“AVALES, LISTAS y RAPIÑA”

Anatomía crítica de una crisis anunciada en el PACTO HISTÓRICO y la COLOMBIA HUMANA 

En las democracias de partido débil, las reglas que organizan candidaturas y avales suelen convertirse en la economía política real de la competencia: allí se reparten poder, visibilidad y recursos. El Pacto Histórico (PH) —coalición que llevó a Gustavo Petro a la presidencia— y su principal partido, Colombia Humana (CH), no han escapado a esa ley de hierro.

 En el ciclo 2023–2026, la forma en que algunos dirigentes gestionaron (y disputaron) las candidaturas al Senado y a la Cámara, así como la entrega de avales, derivó en lo que muchos militantes describen como rapiña politiquera: peleas de último minuto, vetos cruzados, reglamentismo ad hoc y uso instrumental de la “unidad” para justificar exclusiones. Este ensayo propone un análisis académico, crítico y no complaciente del fenómeno: ubica el y en la izquierda colombiana, reconstruye casos concretos y examina las consecuencias para la unidad del campo progresista, ofreciendo al final un conjunto de salidas institucionales y políticas que reduzcan la deriva patrimonialista del aval.

I. CONTEXTO HISTÓRICO: de la ÉPICA COALICIONAL a la GESTIÓN del BOTÍN 

El Pacto Histórico emergió en 2021 como alianza electro-programática de fuerzas de izquierda y sectores progresistas, combinando liderazgos sociales con políticos profesionales. Decidió competir al Senado en 2022 con lista cerrada y paritaria, intercalando hombres y mujeres (regla de “cremallera”), y consolidó figuras con capital mediático y territorial. La decisión de ir en lista cerrada, respaldada públicamente en ese momento, buscó disciplinar el voto y evitar la fragmentación típica de las listas abiertas; también supuso una negociación intensa por el orden de renglones, con efectos duraderos en el reparto interno de poder. 

La arquitectura coalicional, eficaz para la elección nacional, mostró fisuras en lo territorial (elecciones de 2023) y ahora en el salto hacia 2026. La coalición no es un partido único sino un agregado de organizaciones con personerías jurídicas distintas, prácticas orgánicas diferentes y liderazgos que responden a incentivos propios. Ese “federalismo de partidos” permitió sumar votos, pero dificultó construir reglas creíbles de selección. Las tensiones reaparecieron en 2023 con fuerza y hoy se reeditan en el diseño de las consultas y listas congresionales de 2026. 

II. El MARCO INSTITUCIONAL DEL AVAL Y LA  CONCENTRACIÓN DE PODER 

En Colombia, el aval de un partido con personería jurídica es requisito indispensable para inscribir candidaturas (salvo firmas). Lo expone la Ley 1475 de 2011 y la práctica electoral supervisada por el CNE: los representantes legales (o sus delegados) certifican la voluntad de apoyar a una persona para un cargo o lista. Sin aval no hay inscripción; con aval se accede a financiación, tarjetón, símbolos y tiempos. En suma: el aval no es un trámite, es la llave de acceso al sistema. 

Ese diseño centraliza poder en las cúpulas de los partidos y, en coaliciones como el PH, redistribuye el veto entre varias organizaciones. En el papel, ello favorece la coordinación; en la práctica, cuando faltan reglas claras y calendarios exigibles, habilita microregateos de último minuto, arbitrariedades y castigos faccionales: justo el caldo de cultivo de la “rapiña”.

III. EL 2023: el “momento originario” DE LA CRISIS DE AVALES 

La jornada de inscripciones para las regionales 2023 fue el primer espejo. Hubo avales que no llegaron o llegaron tarde, renuncias y reproches públicos entre dirigentes. Desde adentro se denunció desorganización y decisiones concentradas en pocos operadores con poder de firma y de bloqueo. Voces del propio petrismo calificaron el episodio como un “fracaso” y reclamaron unificar personerías jurídicas para evitar la fragmentación del control de avales. Estos hechos —documentados por prensa nacional— afectaron la moral militante y empujaron a aspirantes a migrar hacia otros partidos en el último minuto. 

El caso Atlántico se convirtió en símbolo: el pulso entre Máximo Noriega y Alfredo Varela mostró la combinación de vetos cruzados, redes personales, y el rol determinante de operadores con influencia en CH y en el comité del Pacto. La definición del aval cambió en horas, enviando una señal devastadora: el ganador no era necesariamente quien mejor encarnaba el proyecto, sino quien lograba el visto bueno de una cúpula que jugaba simultáneamente en varios tableros. 

En Bogotá, el conflicto entre el concejal Carlos Carrillo y el entonces presidente del Polo, Alexander López, terminó en tutela y, a renglón seguido, en la renuncia de López a la jefatura del partido el día del cierre de inscripciones: un terremoto que expuso el agotamiento institucional del Polo y su frágil encaje dentro del Pacto. Más allá de las razones de fondo, la señal fue inequívoca: los avales se habían convertido en un campo de batalla y no en un mecanismo transparente de canalización de la representación. 

Ese conjunto de episodios explica en parte el desinfle electoral del entorno progresista en 2023: si bien el PH aumentó presencia frente a 2019, quedó lejos de ser la fuerza hegemónica, y su fractura interna restó coherencia programática y atractivo para coaliciones locales. La imagen de improvisación y disputa intestina pesa —y pesará— en los alineamientos de 2026. 

IV. 2025–2026: NUEVAS REGLAS, VIEJOS INCENTIVOS 

Aprendida la lección, el Pacto diseñó para 2026 un itinerario de consulta interna (26 de octubre de 2025) para ordenar listas y escoger su candidato presidencial único. Las reglas principales: listas cerradas al Senado y, en algunas regiones, a la Cámara; orden de las listas según una votación interna; paridad y cremallera de género; y —clave— la “terna” para definir la cabeza de lista, elegida por el comité político. En el papel, esto podría conjurar “la dictadura del bolígrafo” de 2022; en los hechos, desplaza el poder hacia estructuras con maquinaria y caja capaces de movilizar votantes en una elección fría. Además, la fórmula de la terna conserva un control de cúpula sobre la cara visible de la lista. 

Este diseño ha provocado recelos: dirigentes y precandidatos han denunciado cambios estatutarios en CH y requisitos de respaldo (de ediles, concejales o firmas de organizaciones) que, si se aplican con discrecionalidad, operan como barreras de entrada para líderes sociales sin padrinazgos. La prensa registró que figuras como Gustavo Bolívar y Susana Muhamad pidieron “claridad” y advirtieron contra jugadas que excluyan a las bases en la entrega de avales y la inscripción de precandidaturas. Si el reglamento se usa para “colmatar” la competencia, se volverá a 2023 con otro nombre. 

A ello se suma un dilema estratégico: listas cerradas + internas de baja participación tienden a premiar aparatos y castigar emergentes. La Silla Vacía alertó que estas reglas benefician a políticos profesionales (por su organización y recursos) y que incluso actores con vínculos clientelares o empresariales podrían capturar posiciones expectantes en las listas, desplazando a referentes de movimientos sociales. El remedio contra el bolígrafo puede terminar profesionalizando la rapiña. 

V. MÚLTIPLES PERSPECTIVAS SOBRE LA “RAPIÑA POLITIQUERA”

1. Para la base social que ayudó a ganar en 2022, la “rapiña” expresa una traición a la promesa de cambio. Se percibe que la cúpula arbitra avales y reglamentos según microalianzas y cálculos presidenciales, sacrificando coherencia programática y renovación. La consecuencia es desmovilización y éxodo de liderazgos barriales o étnico-territoriales que no encuentran cancha.

2.  Para congresistas o operadores con experiencia, listas cerradas, terna y requisitos de respaldo son mecanismos para evitar el caos y blindar el proyecto frente a oportunistas. Sus argumentos: (i) se acabó el sálvese quien pueda de listas abiertas; (ii) la consulta ordena; (iii) la paridad obliga a incorporar mujeres en posiciones reales. EL Problema surge si la selección se “cierra” sin garantías de piso equitativo para competir, el sistema produce exactamente el vicio que buscaba curar.

3. Al presidente Petro le interesa evitar que la izquierda llegue dividida a 2026 y articular un frente amplio en primera vuelta. De ahí que se diseñe una consulta interna con reglas que impidan “colgarse” de la plataforma presidencial para, luego, exigir renglones en las listas. La coalición definió precandidaturas y una ruta de unificación; sin embargo, cada regla que excluye reabre heridas y alimenta narrativas de “juego arreglado”. 

4. La dimensión ético-política cuenta;  parte del país asocia al PH con el ciclo de escándalos (UNGRD, entre otros), lo que exige doble vara de autoexigencia. Si, además, la entrega de avales se percibe como patrimonio faccioso, la legitimidad del progresismo se erosiona por la izquierda y por la derecha. Este telón de fondo condiciona la valoración pública de cualquier regla interna. 

VI. UNIDAD en RIESGO y “mantenimiento del proceso” en entredicho

Unidad táctica vs. unidad estratégica. La unidad de 2022 fue táctica y basada en metas comunes (ganar la Presidencia, asegurar bancada). La unidad que exige gobernar y refrendar mayorías en 2026 es estratégica: requiere instituciones partidarias que procesen conflicto y distribuyan costos y beneficios con reglas aceptadas. Sin ello, la rapiña reaparece porque cada facción internaliza que capturar hoy un renglón vale más que la supervivencia a mediano plazo.

Cuando el aval no tiene debido proceso (calendarios públicos, criterios verificables, motivos de negación), se vuelve moneda. A medida que crece el “mercado del aval”, también lo hacen incentivos para alianzas clientelares (negocios territoriales, “clanes” con caja, contratos de campaña), desplazando liderazgos comunitarios sin músculo. La prensa subrayó que, con las reglas actuales, esas estructuras podrían ampliar su influencia dentro del Pacto. 

El ingreso de candidaturas por cálculo de votos y no por trayectoria de causa desdibuja la identidad del progresismo: impone agendas locales, condiciona votaciones en el Congreso y diluye la capacidad de empujar reformas, en un contexto nacional de descrédito institucional y guerras de vetos.

 El caos de 2023 dejó cicatrices en regiones clave: Atlántico, Bogotá y otras plazas donde la coalición no capitalizó el gobierno central. La señal hacia 2026 es que la “marca” Pacto puede no transferir si la base percibe que la convocatoria se usa como instrumento de exclusión. 

La lista cerrada no es intrínsecamente mala; de hecho, puede fortalecer disciplina y paridad. Pero si su orden se define por una interna de baja participación, sin financiamiento equilibrado, auditorías y topes estrictos, captura el aparato que mejor moviliza buses y call centers, no la inteligencia programática que necesita un proyecto de transformación. 

VII. ¿CÓMO DESACTIVAR LA RAPIÑA? 

Siete reformas concretas: 

1. Unificación orgánica real (o confederalismo con dientes).

La fusión en un solo partido —o, en su defecto, un acuerdo confederal con estatutos vinculantes— es condición para que haya un solo órgano de avales sujeto a reglas públicas. Sin unificación, el veto cruzado seguirá. El trámite ante el CNE es decisivo y el tiempo apremia para que las decisiones rijan en 2026. 

2. Calendario y “debido proceso” del aval.

La Ley 1475 da marco general; el Pacto puede —y debe— crear un procedimiento intern

o reglado: plazos perentorios, criterios verificables (paridad, trayectoria, idoneidad ética), publicación de solicitudes y motivación escrita de las negaciones; si no hay respuesta en plazo, silencio positivo condicionado a verificación de requisitos. 

3. Consulta interna creíble: financiamiento y piso de garantías.

Si la interna define renglones, el Pacto debe asegurar microfinanciación equitativa para precandidaturas, control de gastos, observación independiente (MOE u otros) y límites estrictos a apoyos de maquinarias territoriales. Sin esto, la consulta no corrige el bolígrafo; lo terceriza. 

4. Blindaje contra “doble militancia de facto” y conflictos de interés.

Inhabilidades claras para operadores que definen avales y, a la vez, compiten por renglones; prohibición de “carrusel” de avales entre partidos aliados a última hora; trazabilidad pública de cambios estatutarios en temporada preelectoral. Denuncias recientes sobre “jugaditas” deben traducirse en reglas ex ante y no en escándalos ex post. 

5. Paridad sustantiva, no decorativa.

La cremallera debe ir acompañada de alternancia efectiva en la cabeza de lista y de cuotas de salida (puestos expectantes), evitando que la paridad se “cumpla” situando a mujeres en renglones simbólicos.

6. Circuito social de validación.

Abrir un canal formal para que organizaciones sociales (sindicatos, procesos étnicos, plataformas feministas, juventudes, ambientalistas) presenten listas cortas por circunscripción, con criterios de trayectoria y arraigo, que se ponderen en el orden de renglones junto con la votación interna.

7. Ética y sanciones.

Crear un Comité de Ética con autonomía para investigar compra de avales, presiones indebidas y uso faccioso de recursos públicos en internas; sanciones graduales que puedan llegar a la inhabilitación interna de quienes incurran en prácticas de rapiña.

VIII. Lecciones comparadas y factibilidad

Experiencias latinoamericanas y europeas muestran que listas cerradas con internas robustas (Uruguay, en parte España) pueden fortalecer partidos, siempre que haya (i) adhesión masiva de militancia formal, (ii) control de financiamiento y (iii) mecanismos de recall orgánico.

 Cuando todo eso falla, las listas cerradas se transforman en instrumentos de oligarquización. La pregunta para el Pacto no es “cerrada u abierta”, sino qué reglas garantizan competencia limpia y cómo se evita la captura por maquinarias que, en nombre de la victoria, corroen el proyecto.

IDEAS FUERZA A MANERA DE CIERRE 

La rapiña no es un accidente ni solo un problema moral; es el resultado racional de reglas mal diseñadas o mal ejecutadas que concentran valor en manos de pocos y socializan los costos —pérdida de unidad, desmovilización, incoherencia programática— en la coalición y su electorado. El ciclo 2023–2026 expuso tres verdades incómodas:

1. El aval es poder: mientras siga administrado como patrimonio faccioso, no habrá unidad estable. La ley ampara el aval; el Pacto debe dotarlo de debido proceso interno para quitarle su carácter discrecional. 

2. Las buenas intenciones reglamentarias pueden reforzar malos incentivos: la consulta interna y la lista cerrada, sin garantías de competencia equitativa, profesionalizan la rapiña y facilitan la captura por aparatos, reproduciendo el vicio que prometían curar. 

3. La unidad estratégica exige instituciones: sin unificación orgánica (o reglas confederales vinculantes), el federalismo de personerías jurídicas seguirá trasladando la lucha política a los minutos finales del aval y al tribunal de los vetos personales. 

El Pacto tiene todavía margen de maniobra: el calendario de 2025 permite ajustar procedimientos, crear garantías y enviar una señal de autoexigencia que reencante a la militancia y reconstruya confianza con sectores sociales. Pero el tiempo corre: si la dirigencia opta por administrar la rapiña —en vez de desactivarla—, la coalición llegará a 2026 con el proyecto progresista esclerotizado, más dependiente de aparatos que de ciudadanía, y con menor autoridad moral para convocar un frente amplio.

El progresismo colombiano no está condenado a las viejas prácticas. Pero para cambiar la política, también hay que cambiar cómo se hace política adentro: reglas claras, transparencia radical, garantías simétricas y sanciones reales. El resto es retórica. Y la retórica no gana —ni sostiene— un proceso de transformación.

Fuentes clave citadas en el análisis

– Reglas internas del PH para 2026 y sus efectos sobre estructuras profesionales; consulta del 26 de octubre; paridad y cremallera. 

– Caos en los avales del Pacto en 2023; denuncias y renuncias; impacto en unidad. 

– Caso Atlántico (Noriega vs. Varela) como emblema de la volatilidad del aval. 

– Marco legal del aval (Ley 1475/2011; guías MOE; doctrina del Consejo de Estado). 

– Señales recientes de disputa sobre reglas y “jugaditas” en CH (requisitos y estatutos). 

CARLOS MEDINA GALLEGO 

Historiador- Analista Político