EL ENCUENTRO DUQUE - NETANYAHU.  

La danza del estúpido y el genocida 

El encuentro del expresidente Iván Duque Márquez con Benjamín Netanyahu en agosto de 2025 no es un gesto aislado ni neutro. Ocurre mientras Israel enfrenta medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por riesgo plausible de genocidio en Gaza, y órdenes de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el propio primer ministro israelí y su ministro de Defensa por crímenes de guerra y de lesa humanidad en el contexto de la ofensiva criminal y genocida contra la población palestina.  

En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro rompió relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024 por la misma razón humanitaria, trazando una línea de política exterior que Duque decide ignorar en su visita, cuando  pesan sobre el conflicto  cifras de muerte,  de hambruna a gran escala y destrucción sistemática de bienes civiles. Un genocidio criminal contra el pueblo palestino en el que se ha puesto de blanco a niños y niñas, a mujeres y a ancianos, hospitales y escuelas, hogares y entornos urbanos.  

Este ensayo, cargado de rabia, si se quiere,  argumenta que el gesto de Duque es coherente con su trayectoria: un espíritu guerrerista y una política interna que, bajo el eslogan de “Paz con Legalidad”, bloqueó o ralentizó pilares críticos del Acuerdo Final con las FARC (2016), golpeó al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) y coincidió con la reactivación de la violencia en territorios periféricos, al tiempo que su administración quedó marcada por escándalos de corrupción y graves abusos de derechos humanos durante el paro nacional de 2021. 

1.  Gaza, derecho internacional y responsabilidad política

Desde enero de 2024, la CIJ ordenó a Israel adoptar medidas para prevenir actos de genocidio y garantizar la ayuda humanitaria, reconociendo la plausibilidad de los derechos invocados por Sudáfrica a nombre del pueblo palestino. Dichas órdenes se reforzaron en decisiones posteriores de 2024-2025.  En paralelo, el TPI confirmó en noviembre de 2024 órdenes de arresto contra Netanyahu y Yoav Gallant por crímenes graves en Gaza, un hito judicial que sitúa a la dirigencia israelí bajo escrutinio penal internacional.  A la dimensión jurídica se suma la humanitaria: clasificaciones de inseguridad alimentaria (IPC) y reportes de Naciones Unidas han alertado sobre hambruna y restricciones masivas al acceso de auxilios, lo que magnifica la responsabilidad política de quienes legitiman diplomática o simbólicamente la campaña militar. 

En este marco, la reunión de Duque—difundida con fotografías y mensajes celebratorios—no solo contraría la línea oficial colombiana (ruptura de relaciones en 2024), sino que envía un mensaje de convalidación política en medio de investigaciones y medidas internacionales sin precedentes. 

2. El encuentro Duque-Netanyahu: continuidad ideológica...

Duque no improvisa su cercanía con Israel. En noviembre de 2021, durante su presidencia, inauguró en Jerusalén una oficina de innovación (iNNpulsa) que la propia cancillería y EFE confundieron con un hito de aceleración de la relación bilateral. Ese viaje, con una agenda económico-tecnológica, consolidó la sintonía política con gobiernos israelíes de línea dura. 

Cuatro años después, ya como expresidente, Duque se presenta en Tel Aviv y se retrata con Netanyahu llamándolo “amigo y aliado del pueblo colombiano”, enfatizando “agenda de inversión y comercio” e incluso firmando memorandos con entidades israelíes, todo ello en plena fase de intensificación militar sobre Gaza. El episodio generó repudio y  críticas de líderes políticos y sociales, de académicos  y activistas de derechos humanos que defienden la causa Palestina en Colombia, no sólo por  inoportuna sino por su contenido simbólico. 

El contraste es elocuente: mientras el presidente  colombiano en ejercicio copresidía cumbres del Grupo de La Haya para coordinar acciones legales y diplomáticas ante lo que sus miembros califican de genocidio, el expresidente de un  uribismo decadente y retardatario  buscaba reforzar su alianza con un gobierno bajo investigación penal internacional. 

3. Duque un enemigo de la paz en Colombia. 

El gobierno de Duque se esforzó por desmontar el acuerdo de paz de 2016 con las FARC de distintas maneras: 

a. Objeciones a la JEP y hostilidad al SIVJRNR

El capítulo más explícito de la animadversión de Duque al SIVJRNR fue su decisión de objetar seis artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2019, pese a que la Corte Constitucional ya había avalado el proyecto. El Congreso rechazó esas objeciones: la Cámara con 110 votos y el Senado con 47-34; la Corte ordenó a Duque sancionar la ley, confirmando que las objeciones “se hundieron”. Solo entonces el presidente promulgó la Estatutaria. Este pulso institucional retrasó reglas esenciales del componente de justicia transicional. 

La lógica política fue clara: debilitar la capacidad del sistema (JEP, Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda) para producir verdad judicial y extrajudicial, favorecer comparecencias condicionadas y sembrar dudas sobre la legitimidad del modelo. La resistencia del Congreso y de la Corte contuvo los peores efectos formales, pero el mensaje de la Casa de Nariño fue inequívoco.

b. “Paz con Legalidad”: promesa discursiva, estancamiento material

El Instituto Kroc, encargado del monitoreo del Acuerdo, documentó un estancamiento persistente en la implementación entre 2019 y 2021: el porcentaje de disposiciones “en estado de no iniciado” se mantuvo en 18% y se convirtió en un “cuello de botella” estructural. Este congelamiento tiene impactos multiplicadores: sin avances en reforma rural, garantías de participación y sustitución de economías ilícitas (PNIS), los territorios quedaron expuestos al reacomodo armado. 

A ello se suman demoras y déficits de financiación en programas clave, así como la insuficiente protección a excombatientes y líderes sociales. Para marzo de 2022, la Misión de Verificación de la ONU registraba 315 firmantes asesinados desde 2016, una tragedia que evidencia fallas graves de garantías de seguridad bajo el gobierno Duque. 

c.  Reactivación del conflicto armado y crisis humanitaria 2018-2022

Bajo Duque, el conflicto no sólo mutó: se intensificó. Entre 2019 y 2022, Colombia registró un salto en masacres: 51 en 2019, 91 en 2020, 95-96 en 2021 y 94 en 2022, de acuerdo con cifras sintetizadas por Indepaz y organizaciones de derechos humanos. Esta curva, en medio de confinamientos y pandemia, es un termómetro del desorden territorial y la disputa armada por economías ilegales y corredores estratégicos. 

Los indicadores humanitarios confirman la deriva: OCHA y ReliefWeb reportaron en 2022 más de 338.000 personas desplazadas por violencia y centenares de eventos de desplazamiento y confinamiento, con picos en fronteras y cuencas del Pacífico, donde la presencia estatal efectiva era precaria.  Esta geografía de la violencia coincide con áreas priorizadas por los PDET, que requerían inversiones y presencia integral —no sólo fuerza pública— para consolidar la paz territorial.

Un segundo frente de deterioro fueron los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, junto con la violencia contra excombatientes ya mencionada. Diversos informes de HRW y la ONU subrayaron el aumento de abusos por parte de grupos armados y el déficit de medidas estatales de prevención y protección. 

4. Autoritarismo y corrupción: del paro nacional a los “Centros Poblados”

El gobierno Duque se caracterizó en lo esencial por ser autoritario y corrupto: 

1. Las protestas de 2021 marcaron el momento más crítico de la gestión de orden público de Duque. Human Rights Watch documentó abusos “atroces” de la Policía contra manifestantes mayoritariamente pacíficos; la CIDH realizó visita de trabajo, emitió recomendaciones y estableció un mecanismo de seguimiento. La ONU registró decenas de incidentes de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza. Es un patrón incompatible con los estándares internacionales y con las obligaciones nacidas del Acuerdo de Paz en materia de garantías a la protesta y participación. 

2. En 2020 estalló el escándalo de “carpetas secretas”: unidades de inteligencia del Ejército espiaron y perfilaron a periodistas, opositores y hasta funcionarios, lo que derivó en relevos de oficiales y, años después, en sanciones disciplinarias a militares. Este caso se inscribe en una cultura institucional que ya había sido cuestionada por “órdenes de letalidad” denunciadas por The New York Times en 2019 y reseñadas por ONG de libertad de prensa. 

3. En el plano electoral, la llamada “Ñeñepolítica”—la hipótesis de compra de votos con apoyo del ganadero José Guillermo “Ñeñe” Hernández—abrió investigaciones y polémicas que, aunque no concluyeron en sanciones contra Duque, sí expusieron prácticas y redes de intermediación política que erosionan la confianza pública. 

En materia de contratación, el caso MinTIC-Centros Poblados (2021) reveló la adjudicación de un contrato billonario con garantías falsas, lo que terminó en la caída de la ministra Karen Abudinen y dejó al descubierto fallas de debida diligencia, supervisión y controles en un programa destinado a cerrar brechas digitales en zonas rurales. Medios y periodistas que destaparon el caso denunciaron incluso presiones e intimidaciones. 

Estas controversias no son anécdotas: refuerzan el diagnóstico de un gobierno que administró la seguridad bajo una lógica punitiva, descuidó la legitimidad institucional y dejó grietas en la integridad pública.

 Ese prontuario doméstico ayuda a entender la facilidad con que Duque normaliza, a nivel internacional, alianzas con gobiernos que hoy son objeto de medidas y procesos por graves violaciones del derecho internacional humanitario.

5. Ética de la responsabilidad y comparación de políticas exteriores

Si la política exterior es una extensión de los valores internos del Estado, la reunión Duque-Netanyahu comunica coherencia con su ethos presidencial: una aproximación securitaria, fuertemente ideologizada, y renuente a subordinarse a estándares de derechos humanos. La visita, además, ignora el viraje que Colombia ensayó tras 2022: ruptura de relaciones con Israel en 2024 y liderazgo en la coordinación Sur-Sur del Grupo de La Haya para exigir el cumplimiento de decisiones de la CIJ y el TPI. 

En términos de imagen país, la discrecionalidad de un expresidente pesa. Quien debilitó la justicia transicional, discutió con las cortes la Estatutaria de la JEP y gobernó en medio de una escalada de masacres y desplazamientos, revalida ahora, en fotos y comunicados, a un primer ministro con orden de arresto internacional. El simbolismo —en política— es sustancia.

IDEAS FUERZA PARA CERRAR 

El encuentro entre Iván Duque y Benjamín Netanyahu, en medio de un conflicto que ha generado órdenes de la CIJ y del TPI y que organismos humanitarios califican como devastador, no es una mera cortesía diplomática. Es una toma de posición moral y política que encaja con un legado doméstico: sabotajes y demoras a la arquitectura de la paz (especialmente a la JEP), insuficiencia de garantías para excombatientes y líderes, reactivación de la violencia en territorios y un manejo de protesta social y de inteligencia estatal que contravino estándares básicos de derechos humanos. 

En la Colombia de posacuerdo, donde la paz exige paciencia, estratégica, inversión social, justicia transicional robusta y liderazgo ético, la foto con Netanyahu opera como un recordatorio: los gestos cuentan. Mientras el país intenta alinear su política exterior con el derecho internacional y la protección de civiles en Gaza, un expresidente exhibe continuidad con una visión de seguridad que, en casa, contribuyó a reabrir heridas y, fuera, a normalizar la excepcionalidad bélica. La historia juzga por trayectorias: Duque eligió el lado de la guerra como horizonte y la desconfianza hacia la justicia como método. Esa elección, hoy, vuelve a hacerse visible en una sala de reuniones de Tel Aviv.

Duque no representa al pueblo colombiano, ni es un agente de la paz, es en lo esencial un agente de guerra cargado de una práctica  de fetichismo estúpido y criminal. Su reunión con Netanyahu lejos de dignificarlo lo llena de lodo y lo debe avergonzar. Pero su estupidez no da para tanto porque está dada por fundamentalismos que alimentan a la extrema derecha autoritaria y criminal de la que hace parte. 

CARLOS MEDINA GALLEGO 

Historiador- Analista Político