URGENCIAS Y RETOS DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO DE PAZ.

CARLOS MEDINA GALLEGO

Docente – Investigador

Universidad Nacional de Colombia

Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz

No han sido pocos los obstáculos por los que ha tenido que atravesar el acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP y no son menos los que va a tener que enfrentar hacia el futuro cuando quede atrapado en la urdimbre paquidérmica y burocrática del Estado en la fase de implementación, la que ya está envuelta en múltiples dificultades en los aspectos operativos más elementales, sin que se hayan iniciado las acciones de fondo que comprometen ajustes institucionales y reformas constitucionales.

Pero como cada momento tiene su propia angustia, es necesario y urgente ir resolviendo en el día a día cada obstáculo que se va presentando. Existen al menos en la puerta de entrada a la implementación seis URGENCIAS, que se deben atender:

Primero. Aprobado por la Corte Constitucional, el Fast Track, debe tener curso rápido una Ley de Amnistía y producirse el indulto necesario para que guerrilleros, milicianos y licenciados marchen hacia las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), con las seguridades jurídicas que se requieren, sin que ello implique que queden absueltos, de asistir a los tribunales de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Las FARC han dado a conocer los nombres de las personas que los representaran en las discusiones del Congreso de la Republica, a través de las cuales se elaboraran las normas que pondrán en marcha el contenido específico de los acuerdos; estos representantes están  articulados todos al movimiento Voces de Paz, y provienen de lo esencial de la academia y del movimiento social y político. Su primera tarea es estar atentos a la aprobación de la Ley de Amnistía.  

Segundo. Si el Gobierno Nacional, quiere que el proceso de dejación de armas, se de en los tiempos señalados debe ofrecer a los miembros de las FARC, todas las condiciones y seguridades para que el mismo se pueda dar, comenzando por habilitar los campamentos y zonas de localización con todas las comodidades habitacionales y logísticas, para una larga permanencia que seguramente superará los 180 días previstos para el proceso. Un trabajo conjunto de la capacidad de la guerrilla y de soldados constructores del batallón de ingenieros podrían en muy breve  tiempo, generar condiciones excepcionales de comodidad.

Además, de las habitaciones estas ZVTN deben contar con un puesto salud, instalaciones para que funcionen programas académicos y de formación, oficinas de administración y solución de conflictos, restaurantes comunitarios..., entre otras necesidades infraestructuras para su funcionamiento. En mi concepto deben ser pequeños y medianos caseríos, con electrificación, agua potable y conectividad.

 Es necesario garantizar en las ZVNT las mejores condiciones sanitarias y evitar por todos los medios situaciones de hacinamiento. Para efectos de la normalización las zonas veredales deben ir superando las condiciones campamentarias, propias de la vida guerrillera e ir adquiriendo las condiciones de vivienda regular y las comodidades que les corresponde en medio de las limitaciones existentes.

Las labores de abastecimiento de alimentos y logística, deben contar con mecanismos de eficiencia y celeridad y, debe vincular y beneficiar a las economías locales hasta donde estas estén en posibilidad de garantizar con eficiencia y calidad lo que se requiera. Igual, instituciones como la Registraduria del Estado Civil, debe proceder a la cedulación de las personas que se encuentran en las zonas veredales y campamentos, porque este requerimiento es indispensable para que los reincorporados se beneficien de los servicios y apoyos del Estado.

Otra institución que debe hacer presencia, con programas prioritarios y especiales es el Ministerio y las Secretarias de Salud, dirigidos en lo esencial a atención básica en salud, salud oral, atención psicosocial, salud para la mujer, entre otros programas que puedan resultar necesarios.

Es absolutamente claro, que estas zonas deben desarrollar programas de educación básica y media y, educación para el trabajo, la paz, la vida social y democrática, así como actividades de carácter cultural y deportivo.

En muy corto tiempo hay que construir las seguridades del proyecto de vida individual, familiar y colectivo de la comunidad de las FARC y, diseñar las rutas para que la reincorporación sea exitosa y no genere los traumatismos y deformaciones que se han producido en otros procesos. El éxito, de esta fase depende en gran medida de la construcción de un modelo colectivo de reincorporación unido, no solo a la construcción del nuevo movimiento político, sino, de proyectos productivos de economía solidaria capaces de generar desarrollo local y regional y, las seguridades de ingresos económicos permanentes de los reincorporados.        

Tercero. El éxito del proceso se garantiza si los mandos de las FARC, se hacen responsables del proceso de reincorporación conjuntamente con el gobierno, sobre todo, si esta se realiza en torno a procesos colectivos sociales y productivos, dirigidos a construir ciudadanía y garantizar derechos fundamentales y, desde luego, en relación con su proceso organizativo de carácter político. Para ello el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) y, en general, todos los miembros de las FARC, articulados a los procesos de monitores,  seguimiento, verificación  de la implementación y, de reincorporación deben contar con las libertades, seguridades, recursos para realizar su trabajo. Es de resaltar que pese a todos los obstáculos existentes, las FARC han entendido la situación y se han dispuesto para aceptar temporalmente condiciones no previstas, pero que esa situación no puede tornarse permanente sin generar graves problemas

 
Cuarto. Una superior urgencia la constituye la realización del Censo Socioeconómico, pues es a partir de él, que se caracteriza a la comunidad de las FARC, se diagnostica su situación socioeconómica y se establecen los programas y las prioridades en relación con las acciones a emprender. Ese censo, el Acuerdo lo encomienda a la Universidad Nacional de Colombia, que ya viene trabajando sobre el mismo y comienza a reunirse con la CNR, para llegar a los acuerdos necesarios para su realización.

No se trata de un censo cualquiera dirigido a conseguir información y procesarla, por la naturaleza de la población y los propósitos del mismo, es un censo indicativo y orientador, mediado por una pedagogía de construcción individual y colectiva de futuro y, tal como lo señala en acuerdo debe tomar en consideración los intereses sociales, culturales, económicos y políticos de la comunidad de miembros de las FARC. 

Quinto. La seguridad del proceso también depende de la capacidad del Gobierno para detener la ola de criminalidad que de manera sistemática y selectiva se viene desarrollando contra los líderes sociales, comunitarios y políticos de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, de jóvenes estudiantes y defensores de derechos humanos por parte de fuerzas institucionales y paramilitares. Hay que detener la campaña de exterminio que se ha emprendido contra la Marcha Patriótica, porque nunca más en este país puede volver a repetirse el genocidio de la Unión Patriótica.

El Gobierno Nacional, a través de la Fuerza Pública, de sus organismos de inteligencia y contrainteligencia, la Fiscalía, el CTI, el sistema judicial en pleno,  la Procuraduría y las organizaciones de Derechos Humanos deben diseñar e implementar un plan eficiente de desmonte y sometimiento a la justicia de los grupos paramilitares y de las Bandas Criminales que buscan ahora ocupar los territorios que dejan las FARC y,  sancionar de manera ejemplar a los miembros de la Fuerza Pública que mantienen aún relaciones de connivencia con estos grupos.

Los territorios donde se ha desarrollado con mayor intensidad el conflicto armado y ahora se construyen escenarios de paz con sus poblaciones deben quedar bajo la protección eficiente del Estado, como garantía para la construcción de la paz estable y duradera.

De la misma manera el Gobierno tiene que redefinir su comportamiento frente a los movimientos sociales y a la protesta legítima en el marco de lo establecido en el Nuevo Acuerdo, como parte del proceso de ampliación y profundización de la democracia. Es a través del diálogo franco y directo y, del cumplimiento eficiente y oportuno de lo que se acuerda como la conflictividad social se va transformando. En nada ayuda a la construcción de una sociedad democrática y en convivencia pacífica el uso desmedido y brutal de la represión institucional. 

Sexto. Es absolutamente claro que la paz y la implementación de los acuerdos necesita de recursos y, que estos no van provenir de ningún tipo de reforma fiscal o tributaria, sino, de una reorganización focalizada y prioritaria del presupuesto nacional, del precario apoyo de la comunidad internacional y de la lucha contra los carteles de la corrupción encabezados por altos funcionarios del Estado en alianza con empresas de contratistas especializados en desangrar los presupuestos públicos.

El proceso debe sostenerse fundamentalmente con los propios recursos sin hacerse ilusiones con apoyos internacionales significativos, generalmente condicionados. Hay que espantar la voracidad institucional y de las organizaciones no gubernamentales (ONG.s) que suelen estar detrás de la contratación para realizar actividades generalmente inútiles y, prestar especial atención,  a la capacidad ejecutora de las comunidades organizadas en las zonas de implementación de acuerdos. 

Comienza la fase de implementación con grandes dificultades y mayores urgencias, que seguramente se irán superando y resolviendo, si el Estado y las FARC, definen con claridad las rutas a seguir y establecen las cooperaciones necesarias para que los distintos procesos sean exitosos. Lo peor que puede pasar en esta fase es que se inicien los incumplimientos y las mutuas inculpaciones. Este no es un periodo fácil, pues estamos a portas de una campaña electoral cargada de las mayores incertidumbres por el comportamiento ciudadano y político de los opositores al proceso que han enfilado todas sus baterías para regresar al poder y revertir los avances democráticos en materia de paz.

Los próximos 18 meses son definitivos en materia de implementación de acuerdos, los ajustes institucionales y las reformas constitucionales deben hacerse de manera inmediata y con la mayor responsabilidad y, deben ser acompañados por la sociedad civil, los movimientos sociales y políticos, los organismos de derechos humanos y, una comunidad internacional solidaria.