LA SALUD COMO DERECHO FUNDAMENTAL
Entre la privatización, la corrupción y la urgencia de un modelo público, preventivo y eficaz
En Colombia, la salud es reconocida constitucionalmente como un derecho fundamental, inalienable y universal. Sin embargo, la realidad que viven millones de ciudadanos contradice profundamente este mandato. La salud ha sido convertida en una mercancía, gestionada bajo lógicas de mercado que priorizan la rentabilidad sobre el bienestar colectivo. El sistema de salud colombiano, organizado desde la Ley 100 de 1993, ha favorecido la intermediación financiera a través de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que hoy representan uno de los principales obstáculos para garantizar el acceso digno, oportuno y humano a los servicios de salud.
Los efectos de la privatización: lucro sobre vidas
La introducción del modelo neoliberal en el sector salud transformó un derecho en un bien de consumo. Las EPS, creadas como supuestos administradores eficientes del aseguramiento, han demostrado ser estructuras con profundas deficiencias operativas, financieras y éticas. En muchos casos, estas entidades retienen recursos públicos, niegan servicios esenciales, demoran citas y tratamientos, e incluso ponen en riesgo la vida de los usuarios. La lógica empresarial que rige su accionar privilegia el ahorro y el lucro, incluso a costa del sufrimiento humano.
Además, han sido protagonistas de escándalos de corrupción y manejo indebido de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), evadiendo responsabilidades con pacientes y personal médico, y dejando en quiebra hospitales públicos y clínicas. Este funcionamiento corrupto se traduce en negación de derechos, deudas impagables al talento humano, y deterioro en la calidad del servicio.
El vacío de la prevención en un sistema curativo y costoso
Otro de los grandes fallos estructurales del modelo vigente es su énfasis en la atención de la enfermedad antes que en la prevención. El sistema actual ha descuidado las acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades, que son clave para disminuir la carga sobre los servicios asistenciales y reducir los costos a largo plazo. Este descuido favorece una medicina reactiva, especializada y hospitalaria, más lucrativa para las EPS y los prestadores privados, pero insostenible para el sistema y perjudicial para los ciudadanos.
Un modelo de salud basado en la prevención —a través de campañas comunitarias, medicina familiar, atención primaria integral y seguimiento territorial— no solo mejora los indicadores de salud pública, sino que democratiza el acceso y reduce las desigualdades.
Congreso, mercaderes de la salud y bloqueos a la reforma
La dificultad para avanzar hacia un sistema de salud verdaderamente público y preventivo no radica únicamente en cuestiones técnicas, sino en un entramado de poder profundamente enraizado en el Congreso de la República. La clase política colombiana, en buena parte financiada y cooptada por intereses privados del sector salud, se ha convertido en un muro de contención para cualquier intento de reforma estructural.
El reciente intento del Gobierno de reformar el sistema de salud evidenció el choque entre los intereses corporativos de las EPS y la necesidad de transformar el modelo. Las presiones de gremios privados, la manipulación mediática, y las componendas políticas han frustrado propuestas orientadas a fortalecer el sistema público, dignificar al personal de salud, y devolverle al Estado la rectoría del sistema.
Hacia un servicio público de salud: eficiente, ético y financiado
Frente a este panorama, se impone la necesidad urgente de avanzar hacia un sistema nacional de salud público, universal, gratuito en el punto de atención, suficientemente financiado y centrado en la prevención. Este nuevo modelo debe garantizar:
1. Eliminación de la intermediación financiera de las EPS, sustituidas por una red pública de aseguramiento y atención.
2. Fortalecimiento de la atención primaria en salud, con presencia territorial, enfoque intercultural y participación comunitaria.
3. Financiamiento estatal adecuado, con mecanismos de transparencia y vigilancia ciudadana.
4. Dignificación del trabajo del personal sanitario, con condiciones laborales estables y salarios justos.
5. Participación activa de los usuarios en la planeación, ejecución y control del sistema.
Este cambio no es utópico, es una urgencia ética, social y política. La salud no puede seguir siendo un negocio. Debe ser lo que siempre debió ser: un derecho humano garantizado por el Estado para todas las personas, sin discriminación y sin barreras.
Solo un sistema público, ético y solidario puede garantizar la salud como derecho y no como privilegio.
CMG - DIA
16 DE ABRIL 2025
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