SOBRE EL “GOBIERNO DE TRANSICION”

CARLOS MEDINA GALLEGO

Docente Investigador

Universidad Nacional de Colombia

Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz (CPSPP)

El período de transición es una fase del proceso de paz en el que se sacan adelante las reformas constitucionales y se hacen los ajustes institucionales que permiten que lo acordado en la mesa de conversaciones tenga curso y pueda impulsarse a cabalidad. Ese período requiere de un gobierno que se comprometa a fondo con materializar las distintas iniciativas que constituyen los cambios necesarios para poder edificar el país en un ámbito de mayor equidad y democracia. No se trata de ningún complot comunista o Castro-Chavista, idea que sólo se encuentra en los imaginarios de una oposición delirante y carente de todo interés en la Paz.

Ese gobierno de transición debe estar conformado por una amplia coalición política qué comprometa a la totalidad de los partidos de la izquierda y derecha democrática, a los movimientos sociales y en general a una ciudadanía dispuesta a jugarse a fondo en la construcción de una paz estable y duradera. Es un gobierno dispuesto a promover las reformas necesarias para el desarrollo rural y campesino, la ampliación y la profundización de la democracia,  la reforma al sistema político y electoral, la expedición del estatuto de oposición, la lucha decidida contra la corrupción y el paramilitarismo,  la erradicación y sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito,  así como,  el reconocimiento absoluto de los derechos de las víctimas y la implementación de las acciones y políticas que garanticen la reincorporación de la comunidad de las FARC a la vida social, económica y política de la nación en un ambiente de garantías y seguridades suficientes. 

El gobierno de transición tiene la responsabilidad de devolverle al país la confianza en sus instituciones y a la nación la esperanza que una sociedad sin violencia y mejor es posible; garantizar a los reincorporados las certezas necesarias sobre su seguridad y el respeto por sus derechos ciudadanos recuperados y en capacidad de ser ejercidos a plenitud. Un gobierno que se abre a la participación política democrática de sus adversarios y construye los escenarios en que es posible la protesta legítima sin los temores de la persecución, la amenaza y la muerte.

El gobierno de transición no tiene como ruta una alianza perversa dirigida contra sectores de la oposición y de la Paz y como propósito el establecimiento de una hegemonía política dominante y autoritaria, excluyente y polarizante. Por el contrario, busca construir un modelo de democracia en el que los sectores tradicionalmente excluidos pueden expresarse en los distintos espacios de la vida política nacional y de la administración pública estatal en una democracia que reconoce y respeta los derechos de todos.

El gobierno es de transición en la medida en que lleva la sociedad colombiana de los escenarios del conflicto armado y de la guerra a una sociedad con conflictos pero sin armas, es de transición en el sentido de ir de la guerra a un modelo de paz con mayor justicia, incluyente, equitativo y democrático.

Los retos que ha dejado el nuevo acuerdo no se pueden encomendar a un gobierno cualquiera, que desconozca y eche por la borda todos los esfuerzos realizados hasta ahora por las partes y revierta de manera abrupta los logros alcanzados o que incurra en un franco desconocimiento de los mismos y del acuerdo en general, lo que sin duda puede ocurrir, porque hoy el acuerdo se encuentran a la deriva de la voluntad política del actual gobierno y en la incertidumbre de cual podrá ser el futuro gobierno… que es el que los lleva en el camino de la implementación y garantiza su cumplimiento o, redefine la ruta y cambia su naturaleza.  

Por esta razón, cuando se habla de un gobierno de transición,  se hace referencia en lo esencial al gobierno que sigue a la firma de los acuerdos y que se compromete a fondo en su implementación. Las incertidumbres que se abren en relación con el próximo gobierno, dado el panorama político nacional,  no son pocas, lo que obliga a plantearse con responsabilidad las características del próximo gobierno, que indiscutiblemente, no va a ser de izquierda, ni comunista, ni socialista, a duras penas,  si coinciden y concretan las voluntades políticas, será un gobierno de corte liberal democrático y en el marco de los condicionamientos del modelo neoliberal

Pero la pregunta que debe mover la reflexión es: ¿qué es lo que va a hacer ese gobierno en materia de paz, para que reciba la denominación de gobierno de transición?...

Además de las señaladas, son muchas e importantes las acciones que debe emprender ese nuevo gobierno para que se consolide un escenario de convivencia democrática y desarrollo social y económico que posibilite la construcción de una paz estable y duradera, en las próximas dos o tres décadas, acciones que están unidas a la implementación de los acuerdos y que se pueden enunciar en los siguientes términos: 

1.    El gobierno de transición y el desarrollo rural integral                 

El gobierno de transición, tiene la responsabilidad de avanzar en la reducción de la pobreza rural implementando una Reforma Rural Integral, para lo cual tomara en consideración la ejecución de programas que trasformen sustancialmente la vida rural y campesina, fortaleciendo su economía, sin que ello implique la afectación de otros modelos de economía rural y agraria que interactúen y posibiliten el desarrollo de la primera.

Definir con claridad e impulsar de manera decidida el Fondo de Tierras de conformidad con la Constitución Política y la ley vigente y lo que esta contempla en materia de expropiación administrativa por motivos de interés social y utilidad pública y de la extinción administrativa del derecho de dominio por inexplotación. Así como encontrar los recursos necesarios para el fortalecimiento del fondo y su funcionamiento adecuado y eficiente.   

Garantizar la protección del Derecho a la Propiedad Privada  en particular de los pequeños agricultores y campesinos, con el propósito de evitar nuevos conflictos sobre la tierra. Hacer efectivas las disposiciones del acuerdo en lo relacionado a que sean  las víctimas beneficiarios prioritarios del Fondo de Tierras y de la Reforma Rural Integral en general.

 Regularizar los derechos de propiedad de los propietarios, ocupantes y poseedores en el marco de las correspondientes aclaraciones sobre las procedencias y tradiciones que existen al respecto de la tenencia y propiedad de la tierra 

Implementar un nuevo modelo de desarrollo rural que establezca un adecuado y equilibrado balance entre la agricultura familiar campesina y la agricultura comercial de escala sin que esta ahogué la primera que es la base esencial de la soberanía y seguridad alimentaria de la nación. La idea que debe primar es la promoción de alianzas estratégicas de la pequeña producción rural con otros modelos, en condiciones de equidad, y el apoyo y protección decidido de la agricultura familiar y campesina.

El fortalecimiento de las zonas de reserva campesina existentes  y la constitución de nuevas  ZRC por parte de la autoridad competente de conformidad con la normatividad vigente, y en el marco de acuerdos claros con las comunidades en los territorios y la definición de los propósitos ambientales, sociales y productivos de las mismas.  

Al gobierno de transición le corresponde guiar el levantamiento de un nuevo catastro que supone evidentemente un nuevo avalúo catastral, y,  consecuentemente, una nueva responsabilidad tributaria, que es el temor mayor de los grandes propietarios de tierras inexplotadas,  para ellos una formalización de los títulos y la modernización del catastro iría en contra de sus intereses, acostumbrados a la evasión de impuestos en el ámbito de la propiedad rural. El gobierno de transición tendrá que constituir una instancia de alto nivel que contribuya resolver conflictos de tenencia, uso y propiedad del suelo y establezca unos lineamientos claros al respecto.

Igualmente el gobierno de transición tendrá la responsabilidad de transformar la cultura de las comunidades de manera que se involucren en la priorización, ejecución y seguimiento de los proyectos y se fortalezca la confianza en las instituciones, desgastada en una larguísimo proceso de burlas e incumplimientos.

En general, en relación con este punto,  el gobierno de transición debe orientar y contribuir a la trasformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando las condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural, implementando una Reforma Rural Integral con enfoque territorial,  que integre las regiones, ayude a erradicar la pobreza promueva la igualdad y asegure el pleno derechos de los campesinos como sector social y ciudadanos.   

2.    El gobierno de transición y la participación política                

En materia de participación el gobierno de transición tiene grandes responsabilidades y obligaciones, la mayoría de ellas, deudas históricas con la Constitución del 91, que pueden ubicarse en tres grandes bloques: la reforma al sistema político y electoral; el reconocimiento amplio y seguro de los derechos de la oposición y;  la ampliación y profundización de la democracia en general.

Una deuda mayor tiene el Estado colombiano con la expedición del Estatuto de Oposición en cumplimiento de la obligación constitucional consagrada en el artículo 112 de la CP de 1991 y que el Acuerdo de Paz con las FARC ha colocado en la agenda política y legislativa nacional como prioridad. El gobierno actual y el  de transición queda en la obligación de tramitar una ley que reglamente los derechos de la oposición, defina las garantías que deben tener los partidos que se declaran en oposición al gobierno de manera que puedan “ejercer libremente la función crítica frente a este, y plantear y desarrollar alternativas políticas”.  Ese estatuto debe contemplar, igualmente, el derecho de acceso a la información y a la documentación oficial, el uso de los medios de comunicación y la réplica en los mismos frente a información incorrecta  Y/o mal intencionada.

Igualmente, el gobierno de transición tiene la responsabilidad y obligación institucional de promover el fortalecimiento de las organizaciones sociales, comunitarias y de víctimas para que puedan participar en las Circunscripciones Transitorias, garantizando los mecanismos, procedimientos y recursos para que estas poblaciones hagan uso democrático de esos espacios de representación. 

Igualmente, el gobierno de transición, tienen que desarrollar los planes y programas e impulsar las políticas que sean necesarias para combatir las organizaciones criminales del paramilitarismo y las bandas criminales, detener la ola de asesinatos de líderes sociales, políticos y comunitarios y, garantizar y proteger,  la movilización y la protesta legitima  con pleno respeto a los derechos humanos.

Un trabajo de adecuación normativa y de nueva legislación debe emprender el gobierno de transición para garantizar el acceso al sistema político de nuevas movimientos, fuerzas políticas y partidos, con el debido reconocimiento, su correspondiente personería jurídica y con la financiación necesaria para que puedan participar en igualdad de condiciones a otros partidos y fuerzas políticas en una atmosfera democrática construida desde el más amplio pluralismo político y respeto por las minorías y la diferencia. 

Tarea esencial ha de desarrollar el gobierno de transición para garantizar la apertura democrática necesaria y construir una sociedad en paz, fortalecida por el pluralismo representado en las distintas visiones y diferentes intereses de la sociedad colombiana con las debidas seguridades y garantías para la participación en política trasformando el sistema y el régimen de la organización electoral.

En síntesis, en relación con este punto, El gobierno de transición debe garantizar la apertura democrática necesaria para construir una sociedad en paz, fortaleciendo el pluralismo y ofreciendo las debidas seguridades y garantías para la participación en política de las nuevas fuerzas, movimientos y partidos políticos resultantes del proceso de finalización del conflicto armado.

Igualmente, el gobierno de transición debe garantizar el acceso democrático a los medios de comunicación para que las fuerzas, movimientos y partidos políticos existentes y nuevos puedan dar a conocer y divulgar sus plataformas y programas políticos. 

3.    El gobierno de transición y la trasformación de las FARC en movimiento político y en organización social y económica.  

El paso de la actividad militar a la actividad, social, económica y política de los miembros de las FARC es parte de las tareas que el actual gobierno debe empezar, pero que es el gobierno de transición el que debe desarrollar en profundidad.

La reintegración política de las FARC a la vida institucional y democrática de la nación es la esencia del acuerdo de paz y una responsabilidad mayor del gobierno de transición.   Esa reintegración requiere que el nuevo movimiento político adquiera los reconocimientos y apoyos necesarios para que en su inicio pueda desarrollar las acciones pertinentes para su institucionalización política, el desarrollo de su centro de pensamiento y su debida financiación.

Sin embargo, esa es una entre otras tareas que el gobierno de transición debe desarrollar y que comprometen la reincorporación de los miembros de la comunidad de la FARC a las actividades socioeconómicas y culturales que garantizan su socialización institucional y la sobrevivencia económica de sus miembros. En ese aspecto, este proceso innova en dar prioridad a la reincorporación comunitaria y colectiva sobre la individual y familiar, sin que estas se desconozcan, sino que se resignifican en un ámbito más comunitario y cooperativo a través de la propuesta de Ecomún.  Así mismo debe favorecer la atención en salud de los reincorporados y una oferta educativa los suficientemente amplia y pertinente como para que se produzcan los procesos de alfabetización, profesionalización y desarrollo de competencias para el trabajo productivo y social que garantice el éxito del proceso de reincorporación.       

El gobierno de transición tendrá la responsabilidad de conformar y poner en marcha  la Comisión de Garantías de Seguridad y del diseño de las políticas para combatir a las organizaciones criminales y así como de impulsar la creación de la Unidad Especial de Investigación para persistir y concretar su desmantelamiento,  Unidad que funcionara en coordinación con las demás unidades de la Fiscalía General de la Nación. De la misma manera crear el cuerpo de seguridad y protección de los directivos y representantes más reconocidos del nuevo partido político,  cuerpo de seguridad que dependerá de una Subdirección de la Unidad Nacional de Protección.

En síntesis, el actual gobierno y el gobierno de transición, tienen y tendrán, la responsabilidad de preparar la institucionalidad y al país para la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil,  en lo económico, lo social y lo político y sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera. Es de relevante importancia para el proceso las  garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

Conforme lo establece el acuerdo, el actual gobierno y el de transición para cumplir con este fin, debe propiciar un Pacto Político Nacional que convoque a todas las fuerzas políticas de la nación en la construcción de la paz, propicie y fortalezca la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad,  la Unidad Especial de Investigación; el Cuerpo Élite en la Policía Nacional,  el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política; el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios; y las Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción, tareas total de largo aliento.

4.    El gobierno de transición y la lucha contra el narcotráfico

Un reto especial tiene el gobierno de transición en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico que comprometen involucramientos de la ilegalidad que erosionan y descomponen la institucionalidad política, económica,  social y democrática de la nación.

Para construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, que enfrente la cadena de producción, comercialización y consumo.  Para ello, siguiendo las líneas de lo acordado en los diálogos de paz Gobierno-FARC, el gobierno de transición debe operar dentro de nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública.

5.    El gobierno de transición y los derechos de las víctimas del conflicto armado.

Tal vez una de las características más sobresalientes del proceso de paz del Gobierno con las FARC es que se colocó al centro de las conversaciones los derechos de las víctimas  y se explicitó que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo.

El actual gobierno y el gobierno de transición tiene la responsabilidad de crear, impulsar y consolidar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios en el desarrollo del conflicto armado por la totalidad de los actores.

El impulso de ese Sistema Integral está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado; la Jurisdicción Especial para la Paz; las Medidas de reparación integral para la construcción de la paz; y las Garantías de No Repetición.

El gobierno de transición tiene la enorme responsabilidad de evitar el regreso al conflicto armado y trabajar en la búsqueda de una paz completa que involucra los diálogos con el ELN y el EPL y la formulación de una política de sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales que hayan sido denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.   

A manera de conclusión

Nada distinto a las tareas del orden constitucional  y a los ajustes institucionales que sean necesarios para la implementación del nuevo acuerdo en el marco de un plan de desarrollo más amplio que tome en consideración los intereses de todos los sectores sociales, constituye la naturaleza de un gobierno de transición.

  

Se trata de un gobierno que satisfaga los derechos fundamentales como son los derechos políticos, sociales, económicos y culturales; los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia y la reparación; el derecho de los niños, niñas y adolescentes; los derechos de las mujeres, comunidades étnicas y campesinas; el derecho de libertad de culto y de su libre ejercicio; el derecho fundamental a la seguridad jurídica individual y/o colectiva y a la seguridad física; y el derecho fundamental de cada individuo y de la sociedad a no sufrir la repetición de la tragedia del conflicto armado interno. 

Eso es lo que se propone un gobierno de transición.