La justicia Transicional como constituyente simbólico de la reparación integral de las víctimas y fundamento de la reconciliación

CARLOS MEDINA GALLEGO

Docente-Investigador

Universidad Nacional de Colombia

Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz (CPSPP)

Notas para un conversatorio[1]

Este conversatorio centra su atención en la relación entre justicia transicional y reparación integral de las víctimas en el marco de la implementación de los acuerdos entre el gobierno nacional y las FARC, en el proceso de la construcción de una paz estable y duradera.

En lo esencial se busca convocar la atención sobre el tema de la reparación,  las rutas y retos que tiene la misma para garantizar los derechos de las víctimas de la violencia y conflicto armado, en el camino del perdón y la reconciliación. Esta ponencia está organizada a través de ideas fuerza que se articulan en torno a  8 ejes centrales de reflexión: 1. Las víctimas del conflicto y la justicia transicional; 2. Las víctimas y el camino de la reparación; 3. Las víctimas como sujeto político de derecho; 4. La reparación como derecho y como mecanismo; 5. Los retos de la participación en la reparación; 6. Medidas de reparación en los estándares internacionales; 7. Programas administrativos de reparación colectiva; 8. Dimensión transformadora de la reparación.

Las mayorías de estas ideas han sido tomadas y ordenadas de los trabajos especializados que existen al respecto y que contribuyen a los propósitos de esta exposición. 

Las víctimas del conflicto y la justicia transicional.  

1.       Siete décadas de violencia y conflicto armado interno nos ha dejado una herencia de violaciones y abusos a gran escala de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.  El número de personas que han sufrido las dinámicas de la violencia en nuestro país representa el 18% del total de la población. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), el conflicto en Colombia ha generado 8.405.265 víctimas.

2.       Las afectaciones que han tenido las víctimas  se constituyen en violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario incluyen: desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, desaparición forzada, reclutamiento de menores, lesiones por efecto de minas, tortura y secuestro, conductas que  a la luz del Estatuto de Roma, constituyen crímenes de lesa humanidad y no son amnistiables en los términos del Acuerdo de La Habana.

3.       Todas las víctimas del conflicto armado y la violencia están cubiertas por unos derechos que el Estado y la sociedad deben reconocer y garantizar. El acuerdo Final entre el gobierno y las FARC, coloco al centro de la resolución del conflicto los derechos de las víctimas y para ello creo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Compromiso de No Repetición.

4.      En este contexto, uno de los objetivos de la Justicia Transicional es la realización de los derechos a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición a favor de las víctimas.

Las víctimas y el camino de la reparación.

1.      La reparación es una de las medidas de justicia transicional que mayor relevancia e impacto directo tiene en las víctimas, de ahí su especial importancia. 

2.      Todas las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario tienen derecho a recibir una reparación adecuada, efectiva y pronta por el menoscabo que han sufrido en sus derechos. Este derecho de las víctimas trae consigo el deber del Estado de reconocer y responder ante estas violaciones a los derechos humanos en los casos en los que la acción o inacción oficial implique su responsabilidad.

3.      En situación de violaciones masivas y sistemáticas y cuando se trata de transitar de una situación de conflicto armado interno a la paz, la mejor manera de hacer efectivo el derecho de las víctimas a la reparación es a través de programas administrativos de cobertura masiva adoptados por parte del Estado. Así lo han reconocido el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. 

Las víctimas como sujeto político de derecho

1.      La importancia fundamental de las garantías de no repetición , radica en que la paz como concepto amplio será sostenible, no sólo en la medida que se implemente el Acuerdo, sino también en la medida que en la sociedad no se sigan presentando violaciones a los Derechos Humanos y al derecho internacional humanitario.  La sociedad está en mora de exigirle al Estado la garantía de cumplimiento a los derechos de las víctimas resultante de la firma de los acuerdos.

2.      Los procesos de transición deben buscar, el reconocimiento de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y debe hacer el más amplio y riguroso registro de manera que se establezca con claridad el universo de víctimas y sus características particulares. En esta fase, como en todas, la participación de las víctimas debe ser activa y efectiva. Debe incluir una perspectiva de género que permita efectuar un análisis de las especificidades de las mujeres, hombres y niños.

3.      Las organizaciones de víctimas de la sociedad civil deben contar con todas las garantías y los espacios para participar. En este sentido, una de las recomendaciones que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos le ha realizado al Estado colombiano ha sido instar “…a las entidades del Estado a incluir a las víctimas en la planificación y elaboración de presupuestos, a diseñar mecanismos flexibles para la implementación en los ámbitos local y nacional, y a garantizar la rendición de cuentas periódica y basada en resultados y la transparencia de todas las acciones”. Sin lo anterior, el proceso no podrá cumplir de forma determinante con sus objetivos.

4.       Si se pretende que la reparación en Colombia sea adecuada y efectiva, tendrá que hacerse a través de mecanismos concretos, participativos y, sobre todo, realistas.

La reparación como derecho y como mecanismo

1.      Existen diferencias entre la reparación como derecho, y las reparaciones como mecanismo de justicia transicional.

2.      En el primer sentido, la reparación como derecho, la naturaleza de la reparación es de tipo jurídico, generalmente está asociada a fallos judiciales y tiene como objetivo la compensación por el daño que ha sufrido una persona como consecuencia de un crimen específico. La reparación judicial abarca cinco medidas que son: la restitución, la compensación, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición.

3.      Las reparaciones en escenarios transicionales o  de posconflicto armado se refieren a programas de medidas coordinadas con cobertura masiva. Aquí, el término hace referencia a los intentos de proporcionar beneficios directos a las víctimas; esto es,  un proyecto de política pública basado en derechos que responda al sentir, las necesidades y al contexto de las víctimas. 

4.       Los programas de reparaciones en el marco de la justicia transicional no deberían diseñarse con base en la estructura de la reparación judicial, debido a que se corre el riesgo de crear programas complejos, basados en medidas de muy amplio alcance que difícilmente se logran cumplir, especialmente en contextos de violaciones masivas de derechos humanos.

5.      De nada sirve un programa de reparaciones ambicioso si no se puede cumplir lo que propone y éste genera frustración a un número considerable de víctimas. Re-victimiza.

Los retos de la participación en la reparación

1.      Los retos que enfrenta la implementación de un acuerdo en materia de las reparaciones de víctimas para que contribuyan a la construcción de paz son enormes. Un programa integral de reparaciones debería fortalecer los procesos de perdón, reconciliación y construcción de paz. Esto significa, por lo menos, que las reparaciones logren el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y agentes activos en su proceso, y la generación de confianza entre ellas y el Estado quien es el principal agente de la reparación.

2.      Para que un programa de reparaciones pueda contribuir a la paz debería responder a medidas concretas con estándares y alcances realistas. La reparación que crea falsas expectativas termina siendo un proceso de revictimización.   

3.      Debe ser participativo, la participación en el proceso es un componente esencial de la reparación, cualquier persona que haga parte de un programa de reparaciones debería tener la posibilidad de participar en él.

4.       Las medidas no pueden reducirse a la entrega de un beneficio particular o acciones fragmentadas, deben ser un proceso de transformaciones significativas que tengan  impacto y generen sentido reparador, devolviendo a las victimas la condición de ciudadanos con derechos. La condición de víctima es una condición excepcional que debe a través de la reparación superarse.   

5.       Es fundamental el compromiso de entidades públicas y privadas para que se garantice la reparación integral de las víctimas de manera efectiva. El Estado debe enviar un mensaje claro y no prometer lo que no puede cumplir.

6.       La reparación en su naturaleza no es transformadora, ni constituye un proyecto de vida, es restauradora de unas condiciones de existencia que fueron alteradas por la violencia. Puede ser transformadora, cuando las acciones de reparación se hacen de manera colectiva frente a comunidades que fueron victimizadas y se mejora de manera efectiva su realidad socioeconómica.  

7.       En una sociedad donde casi el 20% de la población está en condición de víctimas, por razones materiales y presupuestales, la reparación no podrán ser de por vida. Las victimas más que víctimas, son sujetos de derechos, y la relación que se aspira a reconstruir entre el Estado y sus ciudadanos debe estar basada en la seriedad, la sinceridad y la legitimidad del Estado para garantizar derechos.

8.       La paz y la reconciliación deben estar fundamentadas en el reconocimiento de responsabilidades de todos los actores involucrados, así como de la sociedad por su silencio e indolencia. La paz es una responsabilidad de todos y como una acción de justicia, los colombianos tenemos un deber frente a la reparación.

Medidas de reparación en los estándares internacionales.

1.      Conforme a los estándares del derecho internacional, la reparación puede comprender múltiples medidas, que deberían combinarse e interrelacionarse entre sí para lograr la integralidad. Algunas de estas medidas o componentes pueden ser:

a.       Restitución: busca restablecer los derechos y el proyecto de vida de las víctimas o comunidades, incluye la devolución de bienes patrimoniales que fueron arrebatados por la violencia  y el restablecimiento de los derechos. 

b.      Indemnización: implica el pago de una compensación económica por el daño sufrido.

c.       Rehabilitación: restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales, esto incluye atención médica y psicológica, y acceso a servicios jurídicos y sociales.

d.      Satisfacción: son medidas que buscan restablecer la dignidad de las víctimas, reconocer públicamente el daño sufrido y difundir la verdad sobre lo sucedido. Estas medidas pueden incluir conmemoraciones, pedidos públicos de disculpas, difusión de la verdad, búsqueda de los desaparecidos y recuperación de restos mortales, entre otras.

Programas administrativos de reparación colectiva

1.      Los programas administrativos masivos de reparación son, ante todo, un proyecto político que entraña el reconocimiento por parte del Estado de lo que pasó, del sufrimiento que la violencia causó y de los derechos de quienes han sufrido una violación, sumado al compromiso de ofrecer las garantías para que estos hechos del pasado no se repitan.

2.      Si bien las víctimas tienen derecho a interponer recursos para conseguir esta reparación (sea por la vía judicial, administrativa o disciplinaria), el enfoque judicial y contencioso resulta limitado en contextos transicionales para casos en los que hubo violaciones masivas a los derechos humanos y, por lo tanto, un gran número de víctimas.

3.      Es por esto que, teniendo en cuenta la gran tarea que significaría para el Estado y el sistema judicial individualizar y reparar una por una a cada víctima, la práctica común es la adopción de programas administrativos de reparaciones en los que se priorizan categorías de víctimas y tipos de victimización, y se definen medidas que permitan abarcar, de manera diferenciada, las distintas categorías.

4.      Estas medidas pueden ser evaluadas según el cumplimiento de las siguientes características:

a.       Amplitud: capacidad de cubrir la totalidad o mayor número de víctimas con derecho a ser reparadas, lo que implica un ejercicio exhaustivo de identificación de víctimas tanto individuales como colectivas; y de posibles hechos victimizantes o violaciones que deben ser reparadas.

b.      Complejidad: los programas de reparación deberían incluir beneficios tanto materiales como simbólicos, distribuidos individual y colectivamente.

c.       Coherencia interna y externa: la coherencia interna se refiere a la relación y complemento entre los diferentes tipos de medidas de reparación (restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición). La coherencia externa significa la adecuada relación entre la de reparación y otras medidas de justicia transicional, tales como comisiones de la verdad, reformas institucionales y juicios penales.

5.      Un elemento central en la adopción de políticas públicas de reparación es la posibilidad de que las víctimas, de manera individual o a través de asociaciones, participen en el diseño e implementación del programa con el fin de que las medidas respondan a sus necesidades y expectativas.

Dimensión transformadora de la reparación

1.      Los programas de reparaciones buscan principalmente afirmar la condición de las víctimas como titulares de derechos. Así, no solo se enfocan en resarcir un daño específico: restituir un bien o pagar una indemnización por la pérdida de un ser querido, sino también y, especialmente, en reafirmar la condición de ciudadanos con derechos de las víctimas y ser una oportunidad para transformar sus vidas y superar las condiciones que causaron su victimización.

2.      Nuevos enfoques consideran que un programa de reparación debería incluir una dimensión transformadora que no solo remedie los daños causados por la violación, sino que transforme las condiciones en las que se encontraba la víctima antes de que ocurrieran los hechos y, así, afiance los principios democráticos en una sociedad. 

3.      En contextos como el colombiano en el que condiciones de pobreza y exclusión, por ejemplo, facilitaron o permitieron la violación de derechos humanos, una visión transformadora de las reparaciones no solo buscaría reparar el daño sino también cambiar estas condiciones para permitir mejorar las condiciones de vida de las víctimas y evitar que los hechos se repitan.

4.      Un programa de reparaciones, por ambicioso e integral que sea, si no va acompañado de otras medidas como iniciativas de esclarecimiento histórico, garantías de no repetición, reformas institucionales o enjuiciamientos, difícilmente tendrá el impacto transformador esperado. La experiencia internacional demuestra que la aplicación íntegra de las medidas de justicia transicional puede ofrecer a la sociedad en general y a las víctimas en particular, la sensación real de que se intenta hacer justicia tras las violaciones ocurridas.

Un difícil momento atraviesa actualmente el proceso de implementación en un ambiente enrarecido y cargado de nuevos hechos de violencia a los cuales hay que prestar especial atención, si no queremos regresar a un ciclo de violencia inédita que deje una generación de víctimas. En los distintos territorios las poblaciones que han sido golpeadas por el conflicto esperan en medio de la incertidumbre que se hagan efectivos sus derechos a la verdad, la justicia la reparación integral y el compromiso de no repetición.     

Notas.

Ø  De Greiff, Pablo. Reparaciones: una oportunidad para transformar vidas. The Handbook of Reparations. Oxford: Oxford University Press, 2006.

Ø  Sinthya Rubio Escolar. Candidata a Doctora en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, Consultora en temas de Infancia, Adolescencia y Justicia Transicional. ¿Qué debemos entender por reparación en la justicia transicional?.

Ø  http://pacifista.co/reparacion-justicia-transicional-ley-de-victimas-farc-la-habana/ .

Ø  Javier Tous. Director, Centro de Derechos Humanos del Caribe. Universidad del Norte. Víctimas y reparación en la región Caribe.

Ø  Las reparaciones en la teoría y la práctica, ICTJ, Nueva York, 2007.

Ø  Reparaciones transformadoras, justicia distributiva y profundización democrática (2009), ICTJ y Dejusticia.

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[1] Notas preparadas para el IX Congreso de Derecho Constitucional. Ciudad de Pasto-Nariño. Abril 11 al 13 de 2018

Jorge Eliecer Gaitán Ayala y la política

Palabras para la conmemoración de los 70 años de su asesinato impune

CARLOS MEDINA GALLEGO

Docente – Investigador

Universidad Nacional de Colombia

Quisiera este 9 de abril del 2018, en la conmemoración del 70 aniversario del asesinato del Caudillo Popular Jorge Eliecer Gaitán Ayala, uno de los más grandes egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, en el siglo XX, hacer particular referencia a su pensamiento político en lo que es pertinente al momento actual por el cual atraviesa la sociedad colombiana.   

Gaitán, fue sin duda un luchador incansable por darle a la política un lugar privilegiado en la vida de los seres humanos en el camino de sus realizaciones más nobles y profundas, en el ámbito de la construcción de una sociedad de derechos resultante del desarrollo de un modelo económico que pone al centro de sus preocupaciones contribuir a la construcción del bien común y en particular del bienestar de las clases desfavorecidas. Es de su patrimonio intelectual la afirmación de No somos enemigo de la riqueza que genera bienestar y progreso, sino de la riqueza que genera desigualdad y pobreza.   Y ese bienestar y ese progreso sigue siendo la razón de ser de la sociedad y preocupación fundamental de la política en un país como el nuestro que se presenta ante el mundo como uno de los más desiguales e inequitativos.    

Para Gaitán la política debía estar supeditada al servicio de la sociedad en su conjunto y debía ser la más alta expresión de la moral colectiva. Gaitán era consciente de la degradación de la práctica política y moral de la nación, realidad que hoy se expresa en profundidad y amplitud en el escenario de la vida institucional y política del país. Resulta, hoy,  como en su tiempo, urgente y necesario, mantener en alto la bandera de la lucha por la restauración moral de la nación, de su clase política y de la institucionalidad del Estado y, eso implica, como él mismo lo reclamaba y como se sigue reclamando,  el cambio de las costumbres políticas del país de tal manera que los sectores populares y la ciudadanía se coloque del lado del sentido común que conduce de manera inexorable al Estado a ponerse al servicio no de las oligarquías y de las élites dominantes sino de la necesidad de los sectores populares y del desarrollo del país.

La lucha que Gaitán inicio por la restauración de la democracia es el principal reto que sigue teniendo el país y el continente hoy. Es la lucha por el reconocimiento y el respeto por la diferencia, por una institucionalidad incluyente que este contra toda forma de discriminación y de construcción dogmática y sectaria del quehacer político,  que coloque los intereses nacionales por encima de los intereses partidarios, clientelistas y gamonales, que conducen a la privatización política del Estado y a la corrupción.  Una democracia que   lucha por la vida y el bienestar general de los colombianos y que mantiene como premisa el principio gaitanista de colocar por encima del país político el país nacional.    No me queda duda alguna que siguen vivas y vigentes banderas de la restauración democrática y moral de la nación, por las que lucho incansablemente Gaitán.

Gaitán es síntesis positiva de todas las formas de pensar, la sociedad y el Estado durante el siglo XX. Su pensamiento se nutre de manera objetiva del pensamiento socialista y del materialismo dialectico, magistralmente expuesto en la oración por los humildes, que ustedes pueden leer en este espacio y en el libro-conmemoratorio, ideas que viene de las entrañas de su tesis de grado como abogado de la Universidad Nacional, Las ideas socialistas en Colombia, ideas que articula a su pensamiento liberal y a las formas aprendidas del corporativismo fascista en sus estudios de derecho penal en Roma de la mano de Enrico Ferri, quien le dio los fundamentos de la ciencia para el ejercicio del derecho y la política. No existe en el espíritu de Gaitán ningún interés distinto al de tomar de la cultura y del conocimiento científico lo mejor y más pertinente, que pueda servir a su formación personal, su práctica profesional y política. Por eso su pensamiento es síntesis necesaria para una sociedad como la nuestra y se mantiene vivo en la estructura de sus ideas fundamentales a la espera de ser rescatado de manos de quien lo utilizan en el sentido contrario de sus propósitos.

La política centra su atención en el ejercicio del poder y la institución del Estado, en la solides de sus instituciones y en la profundidad de sus prácticas democráticas y Gaitán, fue especialmente agudo, en la defensa de la institucionalidad y en la construcción de sus imaginarios de legalidad y legitimidad. Pero quería un Estado activo, interventor al servicio del interés nacional y constructor de bienestar general de la sociedad y la población. Un Estado apegado a las normas, impulsor de la economía, defensor de la institucionalidad democrática y constructor del bienestar social. Ideas todas que siguen teniendo profunda vigencia y que reclaman de reformas profundas que aún no se han realizado en el país, por la incapacidad congénita de los partidos y su persistencia en no permitirle a la sociedad salir de la violencia a la cual la han llevado hasta la deshumanización y contra la que tanto lucho Gaitán hasta su sacrificio.  

Gaitán encarnó un pensamiento profundamente reformista y social, que fue surgiendo de las realidades del contexto histórico que le correspondió vivir, fue gestor incansable de procesos y se enfrentó con unas élites y una institucionalidad oligárquica y criminal, entendió y supo sentir los pálpitos de las necesidades del pueblo, que tomaron forma en su discurso y en la oratoria que le dio la condición de caudillo popular.

Tenía absolutamente claro el poder y las necesidades de las clases populares y de los trabajadores, supo desde siempre, que el progreso de una nación es directamente proporcional al desarrollo de su cultura, de su educación y de sus programas de instrucción. Sabía que las reformas liberales se habían quedado a mitad del camino y que era urgente una profunda trasformación de la institucionalidad Estatal, en manos de políticos y burócratas. La sociedad y el Estado liberal y social que proponía no cabían en la Constitución del 86 y fue tal vez el primero en plantear la refundación de la institucionalidad política de la nación a partir del cambio de la constitución.

Como todos aquellos que se han planteado como urgencia la trasformación de la sociedad en un universo de mayor equidad tuvo que enfrentar a las élites económicas y definir con claridad el sentido social de la propiedad, desde una lógica del mayor respeto por la misma cuando esta coincide con los propósitos de una sociedad más equitativa y justa. El sentido de la propiedad, sigue siendo uno de los temas de discusión más agudos que tiene la sociedad colombiana y que no logra resolverse con un criterio positivo en el que se unen el interés particular y el bienestar colectivo, conforme lo planteo Gaitán, desde un enfoque humanista y de justicia social.  

La figura de Gaitán, la vigencia de sus ideas y el eco de su voz se proyectan en el tiempo contra todos los intentos por olvidar su legado y acabar su memoria. El humanismo de sus planteamientos, la sensibilidad social de sus propuestas, el rigor de sus argumentos, la solides con que se construyó como actor político, su capacidad para encarnar al pueblo, le han dado un lugar privilegiado en la memoria histórica y un pedestal al lado de los humildes y los desamparados.

A la Universidad Nacional de Colombia se le ha asignado la responsabilidad de salvaguardar su memoria, como memoria viva que se alimenta de los conflictos nacionales y los interpreta a la luz y contribuye a la solución de los mismos.

Gaitán Vive en la memoria y la acción de los colombianos, en las luchas sociales y políticas de la nación a la espera del advenimiento de los cambios que propuso y se siguen requiriendo. Es parte esencial de la nacionalidad colombiana de su tragedia y de su violencia, es la voz de las victimas atravesando el silencio de los victimarios, no en vano, el día de su muerte ha sido dedicado a las víctimas de la violencia.

Desde este lugar en el que reposan sus restos, al cumplirse 70 años de su asesinato impune,  su voz se erige potente contra todas las formas de opresión, contra la corrupción, contra la impunidad, reclamando las reformas que sigue necesitando el país y se mantiene viva en la gesta de los humildes por construir una sociedad más justa.             

          

Bogotá, Casa Gaitán, 9 de Abril de 2018.          

    

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LAS FARC HAN SIDO “ASALTADAS” EN SU BUENA FE…

Carlos Medina Gallego

Docente Investigador

Universidad Nacional de Colombia

Haber alcanzado un acuerdo, luego de un largo proceso de conversaciones que se tomó más de seis años, es apenas el punto de partida de un prolongado periodo de tensiones y conflictos que se fijan como propósito acercar lo acordado a una etapa de implementación en la que el Estado tiene la mayor responsabilidad en relación con el cumplimiento de lo pactado, no solo como requerimiento de orden constitucional de garantizar la paz a la nación, sino, de construir las seguridades y confianzas para recuperar su propia credibilidad en relación con el manejo de los conflictos sociales y políticos de la nación, la construcción no solo del orden legal, que se lo da la norma si se cumple, sino, de la legitimidad que se la concede la sociedad cuando reconoce y avala  sus esfuerzos, acompaña sus compromisos y vigila el cumplimiento de los mismos.

Lo que se ha comenzado a manifestar desde muy temprano, es un gobierno impotente para cumplir los acuerdos en un escenario político complejo y con una institucionalidad que funciona, según sus parámetros, libres de toda responsabilidad con el acuerdo. La fase de implementación, se sale de la estrecha órbita del gobierno y entra en la complejidad de intereses del orden Estatal y su enredada institucionalidad, compromete las ramas legislativa y judicial, los partidos políticos y la sociedad en su conjunto. La implementación de los acuerdos se da en un periodo de cierre de gobierno, agotamiento de los entusiasmos de los diálogos y de los acuerdos, en un ambiente de creciente polarización y de reconfiguración parcial del mapa político y de cambio de la administración del Estado. Esta situación, resulta grave y preocupante en la medida que el proceso político nacional ha dispersado las fuerzas de la paz que sienten que cada vez gana más terreno los resultados del  plebiscito el 2 de octubre de 2016, que produce una inflexión que puede convertir un proceso aparentemente exitoso en un estruendoso fracaso y en la práctica,  en un fraude político a las FARC que sienten en medio de la impotencia como se va desfigurando a cada paso el cumplimiento del acuerdo.

En la práctica lo que se está viendo es que las FARC han sido engañadas, por una institucionalidad perversa, que pasa por encima de los acuerdos, desconoce los compromisos, e irrespeta no solo a las FARC, sino, a la comunidad nacional e internacional. Se siente un sentimiento de impotencia reprimida, de rabia sorda, una sensación de engaño que hace que la más bella experiencia política de las últimas cinco décadas, la carta de presentación de un pueblo de parias a la sociedad civilizada, se venga a pique en el desparpajo de una clase política inútil, cuyo único propósito son sus propios intereses corruptos y mezquinos, libres de toda ley y todo orden.    

       

El acuerdo se viene renegociando una y otra vez y las posibilidades de lo que representaba en su conjunto, nada distinto a una reforma liberal democrática capaz de enfrentar los problemas estructurales de la nación, se va derrumbando en medio del cinismo y la irresponsabilidad institucional. Los partidos políticos tradicionales y la extrema derecha, conjuntamente con la fiscalía,  se alían en la práctica para reducir el acuerdo a su mínima expresión, a su propósito inicial, que no consistía en otra cosa que en desarmar a las FARC y llevar su dirigencia a la cárcel. El Congreso precarizo la Jurisdicción Especial para la Paz y la redujo prácticamente a los miembros de las FARC.   

Nadie puede negar que las Farc han cumplido a cabalidad con lo acordado y que continúan con obstinación en sacar adelante su proceso de paz. Si se han producido disidencias eso es propio de cada proceso, pero si se han incrementado las disidencias obedece a un sistemático incumplimiento del gobierno con los reincorporados y es responsabilidad exclusiva de la ineptitud y la incapacidad del Estado para mantener motivados en la institucionalidad a quienes se reincorporaron.

Se equivoca el gobierno, la clase política y la sociedad en su conjunto si creen que la entrega de las armas, es suficiente para acabar la violencia, es la mirada más miope que pueda tener una sociedad. Cuando el dispositivo de la violencia se dispara las armas salen de la nada. Lo único que puede disminuir la violencia de naturaleza política es un proceso de trasformaciones democráticas incluyentes que garantice a la sociedad un mínimo de derechos y oportunidades.  Ese era el propósito del acuerdo. No era un acuerdo para hacer ninguna revolución, es un acuerdo de mínimos que comprometen en lo rural una reforma integral, en lo político la ampliación de la democracia y la participación política, y el reconocimiento del derecho de las víctimas y, pare de contar, lo demás son procedimientos. Como bien se ha señalado por distintos sectores se trataba de desatar un ciclo reformista, subrayo -reformista- y no de transformaciones estructurales de la sociedad colombiana, sino como una etapa necesaria de realización de reformas históricamente aplazadas que podían enfrentar en principio, causas que habían sido definidas como de origen y de persistencia del conflicto.

El acuerdo general, contemplo la reincorporación integral, económica, política, social, de las FARC-EP a la vida de la nación, con unas condiciones esenciales y básicas. Si eso no se cumple, mucho menos se va cumplir lo sustancial. El proceso de paz está atravesando un momento crítico que comienza en el incumplimiento de las garantías esenciales para que quienes se reincorporaron tengan las mínimas seguridades de subsistencia y no se produzca, al no ser que sea el interés del Estado, el retorno a la violencia.

Estamos en un terreno movedizo en el que ya se han comenzado a producir fenómenos de reciclaje de violencia inédita con consecuencias incalculables en costos sociales, económicos y políticos. Las FARC van a mantenerse en el proceso de paz, van a ir a la JEP y al Congreso de la República donde seguramente darán duras “batallas”, tomaran distancia de la violencia y de la guerra, pero el Estado está sembrando en un territorio carente de oportunidades, un nuevo y más devastador ciclo de violencia.

Manifiesto por la convivencia libre, justa, igualitaria y democrática de género, contra la violencia, el acoso sexual, el acoso laboral y el feminicidio

  8 de Marzo del 2018

El 8 de Marzo se conmemora el día internacional de la mujer trabajadora, es una fecha cargada de historia, de lucha y sacrificio de las mujeres contra el patriarcalismo opresor, la explotación laboral, la desigualdad, la discriminación, la exclusión y la violencia social, económica y política a la que han sido sometidas las mujeres a lo largo de la existencia humana.

El día internacional de la mujer no es una fiesta, es una fecha de conmemoración de hechos violentos y discriminatorios contra la mujer, nos recuerda los levantamientos de las mujeres, sus movilizaciones, huelgas e infinitos sacrificios por alcanzar la igualdad y la justa reivindicación de sus derechos.  Un 8 de marzo de 1857, un grupo de obreras textiles tomó la decisión de salir a las calles de Nueva York a protestar por las míseras condiciones en las que trabajaban, a reivindicar el derecho al trabajo digno, a una jornada laboral de diez horas y a mejores condiciones de existencia para ella y para sus familias.

Aunque los antecedentes del 8 de marzo pueden buscarse en las luchas por la organización social y sindical de las mujeres, en sus movilizaciones y protestas desde mediados del siglo XIX, la historia del 8 de marzo, en el siglo XX, está cruzada por situaciones y hechos que muestran un escenario complejo y rico en acontecimientos marcados por la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la lucha por el sufragio femenino, las pugnas entre socialistas y sufragistas, y el creciente auge del sindicalismo femenino durante las primeras décadas del siglo XX en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Distintas jornadas de protesta durante reprimidas por la institucionalidad Estatal y el poder económico, generaron las rebeldías y condiciones para que las mujeres fueran adquiriendo su condición de sujeto social, de derecho y político unido a agendas reivindicativas y de lucha que le han permitido avances significativos, pero insuficientes en mundo patriarcal. 

 

Los orígenes del Día Internacional de la Mujer están ligados a los partidos socialistas de Estados Unidos y Europa, en particular al protagonismo de las mujeres del Partido Socialista Norteamericano que, desde 1908, instauraron unas jornadas de reflexión y acción denominadas Woman’s Day. La primera tuvo lugar el 3 de mayo de 1908, en el teatro Garrick de Chicago, con el objetivo central de hacer campaña por el sufragio y contra la esclavitud sexual.

El día Internacional de la Mujer surge para defender los derechos laborales de las trabajadoras para hacer propaganda a favor del sufragio femenino, y manifestarse contra la guerra. En 1909, un 28 de febrero, se celebró por primera vez en EE.UU. el Día de las Mujeres Socialistas. Luego en agosto de 1910, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas (en Copenhage), se reiteró una agenda mínima de peticiones que incluía la demanda por el sufragio universal para todas las mujeres. A partir de entonces en distintos países de América y Europa, comienzan a producirse movimientos de protesta y movilizaciones de las mujeres por sus derechos y a conmemorarse el 8 de marzo como día Internacional de la Mujer, pero es solamente hasta 1975 que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), expide una resolución en la que se establece el 8 de Marzo, como fecha para conmemorar y rendir homenaje a la mujer trabajadora.

Hoy, 8 de Marzo de 2018, las mujeres de 134 países del mundo han convocado un paro global para reivindicar sus derechos fundamentales como trabajadoras y sus derechos en las luchas de género. Hoy las mujeres del mundo se levantan, para hacer oír su voz justiciera contra la opresión patriarcal, la desigualdad y discriminación en todas sus formas. Hoy las mujeres del mundo paran contra todas las formas de violencia, injusticia, desigualdad y opresion.   

En Colombia las mujeres en la lucha por sus derechos ha seguido el mismo camino de las luchas del movimiento internacional de mujeres; estuvieron presente en la luchas comuneras y de independencia, participaron en la construcción de los idearios de la formación del Estado Nacional y, en los conflictos políticos y armados del siglo XIX, en particular en la Guerra de los Mil días, en el desarrollo de las luchas sociales y reivindicativas de los trabajadores en las primeras décadas del siglo XIX, estuvieron en la génesis del movimiento sindical de los trabajadores y en la conformación de las organizaciones políticas que darían origen a la izquierda democratica. Levantaron la bandera por el derecho al sufragio universal y más recientemente han seguido el camino de las luchas de género reivindicando su propia agenda mujer.

La lucha de las mujeres en nuestro país no ha sido fácil y los avances siguen siendo precarios, han sido víctimas de todas las formas de violencia que se dan en la sociedad y en particular las que se originan en el modelo social y económico y, en el conflicto armado. El 70% de las víctimas de la violencia en nuestro país son mujeres, que padecen inhumanas condiciones de vida, mujeres que marchan valientes ante las adversidades en unos horizontes con pocas esperanzas.

 En las últimas dos décadas se han producido, Lineamientos de la Política Pública, para reparar en alguna forma a las mujeres de nuestro país; la Ley 1257 "Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres", de 2008;  la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, aprobada en 2011, que se viene implementando en medio de grandes dificultades y rodeada de graves hechos de violencia, la Defensoría del Pueblo ha señalado que cada 19 días se produce el asesinato de una lideresa y defensora de derechos humanos;  La política para la  Equidad de Género para las Mujeres y el Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias aprobados en 2012; la Ley 1719 por la cual se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, de 2014, entre otras normas, son parte de los esfuerzos que se vienen haciendo en el país para reconocer derechos y acabar la violencia contra las mujeres.

Sin embargo, la lucha de las mujeres no se agota en la lucha contra la violencia sino que se extiende a las luchas por sus derechos particulares, la no discriminación y la igualdad en todos los aspectos de la vida social, económica y política de la nación. 

La participación política de las mujeres ha aumentado del 6% al 11% en los cargos de elección popular, y del 7% al 21% en las elecciones del Congreso en los últimos 20 años. Sin embargo, es uno de los países de América Latina con la menor representación de las mujeres en la política. En 2015 son tan sólo el 14% de concejalas, el 17% de diputadas, el 10% de alcaldesas y el 9% de gobernadoras. Cifras aún muy por debajo de la paridad que haría justicia a la proporción de mujeres dentro de la sociedad, el 52% de la población.

 En relación a los derechos económicos, el acceso de las mujeres al empleo formal y su participación en el Mercado laboral, si bien ha ido creciendo, es aún limitada. En 2013 la brecha de participación laboral fue del 20,94% (frente al 26,63% en 2001); la brecha de desempleo era de 5,30% (frente al 7,38 en 2001); y 2012 brecha salarial de género fue 23,28% (frente al 17,61% en 2002).  Según nos lo da a conocer  los estudios que realiza en el país  ONU Mujeres.

En la conmemoración de este 8 de Marzo, el Consejo de La Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, El Departamento de Ciencia Política y el Departamento de Derecho, quieren sumarse a la luchas de las mujeres por sus derechos y llamar particularmente la atención sobre los problemas de las violencia, el acoso laboral y sexual contra las mujeres y, los feminicidios.

En nuestro país, las mujeres y las niñas  representan el 52% de la población colombiana. Cada semana se registran más de 1.700 denuncias, 76% de ellas corresponden a hechos de violencia contra las mujeres y las niñas; las cifras de medicina Legal, sobre hechos de violencia contra la mujeres son alarmantes cada 12 minutos una mujer sufre violencia por parte de su pareja o expareja; cada tres días una mujer es asesinada por su pareja o expareja; las mujeres más vulnerables a la violencia están entre los 24 y 40 años ; Cada 40 minutos una mujer es agredida sexualmente. Las cifras de la Policía Nacional-DIJIN superan las cifras de Medicina Legal. Estas cifras nos indican  que por lo menos una mujer fue agredida sexualmente cada 20,9 minutos, durante 2016. El 85,32% de los casos de violencia sexual se presenta contra niñas-mujeres. (Menores de 19 años). El 86,21% de los casos de violencia se producen por parte de la pareja o ex pareja. El 74,42% de las víctimas de homicidios son perpetrados por la pareja o ex pareja. En 2016 en Colombia se presentaron 91.445 casos de violencia física, psicológica y sexual contra niñas y mujeres. Y en el 2017, se produjeron 116.000 casos de violencia reportados contra niñas y mujeres.

Las cifras de la fiscalía General de la Nación no son menos alarmantes a febrero de 2018, La fiscalía informa que de cada 100 denuncias de violencia intrafamiliar, 10 mujeres terminaron siendo víctimas de feminicidio. La tasa de condena por cada 100 imputaciones fue del 42 por ciento. 42 personas fueron capturadas, de las cuales 16 fueron enviadas a la cárcel y 26 bajo detención domiciliaria. La Fiscalía imputó cargos en contra de 736 personas por delitos relacionados con violencia en contra de mujeres. Matan a una mujer cada tres días en Colombia.

Cisma Mujer reporta que el 85,32% de los casos de violencia sexual se presenta contra niñas mujeres. (Menores de 19 años); el 86,21% de los casos de violencia por parte de la pareja o ex pareja y el 74,42% de las víctimas de homicidios son perpetrados por la pareja o ex pareja.

Para 2017, Medicina Legal, reporta un trágico inventario en hechos de violencia se registraron 94 feminicidios en Bogotá. 139 en el Valle del Cauca, y 130Antioquia. Los registros apuntan a que el agresor es desconocido en el 48% de los casos; le sigue la pareja o expareja con 27%, y los familiares alcanzan el 3,5%.

Encuesta de prevalencia de violencia sexual contra las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano 2010-2015, realizada por 13 organizaciones de mujeres, mixtas, feministas, víctimas y derechos humanos, que muestra una prevalencia del delito de 18,36% para un universo de 142 municipios con presencia de fuerza pública, guerrilla, paramilitarismo y/o Bacrim, nos señala un total 875.437 mujeres fueron víctimas directas de algún tipo de violencia sexual durante este periodo, lo que significa que anualmente, en promedio, lo fueron 145.906 mujeres, 12.158 cada mes, 400 cada día y 16 cada hora.

Desde esta Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, levantamos nuestra más enérgica voz de protesta contra todas formas de violencia física, económica, social o psicológica contra las mujeres, acompañamos solidaria y firmemente la lucha por sus derechos y reivindicaciones fundamentales. Convocamos a construir desde nuestras aulas, pasillos, oficinas, las mejores y más solidarias relaciones de respeto con las mujeres y a sumarnos a la lucha por la conquista de sus derechos.

Llamamos a denunciar todo hecho de violencia que ocurra en los espacios que habita la comunidad académica contra las mujeres y particularmente, todas las formas de acoso sexual y laboral.

Queremos construir la más bella de todas las sociedades humanas donde hombres y mujeres se relaciones en condiciones de libertad, igualdad y respeto sincero, una sociedad amable y afectuosa, solidaria y justa.

Una deuda histórica inmensa tenemos con las mujeres del planeta y con las mujeres que con su esfuerzo han contribuido a construir la Colombia que hoy tenemos y que debemos mejorar con el esfuerzo mancomunado y solidario de hombres y mujeres.

Nos comprometemos a luchar por la igualdad de géneros, por la no discriminación social, contra todas formas de exclusión, contra violencia social, económica, política y psicológica, a trabajar cotidianamente por superar la cultura patriarcal y machista, por borrar los estereotipos y encontrarnos en la plena realización de derechos. Nos comprometemos a trabajar por una cultura de relacionamientos fraternos, solidarios y respetuosos.

Desde este lugar, enviamos nuestro saludo fraterno a todas mujeres de nuestro pais, a las indígenas que mantienen viva la cultura y las tradiciones de sus pueblos, a las mujeres del campo que trabajan incansablemente para alimentarnos, a la mujeres afrodescendientes que aún vive en los causes de los ríos haciendo minería artesanal para sortear cada día de su existencia y a la de sus familias, para las obreras y trabajadoras  que en las fábricas y sitios de trabajo soportan ignominiosas jornadas de opresión, para los funcionarias públicas que desarrollan largas jornadas en las tareas administrativas del Estado, para las maestras que se juegan en día a día de las escuelas las posibilidades que brinda el alfabeto para sacarnos de la ignorancia, para las estudiantes que aprender sus lecciones cargadas de compromiso con las transformaciones que necesita la sociedad colombiana, para las mujeres cabeza de familia que desde las economías informales se juegan el futuro y el bienestar de sus hijos, para las trabajadoras del sector de la salud que defiende ese derecho fundamental de las personas, para las amas de casa que padecen en el día a día en silencio las carencias y limitaciones de las familias colombianas, para todas las mujeres que constituyen en complejo entramado de la sociedad,  todo nuestro afecto y solidaridad en esta conmemoración y, todo nuestro agradecimiento por sus inmensos sacrificios en el camino de hacer de Colombia una mejor patria, un mejor país y, una mejor y  más justa sociedad. 

8 de Marzo del 2018.