue ampliamente cuestionada. Y no era para menos: evidenció que la ley puede ser usada para personalizar el poder, acomodar las normas al interés del caudillo de turno y abrir las puertas al autoritarismo. Fue la antesala del actual estado de captura institucional en que se encuentra buena parte del Estado colombiano, donde los intereses partidistas secuestran las cortes, los organismos de control y el propio aparato legislativo.

En este panorama, la ley se vuelve un terreno movedizo. Lo que hoy se proclama como derecho, mañana puede ser derogado; lo que se gana en una legislatura se pierde en la siguiente; y lo que se pacta en un proceso democrático puede ser desconocido por los tecnócratas de la “seguridad jurídica” al servicio del capital.

3.      El mito de la independencia de poderes

 Se nos ha hecho creer que la separación de poderes garantiza el equilibrio y el control mutuo entre las ramas del poder público. Pero esta separación formal no garantiza, por sí misma, una verdadera defensa de los intereses populares. Cuando los tres poderes están colonizados por las mismas élites, su independencia se vuelve un mito útil para justificar la parálisis, la connivencia o el sabotaje institucional.

 En Colombia, la llamada independencia de poderes ha servido más para frenar los procesos de cambio que para promoverlos. El ejecutivo propone, pero el legislativo bloquea, y el judicial censura. Peor aún, los organismos de control (Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo) actúan como prolongaciones de los partidos tradicionales. Se escudan en la legalidad para atacar, sancionar, desacreditar y obstaculizar toda agenda que ponga en jaque los intereses del establecimiento.

¿Puede hablarse entonces de un verdadero Estado de derecho cuando este funciona como dique de contención para los procesos de transformación social? ¿Puede una democracia tener futuro si la institucionalidad está secuestrada por las élites que dicen representar a la nación, pero solo defienden sus propios privilegios?

4.      Las leyes como freno a la transformación

Una ley que no se cumple es, en el mejor de los casos, letra muerta. Pero una ley que se cumple solo para proteger los intereses de las élites es una herramienta de dominación. En Colombia abundan ejemplos de leyes que jamás han sido implementadas de manera efectiva. Se legisla para aparentar, para satisfacer exigencias internacionales, para exhibirse como democracia “madura” en foros multilaterales. Pero en la práctica, muchas normas no son más que fachadas.

El Estatuto del Trabajo, previsto en la Constitución de 1991, lleva más de tres décadas sin expedirse. Las leyes de tierras, de víctimas, de restitución, de participación, de vivienda digna, han sido fragmentadas, saboteadas o simplemente ignoradas. Cuando un gobierno progresista intenta darles vida y operatividad, choca con el aparato institucional que las congela. La ley se vuelve un candado que impide la acción gubernamental, no un puente hacia la justicia.

Lo irónico es que cuando se trata de legislar para el capital, para los bancos, para los grandes inversionistas, las leyes avanzan a toda velocidad. Se aprueban en tiempo récord, se blindan jurídicamente y se imponen con todo el peso del aparato coercitivo del Estado. Ahí sí no hay bloqueos, ni objeciones, ni salvamentos de voto. Es el doble rasero de la legalidad neoliberal: lenta y torpe para los derechos sociales, ágil y efectiva para el interés privado.

5.      Una democracia popular o el fracaso institucional

Ante este panorama, la única salida realista y esperanzadora es la construcción de una democracia popular que rebase la democracia puramente procedimental. Una democracia en la que el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial trabajen desde su autonomía institucional, pero en convergencia con los intereses ciudadanos. No para blindar privilegios, sino para expandir derechos. No para castigar la diferencia, sino para garantizar la equidad. No para contener el cambio, sino para hacerlo viable.

Pero una democracia popular exige una transformación estructural del Estado. No basta con elegir a un presidente progresista si el Congreso sigue dominado por fuerzas reaccionarias, si las cortes están cooptadas por las clientelas partidistas, y si los organismos de control funcionan como instrumentos de venganza política. En esas condiciones, ningún proyecto de transformación puede prosperar, por más legítimo que sea.

Cuando un gobierno no tiene Estado, está condenado a la frustración. Sus iniciativas, por bien intencionadas que sean, serán bloqueadas, distorsionadas o anuladas por una institucionalidad que opera como trinchera del privilegio. La historia de Colombia reciente es una prueba de ello. Las reformas sociales propuestas en los últimos años han sido devoradas por una maquinaria parlamentaria y judicial diseñada para la inmovilidad.

6.      Más allá de la ley, la movilización consciente

La conclusión es dura pero necesaria: la ley, por sí sola, no garantiza derechos. En sociedades polarizadas, capturadas por intereses corporativos y mediadas por una institucionalidad servil a las élites, la ley puede ser un obstáculo más que un instrumento. Por eso, es indispensable construir poder popular desde abajo, fortalecer la conciencia ciudadana, movilizarse en defensa de los derechos conquistados y presionar la reconfiguración democrática del Estado.

No se trata de renunciar al orden jurídico, sino de disputarlo. No se trata de despreciar la ley, sino de exigir que responda al interés general y no al interés de unos pocos. La democracia no puede ser una puesta en escena institucional: debe ser una práctica viva de participación, vigilancia y transformación.

Solo cuando el pueblo sea sujeto activo y vigilante del poder, y cuando las leyes respondan a su voluntad y no a la de los mercados, la democracia dejará de ser una farsa decorativa para convertirse en una herramienta de justicia, equidad y dignidad. De lo contrario, seguiremos repitiendo la historia de gobiernos bienintencionados derrotados por Estados cínicamente diseñados para que nada cambie.

 

 

GOLPES BLANDOS (BLANCOS) EN AMÉRICA LATINA 

El nuevo rostro del asalto al poder democrático y progresista 

                                     A propósito de la conspiración ÁLVARO LEIVA DURAN...

 Durante el siglo XX, América Latina fue el escenario de una seguidilla de brutales golpes militares, apoyados por Estados Unidos y sus organismos de inteligencia, que derrocaron gobiernos democráticamente elegidos y consolidaron dictaduras sangrientas. Desde el golpe contra Jacobo Árbenz en Guatemala (1954), pasando por los derrocamientos de João Goulart en Brasil (1964), Salvador Allende en Chile (1973) o Isabel Perón en Argentina (1976), las armas, la represión y la doctrina de seguridad nacional fueron los instrumentos preferidos del imperialismo y las élites nacionales para aplastar toda tentativa de soberanía, justicia social y democracia real.

 Sin embargo, en el siglo XXI, este método perdió legitimidad. Las dictaduras quedaron desprestigiadas por su brutalidad, y los movimientos sociales, junto con la comunidad internacional, comenzaron a exigir respeto al orden democrático. Pero el proyecto de dominación no se detuvo: simplemente mutó de forma. Nació entonces una modalidad más sofisticada, sutil y difícil de combatir: el golpe blanco, también llamado golpe blando, golpe judicial o lawfare.

 Este nuevo tipo de golpe no utiliza tanques ni balas, sino jueces, medios de comunicación, fiscales, parlamentos cooptados, fake news, y guerras jurídicas contra líderes incómodos. En vez de tanques, se emplean titulares; en vez de estados de sitio, se recurre a procesos judiciales amañados. Se trata de asaltos institucionales al poder popular, impulsados por las élites económicas nacionales, los grandes medios y las agencias extranjeras de inteligencia, con el fin de desmontar proyectos políticos progresistas, castigar a sus líderes e impedir su retorno.

I. ¿QUÉ ES UN GOLPE BLANDO?

Un golpe blanco se diferencia del golpe clásico porque se da dentro del marco formal de la legalidad, aunque deformando sus procedimientos y principios. Se manipulan instituciones como la justicia, los órganos de control, los parlamentos, e incluso mecanismos constitucionales, para sacar del poder a líderes elegidos por voto popular o impedir su participación política.

Estos golpes tienen una lógica de guerra híbrida: combinan persecución judicial, linchamiento mediático, chantaje económico, desestabilización institucional y presión internacional, todo con una narrativa de "defensa de la democracia", cuando en realidad buscan restaurar el poder de las oligarquías y someter a los países a los intereses del capital trasnacional.

II. CASOS EMBLEMÁTICOS DE GOLPES BLANDOS EN AMÉRICA LATINA

 

1.      Honduras (2009): el laboratorio

El golpe contra el presidente Manuel Zelaya marcó el inicio de esta nueva era. Aunque se trató de un golpe militar en términos técnicos, fue legitimado con un discurso jurídico y parlamentario que lo convirtió en un precedente para los golpes blancos posteriores.

Zelaya fue acusado de pretender reelegirse (algo que ni siquiera estaba en curso), se le destituyó mediante una decisión del Congreso sin proceso judicial alguno, y fue expulsado del país por los militares. Todo con el beneplácito de la Corte Suprema y la tibieza cómplice de EE. UU.

 

2.      Paraguay (2012): el juicio político express

El presidente Fernando Lugo, exobispo y líder progresista, fue destituido en menos de 36 horas por el Congreso paraguayo bajo cargos ambiguos y sin garantías procesales. El juicio político no fue más que una excusa para las élites tradicionales, incómodas con su política agraria y redistributiva.

Este caso mostró cómo se podía utilizar el propio andamiaje constitucional para vaciar la voluntad popular y restablecer el poder oligárquico sin intervención militar.

 

3.      Brasil (2016): la destitución de Dilma Rousseff

Dilma Rousseff, presidenta reelegida democráticamente, fue destituida por el Congreso bajo una acusación de “maquillaje fiscal” (maniobras presupuestarias utilizadas por gobiernos anteriores sin consecuencias). Lo cierto es que el juicio político no buscaba castigar una falta administrativa, sino interrumpir el ciclo progresista iniciado por Lula, hostil para las élites y las multinacionales.

Posteriormente, Lula fue encarcelado sin pruebas firmes, en un proceso liderado por el juez Sergio Moro, quien terminó siendo ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, el candidato beneficiado con la exclusión de Lula. El golpe blanco fue así doble: contra Dilma y contra Lula.

 

4.      Bolivia (2019): el golpe mediático-policial

Evo Morales fue forzado a renunciar tras una combinación de acusaciones de fraude electoral sin pruebas (avaladas por un informe de la OEA luego desacreditado), amotinamientos policiales, y presión militar. Lo reemplazó un gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez, que persiguió a dirigentes del MAS y reprimió al movimiento indígena.

El caso de Bolivia es paradigmático: se utilizó una supuesta defensa de la democracia para desmantelar la soberanía popular y reimplantar un régimen alineado con EE. UU. y las élites locales.

 

5.      Perú (2022-2023): la caída de Pedro Castillo

El maestro rural Pedro Castillo, elegido por una coalición popular y de izquierda, fue derrocado tras una permanente campaña de deslegitimación mediática, obstrucción parlamentaria sistemática, y presión judicial. Acusado de corrupción sin pruebas concluyentes, intentó disolver el Congreso, lo que fue utilizado como excusa para destituirlo y encarcelarlo.

La presidenta Dina Boluarte asumió el poder con apoyo de las Fuerzas Armadas y reprimió brutalmente las protestas populares. Otro ejemplo del uso del aparato institucional para restaurar el poder de las castas limeñas y aplastar la expresión de los sectores populares del Perú profundo.

III. ARGUMENTOS Y NARRATIVAS JUSTIFICADORAS DE LOS GOLPES BLANDOS 

Estos golpes blancos se amparan en una retórica supuestamente legalista y moralizante. Los argumentos más usados incluyen:

  • a)      “Corrupción” (sin pruebas contundentes de ninguna naturaleza).
  • b)     “Defensa de la democracia” y la “institucionalidad” la que están violentado de manera clara y contundente.
  • c)      “Amenaza comunista”, socialista, Castrochavista o “peligro populista”. Descalificaciones que anulan el carácter pluralista de la democracia verdadera 
  • d)     “Violación de la Constitución”. Cualquier iniciativa emprendida por un gobierno progresista encaminada a garantizar derechos es catalogada como contraproducente, lesiva y anticonstitucional. 
  • e)      “Ineptitud administrativa”. Este calificativo pretende mostrar al ejecutivo y su gobierno como incompetente. Los ataques sueles dirigirse contra la persona del ejecutivo no solo en su desempeño público, sino, igualmente, en su vida personal y familiar. Actual caso Colombia, Pacto histórico. Gustavo Petro, golpe que no han podido consolidar. 

Detrás de estas justificaciones hay una estrategia coordinada por élites económicas, medios corporativos y sectores del poder judicial alineados con intereses transnacionales. El objetivo es vaciar de contenido la democracia, neutralizar cualquier intento de redistribución de poder y riqueza, y someter a los pueblos a la lógica del capital global.

IV. ¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS?

Los golpes blandos o blancos no son espontáneos. Están dirigidos desde centros de poder económico, político y mediático. Sus principales actores:

  • 1)      Oligarquías nacionales, incapaces de competir en igualdad política y económica con proyectos populares.
  • 2)      Medios de comunicación concentrados, que fabrican consensos falsos, criminalizan líderes y manipulan la opinión pública.
  • 3)      Aparatos judiciales cooptados, que operan como brazo represivo “legal”, contra los funcionarios de alto nivel y contra la figura del poder ejecutivo.
  • 4)      Organismos internacionales, como la OEA, que legitiman el golpe con una pátina democrática. 
  • Gobiernos extranjeros, especialmente EE. UU., que intervienen directa o indirectamente mediante la USAID, NED, CIA y, en el presente, MEGAORGANIZACIONES CRIMINALES y, otros brazos de influencia.

 

V. LA RESISTENCIA A LOS GOLPES BLANDOS:  MOVIMIENTO SOCIALES PARTIDOS Y CIUDADANÍA

Frente a esta nueva forma de asalto al poder popular, la única defensa real es la movilización activa de las mayorías. No basta con ganar elecciones. Los proyectos progresistas deben construir poder popular territorial, organización social sólida, y control ciudadano sobre las instituciones.

Los movimientos sociales tienen un papel crucial: mantener la llama de la lucha encendida, resistir los intentos de criminalización y generar contrapoder real. La organización campesina, indígena, obrera, feminista y comunitaria es la base de toda resistencia efectiva.

Los partidos políticos de izquierda y progresistas, por su parte, deben dejar de confiar ciegamente en las reglas de juego del sistema liberal, y entender que la verdadera democracia no es solo procedimental, sino material, participativa y comunitaria. Deben apostar por procesos constituyentes, reformas estructurales, y alianzas amplias con el campo popular.

Y las ciudadanías activas deben apropiarse del espacio público, combatir la desinformación, exigir transparencia y no delegar la política en las élites. La democracia solo se defiende si se ejerce cotidianamente desde abajo.

VI. LA DISPUTA POR EL PODER REAL 

Los golpes blandos son la manifestación más reciente de una guerra prolongada contra los pueblos que quieren decidir su destino. Ya no se necesita un general golpista: basta con un juez corrupto, un canal de televisión y un embajador gringo.

Pero también son el síntoma de que las fuerzas populares han llegado al gobierno, que los pueblos se atreven a soñar y construir otro modelo de sociedad. Por eso los derriban: porque los temen.

Frente a eso, solo cabe la organización, la conciencia crítica, la unidad de los pueblos y la lucha por una democracia que no sea un cascarón vacío, sino una herramienta para transformar el mundo. Porque mientras el imperialismo y sus socios internos usen golpes blancos, los pueblos deben responder con resistencias multicolores, profundas y sostenidas.

El futuro de América Latina depende de no volver a caer en la trampa de los viejos métodos con nuevos disfraces. Y de hacer de cada golpe blanco un llamado a construir un poder popular más fuerte, más democrático e irreversible.

 

 

 


LA FUERZA DEL ESTADO Y EL PODER DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Por un pacto social hacia la democracia profunda, la justicia social, la seguridad y la paz

 

En tiempos de descomposición institucional, violencia persistente y captura del Estado por intereses privados, el debate sobre la necesidad de un Estado fuerte vuelve a cobrar vigencia. Sin embargo, esta idea debe ser abordada con cuidado, pues no se trata simplemente de abogar por una maquinaria estatal todopoderosa o autoritaria. Por el contrario, lo que se necesita es un Estado fuerte y solidario, pero profundamente democrático, controlado y vigilado por una sociedad civil igualmente fuerte, crítica y participativa. Un Estado que funcione bajo las bases de un pacto social renovado, donde la justicia social, la seguridad ciudadana, la paz y la profundización democrática sean sus pilares fundamentales.

Este artículo propone una reflexión crítica sobre esa relación complementaria entre un Estado fuerte y una sociedad civil empoderada, y cómo esa interacción, mediada por un nuevo pacto social, puede constituir el camino para transformar las estructuras de exclusión, violencia y desigualdad que aún predominan en muchas sociedades, especialmente en países como Colombia. 

¿Qué es un Estado fuerte y solidario? 

Un Estado fuerte no es sinónimo de un Estado autoritario. La fortaleza del Estado se mide por su capacidad institucional para hacer cumplir las leyes, distribuir justicia de manera equitativa, garantizar los derechos fundamentales, y regular los intereses privados en favor del bien común. Un Estado fuerte recauda impuestos de forma progresiva, redistribuye riqueza, invierte en salud, educación, infraestructura, cultura y ambiente, y protege a los sectores vulnerables.

La dimensión solidaria del Estado implica empatía institucional, responsabilidad histórica y compromiso con la justicia social. Significa reconocer las desigualdades estructurales heredadas de siglos de racismo, clasismo, sexismo y colonialismo, y actuar activamente para corregirlas. Un Estado solidario no es neutral: se ubica del lado de las mayorías excluidas, sin dejar de garantizar la dignidad y los derechos de todos.

En ese sentido, la solidez del Estado no reside en el uso de la fuerza coercitiva, sino en su legitimidad, su efectividad, y su capacidad para promover una vida digna para todos los ciudadanos.

La sociedad civil como contrapeso y garante 

No puede haber un Estado fuerte sin una sociedad civil fuerte. La sociedad civil —entendida como el conjunto de organizaciones, movimientos sociales, colectivos, ciudadanos organizados, periodistas críticos, intelectuales públicos y redes comunitarias— cumple la función esencial de vigilar, presionar, proponer y fiscalizar al poder estatal.

Una sociedad civil fuerte y crítica actúa como contrapeso frente a las tentaciones autoritarias, la corrupción, el clientelismo o la privatización del poder público. Es el músculo democrático del pueblo que exige que las instituciones respondan a sus necesidades y demandas. A diferencia de una masa pasiva que delega su soberanía cada cuatro años, una sociedad civil activa mantiene una movilización permanente, pacífica pero firme, que hace funcionar al Estado según los intereses del colectivo y no de las élites.

En las últimas décadas, la sociedad civil ha demostrado su capacidad de incidir, resistir e incluso transformar agendas públicas. Los movimientos feministas, ambientales, estudiantiles, indígenas, campesinos, afrodescendientes y por la paz han ampliado la democracia, denunciado abusos, y abiertos debates cruciales que los gobiernos han intentado ignorar.

El pacto social como fundamento de convivencia 

El pacto social es el acuerdo fundacional entre ciudadanos y Estado sobre cómo organizar la convivencia, distribuir el poder, los recursos y los derechos. En la mayoría de los países de América Latina, ese pacto está roto o fue históricamente excluyente: diseñado para proteger privilegios y mantener las estructuras de dominación intactas.

Un nuevo pacto social implica una reconfiguración profunda del contrato político y económico, que coloque en el centro el bienestar colectivo, la justicia y la vida. Un pacto que no sea escrito solo por tecnócratas en el Estado, sino co-construido con la sociedad civil, con participación directa de los pueblos y comunidades históricamente marginadas.

Este pacto debe tener cuatro ejes fundamentales:

 

1.       Democracia profunda: no solo electoral, sino participativa, deliberativa, comunitaria. Que democratice la economía, la información, la cultura, la tierra, y el poder mismo.

2.       Justicia social: entendida como redistribución real de la riqueza, reconocimiento de las identidades y reparación de las deudas históricas con pueblos originarios, mujeres, trabajadores, jóvenes y territorios empobrecidos.

3.       Seguridad ciudadana integral: no reducida al castigo o a la represión, sino entendida como garantía de derechos, acceso a servicios, y condiciones dignas de vida que disminuyen el crimen y la violencia estructural.

4.       Paz territorial y estructural: no como silenciamiento de los fusiles únicamente, sino como transformación de las condiciones que generan conflicto: exclusión, pobreza, concentración de tierras, falta de acceso a justicia y educación.

 

Cuando el Estado se debilita y la sociedad civil es ignorada 

Cuando el Estado es capturado por élites económicas, por partidos clientelistas o mafias, y cuando la sociedad civil es silenciada, cooptada o criminalizada, lo que ocurre es una privatización del Estado y una descomposición del pacto social. Las instituciones dejan de representar al interés público y se convierten en instrumentos de negocios privados, acumulación ilegal de riquezas, y opresión de las mayorías.

El debilitamiento institucional también se da por la falta de legitimidad democrática, la corrupción rampante, y la incapacidad para garantizar derechos mínimos. Esta fragilidad alimenta la desconfianza ciudadana, la apatía política o la radicalización violenta.

Por otro lado, cuando la sociedad civil es tratada como enemiga, estigmatizada o excluida del debate público, se rompe la posibilidad de construir un proyecto común. En contextos así, se impone el miedo, la censura, y la represión.

La necesaria alianza: sociedad civil + Estado democrático 

La salida a estas crisis no es el debilitamiento del Estado, ni el reemplazo de este por ONGs o actores privados. Tampoco lo es una sociedad civil sola, sin capacidad institucional para materializar cambios. La clave está en una alianza estratégica entre una sociedad civil crítica y un Estado democrático, legítimo, eficiente y solidario.

Esto implica, por ejemplo:


1.  Mecanismos reales de participación ciudadana en las decisiones públicas (presupuestos participativos, consultas populares, cabildos abiertos, audiencias públicas).

2.  Protección jurídica e institucional a defensores de derechos humanos, líderes sociales y periodistas independientes.

3.     Reforma profunda del sistema político y de justicia para que sea representativo, transparente y verdaderamente al servicio del pueblo.

4.      Control social de las políticas públicas, con veedurías ciudadanas fortalecidas.

5.       Reconocimiento de la movilización social como forma legítima de acción democrática.

Esta alianza exige una ciudadanía activa, educada en valores democráticos, éticos y solidarios, y al mismo tiempo instituciones que rindan cuentas, que escuchen, y que respondan a las demandas sociales.

Retos y desafíos de esta articulación 

Aunque deseable, esta articulación no es fácil. Entre los principales desafíos están:

  • a.      La cooptación de las organizaciones sociales por parte de los gobiernos o partidos políticos.
  • b.  La fragmentación y división dentro de la sociedad civil, muchas veces promovida por los mismos poderes que quieren desmovilizarla.
  • c.      La violencia contra líderes sociales, que en países como Colombia es sistemática.
  • d.      La persistencia de una cultura política vertical, clientelista y patriarcal.
  • e.      La debilidad institucional para procesar la participación social de manera vinculante. 

Superar estos obstáculos exige una nueva cultura política, una educación ciudadana transformadora, y una voluntad política real de democratizar el Estado desde adentro y desde afuera.

Hacia una democracia radicalmente humana 

Finalmente, el ideal que se busca no es una tecnocracia ilustrada ni una democracia reducida al voto. Lo que se propone es una democracia radicalmente humana, en la que el poder político no sea una maquinaria de privilegios, sino un espacio de servicio al bien común. Una democracia que respete la diferencia, que escuche el disenso, que redistribuya el poder, que proteja la vida y el planeta.

Un nuevo pacto social —impulsado por una sociedad civil viva y un Estado legítimo— debe nacer de las calles, las comunidades, las resistencias, las pedagogías populares, las utopías posibles. No se trata de restaurar el viejo contrato social, sino de escribir otro, con tinta de dignidad, voz plural, y horizonte colectivo.

Porque no hay Estado fuerte sin pueblo fuerte. Y no hay justicia sin democracia viva.

 

 


EL PODER SIN COHESIÓN

Grupos, egos y caudillismo en el PACTO HISTÓRICO

En la historia reciente de Colombia, el Pacto Histórico emergió como una promesa transformadora. Un proyecto de unidad popular que logró movilizar una fuerza social y electoral capaz de alcanzar el gobierno en 2022, dando lugar al primer mandato de izquierda en la historia del país. Sin embargo, tras el triunfo, las fisuras internas, los grupismos y la arrogancia política no tardaron en hacerse evidentes. El sueño de un frente amplio y pluralista comenzó a mostrar signos de descomposición, y la incapacidad para sortear la propia del ejercicio del poder ha debilitado al movimiento, alejándolo de las bases sociales que lo llevaron al poder.

Este artículo busca hacer un balance crítico de las dinámicas internas del Pacto Histórico, su falta de madurez política, el papel de sus liderazgos, la utilización de la movilización social como instrumento de presión y propaganda, y el resurgir de un caudillismo anacrónico que se resiste a ceder espacio a la deliberación democrática y a la construcción colectiva.

1.      El germen de los grupismos

Desde su conformación, el Pacto Histórico agrupó una constelación diversa de fuerzas políticas y sociales: movimientos progresistas, sectores de izquierda, partidos alternativos, liderazgos regionales, sindicales, feministas, ambientalistas y comunitarios. Pero esa diversidad, que fue inicialmente su mayor fortaleza, se convirtió rápidamente en una fuente de disputas internas. Los grupismos, muchas veces sustentados en lógicas clientelistas, egos desbordados y cálculos electorales, minaron el proyecto común.

En lugar de conformarse como una coalición estructurada y programática, el Pacto Histórico ha funcionado más como una suma de intereses individuales o de pequeños grupos que compiten por cuotas de poder. Esta situación se ha reflejado en el Congreso, donde las bancadas actúan con escasa coordinación, protagonizan disputas públicas y se enfrentan entre sí en redes sociales y medios de comunicación, desdibujando la imagen de unidad ante la opinión pública.

Los intentos de establecer una dirección política unificada han fracasado, y los esfuerzos por consolidar una bancada cohesionada han sido saboteados por la resistencia de ciertos liderazgos a ceder protagonismo. Así, el Pacto se ha convertido en un espacio atravesado por divisiones internas, luchas intestinas y la permanente sospecha de traición entre compañeros.

2.      El ego como estrategia de poder

Uno de los males estructurales del Pacto Histórico es la hipertrofia de los egos. En lugar de consolidar un liderazgo colectivo y horizontal, muchos de sus dirigentes han optado por alimentar su imagen personal, construir plataformas individuales de poder y cultivar seguidores más que militantes críticos. La política se ha vuelto un ejercicio de visibilidad mediática, donde las disputas por aparecer en la agenda pública han sustituido a la reflexión programática.

El egoísmo político ha derivado en una práctica excluyente, donde las voces disidentes son acalladas o deslegitimadas, y donde las decisiones se toman en pequeños círculos cerrados. Este personalismo ha minado los procesos de deliberación democrática interna, ha provocado la salida de sectores importantes del movimiento, y ha creado un clima de desconfianza generalizado.

Algunos líderes, con una trayectoria genuinamente comprometida, han dado muestras de convicción y coherencia. Sin embargo, han tenido que enfrentarse a otros actores más interesados en el cálculo electoral, en la manipulación de la opinión pública o en la defensa de agendas personales y oportunistas.

3.      El culto a la personalidad y el caudillismo

Un fenómeno particularmente grave ha sido el resurgimiento del caudillismo, una forma de liderazgo vertical que concentra el poder en figuras carismáticas, y que anula la autonomía de las organizaciones sociales y políticas. El culto a la personalidad ha reemplazado el debate de ideas, y ha generado una dependencia excesiva del presidente Gustavo Petro como único referente del cambio.

Si bien es innegable el papel crucial que jugó Petro en la construcción del Pacto Histórico y en la victoria electoral, el proceso de transformación social no puede depender exclusivamente de su figura. La falta de construcción de liderazgos colectivos, el silenciamiento de las críticas internas y la intolerancia hacia la disidencia han producido una cultura política que reproduce lo peor del autoritarismo caudillista, incluso desde sectores que se reivindican democráticos.

Este caudillismo se expresa también en la forma en que se instrumentaliza la movilización social: no como una herramienta autónoma del pueblo, sino como un recurso para defender al gobierno, presionar a los opositores o blindar decisiones impopulares. Las marchas y concentraciones, lejos de ser espacios deliberativos, se han convertido en vitrinas de apoyo acrítico, en actos de aclamación más que en expresiones de soberanía popular.

4.      La instrumentalización de la movilización social

Uno de los compromisos fundamentales del Pacto Histórico era devolverle protagonismo al pueblo colombiano, construir una democracia participativa y fortalecer el poder popular. No obstante, tras la llegada al gobierno, muchos de los movimientos sociales que fueron soporte del proyecto han sido desplazados, cooptados o desmovilizados.

El gobierno ha optado por convocar a la movilización cuando lo necesita, sobre todo frente a crisis políticas o derrotas legislativas, pero sin fortalecer los espacios autónomos ni respetar las agendas propias de los sectores populares. Las organizaciones sociales han sido reducidas a escenografía política, a simples respaldos ocasionales, mientras sus demandas concretas —tierra, salud, educación, justicia— siguen sin respuesta o han sido postergadas.

Este uso instrumental de la movilización social reproduce una lógica verticalista que contradice los principios del cambio democrático. Se exige lealtad incondicional, se premia el aplauso y se castiga la crítica. Así, en lugar de construir un poder popular autónomo, se consolida un poder subordinado a la voluntad del líder y al cálculo político del momento.

5.      Los liderazgos: entre la esperanza y la decepción

Dentro del Pacto Histórico coexisten liderazgos valiosos y comprometidos con otros profundamente oportunistas y recalcitrantes. 

Hay actores cuya presencia en el Pacto responde más al oportunismo que a una convicción real con el cambio.   Provenientes de sectores tradicionales, se han sumado al Pacto para asegurar beneficios políticos sin compartir realmente su horizonte transformador.

Incluso dentro del Ejecutivo, se han visto contradicciones profundas. 

6.      El fracaso de la deliberación y la urgencia de una refundación

El mayor problema del Pacto Histórico no es la existencia de diferencias internas —lo cual es natural en cualquier coalición democrática— sino la incapacidad para procesarlas mediante mecanismos deliberativos, incluyentes y transparentes. La ausencia de una estructura política sólida, de reglas claras y de instancias de decisión colectivas ha dejado el movimiento a merced del conflicto permanente y del desgaste constante.

La fragmentación política, la lógica de “yo o el caos”, y el afán de protagonismo están destruyendo el proyecto por dentro. Lo que debería ser un frente popular en disputa por el poder y en defensa de los intereses del pueblo, corre el riesgo de convertirse en un campo de batalla entre egos inflamados, redes clientelares y discursos vacíos.

Es urgente una refundación política del Pacto Histórico. Se requiere reconstruir la unidad sobre nuevas bases éticas y organizativas, recuperar la centralidad de los movimientos sociales, democratizar las decisiones, respetar la diversidad interna y, sobre todo, romper con las prácticas caudillistas que impiden la construcción colectiva.

7.      Del poder como posibilidad al poder como pérdida

El Pacto Histórico llegó al poder con la promesa de transformar el país, pero hoy sufre de los mismos males que históricamente ha criticado: arrogancia, fragmentación, oportunismo y culto a la personalidad. Si no se produce una autocrítica profunda y se toma la decisión de refundarse desde las bases, el proyecto corre el riesgo de diluirse en las aguas turbias del poder tradicional.

Más que una alianza electoral, el Pacto debe volver a ser un movimiento político y social que dialogue con el pueblo, que escuche, que aprenda y que sea capaz de reconocer sus errores. La historia no perdona a quienes desperdician el poder que les fue confiado por las mayorías. Colombia necesita una izquierda democrática, ética y popular. La oportunidad está aún presente, pero el tiempo se agota.

 

 



POLARIZACIÓN POLÍTICA, GUERRA DE ODIOS Y VIOLENCIA CRIMINAL. 

El rostro de la extrema derecha en los periodos electorales de Colombia

 Colombia es un país cuya historia política está atravesada por el conflicto, la violencia y los odios ideológicos. Cada periodo electoral, lejos de consolidar la democracia, suele exacerbar las fracturas más profundas de la sociedad. Las elecciones, en lugar de convertirse en ejercicios civilizados de confrontación de proyectos de país, se transforman con frecuencia en escenarios de guerra simbólica y material, donde el adversario es deshumanizado y la eliminación —simbólica o física— del contrario es un objetivo. La polarización política y la guerra de odios encuentran un vehículo privilegiado en la extrema derecha, que históricamente ha apelado a prácticas criminales para preservar sus privilegios y evitar que fuerzas alternativas transformen las estructuras sociales y políticas del país.

        I.            La polarización política y guerra de odios: una cultura que se resiste a morir

 La polarización política no es un fenómeno reciente en Colombia. Desde el siglo XIX, el país se configuró alrededor de proyectos excluyentes, construidos en torno al odio entre liberales y conservadores. Los pactos de élites, como el Frente Nacional (1958-1974), si bien estabilizaron el sistema político formal, lo hicieron a costa de excluir a las alternativas y clausurar la democracia real. Los proyectos de izquierda y las expresiones populares quedaron fuera del sistema, con las consecuencias que todos conocemos: la insurgencia armada, la violencia rural y el ejercicio del terrorismo de Estado.

A lo largo de las décadas, la extrema derecha ha sido la fuerza más resistente para aceptar la pluralidad y a admitir proyectos alternativos de país. Ha construido narrativas de odio, criminalización y aniquilamiento del contrario. El comunismo, el castrochavismo, el socialismo, el progresismo, los movimientos por los derechos humanos o el movimiento social legítimo han sido demonizados. Los adversarios políticos son señalados como enemigos internos, traidores o terroristas, abriendo la puerta a su estigmatización, persecución y, en muchos casos, asesinato.

La guerra de odios se refuerza a través de un aparato mediático cooptado por los intereses tradicionales, de redes de propaganda digital y de sectores del aparato judicial y militar infiltrados por concepciones autoritarias. Todo ello se intensifica durante los periodos electorales, cuando la disputa democrática amenaza con transformar los equilibrios de poder.

     II.            La violencia política criminal de la extrema derecha en los periodos electorales

Colombia ofrece numerosos ejemplos históricos en los que la extrema derecha, lejos de actuar como fuerza democrática, ha recurrido a la violencia criminal para impedir cambios políticos. La historia electoral del país está marcada por asesinatos, masacres, fraudes, intimidación armada y persecución sistemática contra candidatos, líderes sociales y movimientos alternativos.

1.      El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán (1948)

Uno de los hitos fundacionales de la violencia electoral en Colombia es el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948. Gaitán, líder popular, amenazaba con ganar la presidencia bajo un programa de justicia social, soberanía nacional y democratización del Estado. Su asesinato desató el Bogotazo y abrió la puerta a una época de violencia sistemática contra el liberalismo popular.

Aunque nunca se esclareció completamente la autoría intelectual del crimen, diversos estudios apuntan a sectores ultraconservadores y al temor de las élites ante la posibilidad de que un proyecto democrático de masas llegara al poder.

2.      La exterminación de la Unión Patriótica (1980s-1990s)

Uno de los episodios más atroces de violencia electoral fue el genocidio contra la Unión Patriótica (UP). Surgida del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur, la UP fue un intento de abrir un espacio político legal para la izquierda.

Sin embargo, la extrema derecha —en connivencia con aparatos estatales, paramilitares y sectores del narcotráfico— emprendió un plan sistemático de exterminio. Más de 5.000 militantes, simpatizantes y candidatos de la UP fueron asesinados, incluidos dos candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa.

El genocidio de la UP es un caso paradigmático de violencia electoral criminal impulsada por sectores de extrema derecha temerosos de perder el control político.

En este periodo también fueron asesinados Luis Carlos Galán Sarmiento (1989) en una disputa criminal por la candidatura a la presidencia en la que se involucró el narcotráfico. Carlos Pizarro León- Gómez candidato por la Alianza Democrática M-19 que le había apostado a la política fue asesinado en 1990 durante la administración de Virgilio Barco Vargas. 

3.      Los asesinatos de candidatos en las elecciones regionales y locales

La violencia política no ha cesado. Cada ciclo electoral en Colombia registra ataques contra candidatos de sectores alternativos. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), en las elecciones locales de 2019 se registraron más de 200 hechos de violencia contra candidatos y líderes políticos. Las amenazas y asesinatos se concentran en zonas donde grupos paramilitares y mafias locales actúan como brazo armado de intereses de extrema derecha.

El caso del asesinato del candidato a la alcaldía de Tibú, Norte de Santander, Bernardo Betancourt, en 2019, o las amenazas constantes contra candidatos del Pacto Histórico y otras fuerzas alternativas en el proceso electoral de 2022 son ejemplos recientes de esta dinámica.

4.      La propaganda de odio y el uso de las redes digitales

Más allá de la violencia física, la extrema derecha en Colombia ha desarrollado sofisticadas campañas de odio y desinformación digital. Durante la campaña presidencial de 2018 y en las de 2022, se detectaron operaciones masivas de bots, mensajes falsos y campañas de miedo vinculando a los candidatos de izquierda con el comunismo, el narcotráfico o el terrorismo.

Este tipo de violencia simbólica alimenta el clima de polarización, legitima futuros actos de violencia material y busca socavar la credibilidad de los proyectos alternativos. Las operaciones digitales de guerra sucia son financiadas por sectores empresariales y operadas por redes profesionales que trabajan articuladas con la maquinaria política tradicional.

   III.            Un patrón estructural: el miedo al cambio y la defensa violenta del privilegio

¿Por qué la extrema derecha recurre a la violencia electoral? La explicación es estructural: Colombia es un país donde el sistema de privilegios y el orden social excluyente se sostienen sobre la negación de la democracia real. Cuando las fuerzas alternativas amenazan con alterar ese equilibrio, la extrema derecha activa todas las formas de violencia posibles: institucional, simbólica, mediática y armada. 

El uso de la violencia electoral no es un accidente, sino un patrón recurrente. Se basa en: La cultura de intolerancia política: La derecha extrema ve al adversario no como un competidor legítimo, sino como un enemigo existencial.

El miedo a la redistribución social: Sectores económicos concentrados temen que un cambio político implique reformas tributarias, laborales o agrarias.

El control de territorios estratégicos: Las mafias paramilitares y los clanes políticos utilizan la violencia electoral para mantener el control territorial y las rentas ilegales.

La captura de instituciones: Parte del aparato judicial y militar ha sido cooptado para legitimar o encubrir estas prácticas criminales.

   IV.            Desafíos y un llamado urgente al pluralismo democrático

Frente a este panorama, Colombia tiene enormes desafíos. La violencia electoral impide la plena expresión de la voluntad popular, distorsiona el juego democrático y reproduce la desconfianza ciudadana en las instituciones. Si el país quiere consolidar una democracia verdadera, debe erradicar estas prácticas.

Ello implica:

  1. Desmontar las estructuras paramilitares y mafiosas que interfieren en las elecciones.
  2.  Garantizar la vida y la integridad de todos los candidatos, especialmente de los alternativos.
  3. Sancionar las campañas de odio y desinformación, tanto en medios tradicionales como en redes digitales.
  4. Reformar el aparato judicial y los órganos de control para que actúen con independencia frente a la violencia política.
  5. Fortalecer la cultura democrática y el respeto a la diferencia desde la educación, los medios y el discurso público.

Finalmente, es urgente un cambio cultural profundo. Colombia debe aprender a respetar la diferencia política y a construir un modelo de democracia pluralista. Es legítimo discrepar. Es legítimo confrontar ideas. Pero es inaceptable deshumanizar al adversario o justificar su eliminación. La democracia exige el reconocimiento del otro como interlocutor válido, incluso cuando se discrepe profundamente.

La historia de sangre que ha acompañado los procesos electorales en Colombia no puede repetirse indefinidamente. La lección más importante que debería dejarnos esa historia es que la violencia política destruye las posibilidades de convivencia y erosiona los cimientos mismos de la sociedad.

En tiempos de crispación y polarización extrema, es vital que las voces democráticas —de izquierda, centro o derecha democrática— se unan para rechazar la violencia en todas sus formas. Defender la vida, la palabra y el respeto a la diferencia es el primer paso para consolidar una Colombia más justa, democrática y en paz.

El futuro del país no puede estar escrito con sangre. Debe ser construido sobre el respeto mutuo, la pluralidad y el reconocimiento de que, en una democracia genuina, el disenso es parte esencial de la convivencia y no una amenaza que deba ser eliminada.