viernes, 10 de febrero de 2017




DIALOGOS GOBIERNO-ELN
 En la ruta de la paz completa

CARLOS MEDINA GALLEGO
Docente-Investigador 
Universidad Nacional de Colombia
Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz - CPSPP-UN


El inicio de la fase pública de los diálogos entre el Gobierno Nacional y el ELN, en la ciudad de Quito-Ecuador, estuvo cargado de expectativas y escepticismos. La naturaleza de la agenda y la ruta de participación de la sociedad,  colocan a las delegaciones de paz frente a grandes retos para llevar las conversaciones de manera exitosa y garantizar la firma de un acuerdo de finalización del conflicto que satisfaga las partes y haga efectiva la idea de Paz Completa.

Las preguntas centrales que se le hacen a estos diálogos son tres: 1. ¿Cómo va ser la participación de la sociedad y con qué propósito?; 2. ¿Qué tan vinculante van a ser los resultados de  esa participación en la definición de los temas de agenda? 3. y ¿Cuáles deben ser los resultados de las conversaciones que establezcan la finalización del conflicto armado entre el ELN y el Gobierno?.

Tanto el gobierno como el ELN van a recoger la experiencia alcanzada en otros procesos y buscaran realizar el mejor trabajo posible para hacer coincidir sus distintos enfoques e intereses. Dadas las características de la agenda y las dificultades que se han presentado para poder colocar en marcha la mesa pública, lo mejor podría ser que las conversaciones se iniciaran con dos comisiones de trabajo, una con el propósito de abordar el tema de la participación de la sociedad  y la otra, los temas humanitarios y de desescalamiento del conflicto, tema este que es fundamental para la ambientación de los diálogos.

El desarrollo de la mesa pública de conversaciones es una escuela de aprendizajes compartidos, en la que se construyen las confianzas y los entendimientos necesarios para sacar adelante las conversaciones sobre una agenda que en este caso está por constituirse,  con la ayuda de la sociedad,  en su parte sustantiva. Los diálogos deben desarrollarse con la mayor objetividad y realismo y,  sin que existan metas predeterminadas e insalvables, las partes deben ir encontrando el fundamento esencial de los acuerdos entendiendo que estos tienen su propio tiempo de implementación.

Construir una atmosfera de confianza para dialogar

Tal vez el primer reto que tiene la mesa es construir una atmosfera de confianza en que las dos partes se sientan lo suficientemente cómodos como para avanzar en las conversaciones sin convertirla en un lugar de pulsos y forcejeos innecesarios. En este caso, la mesa se extiende al cuerpo social en las lógicas de la participación la que desde el comienzo debe precisar sus alcances y la naturaleza vinculante o no de sus propuestas. Una mesa de esta naturaleza debe estar abierta a la intervención de los distintos sectores de la sociedad y debe ser fundamento de un dialogo complejo de intereses y necesidades. Un elemento innovador de este proceso, lo constituye precisamente la participación de la sociedad la que seguramente va llegar cargada de propuestas y necesidades de todo tipo que las partes tendrán que organizar, sistematizar y tratar ordenadamente en lo que es posible.

En los últimos semanas de Diciembre y las primeras de Enero, se ha percibido un cambio importante en el lenguaje de las partes;  hay un ELN más relajado, menos tenso, más comunicativo, dispuesto al dialogo y más comprometido con el mismo. La delegación de paz conducida por Pablo Beltrán, el más veterano de la delegación en conversaciones de paz, comienza a visibilizar otros liderazgos en sus procesos de aprendizajes y desprendimientos. Igualmente, la delegación del gobierno, conducida por Juan Camilo Restrepo, asumió con especial rigor la tarea de superar los escollos y cumplir en la práctica con los compromisos humanitarios, acordados bilateralmente.

Las conversaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN, ira tomando fuerza en la medida en que se reconozca y se haga evidente que el ELN, es una organización, social, cultural y políticamente distinta a las FARC y que ello implica que debe tener en los diálogos su propio espacio y tiempo. Que la mesa ira construyendo un reloj cuya velocidad está determinada, por nada distinto,  a la voluntad de las partes de ponerse de acuerdo en los puntos de mayor complejidad y confrontación. Tengo la certeza que tanto el gobierno como el ELN entraran en una dinámica de entendimientos que la sociedad se encargara de legitimar con su participación centrada e inteligente.

Una metodología rigurosa y clara

Un segundo reto consiste en dotar los diálogos de una metodología lo suficientemente rigurosa que posibilite que la participación de la sociedad se de en el marco no solo de procesos claros, sino, sobre todo de propósitos claros.

Convertir a la sociedad en un sujeto de diálogo en unas conversaciones de paz es fruto de un proceso paulatino de empoderamiento que conduce a actores sociales marginados o excluidos a desarrollar su visión del mundo social y político, a ganar identidad y voluntad política, a concebir y realizar acciones de injerencia social  para negociar entornos más favorables a sus necesidades. Incidir en la toma de decisiones que permitan llegar a acuerdos en una mesa de conversaciones requiere y fomenta una actitud proactiva, promueve el fortalecimiento organizacional y la necesidad de robustecer liderazgos que sean capaces de formular objetivos claros y desarrollar acciones para posicionarse ante la opinión pública y frente a otras fuerzas sociales.

En mi concepto el ELN, es una organización afortunada, cuenta con una serie de esfuerzos sociales y organizativos que se han dedicado con especial entrega a promover sus diálogos a través de las más diversas acciones y acompañamientos; cuenta con el respaldo de sectores progresistas de la iglesia que están dispuestos a jugar un papel decidido en la mediación amplia para favorecer el mejor desarrollo posible de los diálogos y,  con una Comisión Facilitadora Civil para los Diálogos con el ELN, que los ha acompañado a lo largo de casi 20 años, la cual fue idea del inmolado Jaime Garzón. Pero, Igualmente, sin ningún escrúpulo pueden disponer de toda la inteligencia del país para que les hable y los oriente sobre los temas de interés en los que consideren que se requiere de mayores experticias a las que tienen.

Una agenda propia de interés nacional

Más allá de las temáticas generales que se corresponden con la canasta de derechos sociales que han de mover la conflictividad futura  (trabajo, salud, educación, vivienda…), de la lucha por una democracia incluyente y respetuosa de la diferencia, del tema de las víctimas del conflicto y los derechos humanos de la población,  el tema central del ELN tiene que ver con la política minero energética, el medio ambiente y los recursos naturales, aspectos  que la organización ha reivindicado desde mediados de la década de los ochenta.

 Hoy el ELN, puede contar con un mayor apoyo si toca con suficiente y pragmática inteligencia el tema minero energético, prestando especial atención a la minería artesanal y tradicional, a la pequeña y mediana minería, a la legalización de los títulos mineros de pequeños y medianos propietarios, a la revisión de la política de distribución y condiciones de inversión de regalías en los territorios productivos, al manejo ambiental por parte de las trasnacionales, a la conservación de los recursos naturales como recursos estratégicos de la nación (aguas, páramos, humedales, selvas y ecosistemas frágiles…entre otros), al compromiso social empresarial con las poblaciones y los territorios. Si enfrenta con decisión la minería ilegal en manos de paramilitares y bandas criminales y legaliza socialmente su propia minería.
     
La capacidad de influir en lo político depende del poder que el ELN logre acumular en apoyo social y movilización,  así como de su fortalecimiento como sujeto social y político, tanto a su interior, como en sus relaciones con otros grupos e intereses, lo cual tiene implícito un diálogo más amplio que sus propios espacios naturales y sus propias o exclusivas necesidades. El dialogo con empresarios y gobernantes regionales, con los partidos políticos, la iglesia y la academia, con la fuerza pública y la comunidad internacional hace parte de ese proceso de construir relaciones proactivas a un proceso amplio de participación y apoyos. 

Seguramente el ELN dará especial atención a los sectores y movimientos sociales que han luchado en torno a nuevas agendas reivindicativas, más equitativas e incluyentes,  que contribuyen a la transformación de las relaciones de poder y a la construcción de ambientes de bienestar, convivencia y seguridad superiores en los territorios, pero que  están en espacios donde la multiplicidad de intereses, en particular de economías a gran escala y estractivistas,  debe ser tenida en cuenta en diálogos abiertos y francos donde la agenda común los reconozca y valore con realismo.

La producción local y regional de iniciativas y propuestas de la sociedad, genera insumos para la construcción de política pública de implicaciones nacionales, porque se comparten problemáticas y necesidades que lo posibilitan, pero su fortaleza está en la posibilidad de pensar la paz desde los territorios y las regiones atendiendo las especificidades de cada uno, de ahí el énfasis y la tendencia que tiene el dialogo con el ELN a construirse desde los territorios, con sus poblaciones, necesidades y conflictos. 

Un punto previo humanitario.

Un dialogo manejado con suficiente claridad e inteligencia, debe dar al tema humanitario un lugar especial que permita llegar a acuerdos de implementación inmediata. El tema del secuestro tiene un peso moral muy alto en la sociedad colombiana y es necesario hacerlo a un lado tomando decisiones al respecto que impida cualquier tipo de cuestionamiento permanente a los diálogos, más cuando existen temas centrales que comprometen la seguridad de la población y a los cuales el Estado colombiano debe prestar especial atención.

La reactivación de los grupos paramilitares y la persecución y asesinato de dirigentes sociales constituyen un impedimento real para que los diálogos puedan darse en un contexto participación amplia de la sociedad. La posibilidad de declarar inicialmente un cese unilateral al fuego por parte del ELN,  y una actitud institucional de desescalamiento del conflicto y centralización de las acciones de la fuerza pública en los enemigos de la paz, sería un avance significativo en el camino de ir encontrando el cese bilateral y definitivo al fuego. Declaran un cese conjunto de hostilidades en el que se garantice la suspensión del secuestro por parte del ELN y de la persecución y el hostigamiento por parte del Estado y las Fuerzas Militares a las poblaciones en los territorios, así como el mayor respecto y seguridad para los líderes sociales constituye una tarea esencial de esa comisión humanitaria, la que debe ocuparse igualmente de los prisioneros políticos y sociales, de su seguridad, derechos y estado de salud.

Sentarse a la mesa de conversaciones en la fase publica es abrir una ventana de oportunidades que trabajada con responsabilidad permite alcanzar importantes y significativos logros en el camino de acuerdos definitivos.        

No hacer a un lado la agenda de la Habana.

Los puntos de agenda que se conocen, acordados entre el gobierno y el ELN, seguramente tomaran en consideración obligados aspectos de los temas acordados en La Habana que competen al interés general en un único sistema político y para una única nación. Ya Nicolás Rodríguez ha hablado al respecto y seguramente las circunstancias históricas han de ir definiendo en la práctica ese tipo de acercamientos y adscripciones, sin que ello signifique subordinación alguna. Temas como víctimas y justicia que fueron resultado de discusiones de largo aliento pueden ser revisados desprevenidamente y valorados en la justa dimensión de lo que resulta necesario.

El proceso de conversaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN, comienza a producirse a puertas de un periodo político que promete ser bastante complicado en término de disputas entre distintos sectores e interés partidarios y,  por esa razón,  debe blindarse adecuadamente para sobrellevar una coyuntura electoral que va a estar cargada de todo tipo de objeciones. El ELN puede de manera inteligente interlocutar con los distintos partidos y movimientos políticos sobre los temas de la paz y colocar la discusión en el ámbito del interés nacional, evitando así que el debate electoral instrumentalice negativamente el proceso.     

La propuesta hecha por el ELN de depositar la confianza en la sociedad para que participe democráticamente en la formulación de iniciativas a la mesa de conversaciones, puede que concluya con el tiempo en una gran DIÁLOGO NACIONAL y en un PROGRAMA NACIONAL DE PAZ, que comprometa reformas constitucionales e institucionales democráticas, políticas públicas incluyentes, planes de desarrollo e inversiones focalizadas, dirigidas a construir una sociedad más libre, justa y democrática.

Por ahora, es necesario desear que los diálogos vayan encontrando, poco a poco, los ambientes, seguridades, entusiasmos y respaldos que les permita transitar el difícil pero necesario camino de un acuerdo definitivo de terminación del conflicto armado y construcción de una paz completa.


Nota: Este artículo fue escrito para la revista IZQUIERDA      

martes, 24 de enero de 2017




IZQUIERDA, CULTURA POLÍTICA Y DEMOCRACIA

CARLOS MEDINA GALLEGO
Docente-Investigador
Universidad Nacional de Colombia
Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz  -CPSPP-

Tal vez uno de los mayores problemas que tiene la izquierda colombiana, para asumir el actual momento histórico de construcción de paz y a puertas de la coyuntura electoral es el carácter conservador de una ideología y una práctica política  que no le permite encontrarse en el desarrollo democrático del país. 

Existe una profunda disociación entre la práctica política y un discurso ideológico-cultural, cuya peor expresión es que la ideología asumida en forma totalitaria hace las veces de programa infalible de gobierno, al margen de una realidad histórica que la convoca a innovarse permanentemente, en el marco de una situación social que se lo exige para hacerse objetiva. A eso hay que añadirle la insuficiencia del debate político causado por un déficit creciente de democracia que no permite la diferencia, el pluralismo y el camino de coaliciones de avanzada que posibiliten escenarios de acumulación y favorezcan los procesos de transformación en contextos claramente democráticos.

A nuestra izquierda le resulta difícil aceptar que las ideologías “envejecen” y "caducan" cuando se transforman los contextos históricos que les dieron sentido y   que es necesario reinventarlas a cada momento para que cumplan el papel que le corresponde a su tiempo y,  que eso significa,  ni más ni menos hoy,  la necesidad de su actualización en el marco de la lucha por un mayor desarrollo democrático de la sociedad actual. 

El modelo constitucional existente revela marcadas insuficiencias en la garantía de derechos políticos y sociales fundamentales y, la necesidad de su transformación en el marco de la ampliación y profundización de la democracia que no se agota en los sistemas de partidos, regímenes electorales o estatutos de oposición. Existe una marcada separación del sistema institucional y normativo de las necesidades del orden social lo que precariza la legitimidad del sistema y su funcionamiento en correspondencia  con las necesidades y urgencias de la población, que la izquierda no logra interpretar como fundamento de la lucha política, pues su anclaje se encuentra en un enfoque teleológico que no le permite encontrarse. No obstante, participar en las luchas de los movimientos sociales, desconoce el valor de las luchas cotidianas de la población por sus más urgentes necesidades, en la construcción de acumulados estratégicos de bienestar. 

Las agendas reivindicativas y políticas  que dieron origen a las izquierdas en la década del sesenta y setenta, en contextos históricos de especial fervor revolucionario, hoy siendo la naturaleza de los problemas esencialmente iguales, la percepción que tienen las poblaciones de los mismos son sustancialmente distintos. Tal vez el mayor y más difícil reto de la izquierda consiste en subvertirse a sí misma, trasformando sus prácticas culturales, que no solo le impide ser con otros, sino, lo que es aún más grave, ser consigo misma. No existe ninguna manera de avanzar si no se supera las posturas hegemónicas, vanguardistas y excluyentes a través de las cuales se construyen las relaciones con los propios y los afines; si no se produce el desprendimiento de todo tipo de verdad autoritaria y se construyen certezas compartidas, si no hay desintoxicación de todas las maneras de comportarse en radicalismos excluyentes y autodestructivos.  
    
La izquierda tiene que ir  superando ese modelo cultural que le imposibilita pensarse en un  escenario de lucha política democrática, que ha sido usufructuado monopólicamente por las elites tradicionales de derecha en confrontación con sus propios conflictos e intereses, de una manera diferente a la de ser exclusivamente oposición. Ni en la guerra, ni en la política, la izquierda ha sido una amenaza estratégica para la derecha, ha sido un pretexto funcional para enfrentar y deslegitimar la protesta social, violar los derechos humanos e incrementar las formas de represión, pero no una amenaza para el ejercicio del poder político en beneficio del poder económico.

Hoy es necesario examinar las condiciones y el alcance real de la izquierda en un modelo de desarrollo democrático que se formula como supuesto esencial la representación social directa y la participación ciudadana en el sistema estatal colombiano, no solo en los tradicionales escenarios de representación sino, específicamente en los ámbitos de la gestión pública, el control social a la misma, la planeación estratégica local, regional y nacional, la gestión del bienestar, todo en el marco de nuevas modelos de gobierno, gobernabilidad y gobernanza.

El sistema estatal se ha sostenido pese a las contradicciones que representa, por la calidad de los actores que intervienen en él, todos muy cerca de sus intereses personales y del sector social del que provienen sus financiamientos y muy lejos de los propósitos del bien común y de los sectores populares. Cada vez el sistema funciona más lejos de todas sus prerrogativas, limita el contenido de las atribuciones de sus delegaciones y opera en un contexto que reduce las posibilidades de desempeñar las funciones que el mismo establece. Existe un modelo de democracia contratada que es utilizada para beneficio particular, de la cual es necesario y urgente salir.

Para superar esas situaciones se requiere de una izquierda que reelabore en su práctica el modelo de participación ciudadana desde el Estado mismo devolviéndole la preeminencia de la soberanía popular; aprenda a comunicarse con la ciudadanía, con la sociedad civil en general y los movimientos sociales comunitarios; se refunde políticamente en una perspectiva democrática en proceso creciente de profundización; supere el negacionísmo institucional y aprenda a gobernar y administrar con pulcritud el Estado.

Una izquierda que sepa relacionarse con los sectores productivos en una perspectiva que favorezca el desarrollo económico nacional y la producción del bienestar de las poblaciones. Una izquierda que no le haga propaganda a derecha y se descalifique a sí misma. Una izquierda moderna, amplia y democrática capaz de actuar con eficiencia y eficacia en el universo político y económico existente en una perspectiva de cambios permanentes.

El cambio comienza por renovar las direcciones y liderazgos, hacer auténticos relevos generacionales, que no consisten en reemplazar viejos sabios, innovadores y demócratas, por jóvenes añejos, radicales y sectarios, sino, por cambiar la manera de verse y comportarse en el mundo en relación con el interés público y común; transformar los programas maximalistas por programas pertinentes y realistas, alcanzables; cambiar el lenguaje autoritario, por un lenguaje incluyente, establecer nuevas estrategias de comunicación, nuevos símbolos y rituales. 

La izquierda para cambiar necesita más imaginación, más alegría, mayor capacidad para dar amor.            

jueves, 12 de enero de 2017



“ceder” no es retroceder…
Mesa de conversaciones pública entre el gobierno Nacional y el ELN

CARLOS MEDINA GALLEGO
Docente –Investigador
Universidad Nacional de Colombia
Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz

Este viernes 13 de Enero 2017, se reunirán en la ciudad de Quito-Ecuador, las delegaciones de paz del Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional-ELN-, con el propósito de encontrar una ruta que libere la “mesa pública” de las ataduras de mutuos condicionamientos que las partes han colocado para empezar las conversaciones de cara al país y con la participación de la sociedad en su conjunto.

Lo positivo de esta reunión es que tendrán la posibilidad de encontrarse la nueva delegación del Gobierno liderada por Juan Camilo Restrepo, con la nueva delegación del ELN, liderada por Pablo Beltrán. Los dos son personajes con una larga experiencia y conocimiento del conflicto colombiano y de los procesos de diálogo y solución política. Tanto Juan Camilo como Pablo tienen un temperamento reposado y dispuestos al diálogo, lo que no significa que estén libres de las ataduras políticas que a uno y otro, lo atan a las partes que representan. Muchas veces más allá de la voluntad de los jefes de las delegaciones, las políticas que orientan a cada uno, son el obstáculo.  Es de esperar que las consultas desarrolladas por las partes, tengan varias opciones para garantizar que el encuentro sea exitoso y este proceso, comience a desarrollar la agenda dada a conocer el 30 de marzo de 2016.

Lo negativo, es que públicamente no se han flexibilizado las posturas de las delegaciones frente a los condicionamientos mutuos que han impedido que la mesa pública comience a funcionar: La liberación de secuestrados y prisioneros sigue siendo el candado de la puerta de entrada al proceso público de las conversaciones. Sería lamentable, para el país y la paz completa que todos los logros alcanzados hasta ahora fueran arrojados por la borda y los llamados de la sociedad civil, los intelectuales y la iglesia, fueran desatendidos.

Las partes tienen que entender que en muchos casos ceder no es retroceder, por el contrario, es avanzar cuando se trata de superar obstáculos, es encontrar otras rutas, nuevas oportunidades, mayores acompañamientos y solidaridades. No creo que el gobierno ni el ELN, tengan que hacer pulsos de fuerza, no se necesitan. Uno y otro deben tener claro sus propósitos y de lo que se trata, en un proceso de solución política, es de encontrar de manera dialogada acuerdos que beneficien a ambas partes y sobre todo, a los sectores que con mayor crudeza han soportado el desarrollo de la guerra y los conflictos de toda naturaleza.

Desde distintos lugares hemos señalado con insistencia la necesidad de iniciar la mesa pública con un punto previo humanitario que aborde el tema de secuestrados y prisioneros, y si se quiere, se ventile ante el país la ola de asesinatos que se viene produciendo contra los líderes sociales y políticos y se defina una ruta para liberar a unos y a otros y poner fin a las hostilidades contra el movimiento social. Se puede llegar a un acuerdo para desescalar el conflicto e incluso, si se cuenta con la voluntad política, sumarse al cese bilateral al fuego existente, convirtiéndolo en un cese multilateral. Esa sola entrada es una ganancia mayor para todos, le da legitimidad al proceso y abre una puerta amplia a la participación de la sociedad en el desarrollo de la agenda.

Juan Carlos Cuellar y Eduardo Martínez, están esperando cargados de entusiasmo la posibilidad de sumarse a la delegación de paz del ELN en Quito y aportar desde la experiencia acumulada y miles de reuniones en la cárcel con la institucionalidad, la comunidad internacional y los movimientos sociales. La liberación de Odín Sánchez, con un buen manifiesto da inicio a la lucha contra la corrupción y la violencia paramilitar y dejan de convertirlo en un mártir. El interés superior de la paz debe colocarse por encima de todos estos obstáculos y ubicar al país en las rutas que conducen a nuevos escenarios de lucha por la democracia, la paz y la justicia social.

Mañana, viernes 13, la mesa de conversaciones Gobierno- ELN debe espantar todos sus fantasmas y colocar al frente el propósito nacional de una Paz Completa.   

         


   

viernes, 30 de diciembre de 2016




SOBRE EL “GOBIERNO DE TRANSICION”

CARLOS MEDINA GALLEGO
Docente Investigador
Universidad Nacional de Colombia
Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz (CPSPP)

El período de transición es una fase del proceso de paz en el que se sacan adelante las reformas constitucionales y se hacen los ajustes institucionales que permiten que lo acordado en la mesa de conversaciones tenga curso y pueda impulsarse a cabalidad. Ese período requiere de un gobierno que se comprometa a fondo con materializar las distintas iniciativas que constituyen los cambios necesarios para poder edificar el país en un ámbito de mayor equidad y democracia. No se trata de ningún complot comunista o Castro-Chavista, idea que sólo se encuentra en los imaginarios de una oposición delirante y carente de todo interés en la Paz.

Ese gobierno de transición debe estar conformado por una amplia coalición política qué comprometa a la totalidad de los partidos de la izquierda y derecha democrática, a los movimientos sociales y en general a una ciudadanía dispuesta a jugarse a fondo en la construcción de una paz estable y duradera. Es un gobierno dispuesto a promover las reformas necesarias para el desarrollo rural y campesino, la ampliación y la profundización de la democracia,  la reforma al sistema político y electoral, la expedición del estatuto de oposición, la lucha decidida contra la corrupción y el paramilitarismo,  la erradicación y sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito,  así como,  el reconocimiento absoluto de los derechos de las víctimas y la implementación de las acciones y políticas que garanticen la reincorporación de la comunidad de las FARC a la vida social, económica y política de la nación en un ambiente de garantías y seguridades suficientes. 

El gobierno de transición tiene la responsabilidad de devolverle al país la confianza en sus instituciones y a la nación la esperanza que una sociedad sin violencia y mejor es posible; garantizar a los reincorporados las certezas necesarias sobre su seguridad y el respeto por sus derechos ciudadanos recuperados y en capacidad de ser ejercidos a plenitud. Un gobierno que se abre a la participación política democrática de sus adversarios y construye los escenarios en que es posible la protesta legítima sin los temores de la persecución, la amenaza y la muerte.
El gobierno de transición no tiene como ruta una alianza perversa dirigida contra sectores de la oposición y de la Paz y como propósito el establecimiento de una hegemonía política dominante y autoritaria, excluyente y polarizante. Por el contrario, busca construir un modelo de democracia en el que los sectores tradicionalmente excluidos pueden expresarse en los distintos espacios de la vida política nacional y de la administración pública estatal en una democracia que reconoce y respeta los derechos de todos.

El gobierno es de transición en la medida en que lleva la sociedad colombiana de los escenarios del conflicto armado y de la guerra a una sociedad con conflictos pero sin armas, es de transición en el sentido de ir de la guerra a un modelo de paz con mayor justicia, incluyente, equitativo y democrático.

Los retos que ha dejado el nuevo acuerdo no se pueden encomendar a un gobierno cualquiera, que desconozca y eche por la borda todos los esfuerzos realizados hasta ahora por las partes y revierta de manera abrupta los logros alcanzados o que incurra en un franco desconocimiento de los mismos y del acuerdo en general, lo que sin duda puede ocurrir, porque hoy el acuerdo se encuentran a la deriva de la voluntad política del actual gobierno y en la incertidumbre de cual podrá ser el futuro gobierno… que es el que los lleva en el camino de la implementación y garantiza su cumplimiento o, redefine la ruta y cambia su naturaleza.  

Por esta razón, cuando se habla de un gobierno de transición,  se hace referencia en lo esencial al gobierno que sigue a la firma de los acuerdos y que se compromete a fondo en su implementación. Las incertidumbres que se abren en relación con el próximo gobierno, dado el panorama político nacional,  no son pocas, lo que obliga a plantearse con responsabilidad las características del próximo gobierno, que indiscutiblemente, no va a ser de izquierda, ni comunista, ni socialista, a duras penas,  si coinciden y concretan las voluntades políticas, será un gobierno de corte liberal democrático y en el marco de los condicionamientos del modelo neoliberal

Pero la pregunta que debe mover la reflexión es: ¿qué es lo que va a hacer ese gobierno en materia de paz, para que reciba la denominación de gobierno de transición?...
Además de las señaladas, son muchas e importantes las acciones que debe emprender ese nuevo gobierno para que se consolide un escenario de convivencia democrática y desarrollo social y económico que posibilite la construcción de una paz estable y duradera, en las próximas dos o tres décadas, acciones que están unidas a la implementación de los acuerdos y que se pueden enunciar en los siguientes términos: 

1.    El gobierno de transición y el desarrollo rural integral                 

El gobierno de transición, tiene la responsabilidad de avanzar en la reducción de la pobreza rural implementando una Reforma Rural Integral, para lo cual tomara en consideración la ejecución de programas que trasformen sustancialmente la vida rural y campesina, fortaleciendo su economía, sin que ello implique la afectación de otros modelos de economía rural y agraria que interactúen y posibiliten el desarrollo de la primera.

Definir con claridad e impulsar de manera decidida el Fondo de Tierras de conformidad con la Constitución Política y la ley vigente y lo que esta contempla en materia de expropiación administrativa por motivos de interés social y utilidad pública y de la extinción administrativa del derecho de dominio por inexplotación. Así como encontrar los recursos necesarios para el fortalecimiento del fondo y su funcionamiento adecuado y eficiente.   

Garantizar la protección del Derecho a la Propiedad Privada  en particular de los pequeños agricultores y campesinos, con el propósito de evitar nuevos conflictos sobre la tierra. Hacer efectivas las disposiciones del acuerdo en lo relacionado a que sean  las víctimas beneficiarios prioritarios del Fondo de Tierras y de la Reforma Rural Integral en general.

 Regularizar los derechos de propiedad de los propietarios, ocupantes y poseedores en el marco de las correspondientes aclaraciones sobre las procedencias y tradiciones que existen al respecto de la tenencia y propiedad de la tierra 

Implementar un nuevo modelo de desarrollo rural que establezca un adecuado y equilibrado balance entre la agricultura familiar campesina y la agricultura comercial de escala sin que esta ahogué la primera que es la base esencial de la soberanía y seguridad alimentaria de la nación. La idea que debe primar es la promoción de alianzas estratégicas de la pequeña producción rural con otros modelos, en condiciones de equidad, y el apoyo y protección decidido de la agricultura familiar y campesina.

El fortalecimiento de las zonas de reserva campesina existentes  y la constitución de nuevas  ZRC por parte de la autoridad competente de conformidad con la normatividad vigente, y en el marco de acuerdos claros con las comunidades en los territorios y la definición de los propósitos ambientales, sociales y productivos de las mismas.  

Al gobierno de transición le corresponde guiar el levantamiento de un nuevo catastro que supone evidentemente un nuevo avalúo catastral, y,  consecuentemente, una nueva responsabilidad tributaria, que es el temor mayor de los grandes propietarios de tierras inexplotadas,  para ellos una formalización de los títulos y la modernización del catastro iría en contra de sus intereses, acostumbrados a la evasión de impuestos en el ámbito de la propiedad rural. El gobierno de transición tendrá que constituir una instancia de alto nivel que contribuya resolver conflictos de tenencia, uso y propiedad del suelo y establezca unos lineamientos claros al respecto.

Igualmente el gobierno de transición tendrá la responsabilidad de transformar la cultura de las comunidades de manera que se involucren en la priorización, ejecución y seguimiento de los proyectos y se fortalezca la confianza en las instituciones, desgastada en una larguísimo proceso de burlas e incumplimientos.

En general, en relación con este punto,  el gobierno de transición debe orientar y contribuir a la trasformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando las condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural, implementando una Reforma Rural Integral con enfoque territorial,  que integre las regiones, ayude a erradicar la pobreza promueva la igualdad y asegure el pleno derechos de los campesinos como sector social y ciudadanos.   

2.    El gobierno de transición y la participación política                

En materia de participación el gobierno de transición tiene grandes responsabilidades y obligaciones, la mayoría de ellas, deudas históricas con la Constitución del 91, que pueden ubicarse en tres grandes bloques: la reforma al sistema político y electoral; el reconocimiento amplio y seguro de los derechos de la oposición y;  la ampliación y profundización de la democracia en general.

Una deuda mayor tiene el Estado colombiano con la expedición del Estatuto de Oposición en cumplimiento de la obligación constitucional consagrada en el artículo 112 de la CP de 1991 y que el Acuerdo de Paz con las FARC ha colocado en la agenda política y legislativa nacional como prioridad. El gobierno actual y el  de transición queda en la obligación de tramitar una ley que reglamente los derechos de la oposición, defina las garantías que deben tener los partidos que se declaran en oposición al gobierno de manera que puedan “ejercer libremente la función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas”.  Ese estatuto debe contemplar, igualmente, el derecho de acceso a la información y a la documentación oficial, el uso de los medios de comunicación y la réplica en los mismos frente a información incorrecta  Y/o mal intencionada.

Igualmente, el gobierno de transición tiene la responsabilidad y obligación institucional de promover el fortalecimiento de las organizaciones sociales, comunitarias y de víctimas para que puedan participar en las Circunscripciones Transitorias, garantizando los mecanismos, procedimientos y recursos para que estas poblaciones hagan uso democrático de esos espacios de representación. 

Igualmente, el gobierno de transición, tienen que desarrollar los planes y programas e impulsar las políticas que sean necesarias para combatir las organizaciones criminales del paramilitarismo y las bandas criminales, detener la ola de asesinatos de líderes sociales, políticos y comunitarios y, garantizar y proteger,  la movilización y la protesta legitima  con pleno respeto a los derechos humanos.

Un trabajo de adecuación normativa y de nueva legislación debe emprender el gobierno de transición para garantizar el acceso al sistema político de nuevas movimientos, fuerzas políticas y partidos, con el debido reconocimiento, su correspondiente personería jurídica y con la financiación necesaria para que puedan participar en igualdad de condiciones a otros partidos y fuerzas políticas en una atmosfera democrática construida desde el más amplio pluralismo político y respeto por las minorías y la diferencia. 

Tarea esencial ha de desarrollar el gobierno de transición para garantizar la apertura democrática necesaria y construir una sociedad en paz, fortalecida por el pluralismo representado en las distintas visiones y diferentes intereses de la sociedad colombiana con las debidas seguridades y garantías para la participación en política trasformando el sistema y el régimen de la organización electoral.

En síntesis, en relación con este punto, El gobierno de transición debe garantizar la apertura democrática necesaria para construir una sociedad en paz, fortaleciendo el pluralismo y ofreciendo las debidas seguridades y garantías para la participación en política de las nuevas fuerzas, movimientos y partidos políticos resultantes del proceso de finalización del conflicto armado.
Igualmente, el gobierno de transición debe garantizar el acceso democrático a los medios de comunicación para que las fuerzas, movimientos y partidos políticos existentes y nuevos puedan dar a conocer y divulgar sus plataformas y programas políticos. 

3.    El gobierno de transición y la trasformación de las FARC en movimiento político y en organización social y económica.  

El paso de la actividad militar a la actividad, social, económica y política de los miembros de las FARC es parte de las tareas que el actual gobierno debe empezar, pero que es el gobierno de transición el que debe desarrollar en profundidad.

La reintegración política de las FARC a la vida institucional y democrática de la nación es la esencia del acuerdo de paz y una responsabilidad mayor del gobierno de transición.   Esa reintegración requiere que el nuevo movimiento político adquiera los reconocimientos y apoyos necesarios para que en su inicio pueda desarrollar las acciones pertinentes para su institucionalización política, el desarrollo de su centro de pensamiento y su debida financiación.
Sin embargo, esa es una entre otras tareas que el gobierno de transición debe desarrollar y que comprometen la reincorporación de los miembros de la comunidad de la FARC a las actividades socioeconómicas y culturales que garantizan su socialización institucional y la sobrevivencia económica de sus miembros. En ese aspecto, este proceso innova en dar prioridad a la reincorporación comunitaria y colectiva sobre la individual y familiar, sin que estas se desconozcan, sino que se resignifican en un ámbito más comunitario y cooperativo a través de la propuesta de Ecomún.  Así mismo debe favorecer la atención en salud de los reincorporados y una oferta educativa los suficientemente amplia y pertinente como para que se produzcan los procesos de alfabetización, profesionalización y desarrollo de competencias para el trabajo productivo y social que garantice el éxito del proceso de reincorporación.       

El gobierno de transición tendrá la responsabilidad de conformar y poner en marcha  la Comisión de Garantías de Seguridad y del diseño de las políticas para combatir a las organizaciones criminales y así como de impulsar la creación de la Unidad Especial de Investigación para persistir y concretar su desmantelamiento,  Unidad que funcionara en coordinación con las demás unidades de la Fiscalía General de la Nación. De la misma manera crear el cuerpo de seguridad y protección de los directivos y representantes más reconocidos del nuevo partido político,  cuerpo de seguridad que dependerá de una Subdirección de la Unidad Nacional de Protección.

En síntesis, el actual gobierno y el gobierno de transición, tienen y tendrán, la responsabilidad de preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil,  en lo económico, lo social y lo político y sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera. Es de relevante importancia para el proceso las  garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

Conforme lo establece el acuerdo, el actual gobierno y el de transición para cumplir con este fin, debe propiciar un Pacto Político Nacional que convoque a todas las fuerzas políticas de la nación en la construcción de la paz, propicie y fortalezca la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad,  la Unidad Especial de Investigación; el Cuerpo Élite en la Policía Nacional,  el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política; el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios; y las Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción, tareas total de largo aliento.

4.    El gobierno de transición y la lucha contra el narcotráfico

Un reto especial tiene el gobierno de transición en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico que comprometen involucramientos de la ilegalidad que erosionan y descomponen la institucionalidad política, económica,  social y democrática de la nación.

Para construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, que enfrente la cadena de producción, comercialización y consumo.  Para ello, siguiendo las líneas de lo acordado en los diálogos de paz Gobierno-FARC, el gobierno de transición debe operar dentro de nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública.

5.    El gobierno de transición y los derechos de las víctimas del conflicto armado.

Tal vez una de las características más sobresalientes del proceso de paz del Gobierno con las FARC es que se colocó al centro de las conversaciones los derechos de las víctimas  y se explicitó que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo.

El actual gobierno y el gobierno de transición tiene la responsabilidad de crear, impulsar y consolidar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios en el desarrollo del conflicto armado por la totalidad de los actores.

El impulso de ese Sistema Integral está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz; las Medidas de reparación integral para la construcción de la paz; y las Garantías de No Repetición.

El gobierno de transición tiene la enorme responsabilidad de evitar el regreso al conflicto armado y trabajar en la búsqueda de una paz completa que involucra los diálogos con el ELN y el EPL y la formulación de una política de sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales que hayan sido denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.   

A manera de conclusión

Nada distinto a las tareas del orden constitucional  y a los ajustes institucionales que sean necesarios para la implementación del nuevo acuerdo en el marco de un plan de desarrollo más amplio que tome en consideración los intereses de todos los sectores sociales, constituye la naturaleza de un gobierno de transición.
  
Se trata de un gobierno que satisfaga los derechos fundamentales como son los derechos políticos, sociales, económicos y culturales; los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia y la reparación; el derecho de los niños, niñas y adolescentes; los derechos de las mujeres, comunidades étnicas y campesinas; el derecho de libertad de culto y de su libre ejercicio; el derecho fundamental a la seguridad jurídica individual y/o colectiva y a la seguridad física; y el derecho fundamental de cada individuo y de la sociedad a no sufrir la repetición de la tragedia del conflicto armado interno. 

Eso es lo que se propone un gobierno de transición.  


lunes, 19 de diciembre de 2016






URGENCIAS Y RETOS DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO DE PAZ.

CARLOS MEDINA GALLEGO
Docente – Investigador
Universidad Nacional de Colombia
Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz

No han sido pocos los obstáculos por los que ha tenido que atravesar el acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP y no son menos los que va a tener que enfrentar hacia el futuro cuando quede atrapado en la urdimbre paquidérmica y burocrática del Estado en la fase de implementación, la que ya está envuelta en múltiples dificultades en los aspectos operativos más elementales, sin que se hayan iniciado las acciones de fondo que comprometen ajustes institucionales y reformas constitucionales.

Pero como cada momento tiene su propia angustia, es necesario y urgente ir resolviendo en el día a día cada obstáculo que se va presentando. Existen al menos en la puerta de entrada a la implementación seis URGENCIAS, que se deben atender:

Primero. Aprobado por la Corte Constitucional, el Fast Track, debe tener curso rápido una Ley de Amnistía y producirse el indulto necesario para que guerrilleros, milicianos y licenciados marchen hacia las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), con las seguridades jurídicas que se requieren, sin que ello implique que queden absueltos, de asistir a los tribunales de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Las FARC han dado a conocer los nombres de las personas que los representaran en las discusiones del Congreso de la Republica, a través de las cuales se elaboraran las normas que pondrán en marcha el contenido específico de los acuerdos; estos representantes están  articulados todos al movimiento Voces de Paz, y provienen de lo esencial de la academia y del movimiento social y político. Su primera tarea es estar atentos a la aprobación de la Ley de Amnistía.  

Segundo. Si el Gobierno Nacional, quiere que el proceso de dejación de armas, se de en los tiempos señalados debe ofrecer a los miembros de las FARC, todas las condiciones y seguridades para que el mismo se pueda dar, comenzando por habilitar los campamentos y zonas de localización con todas las comodidades habitacionales y logísticas, para una larga permanencia que seguramente superará los 180 días previstos para el proceso. Un trabajo conjunto de la capacidad de la guerrilla y de soldados constructores del batallón de ingenieros podrían en muy breve  tiempo, generar condiciones excepcionales de comodidad.

Además, de las habitaciones estas ZVTN deben contar con un puesto salud, instalaciones para que funcionen programas académicos y de formación, oficinas de administración y solución de conflictos, restaurantes comunitarios..., entre otras necesidades infraestructuras para su funcionamiento. En mi concepto deben ser pequeños y medianos caseríos, con electrificación, agua potable y conectividad.

 Es necesario garantizar en las ZVNT las mejores condiciones sanitarias y evitar por todos los medios situaciones de hacinamiento. Para efectos de la normalización las zonas veredales deben ir superando las condiciones campamentarias, propias de la vida guerrillera e ir adquiriendo las condiciones de vivienda regular y las comodidades que les corresponde en medio de las limitaciones existentes.

Las labores de abastecimiento de alimentos y logística, deben contar con mecanismos de eficiencia y celeridad y, debe vincular y beneficiar a las economías locales hasta donde estas estén en posibilidad de garantizar con eficiencia y calidad lo que se requiera. Igual, instituciones como la Registraduria del Estado Civil, debe proceder a la cedulación de las personas que se encuentran en las zonas veredales y campamentos, porque este requerimiento es indispensable para que los reincorporados se beneficien de los servicios y apoyos del Estado.

Otra institución que debe hacer presencia, con programas prioritarios y especiales es el Ministerio y las Secretarias de Salud, dirigidos en lo esencial a atención básica en salud, salud oral, atención psicosocial, salud para la mujer, entre otros programas que puedan resultar necesarios.

Es absolutamente claro, que estas zonas deben desarrollar programas de educación básica y media y, educación para el trabajo, la paz, la vida social y democrática, así como actividades de carácter cultural y deportivo.

En muy corto tiempo hay que construir las seguridades del proyecto de vida individual, familiar y colectivo de la comunidad de las FARC y, diseñar las rutas para que la reincorporación sea exitosa y no genere los traumatismos y deformaciones que se han producido en otros procesos. El éxito, de esta fase depende en gran medida de la construcción de un modelo colectivo de reincorporación unido, no solo a la construcción del nuevo movimiento político, sino, de proyectos productivos de economía solidaria capaces de generar desarrollo local y regional y, las seguridades de ingresos económicos permanentes de los reincorporados.        

Tercero. El éxito del proceso se garantiza si los mandos de las FARC, se hacen responsables del proceso de reincorporación conjuntamente con el gobierno, sobre todo, si esta se realiza en torno a procesos colectivos sociales y productivos, dirigidos a construir ciudadanía y garantizar derechos fundamentales y, desde luego, en relación con su proceso organizativo de carácter político. Para ello el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) y, en general, todos los miembros de las FARC, articulados a los procesos de monitores,  seguimiento, verificación  de la implementación y, de reincorporación deben contar con las libertades, seguridades, recursos para realizar su trabajo. Es de resaltar que pese a todos los obstáculos existentes, las FARC han entendido la situación y se han dispuesto para aceptar temporalmente condiciones no previstas, pero que esa situación no puede tornarse permanente sin generar graves problemas
 
Cuarto. Una superior urgencia la constituye la realización del Censo Socioeconómico, pues es a partir de él, que se caracteriza a la comunidad de las FARC, se diagnostica su situación socioeconómica y se establecen los programas y las prioridades en relación con las acciones a emprender. Ese censo, el Acuerdo lo encomienda a la Universidad Nacional de Colombia, que ya viene trabajando sobre el mismo y comienza a reunirse con la CNR, para llegar a los acuerdos necesarios para su realización.

No se trata de un censo cualquiera dirigido a conseguir información y procesarla, por la naturaleza de la población y los propósitos del mismo, es un censo indicativo y orientador, mediado por una pedagogía de construcción individual y colectiva de futuro y, tal como lo señala en acuerdo debe tomar en consideración los intereses sociales, culturales, económicos y políticos de la comunidad de miembros de las FARC. 

Quinto. La seguridad del proceso también depende de la capacidad del Gobierno para detener la ola de criminalidad que de manera sistemática y selectiva se viene desarrollando contra los líderes sociales, comunitarios y políticos de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, de jóvenes estudiantes y defensores de derechos humanos por parte de fuerzas institucionales y paramilitares. Hay que detener la campaña de exterminio que se ha emprendido contra la Marcha Patriótica, porque nunca más en este país puede volver a repetirse el genocidio de la Unión Patriótica.

El Gobierno Nacional, a través de la Fuerza Pública, de sus organismos de inteligencia y contrainteligencia, la Fiscalía, el CTI, el sistema judicial en pleno,  la Procuraduría y las organizaciones de Derechos Humanos deben diseñar e implementar un plan eficiente de desmonte y sometimiento a la justicia de los grupos paramilitares y de las Bandas Criminales que buscan ahora ocupar los territorios que dejan las FARC y,  sancionar de manera ejemplar a los miembros de la Fuerza Pública que mantienen aún relaciones de connivencia con estos grupos.

Los territorios donde se ha desarrollado con mayor intensidad el conflicto armado y ahora se construyen escenarios de paz con sus poblaciones deben quedar bajo la protección eficiente del Estado, como garantía para la construcción de la paz estable y duradera.

De la misma manera el Gobierno tiene que redefinir su comportamiento frente a los movimientos sociales y a la protesta legítima en el marco de lo establecido en el Nuevo Acuerdo, como parte del proceso de ampliación y profundización de la democracia. Es a través del diálogo franco y directo y, del cumplimiento eficiente y oportuno de lo que se acuerda como la conflictividad social se va transformando. En nada ayuda a la construcción de una sociedad democrática y en convivencia pacífica el uso desmedido y brutal de la represión institucional. 

Sexto. Es absolutamente claro que la paz y la implementación de los acuerdos necesita de recursos y, que estos no van provenir de ningún tipo de reforma fiscal o tributaria, sino, de una reorganización focalizada y prioritaria del presupuesto nacional, del precario apoyo de la comunidad internacional y de la lucha contra los carteles de la corrupción encabezados por altos funcionarios del Estado en alianza con empresas de contratistas especializados en desangrar los presupuestos públicos.

El proceso debe sostenerse fundamentalmente con los propios recursos sin hacerse ilusiones con apoyos internacionales significativos, generalmente condicionados. Hay que espantar la voracidad institucional y de las organizaciones no gubernamentales (ONG.s) que suelen estar detrás de la contratación para realizar actividades generalmente inútiles y, prestar especial atención,  a la capacidad ejecutora de las comunidades organizadas en las zonas de implementación de acuerdos. 

Comienza la fase de implementación con grandes dificultades y mayores urgencias, que seguramente se irán superando y resolviendo, si el Estado y las FARC, definen con claridad las rutas a seguir y establecen las cooperaciones necesarias para que los distintos procesos sean exitosos. Lo peor que puede pasar en esta fase es que se inicien los incumplimientos y las mutuas inculpaciones. Este no es un periodo fácil, pues estamos a portas de una campaña electoral cargada de las mayores incertidumbres por el comportamiento ciudadano y político de los opositores al proceso que han enfilado todas sus baterías para regresar al poder y revertir los avances democráticos en materia de paz.


Los próximos 18 meses son definitivos en materia de implementación de acuerdos, los ajustes institucionales y las reformas constitucionales deben hacerse de manera inmediata y con la mayor responsabilidad y, deben ser acompañados por la sociedad civil, los movimientos sociales y políticos, los organismos de derechos humanos y, una comunidad internacional solidaria.