HACIA UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD CIUDADANA HUMANA, DEMOCRÁTICA Y PROFESIONAL.

 

A CLAUDIA GOMEZ  por sus valiosos  aportes a los estudios sobre la seguridad ciudadana y la institución policial.

En un contexto de complejas transiciones sociales, conflictos persistentes, desconfianza ciudadana y mayor demanda de seguridad, los problemas de la seguridad ciudadana no pueden continuar siendo  un asunto exclusivamente policial o de aplicación  del ejercicio de la fuerza bruta del Estado.

 Hoy  se impone la necesidad de redefinir el modelo de seguridad, ampliando su mirada desde una perspectiva centrada en el concepto de seguridad humana, que coloque en el centro la dignidad de las personas, sus derechos y la convivencia pacífica en los territorios.

Este nuevo enfoque exige una transformación profunda de la política de seguridad ciudadana, que articule tres grandes pilares: la creciente profesionalización de la policía, la concurrencia integral de la institucionalidad estatal y la participación activa y consciente de las comunidades.

 No se trata solo de garantizar el orden público, sino de construir seguridad con legitimidad, confianza y proximidad entre ciudadanos y agentes del Estado.

I. Seguridad humana: una nueva concepción de la seguridad

La seguridad humana implica proteger a las personas no solo frente al delito, sino también frente a amenazas estructurales como la pobreza, la exclusión, la violencia institucional, el abandono estatal y la impunidad. En este marco, la seguridad deja de ser un privilegio de unos pocos o una herramienta de represión, para convertirse en un derecho que debe ser garantizado por el Estado con enfoque de derechos humanos, género, etnia y territorio.

Para materializar este enfoque, se requiere una reorganización profunda de la Policía Nacional, que supere los modelos de corte militarista y autoritario heredados del conflicto armado, para convertirse en una institución civil al servicio de la ciudadanía, de carácter preventivo, respetuosa de las libertades, que proteja la vida y los derechos fundamentales.

II. La profesionalización de la Policía: entre la formación, la ética y la legitimidad

La profesionalización de la policía no puede limitarse a capacitaciones técnicas. Requiere una formación integral, permanente y crítica en derechos humanos, resolución de conflictos, manejo de crisis, derechos civiles, historia del país, legislación nacional e internacional, salud mental y enfoque diferencial. La policía no puede seguir funcionando como un aparato reactivo y violento, sino como un cuerpo que actúe con criterio ético, empatía y vocación de servicio público.

En este proceso, es indispensable una revisión profunda de la estructura institucional de la Policía, que reorganice sus aspectos administrativos, operativos y formativos. Esta reorganización debe centrarse en:

Fortalecer los mecanismos de control interno y externo, con participación ciudadana y veeduría social.

Separar funciones civiles y militares, delimitando claramente el papel constitucional de la Policía como fuerza civil y no como brazo represivo del Estado.

Reformular el sistema de ascensos, priorizando el mérito, la conducta ética, la formación en derechos humanos y la capacidad de liderazgo democrático.

Ampliar la presencia territorial de la policía comunitaria, orientada al diálogo, la mediación y la construcción de confianza con las comunidades.

III. Concurrencia institucional: más allá del modelo policial

 La seguridad ciudadana no puede ser responsabilidad exclusiva de la Policía Nacional. Por el contrario, exige una concurrencia real y efectiva de todas las instituciones públicas —justicia, salud, educación, desarrollo social, cultura, planeación, entes territoriales— en articulación con los procesos organizativos y sociales de las comunidades.

Este modelo debe promover:

1.  Mesas locales de seguridad ciudadana con participación comunitaria, donde se analicen los problemas de cada territorio y se construyan soluciones concertadas.
2.  Rutas de atención interinstitucional para víctimas de violencia, priorizando a las poblaciones más vulnerables (niñez, mujeres, disidencias sexuales, líderes sociales).
3. Planes integrales de convivencia y cultura ciudadana, que fortalezcan el tejido social y generen dinámicas colectivas de cuidado mutuo, solidaridad y participación.
4.  La articulación interinstitucional debe convertirse en el principio operativo de la política de seguridad, reconociendo que no hay seguridad si no hay educación, salud, empleo digno y justicia eficaz. 

IV. La comunidad como protagonista de la seguridad legítima

 No es posible construir una política de seguridad ciudadana legítima sin una comunidad informada, empoderada y corresponsable. El alejamiento entre las comunidades y la policía ha sido fuente constante de desconfianza, abusos y violencia. Por ello, es urgente cerrar esa brecha.

 La proximidad policial debe basarse en el respeto mutuo, la pedagogía del cuidado y el acompañamiento institucional. La comunidad debe participar activamente en la vigilancia de las actuaciones policiales, en los planes de prevención del delito, en las campañas de cultura ciudadana y en la definición de las prioridades territoriales en materia de seguridad.

 Se requiere una policía cercana, transparente, visible y dialogante, que entienda que la legitimidad no se impone con uniforme ni con armas, sino que se construye día a día en las calles, los barrios, las veredas y los territorios más excluidos.

V. Policía civil: la urgencia de su desmilitarización

 Uno de los temas más sensibles de la reforma policial es su desmilitarización real. La Policía debe dejar de funcionar como una institución de guerra y pasar a ser una fuerza de carácter civil y ciudadano, como lo establece la Constitución.

 Esto implica:

1. Retirar a la policía del Ministerio de Defensa y reubicarla en una cartera civil como el Ministerio del Interior o un Ministerio de Seguridad Ciudadana con enfoque de derechos.
2. Sustituir la doctrina de enemigo interno por una doctrina del cuidado, la prevención y la protección ciudadana.
3. Definir claramente los roles, límites y atribuciones de la Policía en consonancia con los estándares constitucionales, eliminando ambigüedades que han favorecido el abuso de poder y el uso desproporcionado de la fuerza.

La legítima protesta social, consagrada como derecho fundamental, debe ser respetada por la Policía. No puede seguir tratándose como amenaza, sino como una expresión legítima de la ciudadanía en una democracia robusta. La respuesta no puede ser la represión, sino el acompañamiento preventivo, la mediación y la garantía de derechos.

 VI. Cuidar a quienes cuidan: salud mental y condiciones laborales dignas

Una policía más humana también requiere humanizar las condiciones de vida y trabajo de sus agentes. La salud mental de los policías ha sido históricamente relegada, generando consecuencias graves: depresión, violencia intrafamiliar, suicidios, estrés crónico, agresividad y adicciones.

Es indispensable implementar una política de salud mental integral para los miembros de la institución, que contemple:

1. Atención psicológica permanente y especializada.
2. Espacios de descompresión emocional tras situaciones de alto impacto.
3. Procesos de formación en inteligencia emocional, autocuidado y gestión del estrés.
4.  Estrategias para la armonización de la vida laboral y familiar, que reduzcan la sobrecarga, la rotación desmedida y las jornadas extendidas sin compensación.

 No se puede exigir respeto por la vida si quienes deben garantizarla viven bajo condiciones de precariedad, violencia simbólica o institucional y abandono emocional. Cuidar a quienes cuidan debe ser una prioridad ética y estructural.

VII. Una política de seguridad con enfoque de derechos, democracia y paz

 La reforma a la política de seguridad ciudadana debe ir mucho más allá de un simple cambio de nombre o de uniforme. Se trata de repensar el papel del Estado en la vida de las personas y en los territorios desde una lógica democrática, participativa y garantista.

 Una política de seguridad eficiente y legítima se fundamenta en:

  La profesionalización humanista de la Policía Nacional.

1. La articulación de toda la institucionalidad pública en torno a la seguridad humana.
2. La participación activa de las comunidades como sujetos de derechos y corresponsables de la seguridad.
3.  El respeto irrestricto por la vida, la dignidad, la protesta social y las libertades ciudadanas.
4. La desmilitarización y redefinición de los roles institucionales en consonancia con la Constitución.
5.  El bienestar psicosocial, laboral y familiar de quienes prestan el servicio policial.

 En una sociedad como la colombiana, marcada por décadas de violencia estructural, autoritarismo y desconfianza, no hay tarea más urgente que reconciliar la seguridad con la democracia y la legalidad con la dignidad humana. Una policía cercana, legítima y respetuosa de la ciudadanía es uno de los pilares para alcanzar esa transformación.

 La seguridad ciudadana no puede construirse con miedo, sino con confianza. No con represión, sino con derechos. No desde arriba, sino desde las comunidades. Es hora de construir una seguridad para la vida, la convivencia y la paz.