Profesor de la Universidad Nacional de Colombia, adscrito a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, es miembro del grupo de Investigacion en Seguridad y Defensa y del Centro de Pensamiento y Seguimiento a Proceso de Paz. Especialista en Conflicto Armado.
jueves, 17 de abril de 2025
LA MISERABLEZA DE LOS CONGRESISTAS COLOMBIANOS FRENTE A UNA REFORMA LABORAL Y PENSIONAL, DIGNA Y JUSTA.
Para mamá TILA URIBE, con todo mi afecto.
En Colombia, hablar de una reforma pensional es tocar una de las fibras más sensibles del contrato social: la vejez. Sin embargo, esa sensibilidad no parece conmover a quienes ocupan curules en el Congreso de la República. La actitud de una parte considerable de los congresistas frente a la reforma pensional ha sido una muestra cruda de indiferencia, de cálculo electoral y de servilismo frente a los intereses de los fondos privados, que por décadas han hecho del ahorro de los trabajadores un lucrativo negocio financiero.
Resulta paradójico, e incluso insultante, que mientras los legisladores gozan de regímenes especiales de pensión con privilegios desproporcionados, miles de ancianos en Colombia sobreviven en condiciones de pobreza, sin acceso a una mesada que les garantice una vejez digna. La mayoría de los adultos mayores en el país no alcanza a cotizar lo suficiente para pensionarse. Muchos mueren sin recibir un solo peso de lo que durante años aportaron al sistema.
La actitud de estos congresistas miserables —no en lo económico, pues gozan de abultados ingresos— sino en lo ético, consiste en mantener un modelo que excluye, que castiga la informalidad sin combatirla, que privatiza el derecho y lo transforma en mercancía. Lo hacen no solo por negligencia, sino también porque muchos están directa o indirectamente atados a intereses financieros y corporativos que lucran con el ahorro de millones de trabajadores a través de los fondos privados de pensiones.
Es urgente una reforma que coloque el eje en la justicia social y no en la rentabilidad. Una reforma que garantice una mesada pensional digna para los ancianos, ajustada a una canasta familiar real y justa, que contemple los gastos esenciales de alimentación, vivienda, salud y servicios públicos. La dignidad en la vejez no puede seguir dependiendo del azar del mercado ni de la especulación financiera.
La pensión no debe ser vista como un subsidio, ni como una carga fiscal, sino como el resultado legítimo de una vida de trabajo. Y esa pensión, en una sociedad democrática, debe estar anclada a un modelo de seguridad social público, eficiente y solidario, donde el Estado garantice cobertura y sostenibilidad sin entregar los recursos de los trabajadores al capital financiero, que especula con ellos y los aleja del propósito para el cual fueron creados.
Además, debe existir una prohibición expresa del uso indebido de los recursos pensionales para fines distintos a los del bienestar de los cotizantes. No más puentes entre los fondos privados y campañas políticas. No más puertas giratorias entre los organismos de control, los bancos y los despachos legislativos.
Los congresistas deben entender que el pueblo colombiano no soporta más este modelo dual e injusto: uno para los ricos y otro para los pobres. La reforma pensional debe ser una herramienta de redistribución y justicia, no un negocio. Lo contrario es perpetuar el desprecio por los ancianos y seguir cavando la fosa del Estado social de derecho.
La vejez no puede seguir siendo una condena. Merece respeto, cuidados, garantías, y sobre todo, una pensión justa que le devuelva a la vida su dignidad en los últimos años. El Congreso está ante una prueba histórica. Y si vuelve a fallar, no será por ignorancia: será por miseria moral.
Convocar una consulta popular para decidir reformas estructurales como la pensional y la laboral no es un acto de democracia directa ni un gesto de participación ciudadana auténtica. Es, en realidad, una confesión vergonzosa de la incapacidad del Congreso para legislar en favor de los intereses del pueblo. Este recurso, que se presenta como un mecanismo de legitimidad, encubre una realidad aún más cruda: el Congreso colombiano está capturado —si se quiere, secuestrado— por los intereses del capital financiero, los fondos privados, las élites empresariales y las lógicas de privatización que se han instaurado como doctrina dominante en el aparato estatal.
Durante décadas, las reformas laborales y pensionales han sido diseñadas no para ampliar derechos, sino para restringirlos. Se ha creado un modelo profundamente regresivo, donde el trabajo se precariza y la vejez se castiga. En lugar de consolidar una seguridad social solidaria, se impone un régimen de acumulación para los fondos privados y las aseguradoras, que negocian con los recursos de los trabajadores y pensionados como si fueran mercancías.
Resulta entonces indignante que, en lugar de asumir su responsabilidad legislativa, el gobierno tenga que delegar la resolución de estos temas vitales en una consulta popular. No porque la consulta no tenga valor democrático, sino porque aquí se usa como una coartada: una manera de evadir el debate estructural que compromete a los sectores que financian campañas y controlan decisiones. Este Congreso no representa al pueblo: representa a las AFP, a los gremios, a los grandes empleadores y al capital financiero, que han hecho del Estado una maquinaria al servicio de la rentabilidad privada.
La clase política que ocupa el Congreso no actúa como legisladora en sentido democrático. Actúa como operadora política del desconocimiento sistemático de los derechos sociales de los más pobres. Cada vez que se discute una reforma, su orientación es clara: recortes, flexibilización, ampliación de la edad de pensión, eliminación de garantías laborales, individualización del riesgo. Se habla de sostenibilidad fiscal, pero nunca de sostenibilidad humana. Se protege al mercado, pero se desprotege al ciudadano, al trabajador, al anciano.
La solución no puede ser trasladar esta responsabilidad al pueblo bajo la forma de una consulta, cuando no se ha garantizado ni la pedagogía política necesaria ni la transparencia institucional que haría de ese proceso un verdadero ejercicio de soberanía popular. Mientras tanto, los ancianos siguen muriendo sin pensión, los trabajadores informales siguen creciendo en número, y los derechos sociales se siguen desmontando bajo el eufemismo de “modernización”.
Lo verdaderamente democrático sería desmontar el secuestro institucional, recuperar la ética pública, desmercantilizar la política y garantizar que las reformas se hagan en favor del bien del trabajador y la vejez y no del capital privado.
CMG - DIA
16 DE ABRIL DE 2025
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viernes, 11 de abril de 2025
LA SALUD COMO DERECHO FUNDAMENTAL
Entre la privatización, la corrupción y la urgencia de un modelo público, preventivo y eficaz
En Colombia, la salud es reconocida constitucionalmente como un derecho fundamental, inalienable y universal. Sin embargo, la realidad que viven millones de ciudadanos contradice profundamente este mandato. La salud ha sido convertida en una mercancía, gestionada bajo lógicas de mercado que priorizan la rentabilidad sobre el bienestar colectivo. El sistema de salud colombiano, organizado desde la Ley 100 de 1993, ha favorecido la intermediación financiera a través de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que hoy representan uno de los principales obstáculos para garantizar el acceso digno, oportuno y humano a los servicios de salud.
Los efectos de la privatización: lucro sobre vidas
La introducción del modelo neoliberal en el sector salud transformó un derecho en un bien de consumo. Las EPS, creadas como supuestos administradores eficientes del aseguramiento, han demostrado ser estructuras con profundas deficiencias operativas, financieras y éticas. En muchos casos, estas entidades retienen recursos públicos, niegan servicios esenciales, demoran citas y tratamientos, e incluso ponen en riesgo la vida de los usuarios. La lógica empresarial que rige su accionar privilegia el ahorro y el lucro, incluso a costa del sufrimiento humano.
Además, han sido protagonistas de escándalos de corrupción y manejo indebido de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), evadiendo responsabilidades con pacientes y personal médico, y dejando en quiebra hospitales públicos y clínicas. Este funcionamiento corrupto se traduce en negación de derechos, deudas impagables al talento humano, y deterioro en la calidad del servicio.
El vacío de la prevención en un sistema curativo y costoso
Otro de los grandes fallos estructurales del modelo vigente es su énfasis en la atención de la enfermedad antes que en la prevención. El sistema actual ha descuidado las acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades, que son clave para disminuir la carga sobre los servicios asistenciales y reducir los costos a largo plazo. Este descuido favorece una medicina reactiva, especializada y hospitalaria, más lucrativa para las EPS y los prestadores privados, pero insostenible para el sistema y perjudicial para los ciudadanos.
Un modelo de salud basado en la prevención —a través de campañas comunitarias, medicina familiar, atención primaria integral y seguimiento territorial— no solo mejora los indicadores de salud pública, sino que democratiza el acceso y reduce las desigualdades.
Congreso, mercaderes de la salud y bloqueos a la reforma
La dificultad para avanzar hacia un sistema de salud verdaderamente público y preventivo no radica únicamente en cuestiones técnicas, sino en un entramado de poder profundamente enraizado en el Congreso de la República. La clase política colombiana, en buena parte financiada y cooptada por intereses privados del sector salud, se ha convertido en un muro de contención para cualquier intento de reforma estructural.
El reciente intento del Gobierno de reformar el sistema de salud evidenció el choque entre los intereses corporativos de las EPS y la necesidad de transformar el modelo. Las presiones de gremios privados, la manipulación mediática, y las componendas políticas han frustrado propuestas orientadas a fortalecer el sistema público, dignificar al personal de salud, y devolverle al Estado la rectoría del sistema.
Hacia un servicio público de salud: eficiente, ético y financiado
Frente a este panorama, se impone la necesidad urgente de avanzar hacia un sistema nacional de salud público, universal, gratuito en el punto de atención, suficientemente financiado y centrado en la prevención. Este nuevo modelo debe garantizar:
1. Eliminación de la intermediación financiera de las EPS, sustituidas por una red pública de aseguramiento y atención.
2. Fortalecimiento de la atención primaria en salud, con presencia territorial, enfoque intercultural y participación comunitaria.
3. Financiamiento estatal adecuado, con mecanismos de transparencia y vigilancia ciudadana.
4. Dignificación del trabajo del personal sanitario, con condiciones laborales estables y salarios justos.
5. Participación activa de los usuarios en la planeación, ejecución y control del sistema.
Este cambio no es utópico, es una urgencia ética, social y política. La salud no puede seguir siendo un negocio. Debe ser lo que siempre debió ser: un derecho humano garantizado por el Estado para todas las personas, sin discriminación y sin barreras.
Solo un sistema público, ético y solidario puede garantizar la salud como derecho y no como privilegio.
CMG - DIA
16 DE ABRIL 2025
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jueves, 10 de abril de 2025
UNIVERSIDADES CAPTURADAS
La crisis de una generación y el avance del Feminismo Autoritario.
domingo, 6 de abril de 2025
En el corazón de las universidades públicas, que deberían ser bastiones del conocimiento libre, la equidad y el compromiso social, se gesta una contradicción profunda. Mientras el discurso institucional habla de justicia, meritocracia y servicio a la sociedad, una élite bien consolidada de profesores de planta ha convertido la academia en un negocio personal, mercantilizando el conocimiento y apropiándose de lo público para fines privados.
La figura del “profesor de planta” se ha convertido, en muchos casos, en sinónimo de privilegio y poder enquistado. Con la excusa de la “actividad de extensión” —una función que en teoría debería acercar el saber universitario a las necesidades de la comunidad— estos docentes han montado verdaderos emporios personales. Utilizan el nombre de la universidad, sus instalaciones, su prestigio, e incluso a sus estudiantes, para celebrar millonarios contratos con entidades estatales y privadas.
Así, lo que debería ser una función pública se convierte en una fuente de enriquecimiento individual. Bajo la apariencia de legalidad, se hace empresa con lo público. Se terceriza el conocimiento. Se vende el saber como si fuera mercancía. Y lo más escandaloso: la universidad no solo lo permite, sino que lo fomenta, lo premia y lo institucionaliza.
Mientras tanto, en el otro extremo de la pirámide, están los profesores de cátedra y los ocasionales: los verdaderos parias del sistema universitario. Son ellos quienes cargan con la mayor parte de la docencia, quienes sostienen la vida académica cotidiana, quienes preparan clases, corrigen trabajos y acompañan a los estudiantes. Pero lo hacen con salarios indignos, sin estabilidad laboral, sin seguridad social digna, y bajo la amenaza constante de no ser contratados el siguiente semestre.
¿Dónde queda la ética universitaria cuando quienes deberían ser ejemplo de compromiso público se enriquecen bajo el amparo de lo colectivo? ¿Qué clase de modelo pedagógico se puede defender cuando la universidad replica las lógicas más perversas del mercado laboral? ¿Cómo hablar de excelencia académica cuando se reproducen relaciones laborales precarizadas y clientelares?
Es urgente abrir este debate con franqueza y sin miedo. La universidad pública no puede seguir siendo botín de unos pocos que, amparados en la estabilidad y el estatuto profesoral, privatizan sus funciones y se blindan frente a cualquier forma de evaluación externa. La extensión universitaria debe volver a ser lo que fue pensada: una herramienta de transformación social, no una fuente de acumulación privada.
La defensa de lo público empieza por desmontar estas prácticas. Porque mientras no se redistribuya el poder al interior de la universidad, mientras no se reconozca con justicia el trabajo docente de todos los que la hacen posible, la universidad pública seguirá siendo una ficción: un lugar donde se predica la equidad, pero se practica el privilegio.
En los últimos años, ha surgido una creciente preocupación sobre cómo los artículos de investigación, que deberían ser herramientas para difundir conocimiento y avances científicos, se han transformado en una especie de "moneda de cambio" en el mercado académico, especialmente ligado al ascenso laboral y al incremento salarial.
Muchos sistemas de evaluación académica, tanto en universidades como en instituciones públicas, premian a los investigadores por la cantidad de publicaciones que logran en revistas indexadas. Esta presión ha generado un ambiente competitivo que, en algunos casos, ha sido aprovechado por redes de revistas con prácticas corruptas o poco éticas.
Estas revistas, a menudo llamadas "depredadoras", aparentan ser serias y estar indexadas en bases de datos reconocidas, pero en realidad cobran altas tarifas por publicar sin someter los artículos a un proceso riguroso de revisión por pares. En algunos países, se han documentado incluso redes organizadas en las que investigadores, editores y funcionarios acuerdan publicar artículos sin mérito real para cumplir metas de productividad, obtener bonificaciones, o ascensos.
Este fenómeno no solo desvirtúa el valor real de la investigación científica, sino que también genera una gran desigualdad: quienes pueden pagar o tienen conexiones dentro de estas redes corruptas avanzan profesionalmente, mientras que quienes siguen los caminos éticos se ven rezagados por no poder “jugar el juego” de la corrupción académica.
Este es un tema delicado pero importante. En muchas universidades públicas, especialmente en América Latina, se ha observado un fenómeno preocupante: la privatización de los programas de posgrado, liderada por grupos de profesores que ven en estos espacios una oportunidad de enriquecimiento personal más que una misión académica.
Aunque las universidades públicas reciben financiamiento estatal y tienen como misión garantizar el acceso a la educación superior, en la práctica muchos posgrados —especialmente maestrías y diplomados— son gestionados como si fueran empresas privadas. Un grupo reducido de docentes o coordinadores controla la oferta académica, define los costos (frecuentemente elevados), selecciona a los docentes (muchas veces entre sus propios círculos), y en algunos casos manejan directamente los ingresos, marginando a la universidad como institución.
2. Algunos docentes perciben ingresos muy por encima de sus salarios oficiales, mientras los recursos no siempre se reinvierten en laboratorios, bibliotecas o mejoras académicas.
3. En algunos casos se crean posgrados con poca o nula pertinencia académica o social, diseñados simplemente para captar matrícula y generar ingresos.
4. La presión por mantener inscripciones altas lleva a bajar estándares de ingreso o de evaluación, afectando el nivel académico.
En resumen, se trata de una forma de "mercantilización interna" de la universidad pública, que reproduce desigualdades y desplaza la lógica del bien común por una lógica empresarial. Es un fenómeno complejo, con raíces en la falta de financiamiento estatal, pero también en la captura de espacios institucionales por grupos de poder académico, que se construyen incluso desde el discurso de la desobediencia civil, el anarquismo y procesos constituyentes capturados . Una falacia con fines económicos y apetito de poder.
viernes, 4 de abril de 2025
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD EN PAZ, DEMOCRATICA Y CON JUSTICIA SOCIAL , requiere de la participación social.
Hacia UNA NUEVA CULTURA POLITICA en Colombia: Por una democracia transformadora y solidaria.
jueves, 3 de abril de 2025
DIALÉCTICA DE LA ESTUPIDEZ
ECONOMIAS CIRCULARES , ECONOMIAS POPULARES Y MINIMALISMO: caminos hacia la justicia social en una Colombia polarizada y en transición.