VIOLENCIA Y ELECCIONES EN COLOMBIA

Una amenaza para la democracia de cara al 2026

A manera de alerta temprana...

La historia política de Colombia está marcada por un elemento recurrente y devastador: la violencia como mecanismo de competencia electoral y de control del poder. Lejos de constituirse en un accidente aislado, la introducción de la violencia en los procesos electorales ha configurado una constante que acompaña la construcción estatal desde los albores de la república.

 Este fenómeno ha tenido múltiples expresiones —desde el asesinato de líderes políticos hasta la intimidación armada de comunidades enteras— y responde tanto a dinámicas internas de exclusión y concentración de poder como a la instrumentalización de actores armados legales e ilegales.

De cara a las elecciones de 2026, los riesgos de una reactivación y expansión de la violencia electoral en Colombia no solo comprometen la seguridad de candidatos, votantes y organizaciones sociales, sino que erosionan los cimientos mismos de la democracia. La conjunción entre la persistencia de estructuras armadas ilegales, la disputa entre bloques políticos polarizados, la crisis de legitimidad institucional y la capacidad de actores criminales para capturar territorios y rentas ilícitas configura un escenario donde la violencia amenaza con convertirse nuevamente en árbitro de la política.

Este enaayo examina el problema desde una perspectiva histórica y crítica, mostrando la trayectoria de la violencia electoral en Colombia, los factores estructurales que explican su persistencia y los riesgos específicos que se ciernen sobre la democracia colombiana en 2026. Termina plante que la necesidad de desmontar la naturalización de la violencia como variable política y de repensar el vínculo entre elecciones, democracia y loo ñ de paz.

I. LA VIOLENCIA COMO LENGUAJE POLÍTICO EN COLOMBIA

Una línea de tiempo de la política como violencia electoral tendría varios periodos con lamentables resultados: 

1. De la hegemonía conservadora a la violencia bipartidista

Desde finales del siglo XIX y buena parte del XX, Colombia se desenvolvió bajo la lógica de una hegemonía excluyente. La violencia partidista de mediados del siglo XX, conocida como "La Violencia", costó entre 200.000 y 300.000 vidas y se caracterizó por la instrumentalización del terror como mecanismo de control territorial. Las elecciones en este periodo fueron formalmente democráticas, pero en la práctica se hallaban mediadas por la presión armada de los partidos Liberal y Conservador, que utilizaban ejércitos de civiles armados para garantizar resultados favorables.

La violencia no solo eliminaba competidores políticos, sino que también generaba desplazamientos masivos y reforzaba el control clientelar de élites regionales. Este antecedente instaló la idea de que la disputa por el poder político en Colombia rara vez podía resolverse en escenarios exclusivamente institucionales.

2. El Frente Nacional y la exclusión de alternativas

El pacto del Frente Nacional (1958–1974) puso fin a la violencia bipartidista, pero al precio de institucionalizar la exclusión. La alternancia obligada entre liberales y conservadores cerró el camino a nuevas fuerzas políticas, alimentando la insurgencia armada. Paradójicamente, mientras se reducía la violencia interpartidista, se incubaban nuevas formas de violencia política: asesinatos de líderes sociales, represión estatal y emergencia de guerrillas como las FARC, el ELN y el EPL.

El sistema electoral continuó siendo un escenario de violencia selectiva: candidatos alternativos eran perseguidos y la participación ciudadana estaba profundamente limitada. La democracia quedaba reducida a un ritual administrado por élites.

3. La apertura democrática truncada de los años 80–90

Con la apertura política de los años 80, simbolizada en la creación de la Unión Patriótica (UP), Colombia vivió una esperanza democratizadora. Sin embargo, la reacción violenta fue brutal: más de 5.000 militantes y dirigentes de la UP fueron asesinados en un exterminio sistemático que combinó agentes estatales, narcotraficantes y paramilitares. Este genocidio político evidenció que, en Colombia, las urnas podían convertirse en un campo de batalla sangriento cuando emergían proyectos transformadores que amenazaban estructuras de poder establecidas.

El magnicidio de Luis Carlos Galán en 1989 y los asesinatos de Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro en 1990 marcaron un periodo en que la violencia se convirtió en un arma estratégica para moldear el rumbo de la política nacional.

4. El ciclo paramilitar y la cooptación electoral

Durante los años 90 y comienzos del 2000, el paramilitarismo expandió su influencia, cooptando amplios sectores del Congreso, alcaldías y gobernaciones. La llamada “parapolítica” reveló que la violencia no solo estaba dirigida contra insurgentes o movimientos alternativos, sino que se había convertido en un mecanismo de captura del Estado desde dentro.

Las elecciones en amplias regiones estuvieron mediadas por intimidación armada, compra de votos financiada con recursos ilícitos y asesinatos selectivos. La democracia fue reducida a un procedimiento formal manipulado por redes criminales, debilitando aún más la legitimidad institucional.

II. LA PERSISTENCIA DE LA VIOLENCIA ELECTORAL EN EL SIGLO XXI.

1. Las elecciones locales de 2023: un espejo inquietante

Los comicios locales de 2023 dejaron un saldo de candidatos amenazados, asesinatos selectivos y control territorial ejercido por grupos armados en departamentos como Cauca, Arauca y Chocó. La Misión de Observación Electoral (MOE) alertó sobre más de 1.000 hechos violentos relacionados con la contienda, lo que mostró que, pese a los acuerdos de paz de 2016 con las FARC, las dinámicas violentas persisten y se han diversificado.

El vacío dejado por las FARC en varios territorios fue ocupado por disidencias, ELN, grupos neoparamilitares y organizaciones narcotraficantes. La competencia electoral en estas zonas se desarrolla bajo un clima de amenaza constante, que condiciona la libertad del voto y la pluralidad de la representación.

2. Factores estructurales de la violencia electoral

La persistencia de la violencia en procesos electorales obedece a múltiples causas:

La presencia electoral de las economías y organizaciones  ilícitas: el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando financian estructuras armadas que buscan influir en la política para garantizar el control territorial y la  impunidad.

La falta de presencia estatal integral en vastas regiones permite que actores armados asuman funciones de “autoridad” y decidan quién puede o no participar en política.

La radicalización del discurso entre bloques opuestos ha normalizado la deslegitimación del adversario, aumentando la probabilidad de que sectores recurran a la violencia.

La ausencia de sanciones reales contra los responsables de genocidios políticos o de alianzas criminales con políticos ha generado la percepción de que la violencia es rentable.

III. RIESGOS ESPECÍFICOS PARA LAS ELECCIONES DE 2026

Las elecciones de 2026 se realizarán en un contexto de polarización extrema. El gobierno del Pacto Histórico enfrenta una oposición férrea, y los sectores de derecha buscan reagruparse en torno a narrativas de “rescate nacional”. En este ambiente, la violencia puede ser instrumentalizada como estrategia de desgaste político, desde campañas de odio que justifican ataques hasta la eliminación física de líderes.

El riesgo no se limita al asesinato de candidatos, sino a la profundización de un clima de miedo que inhiba la participación y favorezca a quienes controlan territorios con fuerza.

Las disidencias de las FARC, el ELN y grupos sucesores del paramilitarismo continúan en expansión. Estos actores tienen incentivos para capturar alcaldías, gobernaciones y curules, pues ello les asegura control sobre presupuestos, contratos y legitimidad política. Si no se adoptan medidas de protección y control, es probable que en 2026 veamos elecciones “condicionadas” en varias regiones del país, donde los votantes acudirán a las urnas bajo la sombra del fusil.

El desencanto ciudadano con las instituciones electorales, sumado a la proliferación de noticias falsas y la manipulación digital, puede amplificar el impacto de la violencia. Si los ciudadanos perciben que las elecciones son manipuladas por armas o fraudes, la legitimidad del sistema democrático se erosionará profundamente, abriendo la puerta a crisis de gobernabilidad y posibles estallidos sociales.

IV. UNA DEMOCRACIA HERIDA DE MUERTE

La introducción de la violencia en el proceso electoral de 2026 sería devastadora por varias razones:

1. Candidatos que representen opciones alternativas o populares quedarían en desventaja frente a quienes cuentan con protección armada o respaldo de actores ilegales.

2. Comunidades enteras podrían ser forzadas a votar por una opción o a abstenerse, lo que anula la esencia de la democracia.

3. Si las elecciones son vistas como un escenario manipulado por la violencia, la ciudadanía perderá confianza en la democracia como mecanismo de resolución pacífica de conflictos.

4. Permitir que la violencia defina resultados consolida la idea de que las armas son más eficaces que el debate democrático.

En síntesis, la violencia electoral no solo amenaza vidas individuales, sino que pone en juego la viabilidad misma del proyecto democrático colombiano.

V. CAMINOS POSIBLES PARA CONJURAR LA AMENAZA

Aunque el panorama es sombrío, existen alternativas:

Ofrecer garantías de seguridad para candidatos y líderes sociales con un sistema de protección robusto y territorializado, evitando la concentración de medidas solo en figuras de alto perfil.

Propiciar observación electoral independiente y fortalecida. Organizaciones como la MOE deben contar con recursos y acompañamiento internacional para vigilar los comicios.

Desmontar economías ilícitas que financian y condicionan candidatos. Sin atacar las bases materiales del poder armado, cualquier esfuerzo será limitado.

Impulsar campañas contra la polarización. Los partidos y medios deben comprometerse con desescalar el lenguaje de odio que puede derivar en violencia física.

Reformar la justicia electoral con mecanismos más ágiles para sancionar prácticas fraudulentas o violentas.

IDEAS FUERZA MANERA DE CIERRE 

Colombia enfrenta en 2026 una encrucijada decisiva: o se reafirma la democracia como mecanismo pacífico de competencia política, o se consolida la violencia como árbitro silencioso de las elecciones. 

La trayectoria histórica muestra que cada vez que la violencia se introduce en los procesos electorales, los costos son altísimos: exterminio de movimientos, debilitamiento institucional y profundización de la exclusión.

Permitir que la violencia vuelva a definir los resultados electorales sería condenar al país a repetir ciclos de dolor e impunidad. Por el contrario, asumir el reto de proteger las elecciones de 2026 implica una apuesta ética y política por garantizar que la voluntad ciudadana, y no las armas, decida el rumbo de Colombia.

En este sentido, la lucha contra la violencia electoral no es solo una cuestión de seguridad, sino una batalla por el alma de la democracia colombiana. De su resultado dependerá si el país avanza hacia una democracia madura y plural o si sigue atrapado en la espiral de sangre que ha acompañado la historia política de la nación.

 CARLOS MEDINA GALLEGO 

Historiador-Analista Político