LOS GOBIERNOS PROGRESISTAS EN ECUADOR
Logros, tensiones y desafíos
La historia reciente del Ecuador ha estado marcada por profundas transformaciones políticas, sociales y económicas protagonizadas por gobiernos que se autodefinen como progresistas.
Estos procesos, si bien no exentos de contradicciones y conflictos, han respondido a una demanda acumulada de cambios estructurales frente a décadas de neoliberalismo, exclusión social y crisis institucional. En este contexto, el ascenso al poder de Rafael Correa en 2007 representó el punto de inflexión de un ciclo político que buscó instaurar una nueva correlación de fuerzas basada en el fortalecimiento del Estado, la redistribución de la riqueza, la soberanía nacional y la inclusión de sectores históricamente marginados.
Sin embargo, el camino del progresismo en Ecuador ha estado lleno de obstáculos, tanto internos como externos, y hoy enfrenta nuevos retos en un escenario marcado por la polarización, el avance del crimen organizado y la fragmentación política.
I. LA LLEGADA AL PODER DEL PROGRESISMO ECUATORIANO: el caso de la REVOLUCIÓN CIUDADANA
Rafael Correa, economista formado en Bélgica y Estados Unidos, llegó a la presidencia de Ecuador en 2007 tras una campaña centrada en el rechazo al modelo neoliberal y a la "partidocracia" que había sumido al país en una prolongada crisis de gobernabilidad. En los años previos, Ecuador había tenido ocho presidentes en diez años, la mayoría de los cuales fueron destituidos o forzados a renunciar por protestas sociales, corrupción o incapacidad de gestión.
El ascenso de Correa fue resultado de una amplia alianza entre movimientos sociales, sectores medios empobrecidos, pueblos indígenas y jóvenes urbanos desencantados con el sistema político tradicional. Su partido, Alianza PAIS, articuló un discurso nacionalista, antiimperialista y reformista que captó el descontento popular con las recetas del Fondo Monetario Internacional, las privatizaciones y el entreguismo de los gobiernos anteriores.
Una de las primeras acciones del gobierno fue convocar a una Asamblea Constituyente, que redactó la Constitución de Montecristi (2008), considerada una de las más garantistas de la región. En ella se reconocieron derechos colectivos, el Estado plurinacional, el Buen Vivir (Sumak Kawsay), y se estableció la soberanía sobre los recursos naturales.
II. OBSTÁCULOS DESDE LAS FUERZAS OPOSITORAS TRADICIONALES
Desde su llegada al poder, el progresismo ecuatoriano enfrentó una dura resistencia por parte de los partidos tradicionales, las élites económicas, los medios de comunicación privados y los poderes fácticos. A pesar del amplio apoyo popular inicial, estos sectores se rearticularon y aprovecharon tanto errores del gobierno como contradicciones internas para erosionar su legitimidad.
Uno de los principales focos de confrontación fue la relación con los movimientos indígenas, especialmente la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que si bien apoyó inicialmente la Asamblea Constituyente, luego se distanció del gobierno por políticas extractivistas que afectaron territorios ancestrales. También surgieron conflictos con sindicatos y sectores ambientalistas, lo cual debilitó la base social del progresismo.
En el plano institucional, la oposición trató de bloquear reformas y denunció una supuesta concentración de poder por parte del Ejecutivo. La judicialización de opositores y la confrontación con medios hegemónicos como El Universo y Teleamazonas alimentaron un discurso internacional sobre autoritarismo, aunque muchas de estas acciones estuvieron enmarcadas en intentos de regular poderes históricamente inmunes a la rendición de cuentas.
III. LOGROS EN JUSTICIA SOCIAL Y DERECHOS
Durante los años de Rafael Correa (2007-2017), Ecuador vivió una importante transformación en términos de inversión pública, inclusión social y desarrollo institucional. Según datos del Banco Mundial y la CEPAL, la pobreza por ingresos se redujo del 36,7% en 2007 al 22,5% en 2017, mientras que la extrema pobreza cayó del 16,5% al 7,9%. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, también mostró una leve pero sostenida mejora.
La inversión en salud y educación se duplicó, con la construcción de cientos de escuelas del milenio, hospitales y centros de atención integral. Se implementaron becas para estudios superiores, créditos para pequeños productores y programas sociales como el Bono de Desarrollo Humano. Asimismo, se fortaleció la seguridad social y se amplió la cobertura del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social).
En materia de derechos, se avanzó en el reconocimiento de poblaciones históricamente excluidas: personas con discapacidad, mujeres, comunidades LGBTI y pueblos indígenas. El marco constitucional garantizó el derecho a la salud, la educación gratuita, el agua como bien público y la consulta previa.
IV. RELACIONES INTERNACIONALES Y EJERCICIO DE SOBERANÍA
El progresismo ecuatoriano, especialmente bajo Correa, promovió una política exterior soberana, orientada hacia la integración regional y el fortalecimiento de bloques alternativos como la UNASUR, la CELAC y el ALBA. Ecuador se retiró del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, renegoció contratos con petroleras extranjeras y expulsó a la base militar norteamericana de Manta.
Asimismo, el país asumió un liderazgo regional en temas como la lucha contra los paraísos fiscales, la auditoría de la deuda externa (que redujo pagos ilegítimos) y la defensa del asilo diplomático, como en el caso de Julian Assange.
Esta posición también generó tensiones con potencias occidentales y organismos multilaterales, aunque permitió una mayor autonomía en el diseño de políticas públicas. A pesar de ello, la dependencia de las exportaciones de petróleo y las dificultades para diversificar la economía mostraron las limitaciones estructurales del modelo.
V. FRAGMENTACIÓN DEL PROGRESISMO Y RETORNO CONSERVADOR
Tras la salida de Correa en 2017, su sucesor Lenín Moreno, elegido bajo la bandera de la Revolución Ciudadana, se distanció radicalmente del proyecto original y pactó con sectores empresariales, partidos tradicionales y organismos internacionales como el FMI. Esto fue percibido como una traición por amplios sectores de la ciudadanía, y dio lugar a una ofensiva judicial contra Correa y varios de sus colaboradores, en lo que muchos calificaron como "lawfare".
La persecución política, el encarcelamiento de líderes progresistas y el debilitamiento de Alianza PAIS (que terminó dividido) dieron paso a una restauración conservadora. Las elecciones de 2021 marcaron un punto de quiebre: el progresismo, representado por Andrés Arauz, ganó la primera vuelta, pero fue derrotado en el balotaje por Guillermo Lasso, representante de la banca y del neoliberalismo.
El gobierno de Lasso enfrentó una crisis de legitimidad casi desde el inicio, marcada por movilizaciones sociales, escándalos de corrupción y un deterioro de la seguridad pública, lo que derivó en su destitución mediante la figura constitucional de la "muerte cruzada". Esto dio paso a elecciones anticipadas en 2023.
VI. EL GOBIERNO ACTUAL Y SUS DESAFIOS
En las elecciones de 2023, el joven empresario Daniel Noboa fue elegido presidente, con un discurso centrista, tecnocrático y alejado de las polarizaciones entre correísmo y anticorreísmo. No obstante, su gobierno ha tenido que enfrentar una creciente ola de violencia vinculada al narcotráfico, la penetración del crimen organizado en instituciones del Estado y una economía estancada.
La relación de Noboa con el progresismo ha sido ambigua. Ha buscado apoyos puntuales en la Asamblea Nacional, pero también ha impulsado medidas autoritarias como el estado de excepción prolongado, sin atacar las causas estructurales del conflicto. Además, su consulta popular de 2024 mostró que la ciudadanía exige cambios de fondo en seguridad, empleo y justicia, pero rechaza fórmulas superficiales o punitivistas sin acompañamiento social.
El actual gobierno enfrenta retos enormes: la reconstrucción institucional, la pacificación del país, la reactivación económica y la consolidación de una gobernabilidad democrática. La ausencia de una propuesta de transformación profunda y la fragmentación del sistema político hacen difícil una salida estable.
A MANERA DE CIERRE el futuro del progresismo en Ecuador
El progresismo en Ecuador ha demostrado su capacidad para transformar estructuras, reducir la pobreza y ampliar derechos. Sin embargo, también ha evidenciado límites en su modelo de desarrollo, tensiones con actores sociales, concentración de poder y escasa renovación interna. Las divisiones posteriores a 2017 debilitaron su influencia electoral y favorecieron el retorno del neoliberalismo.
Hoy, el progresismo ecuatoriano tiene la tarea urgente de reconstruir una plataforma unitaria, recuperar la conexión con los movimientos sociales, reconocer errores del pasado y formular un proyecto de país que combine justicia social, sostenibilidad ambiental y democracia participativa. Solo así podrá responder a los desafíos del presente y convertirse, una vez más, en una alternativa real frente a la violencia, la desigualdad y la corrupción.
La historia de Ecuador demuestra que el progresismo no es un punto de llegada, sino un camino en disputa constante, que solo puede avanzar con participación popular, ética pública y voluntad transformadora.
CARLOS MEDINA GALLEGO
Historiador-Analista Político
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