LAS ARMAS SON LO DE MENOS…

Los retos de la implementación de los acuerdos de paz

CARLOS MEDINA GALLEGO

Docente Investigador

Universidad Nacional de Colombia

Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz (CPSPP)

Los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP,  en medio de no pocas dificultades y no obstante,  haber sido el resultado de una actitud responsable con el país  y objetiva en términos de los alcances posibles del proceso, no han dejado de contar con una frenética oposición,  que ya proyecta acciones de reversión de los mismos, si como fuerzas políticas opositoras logran acceder al poder en las elecciones del 2018. En las actuales circunstancias, dado el periodo político que se avecina, las incertidumbres que se ciernen no son pocas y los retos que tiene la implementación marchan contra el tiempo.

Las  urgencias de la implementación   

No resulta fácil para ningún proceso de paz, avanzar en el camino de la implementación de los acuerdos firmados. El paso de lo escrito a la realidad de las acciones en el ámbito de lo institucional-normativo, a través de la formulación de las leyes que recogen con la mayor fidelidad posible el espíritu del acuerdo, constituye en sí mismo un reto mayor, pese a la existencia del mecanismo del Fast Track y de la voluntad política que han mostrado algunos sectores para comprometerse a cerrar el proceso cumpliendo con las responsabilidades asumidas. Tal vez el mayor problema de la implementación, en el campo de las ejecuciones del gobierno, lo constituye la maraña de procedimientos jurídicos e institucionales que resultan del ordenamiento estatal y la normatividad existente que impide que los procedimientos y las ejecuciones funcionen al ritmo que los requiere cada momento; pero igualmente,  la sesgada priorización que el gobierno hace de sus particulares urgencias, las que se centran en la dejación de armas por parte de las FARC y la sustitución,  de al menos 50.000 hectáreas, de cultivos de uso ilícitos.

La ruta de implementación debe ir evacuando poco a poco una agenda legislativa que favorezca la materialización de acuerdos en aspectos que son esenciales para que el proceso se haga irreversible y de realizaciones prácticas que llenen de seguridades a quienes se van a reincorporar y,  en general,  a la sociedad:

·         Amnistía e Indulto

Primero,  fue necesario sacar la Ley de Amnistía e Indulto, Ley No.1280 del 30 de Diciembre de 2016,  que posibilitó que las fuerzas insurgentes comenzaran a marchar hacia las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), con la mayor seguridad jurídica posible. Sin embargo,  aún el número de amnistiados e indultados que se encuentran en las cárceles y que representan una población aproximada a los tres mil prisioneros, no ven que el sector judicial y la fiscalía se apersonen de la situación y comiencen a producirse las liberaciones pertinentes, para que estos prisioneros y prisioneras se desplacen a sus zonas, se vinculen a los procesos de reincorporación y respondan,  cuando tengan que hacerlo,  ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).  La Ley de Amnistía no solo favorece a los guerrilleros de las FARC, sino, que adicionalmente permite adoptar un tratamiento especial para terceros involucrados y miembros de la fuerza pública y otros agentes estatales que hayan sido sindicados, procesados y condenados por  cometer delitos durante el desarrollo del conflicto armado. 

·         Jurisdicción especial para la Paz y Victimas

Segundo. También ha tenido curso la aprobación de la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) que es el escenario donde tendrán tramite los procesos que no son amnistiables, ni indultables, por constituir crímenes de lesa humanidad y de guerra y, se ha designado la Comité de Escogencia  que se encargaran de elegir a los 113 magistrados que harán parte de dicha jurisdicción. Esta Comisión está constituido por el magistrado José Francisco Acuña,  de la  Corte Suprema de Justicia, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional; el jurista peruano Diego García-Sayán por parte de la ONU; el argentino Juan E. Méndez que procede del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), del cual es presidente emérito; Álvaro Gil-Robles, abogado español designado por el Consejo Europeo de Derechos Humanos y,  Claudia Vacca González designada por el  Sistema de Universidades Públicas profesora de la Universidad Nacional.

Tercero. El tema de justicia está unido a los derechos de las víctimas y al compromiso de reparación integral y no repetición que también depende del éxito de la implementación. Sobre esta población más allá de lo que se venía haciendo es poco lo que se ha avanzado.    

·         Estatuto de Oposición, reformas política y electoral

Cuarto. El proyecto del Estatuto de Oposición ya está listo y,  seguramente,  pasará por el congreso para su aprobación.  Este es recurso político que estaba en mora de ser presentado y es una vieja deuda que se tiene con la Constitución de 1991 y en general con la democracia y las fuerzas políticas del país.

Quinto. Un muy importante esfuerzo vienen realizando las comisión que tienen la responsabilidad de presentar ante el congreso de la republica la Reforma Política,  la reforma al sistema de partidos y al sistema electoral, para presentar al mecanismo de Fast Track, los respectivos proyectos de Ley, es de esperarse que estos tengan tramite en los próximos tres meses a tardar.  

·         Lo agrario está lejos…

Sexto. Lejos aún está de la agenda legislativa los temas agrarios, cuyo tratamiento es muy sensible para ciertos sectores de la sociedad que vienen haciendo la mayor oposición a ese tema, que es en esencia de naturaleza estructural en la superación del conflicto y que se une de manera complementaria con el tema de cultivos de uso ilícito en los que se avanza entre el diálogo con las comunidades y acuerdos de erradicación concertada y, de confrontación directa e imposición de políticas de erradicación forzada, que desconocen el espíritu del acuerdo en lo que se corresponde con el punto 4.

·         La mayor urgencia:  las ZVTN

No obstante el mayor problema sigue siendo en materia de implementación la crítica situación que viven las comunidades de las FARC-EP, en las ZVTN cuya adecuación ha sido lenta e insuficiente para garantizar condiciones dignas de quienes allí se concentran en el proceso de Dejación de Armas y, sobre todo, para dar impulso a los programas de reincorporación de cuyo éxito depende realmente la finalización de la guerra.

El gobierno tiene premura porque las FARC-EP entreguen a las Naciones Unidas  las armas en el calendario que se ha propuesto para hacerlo, y que se desarrollen las tareas de erradicación forzada, las FARC-EP, están pensando en sentido más prospectivo y de mayor alcance, para ellos, las armas no son lo importante, sino que se creen las condiciones para un proceso de reincorporación que sea irreversible. Porque si no es así, se vivirá permanentemente en una potencial situación de guerra y, como lo han señalado con frecuencia miembros de la insurgencia y,  no pocos especialistas,  para empezar una guerra las armas son lo de menos…