martes, 26 de agosto de 2025

 




EL PROGRESISMO EN EL BRASIL
Historia, Desafíos y Perspectivas Futuras

La experiencia de los gobiernos progresistas en Brasil ha sido una de las más influyentes en América Latina durante el siglo XXI. Desde la llegada del Partido de los Trabajadores (PT) al poder con Luiz Inácio Lula da Silva en 2003, hasta el actual tercer mandato de Lula iniciado en 2023, Brasil ha vivido un proceso oscilante de reformas sociales, confrontación política, embates institucionales y una polarización intensa que refleja los dilemas del progresismo en la región. 

1. La llegada del progresismo al poder: el ascenso del PT y de Lula

El ascenso del progresismo en Brasil se materializó en 2003 con la elección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente. Dirigente sindical metalúrgico y fundador del Partido de los Trabajadores, Lula encarnó la esperanza de millones de brasileños excluidos del desarrollo económico del país. Tras tres intentos fallidos, su victoria fue el resultado de una alianza amplia que incluyó sectores populares, movimientos sociales, académicos, intelectuales progresistas y también sectores empresariales moderados.

Su llegada al poder no implicó una ruptura revolucionaria, sino un giro reformista con fuerte orientación social. Lula adoptó una estrategia de “conciliación de clases”, combinando políticas de inclusión social con respeto a las reglas macroeconómicas heredadas del neoliberalismo. Esto le permitió mantener estabilidad financiera y al mismo tiempo desarrollar programas emblemáticos como Bolsa Familia, Fome Zero, el incremento real del salario mínimo, y el acceso ampliado a la educación superior pública con el programa ProUni.

2. Obstáculos institucionales y la resistencia de los poderes tradicionales

Desde el inicio, los gobiernos progresistas enfrentaron resistencias profundas de los sectores tradicionales del poder: el sistema político fuertemente fragmentado, un poder legislativo dominado por intereses clientelares y conservadores, y un poder judicial que, con el tiempo, mostró su parcialidad ideológica.

El Congreso Nacional, con su multiplicidad de partidos, obligó al PT a establecer alianzas con sectores del llamado “centrão” – bloques parlamentarios pragmáticos, conservadores y propensos al clientelismo. Esto generó tensiones internas y contradicciones programáticas. Por su parte, el poder judicial, especialmente en la última década, fue protagonista de una ofensiva contra el progresismo a través de la Operación Lava Jato, liderada por el entonces juez Sérgio Moro. Aunque la lucha contra la corrupción fue presentada como objetivo principal, con el tiempo se evidenció una instrumentalización política del sistema judicial para deslegitimar al PT y a Lula, quien fue encarcelado injustamente en 2018, impidiéndole participar en las elecciones de ese año, lo que abrió el camino al ascenso de la extrema derecha con Jair Bolsonaro.

3. Logros en derechos, justicia social e inclusión

Durante los gobiernos de Lula (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016), Brasil vivió una transformación social significativa:

Reducción de la pobreza: Según datos del Banco Mundial, durante los mandatos de Lula y Dilma más de 30 millones de personas salieron de la pobreza.

Ampliación del acceso a la educación: La creación de nuevas universidades públicas y la ampliación de cupos para estudiantes de bajos ingresos, afrodescendientes e indígenas fueron avances sustantivos en equidad educativa.

Reconocimiento de derechos: Se fortalecieron políticas de acción afirmativa, se reconocieron derechos de comunidades quilombolas e indígenas, y se crearon espacios de participación social como las conferencias nacionales temáticas.

No obstante, estas conquistas convivieron con límites importantes. Persistieron altos niveles de desigualdad estructural, violencia contra comunidades tradicionales y lentitud en la reforma agraria. La política de conciliación limitó enfrentamientos más radicales con el latifundio, los grandes bancos y el sistema mediático hegemónico, que mantuvieron su poder intacto.

4. Golpe parlamentario y retrocesos: el caso Dilma Rousseff

La crisis económica de 2015, sumada a una ofensiva mediática y judicial contra el gobierno, llevó a la destitución de Dilma Rousseff en 2016 mediante un impeachment sin crimen de responsabilidad comprobado, lo cual configuró un verdadero golpe parlamentario blando, apoyado por sectores del Congreso, del poder judicial y del empresariado.

La salida de Dilma dio paso al gobierno neoliberal de Michel Temer, que desmontó políticas sociales, congeló el gasto público por 20 años y flexibilizó derechos laborales. Más adelante, el triunfo electoral de Jair Bolsonaro en 2018 profundizó la ofensiva conservadora con ataques al medio ambiente, a los pueblos indígenas, a la prensa y a las instituciones democráticas.

5. El retorno de Lula y la recomposición democrática

En 2022, Lula fue electo nuevamente presidente tras un proceso judicial que anuló sus condenas por falta de garantías. Su retorno marcó una esperanza para reconstruir el Estado social, recuperar políticas públicas y frenar la deriva autoritaria del bolsonarismo. Sin embargo, lo hizo en condiciones más adversas: un país polarizado, con un Congreso aún más conservador, una economía debilitada y una sociedad marcada por el odio político.

Lula optó por un gobierno de unidad amplia, integrando figuras centristas, para asegurar gobernabilidad. Esto le ha permitido ciertos avances, como la reactivación de políticas ambientales, el restablecimiento de relaciones con organismos multilaterales y el retorno de Brasil a foros internacionales como CELAC, BRICS y UNASUR. A pesar de esto, el margen de maniobra sigue limitado por la presión del Congreso, los militares y las élites económicas.

6. Política exterior, soberanía y liderazgo regional

Una de las características más importantes del progresismo brasileño ha sido su enfoque en una política exterior soberana, multilateral y orientada hacia el Sur Global. Durante los mandatos de Lula, Brasil consolidó su liderazgo regional, promoviendo la integración latinoamericana a través de espacios como la UNASUR, MERCOSUR y CELAC.

En el plano global, impulsó alianzas estratégicas con África, Asia y el Medio Oriente, y fue un actor clave en el grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), desafiando la hegemonía unipolar de Estados Unidos.

Este enfoque fue desmantelado por Bolsonaro, quien alineó su política exterior con la ultraderecha global, especialmente con Donald Trump, y promovió una visión aislacionista y antiglobalista. El tercer gobierno de Lula ha intentado revertir este retroceso, reafirmando el papel de Brasil como mediador en conflictos internacionales, defensor del medio ambiente y promotor de la soberanía de los pueblos.

7. Desafíos actuales del gobierno progresista

El gobierno actual de Lula enfrenta múltiples retos:

Gobernabilidad legislativa: La coalición oficialista es minoritaria en el Congreso. El “presidencialismo de coalición” obliga a constantes negociaciones que diluyen el proyecto progresista.

Judicialización de la política: A pesar de la rehabilitación de Lula, el sistema judicial sigue actuando con sesgos ideológicos.

Extrema derecha movilizada: El bolsonarismo mantiene una base electoral firme, capacidad de movilización y poder en los estados y municipios.

Crisis climática y presiones internacionales: La protección de la Amazonía es una prioridad internacional, pero choca con intereses extractivistas internos.

Reactivación económica con inclusión: El gobierno debe combinar crecimiento con redistribución, frente a una estructura productiva dependiente de exportaciones primarias.

8. Futuro del progresismo en Brasil

El progresismo brasileño tiene posibilidades reales de continuar siendo una fuerza central en la política del país, pero para ello debe afrontar tareas estratégicas:

1. Profundizar la democracia participativa, retomando la conexión con los movimientos sociales.

2. Reformar el sistema político, reduciendo el poder del clientelismo y fortaleciendo partidos programáticos.

3. Promover una economía popular y solidaria, capaz de generar empleo, garantizar derechos y reducir desigualdades.

4. Luchar contra las desigualdades raciales y de género, de manera estructural.

5. Consolidar una política exterior soberana, basada en la cooperación Sur-Sur y el multilateralismo.

IDEA FUERZA FINAL 

Los gobiernos progresistas en Brasil han sido una referencia fundamental para América Latina. Han demostrado que es posible gobernar con orientación popular y democrática en un contexto de capitalismo periférico. Sin embargo, también han evidenciado las tensiones y límites de ese camino: las alianzas contradictorias, las resistencias institucionales, las crisis económicas y la ofensiva de las derechas.

El futuro del progresismo en Brasil dependerá de su capacidad para reinventarse, movilizar a las bases sociales, construir nuevas mayorías y mantener viva la esperanza de una sociedad más justa, igualitaria y democrática. En ese sentido, el Brasil de Lula sigue siendo un laboratorio político de gran relevancia para la región y el mundo.

CARLOS MEDINA GALLEGO 

Historiador- Analista Político

 




MEXICO: LOS GOBIERNOS PROGRESISTAS ENTRE LA ESPERANZA POPULAR Y LOS RETOS DEL PODER 

Durante gran parte del siglo XX, México fue gobernado por una hegemonía política representada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que, bajo el pretexto de representar la Revolución Mexicana, consolidó un sistema corporativista, autoritario y clientelista. A inicios del siglo XXI, el agotamiento del régimen del PRI permitió la alternancia con el Partido Acción Nacional (PAN), cuya propuesta neoliberal no logró modificar las profundas desigualdades ni reducir la corrupción estructural. Fue en este contexto de desencanto social que emergió el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) como una fuerza progresista, liderada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien canalizó la frustración popular hacia un proyecto alternativo de nación.

1. LA LLEGADA AL PODER DEL PROGRESISMO EN MEXICO

En 2018, AMLO llegó a la presidencia tras dos intentos fallidos en 2006 y 2012. Su victoria no solo fue contundente (con más del 53% de los votos), sino que también reflejó un cansancio generalizado frente a la corrupción, la violencia y la pobreza persistente. A diferencia de sus campañas anteriores, esta vez logró articular un movimiento amplio que incluyó a sectores de izquierda, comunidades populares, clases medias descontentas y movimientos sociales. MORENA no solo se posicionó como una fuerza electoral, sino como un nuevo actor político capaz de disputar el sentido del Estado y el proyecto nacional.

Este ascenso significó un quiebre con la lógica tradicional de alternancia entre PRI y PAN, y marcó el inicio de un nuevo ciclo progresista en México. El nuevo gobierno se presentó como un "gobierno del pueblo", dispuesto a desmontar las estructuras del viejo régimen.

2.  UNA OPOSICIÓN CONSERVADORA Y LAS INERCIAS DEL SISTEMA

Desde su llegada al poder, los gobiernos progresistas han enfrentado una oposición férrea de los partidos tradicionales y de los grupos de poder económico y mediático. La alianza entre PRI, PAN y PRD (conformada en la llamada coalición Va por México) ha buscado frenar las reformas progresistas, especialmente en el ámbito energético, judicial y de salud pública. Los grandes medios de comunicación, tradicionalmente ligados a las élites, han construido narrativas que presentan al gobierno como autoritario, populista y peligroso para la democracia, reforzando estereotipos y promoviendo una visión conservadora del país.

Además, la herencia institucional del neoliberalismo impuso restricciones administrativas, tecnocráticas y legales que dificultan la transformación profunda del aparato estatal. A pesar del discurso de “cuarta transformación”, muchos funcionarios públicos aún responden a lógicas burocráticas tradicionales, y sectores del Poder Judicial y organismos autónomos han actuado como diques de contención frente a iniciativas de cambio.

3. LOGROS EN DERECHOS Y JUSTICIA SOCIAL

Uno de los mayores logros del gobierno progresista ha sido la ampliación de los programas sociales. Bajo el lema de "por el bien de todos, primero los pobres", se implementaron transferencias directas para adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes sin empleo y estudiantes. Estos programas han contribuido a reducir la pobreza extrema y han fortalecido el ingreso de millones de hogares. En 2022, el CONEVAL reportó una reducción significativa en la pobreza multidimensional.

En materia de salud, el gobierno impulsó el sistema IMSS-Bienestar como una alternativa al fracasado Seguro Popular, buscando garantizar el acceso universal a la salud. En educación, el aumento al salario de los maestros y el fin de la llamada “reforma educativa” neoliberal representaron un reconocimiento a la labor docente y una reivindicación de la escuela pública como derecho.

Asimismo, el gobierno promovió una reforma laboral que reconoció el derecho a la libre sindicalización y la democracia en los centros de trabajo, rompiendo con décadas de control corporativo sobre los trabajadores.

4. LIMITACIONES Y CONTRADICCIONES 

Pese a estos avances, persisten limitaciones significativas. Los programas sociales, aunque necesarios, no han ido acompañados de una transformación estructural de la economía. La desigualdad persiste, y amplios sectores continúan excluidos del acceso a servicios de calidad. El desarrollo económico ha sido modesto y aún muy dependiente de la inversión extranjera y de la relación con Estados Unidos.

En materia ambiental, algunos megaproyectos como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico han sido fuertemente cuestionados por comunidades indígenas y organizaciones ecológicas, que denuncian desplazamientos, afectación a ecosistemas y decisiones verticales sin consulta previa.

En cuanto a seguridad, la estrategia de "abrazos, no balazos" no ha logrado frenar la violencia estructural del país. Aunque se ha evitado una política de guerra abierta como en los sexenios anteriores, los cárteles del narcotráfico siguen controlando vastos territorios, y la impunidad continúa siendo un problema crítico.

4. POLÍTICA EXTERIOR Y SOBERANÍA

Uno de los aspectos más destacados del gobierno progresista ha sido la recuperación del principio de soberanía en la política internacional. México ha retomado una diplomacia activa en defensa de la autodeterminación de los pueblos, manifestando su rechazo a los bloqueos a Cuba y Venezuela, y condenando el golpe de Estado en Bolivia en 2019. Asimismo, otorgó asilo político a Evo Morales y defendió el derecho de los pueblos a elegir su destino sin injerencias externas.

Sin embargo, esta política exterior soberana ha tenido límites frente al peso de Estados Unidos. La renegociación del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) fue una muestra de pragmatismo económico que impuso nuevas condiciones laborales pero también amarró aún más la economía mexicana a la lógica del libre comercio.

5. MIGRACIÓN Y LOS MUROS DE LA INFAMIA

Uno de los desafíos más complejos para los gobiernos progresistas en México ha sido la política migratoria. Situado entre Centroamérica y Estados Unidos, México se ha convertido en un país de tránsito y de destino para miles de migrantes que huyen de la pobreza, la violencia y el cambio climático.

Frente a las presiones del gobierno de Donald Trump, el gobierno de AMLO aceptó desplegar la Guardia Nacional en la frontera sur para contener el flujo migratorio, lo cual fue criticado como una cesión a los intereses estadounidenses. Al mismo tiempo, se implementaron programas como "Sembrando Vida" en países centroamericanos con el propósito de atacar las causas estructurales de la migración.

No obstante, las condiciones de los migrantes en tránsito siguen siendo precarias. Los centros de detención están sobrepoblados, se han documentado violaciones a los derechos humanos, y el crimen organizado continúa extorsionando, secuestrando y asesinando migrantes. La tragedia del incendio en el centro migratorio de Ciudad Juárez en 2023 reveló la profundidad del problema y la falta de una estrategia integral y humanista en la materia.

El muro fronterizo, símbolo de exclusión y racismo, ha seguido siendo reforzado por Estados Unidos, con la cooperación, directa o indirecta, del Estado mexicano, bajo el argumento de la contención y la seguridad nacional. Esto representa una de las contradicciones más dolorosas para un gobierno que se declara defensor de los derechos humanos y de los pueblos oprimidos.

6. RETOS ACTUALES DEL GOBIERNO DE CLAUDIA SHEINBAUM

El nuevo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, primera mujer en la historia de México en asumir la presidencia, hereda tanto los logros como los desafíos del proyecto progresista iniciado por AMLO. Su reto principal será dar continuidad a la transformación sin perder el vínculo con los movimientos sociales ni ceder a las presiones del poder económico.

LOS PRINCIPALES DESAFÍOS DE LOS GOBIERNOS PROGRESISTAS EN MÉXICO

Entre los principales desafíos y retos que tienen los gobiernos progresistas del presente y el futuro en México podrían señalarse los siguientes: 

1. CONSOLIDAR LA JUSTICIA SOCIAL: No basta con transferencias económicas. Se requiere una reforma fiscal progresiva, fortalecimiento del Estado social y garantía plena de derechos.

2. FORTALECER EL ESTADO DE DERECHO: La impunidad, la corrupción judicial y la debilidad institucional siguen siendo un obstáculo para cualquier política pública efectiva.

3. GARANTIZAR UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA JUSTA: México debe avanzar hacia una economía sustentable sin sacrificar territorios ni comunidades. Esto implica diálogo con pueblos originarios y respeto al medio ambiente.

4. REDEFINIR LA POLÍTICA MIGRATORIA: Se necesita una política más humana, regional e incluyente, que no subordine la soberanía a las exigencias de Washington.

5.  REFORZAR LA SOBERANÍA NACIONAL: Enfrentar al capital transnacional, democratizar los medios de comunicación y recuperar sectores estratégicos debe ser parte del proyecto soberano.

6. PROFUNDIZAR LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: La movilización popular debe ser una fuerza activa de transformación y no solo una base electoral pasiva.

A MANERA DE CIERRE 

Los gobiernos progresistas en México representan un esfuerzo legítimo y necesario por romper con décadas de neoliberalismo, autoritarismo y exclusión. Han logrado avances importantes en materia de derechos sociales, justicia laboral y dignidad nacional. Sin embargo, enfrentan poderosos enemigos externos e internos, así como contradicciones internas que deben ser resueltas con mayor radicalidad democrática y con una renovada alianza con el pueblo.

El futuro del progresismo mexicano dependerá de su capacidad para gobernar con eficacia sin traicionar sus principios. La historia les ha abierto una puerta, pero solo la coherencia, el compromiso y la voluntad colectiva podrán mantenerla abierta para las generaciones por venir.

CARLOS MEDINA GALLEGO 

Historiador- Analista Político

 


GOBIERNOS PROGRESISTAS EN AMERICA LATINA
Balance, desafíos y perspectivas

Durante las últimas dos décadas, América Latina ha experimentado una serie de giros políticos que han llevado al poder a diversos gobiernos progresistas. Estos proyectos, surgidos en respuesta al agotamiento del modelo neoliberal, han intentado impulsar reformas sociales, redistribuir la riqueza y fortalecer la participación democrática. Sin embargo, estos procesos no han estado exentos de tensiones internas, prácticas clientelistas, corrupción, ni de la férrea oposición de sectores conservadores y élites económicas, muchas veces apoyados por actores internacionales. En este ensayo se ofrece un balance de las experiencias más representativas, comenzando con México, Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia y Colombia, para luego plantear una reflexión crítica y algunas sugerencias hacia la consolidación de gobiernos progresistas auténticos, eficaces y transformadores.

I. México: el experimento de la Cuarta Transformación

La llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al poder en 2018 significó una ruptura con la hegemonía neoliberal del PRI y el PAN. Bajo la bandera de la "Cuarta Transformación", su gobierno se propuso combatir la corrupción, reducir la pobreza y recuperar el papel del Estado como garante de derechos. Se impulsaron programas sociales de gran alcance, como las becas a jóvenes, pensiones a adultos mayores y apoyos al campo.

Sin embargo, el gobierno de AMLO también ha sido objeto de críticas por su centralización del poder, sus conflictos con organismos autónomos y la prensa, y por mantener una política energética con fuerte presencia de combustibles fósiles. A pesar de ello, su sucesora, Claudia Sheinbaum, ganó la presidencia en 2024, consolidando la continuidad de un proyecto que sigue generando esperanza en amplios sectores populares, aunque enfrenta retos crecientes en seguridad, medio ambiente y fortalecimiento institucional.

II. Brasil: de Lula a Lula, entre esperanza y asedio

Luiz Inácio Lula da Silva representa uno de los íconos del progresismo latinoamericano. Su primer ciclo de gobiernos (2003-2010) estuvo marcado por el crecimiento económico, la reducción de la pobreza mediante programas como Bolsa Familia y una política exterior activa que fortaleció la presencia de Brasil en el mundo.

No obstante, el segundo gobierno de Dilma Rousseff enfrentó una recesión económica, protestas sociales y un golpe institucional en 2016 que derivó en su destitución. Luego del gobierno autoritario de Jair Bolsonaro, Lula retornó al poder en 2023, esta vez en un contexto mucho más polarizado y con una derecha fortalecida en el Congreso.

El nuevo mandato de Lula busca reconstruir el Estado de bienestar y atender la emergencia ambiental en la Amazonía, pero debe lidiar con la fragmentación política, las amenazas de “golpe blanco” y la instrumentalización del aparato judicial, elementos que minan las posibilidades de una gobernabilidad progresista sostenida.

III. Uruguay: la solidez del Frente Amplio

El Frente Amplio gobernó Uruguay entre 2005 y 2020, consolidando uno de los modelos progresistas más estables de América Latina. Los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica lograron combinar crecimiento económico con justicia social. Se avanzó en salud, educación, derechos laborales y civiles, destacando la legalización del matrimonio igualitario y la regulación del cannabis.

El progresismo uruguayo ha mostrado una capacidad destacable para mantener la institucionalidad democrática, evitar los escándalos de corrupción y fomentar una cultura política pluralista. Aunque en 2020 perdió el poder frente a una coalición de derecha, el Frente Amplio mantiene una fuerte presencia parlamentaria y social, y se perfila como una opción sólida para retornar al gobierno en los próximos años.

IV. Chile: una nueva generación en disputa

El ascenso de Gabriel Boric, en 2022, representó la llegada de una nueva generación progresista surgida de las luchas estudiantiles y las movilizaciones de 2019. Su gobierno buscó canalizar las demandas de cambio mediante una nueva Constitución y un programa orientado a reducir la desigualdad, ampliar los derechos sociales y reformar el sistema de pensiones heredado de la dictadura.

Sin embargo, el proceso constituyente fue derrotado en dos ocasiones, y Boric ha tenido que moderar su agenda para sobrevivir en un escenario polarizado. Pese a sus buenas intenciones, su gestión ha enfrentado dificultades para articular mayorías parlamentarias, y ha debido gestionar contradicciones internas dentro de su coalición. El progresismo chileno enfrenta el desafío de construir puentes con sectores populares que sienten que las reformas no llegan a su vida cotidiana.

V. Bolivia: entre el ciclo refundacional y la fragmentación

La experiencia boliviana encabezada por Evo Morales a partir de 2006 es uno de los casos más emblemáticos del progresismo latinoamericano. Su gobierno refundó el Estado Plurinacional, reconoció los derechos de los pueblos indígenas, nacionalizó sectores estratégicos y redujo significativamente la pobreza.

No obstante, la prolongación de su mandato y su intento de reelegirse indefinidamente generaron tensiones que desembocaron en un golpe de Estado en 2019. Aunque el MAS logró recuperar el poder con Luis Arce en 2020, el movimiento ha mostrado signos de fractura interna, con divisiones entre el propio Arce y Morales. Además, la derecha boliviana continúa intentando desestabilizar el gobierno, recurriendo a la judicialización de la política y a campañas de deslegitimación.

La experiencia boliviana revela tanto el poder transformador de un proyecto progresista con raíces populares como los peligros del caudillismo y la falta de mecanismos institucionales para la renovación democrática dentro de los mismos movimientos de izquierda.

VI. Colombia: un experimento en construcción

La elección de Gustavo Petro en 2022 marcó un hito en la historia política de Colombia. Por primera vez, un gobierno de izquierda llegaba al poder en uno de los países más conservadores del continente. Su agenda incluye reformas estructurales en pensiones, salud, educación, justicia tributaria y transición energética, así como la consolidación de la “paz total”.

Petro ha impulsado un discurso fuerte en contra del modelo oligárquico, la corrupción y el neoliberalismo. Sin embargo, su gobierno ha enfrentado bloqueos institucionales, una feroz campaña mediática de desprestigio, tensiones internas en la coalición de gobierno y la resistencia de actores armados ilegales a las políticas de paz. También ha habido errores de gestión, problemas de ejecución de políticas públicas y una debilidad estructural del movimiento político que lo respalda.

El gobierno de Petro representa una oportunidad histórica para transformar un país marcado por la desigualdad y la violencia, pero su éxito dependerá de la capacidad de construir un movimiento social amplio, ético, programático y articulado más allá del carisma presidencial.

VII. Reflexiones críticas y sugerencias para el futuro del progresismo

A partir de las experiencias analizadas, se pueden extraer algunas lecciones comunes:

1. Éxitos en redistribución social: Los gobiernos progresistas han logrado reducir la pobreza, aumentar la inversión social y avanzar en derechos fundamentales. Cuando han contado con condiciones institucionales favorables, han dejado huellas profundas y sostenibles.

2. Débil institucionalidad partidaria: Una de las mayores debilidades ha sido la falta de partidos sólidos, éticos y con liderazgo colectivo. En muchos casos, el caudillismo y la personalización del poder han debilitado los procesos, volviéndolos vulnerables al desgaste, a la fragmentación o al autoritarismo.

3. Corrupción y clientelismo: Aunque los progresismos han llegado al poder denunciando las prácticas corruptas de las élites tradicionales, algunos gobiernos han reproducido esas mismas prácticas para mantener alianzas o sostener burocracias partidarias. Esto ha minado su credibilidad.

4. Amenazas de "golpes blancos": En varios países, las élites han recurrido al poder judicial, a los medios y a sectores militares para derrocar o deslegitimar a gobiernos progresistas sin recurrir a los golpes militares clásicos. Esta estrategia de desgaste institucional ha tenido impactos desestabilizadores.

5. Déficit comunicacional: Muchos gobiernos progresistas han fallado en comunicar adecuadamente sus logros y propuestas. Esto ha sido aprovechado por la derecha para imponer relatos de miedo y caos que movilizan a clases medias temerosas del cambio.

VIII. Recomendaciones para fortalecer los procesos progresistas

1. Construcción de partidos programáticos: Es urgente superar la política de caudillos y clientelas. Se necesitan partidos que promuevan la formación política, la renovación de liderazgos, la transparencia y la democracia interna.

2. Mayor vínculo con los movimientos sociales: Los gobiernos progresistas deben gobernar con el pueblo, no solo para el pueblo. Eso implica institucionalizar formas de participación, escucha activa, cogestión y control social.

3. Reformas institucionales profundas: Para evitar la judicialización de la política y los golpes blandos, se requieren reformas del sistema judicial, de los medios de comunicación públicos y de las reglas de juego electorales.

4. Transparencia radical y lucha contra la corrupción: La ética debe ser una bandera irrenunciable. Sin una gestión pública honesta y eficiente, el progresismo no podrá diferenciarse de las élites tradicionales.

5. Alianzas regionales sólidas: La integración regional progresista debe ir más allá del discurso. Se necesitan mecanismos efectivos de cooperación, defensa mutua ante amenazas externas y construcción conjunta de modelos alternativos al neoliberalismo.

PARA CERRAR ESTA REFLEXION 

Los gobiernos progresistas de América Latina han logrado importantes avances en justicia social, democratización y soberanía, pero enfrentan serios retos derivados tanto de sus propias contradicciones internas como de la resistencia feroz de las élites conservadoras. El desafío actual consiste en consolidar estos procesos mediante partidos sólidos, prácticas éticas, y una profunda articulación con los sectores populares. Solo así podrán convertirse en auténticas experiencias de transformación estructural y no solo en momentos pasajeros de esperanza.

CARLOS MEDINA GALLEGO 
Historiador - Analista Político











 UNA NUEVA ARQUITECTURA POLÍTICA PARA LOS GOBIERNOS PROGRESISTAS

Urgencia, Desafíos y Propuesta de Camino.

      Para mi amigo HUMBERTO VERGARA de una conversación sin concluir... 

En el siglo XXI, los gobiernos progresistas en América Latina y otras regiones del mundo enfrentan no solo el desafío de gobernar con justicia social y eficiencia, sino también el de perdurar y avanzar en contextos profundamente adversos. Las democracias actuales, acosadas por la desigualdad, la corrupción estructural, el poder mediático concentrado y la injerencia de intereses trasnacionales, demandan mucho más que buenos programas de gobierno: exigen estructuras políticas sólidas, democráticas, modernas y conectadas de forma orgánica con las mayorías populares.

Los gobiernos progresistas no pueden limitarse a coaliciones electorales temporales, ni a figuras carismáticas aisladas que, aunque puedan ganar elecciones, quedan rápidamente solas frente al poder profundo del régimen oligárquico de la extrema derecha. Se necesita algo más profundo, más estructural y más duradero: una nueva forma de partido político progresista, forjado en el fuego de las luchas sociales, con capacidad para representar los intereses de las grandes mayorías excluidas, actuar con eficiencia en la gestión pública, y mantener su vocación transformadora aún desde el gobierno.

1. MÅS QUE COALICIONES: UNIDAD PROGRAMÁTICA, AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA. 

Una lección que ha dejado la experiencia de gobiernos progresistas, desde Brasil hasta Bolivia, desde México hasta Colombia, es que las fuerzas del cambio no pueden basarse únicamente en la suma mecánica de sectores dispares. La victoria electoral y, sobre todo, la gobernabilidad transformadora, dependen de construir una verdadera unidad programática. No basta con acordar se candidaturas: es imprescindible forjar un proyecto político común, una visión de país que aglutine diversas fuerzas sociales, políticas y populares en torno a propósitos claros de transformación.

Pero esa unidad no puede ser impuesta desde arriba ni subordinada a lógicas partidistas tradicionales. Requiere, por el contrario, el respeto a la autonomía de los movimientos sociales, campesinos, indígenas, afrodescendientes, feministas, sindicales, ambientales, juveniles y culturales. La nueva estructura partidaria progresista debe ser capaz de convocarlos, no de instrumentalizarlos. Debe ser un punto de encuentro entre la lucha social y la disputa electoral, un espacio de confluencia y no de cooptación.

2. RUPTURA CON LOS VACÍOS DEL PASADO: CLIENTELISMO, BUROCRATISMO Y CORRUPCIÓN  

Uno de los grandes desafíos de los procesos progresistas es evitar que sus estructuras políticas reproduzcan los mismos vicios que critican en sus adversarios. El clientelismo, el uso del Estado como botín burocrático, la concentración de decisiones en camarillas cerradas, y la tolerancia con prácticas corruptas, han debilitado la legitimidad de muchos proyectos progresistas.

Por eso, la construcción de nuevas estructuras partidarias debe comenzar con una ruptura ética y política. Se requieren partidos con liderazgos auténticos, con dirigentes comprometidos y surgidos de las luchas populares, alejados de las componendas y del cálculo electoralista. Partidos que no vivan del Estado ni lo conviertan en fuente de privilegios personales. Partidos que renueven sus cuadros constantemente, que fomenten la participación interna y la deliberación colectiva, que tengan mecanismos de control y rendición de cuentas hacia sus bases y hacia la sociedad.

Esta nueva ética partidaria es indispensable para recuperar la confianza ciudadana en la política como herramienta de cambio, especialmente en un tiempo en que el descrédito hacia los partidos tradicionales ha dado paso a nuevas formas de autoritarismo populista, muchas veces disfrazado de “antipolítica”.

3 UNA ESTRUCTURA PARA DEFENDER LA LIBERTAD Y GARANTIZAR JUSTICIA SOCIAL. 

El nuevo partido que requieren los procesos progresistas no puede ser solo una maquinaria electoral. Su razón de ser debe estar anclada en una ética de la libertad, en la defensa activa de los derechos humanos, y en el compromiso irrenunciable con la justicia social. Su proyecto debe plantearse como una reorganización profunda de la vida económica, política y cultural de nuestras sociedades.

Esa estructura partidaria debe ser capaz de promover una democracia que no se agote en las elecciones, sino que impregne todos los ámbitos de la vida social y productiva: desde el control ciudadano sobre los presupuestos públicos, hasta la participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas; desde la descentralización real del poder, hasta el reconocimiento de las formas propias de organización de los pueblos originarios y comunidades rurales.

En el gobierno, esa estructura debe servir para garantizar los derechos fundamentales de la población con eficacia y transparencia. La salud, la educación, el trabajo digno, la alimentación, la vivienda y la cultura no pueden seguir siendo privilegios de unos pocos ni promesas eternas. Tienen que traducirse en políticas públicas concretas, sostenibles y con resultados tangibles. Y para ello, se requiere una fuerza política que respalde con coherencia y convicción esas decisiones, que no le tiemble la mano frente a los poderes fácticos, y que no negocie principios a cambio de gobernabilidad.

4. UNA ESTRUCTURA CON VOCACIÓN INTERNACIONALISTA Y LATINOAMERICANA 

En un mundo profundamente desigual, en el que los países dominantes imponen sus intereses a través de estructuras financieras, comerciales, militares y mediáticas globales, ningún gobierno progresista puede sobrevivir en soledad. La integración regional respetuosa, democrática y solidaria es no solo una necesidad política, sino una estrategia de supervivencia frente al poder imperial.

La nueva estructura partidaria progresista debe incorporar como una de sus tareas fundamentales la construcción de espacios comunes con otros procesos emancipatorios del continente. Debe promover una diplomacia de los pueblos, una cooperación Sur-Sur, y una articulación entre partidos, movimientos y gobiernos que apuesten por una América Latina unida, soberana, ambientalmente responsable y socialmente justa.

La integración latinoamericana no puede estar al servicio de los capitales transnacionales ni de las élites locales que les sirven. Debe ser un proyecto de los pueblos para los pueblos: una plataforma para defender nuestros bienes comunes, proteger nuestros territorios, fortalecer nuestras democracias y garantizar derechos para todos y todas.

5. EL ROL ESTRATÉGICO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

En este nuevo diseño partidario, los movimientos sociales no son comparsas ni “aliados menores”. Son actores estratégicos y fundamentales. Representan las demandas reales, los sufrimientos concretos, las esperanzas colectivas. Tienen la legitimidad que da la resistencia, el arraigo territorial, la creatividad organizativa.

Por eso, los partidos progresistas deben abrirse a una nueva relación con ellos: no como fuerzas subordinadas ni como cuotas decorativas, sino como parte activa en la formulación de programas, la construcción de candidaturas, la toma de decisiones, el control social al gobierno y la defensa del proyecto popular.

Una estructura partidaria democrática e inclusiva debe garantizar mecanismos para esa participación. Asambleas programáticas conjuntas, vocerías rotativas, procesos de consulta territorial, formación política compartida, y alianzas en torno a objetivos comunes, son algunos de los instrumentos posibles.

6. HACIA UNA NUEVA ERA POLÍTICA PARA LOS PUEBLOS

El desafío es grande, pero también lo es la necesidad histórica. La derecha, cada vez más autoritaria y violenta, se articula en torno a proyectos reaccionarios que combinan neoliberalismo, racismo, misoginia, negacionismo climático y represión. No se detiene ante nada para defender sus privilegios. Tiene a su favor los grandes medios, los poderes económicos, y muchas veces el aparato judicial y militar.

Frente a eso, los pueblos necesitan estructuras políticas sólidas, modernas y eficaces. No basta con resistir. Es hora de disputar el poder con capacidad transformadora, con coherencia ética, con propuestas audaces y con vocación de permanencia.

Los gobiernos progresistas que no comprendan esta necesidad, que se limiten a sobrevivir en el cortoplacismo de las alianzas oportunistas, que toleren las prácticas corruptas en sus filas o que ignoren las demandas de los movimientos sociales, están condenados al desgaste, a la traición de sus ideales o a la derrota.

Pero aquellos que apuesten por construir nuevas estructuras partidarias, profundamente democráticas, arraigadas en las luchas sociales, capaces de garantizar derechos y de gobernar con dignidad y justicia, podrán abrir una nueva etapa en la historia política de nuestras naciones.

Una etapa en la que el poder deje de ser una herramienta de dominación para convertirse en instrumento de liberación. Una etapa en la que la esperanza se organice y la democracia se haga carne en la vida cotidiana de los pueblos. Una etapa en la que, por fin, la política recupere su sentido original: el de servir, transformar y dignificar la vida.

CARLOS MEDINA GALLEGO 
Historiador- Analista Político

 




CONTRA EL HAMBRE COMO ARMA

Crítica al Bloqueo a Cuba y Llamado a una solidaridad eficaz entre los Pueblos

El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra la República de Cuba constituye uno de los actos más prolongados, inhumanos y arbitrarios en la historia contemporánea. Más que una simple política exterior, representa una forma moderna de guerra silenciosa, una estrategia de asfixia diseñada para doblegar por hambre y carencias a un pueblo que ha decidido vivir con dignidad, ejercer su soberanía y caminar por los senderos de la independencia. 

Se trata de una acción que, a pesar de su antigüedad, no ha perdido su carácter infame ni su capacidad de infligir dolor, en una clara manifestación de lo que significa hoy el uso del poder imperial en el mundo: una pequeñez moral que utiliza el sufrimiento civil como método de presión geopolítica.

1. EL IMPERIO CONTRA UNA PEQUEÑA Y VALIENTE ISLA

Cuba, con sus apenas 11 millones de habitantes, ha resistido más de seis décadas de agresiones sistemáticas. El bloqueo —recrudecido aún más con la Ley Helms-Burton y las más de 240 sanciones impuestas durante los gobiernos de Donald Trump— limita no sólo el comercio, las finanzas y las transacciones internacionales, sino que impide el acceso a medicinas, tecnología, alimentos, combustibles y servicios básicos que salvan vidas. Es un castigo colectivo, criminal e inhumano.

Es una contradicción insostenible: el país más poderoso del mundo, con todos sus recursos diplomáticos, económicos y militares, utiliza su poder para aislar y dañar a una nación que ha optado por un modelo político soberano. Si bien se presentan estas medidas como sanciones “contra el gobierno cubano”, en la práctica afectan directamente a la población civil. ¿No es esto una forma de castigo colectivo, prohibida por el derecho internacional humanitario?

2. LA HUMANIDAD NO PUEDE SER REHÉN DE LOS IMPERIOS

Lo que está en juego va más allá del caso cubano. Es la legalización de una doctrina de coerción global que habilita a las potencias a decidir quién vive y quién muere, quién puede desarrollarse y quién debe arrodillarse. Se castiga a Cuba por no rendirse, por mantener viva la llama de la autodeterminación. ¿Qué mensaje se está enviando a los pueblos del mundo? Que la libertad se paga con hambre. Que la independencia es una herejía en un mundo dominado por corporaciones y centros financieros globales.

Pero frente a esta ignominia, también se han levantado pueblos y naciones que se niegan a ser cómplices del atropello. La solidaridad con Cuba no ha sido sólo retórica; ha sido también práctica, concreta, profundamente ética.

UNA SOLIDARIDAD SOBERANA Y AMOR EFICAZ. 

Durante la pandemia del COVID-19, mientras muchos países cerraban fronteras, el gobierno cubano envió brigadas médicas del Contingente Henry Reeve a más de 40 naciones, incluso a países europeos como Italia y Andorra. En contraste, Cuba recibía insumos y donaciones desde países del Sur Global que, con escasos recursos, entendieron que la solidaridad es el lenguaje más auténtico entre los pueblos. México, Argentina, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Vietnam, Sudáfrica, Rusia y China han sido algunos de los países que, desde diversas posiciones ideológicas, han acompañado a Cuba, desafiando las amenazas extraterritoriales del imperio.

Incluso ciudades y regiones dentro de Estados Unidos y Europa han emitido resoluciones exigiendo el fin del bloqueo, desafiando a sus propios gobiernos. Esa es también una forma de amor eficaz entre pueblos: la desobediencia moral frente al crimen silencioso de matar con sanciones.

¿QUÉ HACER?... RUTAS PARA UNA SOLIDARIDAD ACTIVA

El bloqueo a Cuba no puede enfrentarse sólo con condenas simbólicas. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha votado abrumadoramente durante 32 años seguidos por su levantamiento, sin que ello tenga efecto vinculante. Esto demuestra que el sistema internacional está secuestrado por los intereses de los más poderosos. La solidaridad verdadera debe entonces construir otras rutas:

1. Organizar redes de comercio justo y cooperación directa con Cuba, desafiando los mecanismos de sanción con sistemas alternativos de intercambio.

2. Impulsar campañas globales de presión ciudadana contra las empresas y bancos que acatan extraterritorialmente las leyes del bloqueo.

3. Fortalecer el intercambio cultural, académico y científico como forma de romper el cerco mediático y político.

4. Exigir que organismos internacionales de derechos humanos intervengan y documenten las violaciones que el bloqueo representa para los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo cubano.

5. Apoyar las luchas de otros pueblos bloqueados, como Venezuela, Irán, Siria o Palestina, generando una conciencia común contra la guerra económica como herramienta de dominación.

POR ENCIMA DE LOS ESTADOS, LA HUMANIDAD

El drama de Cuba —como el de tantos pueblos sometidos a medidas coercitivas unilaterales— nos obliga a repensar los límites de la legalidad internacional y el sentido ético de nuestras naciones. ¿Podemos aceptar un orden global donde el hambre sea utilizada como arma? ¿Dónde un niño cubano no tenga acceso a un medicamento porque un banco extranjero teme ser sancionado por Washington, o que un niño palestino muera de sed y hambre por el bloqueo de la ayuda humanitaria?

La humanidad debe colocarse por encima de los Estados, especialmente por encima de las potencias que actúan como poderes castigadores. Los pueblos no pueden seguir siendo rehenes de las guerras geopolíticas que solo defienden intereses de élites económicas y militares. La solidaridad internacional debe volver a ser un principio ético y político fundamental, un acto cotidiano de resistencia contra la injusticia global.

! CUBA NO ESTÁ SOLA !!! 

Cuba no ha sido vencida. Y eso, en sí mismo, es una victoria moral de proporciones gigantescas. Su resistencia es también la nuestra. La dignidad de un pueblo que no se rinde, a pesar del cerco, debe ser inspiración para quienes creemos en un mundo distinto. Un mundo donde los pueblos no sean chantajeados por elegir su camino. Un mundo donde amar a los otros no sea delito.

Hoy más que nunca, debemos gritar con fuerza: ¡Abajo el bloqueo! ¡Viva la soberanía de los pueblos! Y que la esperanza organizada y solidaria sea el verdadero rostro del porvenir.
Todos los estados democráticos y solidarios con el pueblo de Cuba y los pueblos del mundo que sufren bloqueo y hambre. 

CARLOS MEDINA GALLEGO 
Historiador- Analista Político

 



DESEMPLEO, INFORMALIDAD Y FEMINIZACION DE LA POBREZA EN COLOMBIA 

Un análisis estructural y propuestas de política pública

A raíz de la aprobación de la reforma laboral, que beneficia un sector importante de los trabajadores, se amerita hacer un analisis de la relación entre el desempleo, la informalidad laboral y la feminización de la pobreza en Colombia, con base en datos recientes y fuentes institucionales. 

A pesar de la reforma laboral y la disminución de la tasa de desempleo, el empleo de baja calidad y sin garantías continúa siendo la norma para millones de trabajadores y trabajadoras. En este ensayo se evidencian las brechas estructurales de género en el mercado laboral y se plantea un conjunto de recomendaciones de política pública para enfrentar esta problemática de forma integral.

1. EMPLEO,  INFORMALIDAD Y CALIDAD LABORAL EN COLOMBIA.

Colombia enfrenta una contradicción estructural en su mercado laboral: mientras las cifras agregadas muestran una disminución sostenida del desempleo, la informalidad, la precarización y las desigualdades de género persisten y, en algunos casos, se agudizan. Esta situación alimenta la reproducción de la pobreza, especialmente en los hogares encabezados por mujeres, donde la falta de empleo formal, el acceso limitado a la protección social y la persistencia de roles de género tradicionalmente asignados se traducen en vulnerabilidad económica y social. 

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleo en Colombia para mayo de 2025 fue del 9 %, la más baja para ese mes en más de dos décadas. No obstante, esta mejora cuantitativa contrasta con la calidad del empleo: según el Banco de la República y BBVA Research, más del 74 % de los empleos creados recientemente pertenecen al sector informal, es decir, sin contrato legal, afiliación a la seguridad social o derechos laborales garantizados.

La informalidad alcanza un 56 % a nivel nacional, con variaciones significativas entre zonas urbanas (43 %) y rurales (más del 70 %). Estas cifras reflejan una estructura laboral segmentada y excluyente, en la que millones de trabajadores subsisten sin acceso a pensiones, salud, licencias remuneradas o mecanismos de protección frente al despido arbitrario.

2. GÉNERO Y SEGMENTACIÓN OCUPACIONAL: UNA CRÍTICA AL MODELO  LABORAL 

Aunque los hombres presentan una tasa de informalidad levemente superior en promedio, el análisis interseccional revela que las mujeres —especialmente en zonas rurales, con bajos niveles educativos o con responsabilidades de cuidado— enfrentan condiciones laborales más precarias. La tasa de participación laboral femenina apenas supera el 56 %, frente al 76 % de los hombres, y la tasa de desempleo de las mujeres es superior en al menos 4,6 puntos porcentuales.

Esta desigualdad no es sólo numérica, sino estructural: las mujeres están sobrerrepresentadas en sectores tradicionalmente feminizados —como servicios, educación, salud y trabajo doméstico— donde predominan contratos inestables, bajos ingresos y alta informalidad. Además, la sobrecarga de trabajo no remunerado en el ámbito doméstico limita las posibilidades de inserción plena y equitativa en el mercado laboral.

3. FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA EN COLOMBIA. 

La pobreza en Colombia tiene rostro de mujer. El 44,2 % de los hogares colombianos está encabezado por mujeres, y de ellos, más del 41 % vive en situación de pobreza monetaria y el 16,7 % en pobreza extrema. En hogares con jefatura masculina, estas cifras son significativamente menores (33,1 % y 11,6 %, respectivamente).

En contextos rurales, la situación se agrava: el 50,4 % de los hogares con jefatura femenina vive en pobreza, enfrentando no solo la exclusión del mercado laboral formal, sino también la negación de derechos económicos fundamentales, como la propiedad de la tierra, el acceso al crédito o la participación en políticas de desarrollo productivo.

Esta feminización de la pobreza no es un fenómeno coyuntural, sino el resultado de una acumulación histórica de desigualdades estructurales, patriarcales y económicas que colocan a las mujeres —y particularmente a las madres cabeza de hogar— en una situación de desventaja persistente.

4. POLÍTICAS LABORALES, INFORMALIDAD Y EXCLUSIÓN. 

Las políticas laborales en Colombia han mostrado limitados avances en la superación de la informalidad y la promoción del trabajo decente. Las recientes reformas han enfocado sus esfuerzos en mejorar la cobertura de seguridad social y fortalecer el rol del Ministerio de Trabajo como ente de vigilancia. Sin embargo, persisten barreras institucionales y estructurales que limitan su efectividad: la carga tributaria para pequeñas empresas, la rigidez de ciertos marcos regulatorios, y la escasa fiscalización en sectores como el trabajo doméstico o el empleo agrícola.

Por otra parte, los mecanismos de protección social no han logrado adaptarse a las realidades del trabajo informal, dejando fuera del sistema a millones de personas que no cotizan, no tienen contrato, o dependen de ingresos variables. Esta situación perpetúa la precariedad, la exclusión y la pobreza intergeneracional.

5. PROPUESTAS PARA SUPERAR EL DESEMPLEO Y GARANTIZAR TRABAJO DIGNO. 

Frente a este panorama, es necesario replantear el enfoque de las políticas públicas desde una perspectiva estructural, de derechos y con enfoque de género. A continuación, se presentan algunas recomendaciones básicas:

1. Incentivar la formalización laboral, especialmente en pequeñas y medianas empresas, mediante la reducción progresiva de cargas parafiscales y beneficios tributarios condicionados a la afiliación de trabajadores al sistema de seguridad social.

2. Ampliar y fortalecer los mecanismos de inspección laboral, priorizando sectores con alta informalidad y vulneración de derechos laborales, e incorporando tecnologías de monitoreo y sistemas de denuncia accesibles.

3. Implementar políticas de corresponsabilidad social en el cuidado, incluyendo jardines infantiles públicos, ampliación de licencias parentales equitativas y programas de cuidado comunitario que liberen tiempo productivo para las mujeres.

4. Diseñar programas de formación técnica y reconversión laboral, orientados a sectores estratégicos (tecnología, manufactura, servicios especializados), con acciones afirmativas para mujeres, jóvenes y poblaciones rurales.

5. Construir un sistema de protección social adaptado a la informalidad, que garantice acceso progresivo a salud, pensiones y seguros de desempleo a quienes no cumplen con los requisitos tradicionales de cotización.

6. Fomentar el liderazgo económico femenino, mediante acceso preferencial a crédito, titularidad de tierras, participación en compras públicas y apoyo técnico para emprendimientos liderados por mujeres.

7. Monitorear de forma periódica y desagregada las condiciones laborales, los niveles de informalidad y pobreza, con indicadores específicos de género, territorio y sector económico, para orientar las decisiones públicas con base en evidencia.

6. IDEAS PARA UN REFLEXION QUE DEBE ABRIRSE. 

El desempleo en Colombia ya no es el único indicador crítico: la informalidad, la baja calidad del empleo y las profundas desigualdades de género configuran una problemática compleja que debe abordarse desde múltiples frentes. La feminización de la pobreza no es sólo una consecuencia del sistema laboral excluyente, sino un síntoma de un modelo de desarrollo inequitativo que perpetúa la desigualdad estructural.

Superar esta situación requiere una transformación profunda de las políticas laborales y sociales, que reconozca el trabajo como derecho y como base para una ciudadanía plena. Un trabajo digno, con derechos y con equidad de género, no es solo un objetivo social, sino una condición fundamental para la superación de la pobreza, la justicia económica y el desarrollo sostenible del país.

CARLOS MEDINA GALLEGO 

Historiador- Analista Político