Reformas al Sistema Electoral Colombiano y ampliación de la democracia política

CARLOS MEDINA GALLEGO

Docente Investigador

Universidad Nacional de Colombia

Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz (CPSPP)

El Ministerio del Interior,  conjuntamente,  con el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria y el Centro Carter, en el marco de los Diálogos Políticos para la Apertura Democrática – EN LA RUTA DE LA PAZ, el pasado 24 y 25 de Marzo, en la ciudad de Cartagena,  invitaron a las instituciones que tienen que ver con el sistema electoral (Partidos, Movimientos Sociales, Consejo Nacional Electoral, Registraduría del Estado Civil, Consejo de Estado, Procuraduría y Contraloría General de la Nación, presidentes de Senado y Cámara, Academia, entre otros invitados nacionales y extranjeros) a un taller de trabajo en el que la Misión Electoral Especial (MEE), da a conocer y coloca ante la opinión pública, un avance de los resultados del trabajo encomendado por el Acuerdo del Colón en el punto de participación política, dirigido a ajustar y reformar el Sistema Electoral Colombiano en el camino de hacerlo más eficiente y transparente.

El taller resulto altamente “positivo”, en la medida en que pudieron expresarse con especial responsabilidad todos los sectores incluyendo al Centro Democrático, que una vez más, puso de presente su autismo para escuchar a otros sectores y ver reflejadas sus propuestas en las formulaciones de la MEE. El diálogo pluralista y amplio resulto ser un buen indicador de las posibilidades y alcances reales que puede tener una propuesta de reforma al sistema electoral en un momento como el actual de implementación de acuerdos de paz y a portas de un proceso electoral.

Al menos se pudieron detectar tres tendencias en materia de intención de apoyo de cambios al sistema electoral.

Una primera tendencia,  con gran fuerza,  que piensa que los ajustes hay que hacerlos en tres sentidos y en perspectiva de que los mismos puedan ponerse en marcha en las elecciones que se avecinan: 

 Primero, persistir en el fortalecimiento de la institución partidaria creando las condiciones del orden constitucional para facilitar los procesos,  lo que demanda regular la democracia interna de los partidos,  de tal manera,  que todas las expresiones que se den a su interior cuenten con las mismas oportunidades y garantías para la definición de sus liderazgos y de la conducción misma de la institución partidaria. 

Segundo,  el establecimiento de las listas cerradas como criterio esencial para mantener la unidad del partido y los propósitos colectivos, por encima de los intereses electorales y clientelistas  particulares de sus miembros y sus dirigentes y, 

Tercero, la financiación pública de las campañas y de la vida de los partidos, conforme a unos criterios de equidad que permita el funcionamiento adecuado de cada partido desde sus propias necesidades y expectativas de crecimiento.

Una segunda tendencia, que centra su atención en el tema de las coaliciones, lo que en alguna medida implica trabajar sobre el criterio de listas abiertas y voto preferente, que centra su preocupación en la necesidad de disminuir los umbrales, darles mayor participación a los representantes de los territorios y a los sectores étnicos y sociales y, que está de manera clara en sintonía con la financiación pública de los partidos. Esta tendencia en lo esencial está representada por las pequeñas y medianas organizaciones partidarias que sienten que el sistema está hecho para que prevalezcan los grandes partidos contra las minorías políticas.

Una tercera tendencia, que está dividida en dos enfoques frente a un mismo problema, la arquitectura institucional del sistema electoral. El primer enfoque, considera que no es necesario hacer cambios estructurales a las instituciones electorales, que lo que se trata es de hacer reformas que las haga más eficientes y que defina con claridad los roles de cada una de las instituciones detallando con suficiencia los relacionamientos institucionales. Cada una de las instituciones que están involucradas en los procesos electorales defiende su gestión y reclama, pequeños e insignificantes ajustes, sin embargo, algunos consideran que de lo que menos se trata,  en este momento,  es de maquillar unas instituciones  desgastadas por todos los vicios de una democracia enferma de exclusión, clientelismo y corrupción.

El segundo enfoque, considera que la reforma al sistema político pasa por cambios estructurales al régimen de partidos, a los sistemas de participación ciudadana, al sistema electoral y la expedición de un estatuto de oposición que ofrezca garantías y mejore la democracia colombiana haciéndola  más amplia,  profunda e  incluyente. Que la reforma debe tomar en consideración una nueva estructura institucional que transforme el funcionamiento integral del sistema, cree rigurosos y eficientes mecanismos de control y,  juiciosos e independientes tribunales electorales. Considera que los funcionarios de las instituciones del sistema electoral deben trabajar con independencia de los partidos y con autonomía para definir sus propios procesos en el camino de generar un modelo de democracias incluyente, eficiente y transparente. Algunos, son partidarios de la creación del poder electoral, como un cuarto poder, que surge de la necesidad de dotar a la institucionalidad de todas las seguridades y posibilidades para actuar con eficiencia en favorecimiento de los derechos políticos de la ciudadanía. 

En el taller también tuvo lugar en la discusión temas como el voto obligatorio, lo que lo convertiría de un derecho en una obligación ciudadana, sin que exista la certeza que esa propuesta realmente fortalezca la democracia o al contrario, la mercantilice. La propuesta se formula para que el voto obligatorio sea implementado en los dos períodos electorales siguientes, pero como es costumbre en nuestro país lo que se crea para un período de tiempo determinado a la postre se establece de manera permanente. Igualmente, se habló de la participación de la mujer, la ley de cuotas, reclamando mayor igualdad y equidad en la vida partidaria y en las listas electorales. Los jóvenes tuvieron en el taller un interesante desempeño reclamando mayor participación en las instituciones de elección popular y la disminución de la edad para poder hacer parte de algunas de esas instituciones. 

Fue ninguna la discusión en términos de propuestas para la construcción de la democracia municipal y departamental, las Asambleas y los Concejos no fueron tocados en esta discusión, lo que resulta a todas luces lamentable, porque si ha de comenzar a cambiar el funcionamiento de la democracia debe hacerse desde la unidad básica de la construcción institucional y administrativa del Estado, que resulta ser el municipio.   

Me dio la impresión que se piensa que se amplia y profundiza la democracia si aumentan las curules y eso es muy relativo y costoso. Se amplia y profundiza la democracia si el sistema de representación es más incluyente, si se toman en consideración sectores tradicionalmente excluidos y si se posibilita la participación ciudadana en el desarrollo de la administración y gestión pública. Si se forman comunidades participativas con capacidad de decisión y  gestión de los asuntos públicos.

Muchos otros problemas se trataron en el taller de Cartagena con la MEE: el acceso,  la utilización y financiación de los medios de comunicación, el voto electrónico, la representación territorial, la corrupción y los delitos electorales, los riesgos de la financiación “privada” de convertir el sistema político en una “democracia de contratistas”, las dificultades reales para establecer controles a los ingresos de dineros privados e ilegales a las campañas, la responsabilidad los partidos frente a los avales de sus candidatos…

La MEE es una oportunidad para poder avanzar en las reformas necesarias y pertinentes con los consensos necesarios y las urgencias históricas que tiene el sistema electoral de transformarse. Las reformas al sistema electoral, quedo claro en el taller,  deben surgir de la necesidad existente, el consenso político y el Acuerdo de Paz.   Muy difícil modificar cualquier regla de juego a pocos meses de un proceso electoral. Sin embargo, es necesario hacer propuestas sobre cambios posibles que cuentan con consenso, estableciendo el punto medio de las reformas que hay que hacer en el tiempo que se tiene y dejar una hoja de ruta que vaya madurando en el inmediato futuro las lógicas de los cambios urgentes, necesarios y estructurales.

Un reto mayor tiene la Misión Electoral Especial, para fijar esa hoja de ruta; sin embargo, puede hacerlo con toda libertad y autonomía, porque no es la Misión, la que tramita las reformas, establece los consensos y asume las responsabilidades, sino, el Congreso de la República. Las propuestas deben formularse de tal manera que cada uno de los miembros sienta la tranquilidad de haberle cumplido al país con lo que era históricamente necesario.