SOBRE EL DÍA DEL ESTUDIANTE
NOTAS PARA UNA BREVE HISTORIA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL COLOMBIANO
(1930-2016)
CARLOS MEDINA GALLEGO
Docente
Investigador
Universidad
Nacional de Colombia
Este ensayo hace una
breve reseña de la historia del activismo
estudiantil desde 1930 hasta 2016; busca señalar cuáles han sido los momentos
más relevantes de estos ochenta y seis años de luchas juveniles
universitarias, las practicas de la movilización social, la transformación de
sus imaginarios políticos y la construcción de sus agendas.
El documento está
dividido en cinco partes; en la primera aborda el origen del sujeto social y
político que representa el sector universitario unido a las luchas sociales y
cívicas que se dan en la década de los años treinta del siglo pasado; en el
segundo, la atención se centra en el
desarrollo de los imaginarios liberales reformistas, la violencia política y el
gobierno militar; la tercera parte, toma en consideración los procesos de
radicalización del movimiento juvenil universitario en los gobiernos del Frente
nacional y el impacto que tuvo la revolución cubana sobre los mismos; en la
cuarta parte se hace referencia al recrudecimiento de la violencia sobre los
movimientos sociales por parte de la institucionalidad del estado, el
paramilitarismo y el narcotráfico y, en la quinta parte se hace referencia al
proceso adelantado por las nuevas generaciones de estudiantes, en las que han
innovado en el desarrollo de sus luchas, alcanzando importantes, aunque
insuficientes éxitos.
El ensayo se cierra
con algunas observaciones y recomendaciones sobre lo que debe ser en el futuro
las preocupaciones del sector estudiantil para enfrentar con éxito las
políticas neoliberales en educación.
Manifestación del 8 de Junio de 1929
·
En un comienzo fue el compromiso cívico
El movimiento estudiantil colombiano, en general el de
América Latina, recibió en la segunda y tercera década del pasado siglo XX la
influencia del movimiento de reforma universitaria de Córdoba, Argentina. Este
movimiento les brindó a los liberales de nuestro país la oportunidad de
oponerse al régimen conservador en la lucha contra la monopolización del
sistema educativo, por la autonomía universitaria y la libertad de cátedra,
banderas que se siguen levantando hasta nuestros días.
En la llamada república conservadora (1886-1930) la
masacre de Ciénaga a los trabajadores bananeros y la corrupción administrativa
van llenando la copa de la inconformidad popular y subiendo a la cúspide del
desprestigio al gobierno conservador del presidente Miguel Abadía Méndez
(1926-1930). En junio de 1929 se adelantan decisivas jornadas populares de
protesta contra el régimen conservador y sus estructuras burocráticas y
clientelistas empotradas en la gobernación de Cundinamarca y en la Alcaldía de
Bogotá.
En el desarrollo
de las jornadas de lucha ciudadana de comienzos de junio de 1929, los
estudiantes participaron de manera decidida al lado de las razones de la
movilización que se dirigían contra la utilización clientelar y política de las
empresas publicas del alumbrado, el agua y el alcantarillado y el tranvía en la
ciudad, y sobre todo, contra un modelo de administración corrupta de los
destinos de la ciudad. Dada la precaria legitimidad con que contaba la fuerza
pública por los hechos ocurridos en Ciénaga, en la masacre de los trabajadores
bananeros, al servicio de la United Fruit Company, los estudiantes asumieron la
protección de las manifestaciones como guardias cívicas, preocupándose por
evitar disturbios y garantizar que se produjera sin incidentes el retorno de
los ciudadanos a sus casas.
En un incidente, en la noche del 7 de Junio, pierde la
vida el estudiante Gonzalo Bravo Pérez producto de una descarga de fusilería
desde los alrededores del palacio presidencial. La indignación ciudadana
acompaño el entierro del cuerpo de Gonzalo en multitudinaria manifestación y presionó
la caída del Ministro de Obras Publicas (Arturo Hernández), el Ministro de
Guerra (Ignacio Rengifo), el Gobernador
de Cundinamarca (Ruperto Melo) y el alcalde de Bogotá ( Luis Augusto Cuervo).
En las elecciones presidenciales se derrumba la hegemonía conservadora y asciende
al poder el partido liberal con la presidencia de Enrique Olaya Herrera
(1930-1934)
El estudiante Gonzalo Bravo Pérez, asesinados en las
jornadas cívicas de junio de 1929, será eternamente recordado, con su sangre se
escribió la primera página de la historia del activismo estudiantil en el pasado
siglo XX. Desde entonces y hasta 1954,
los estudiantes acostumbraron a visitar cada 8 de Junio la tumba del
estudiante, en el cementerio central, para hacerle reconocimiento y honrar su
memoria.
·
Reformas liberales, violencia y gobierno militar.
A partir de 1930 y durante dieciséis años gobiernan el
país los liberales y la Universidad se convierte en una de sus estructuras
privilegiadas de poder. Los principios liberales nacidos en Córdoba son
adoptados y la Universidad Nacional de Colombia se constituye en universidad pública
de fundamento Liberal.
Transcurridos cinco de esos dieciséis años de gobierno
liberal el presidente Alfonso López Pumarejo
le reorganizo la Universidad Nacional de Colombia y mandó a construir la
actual ciudad Universitaria. Allí, estudiantes y profesores pusieron en
práctica los principios de Córdoba, mientras un grupo de intelectuales muy
reducido discutía y propagaba los principios de la ideología socialista que
para aquel entonces difundía el Partido Comunista recién creado y a punto de
perecer en las confusas y turbulentas aguas de la Revolución en Marcha, de
López.
El problema grave del movimiento estudiantil de
aquellos días era el de no lograr crear una organización real, sobrevivía
gracias a pequeños grupos de intelectuales inquietos que se convertirían con el
tiempo en los más ilustres voceros de la burguesía liberal.
La muerte de
Gaitán el 9 de Abril de 1948 en manos de la reacción liberal-conservadora
recrudeció la violencia en el país y produjo el acto de insurrección popular de
mayor trascendencia en la primera mitad del siglo XX, no sólo por las
características del mismo, sino por su desenlace. Durante el Bogotazo el
movimiento estudiantil participó, al igual que el movimiento popular, en forma
espontánea y desorganizada sumándose a los esfuerzos que inútilmente realizaban
algunos destacados dirigentes liberales y comunistas por usufructuar un hecho
histórico que se les había atravesado en el camino como un rodadero o una
escalera, según supieran orientar los acontecimientos (a la postre resultó ser
un rodadero por el que se precipitaron cientos de cadáveres).
Con los acontecimientos del nueve de abril la
violencia se propagó por todo el país, sembrando de luto los campos colombianos
durante más de diez años. El 13 de junio de 1953, el general Gustavo Rojas
Pinilla se vio montado en un golpe militar que derrocó al presidente Laureano
Gómez y que en lo fundamental buscaba crearle al país una atmósfera de paz y
concordia que ninguno de los partidos tradicionales estaba en condiciones de
proporcionarle.
Es durante la dictadura de Rojas que se realizan los
primeros intentos de organización Estudiantil. Es en esa época que aparece la
FUC (Federación Universitaria Colombiana) cargada de salmos y oraciones y con
una profunda dependencia de las instituciones eclesiásticas, y la FEC
(Federación de Estudiantes de Colombia). Dos esfuerzos que se diluyen con el
tiempo en la húmeda inestabilidad del sector.
Veinticinco años se aprestaban a conmemorar los
estudiantes de la muerte de Gonzalo Bravo Pérez, uno de iniciada la dictadura,
cuando, en un amague de escaramuza con la policía, se produce en los predios de
la Universidad Nacional el asesinato del estudiante Uriel Gutiérrez.
Al día siguiente en la esquina de la calle 13 con la
carrera 7 en momentos en que el movimiento estudiantil bogotano realizaba una
marcha de protesta por el asesinato de Uriel, las balas asesinas del régimen
ciegan la vida de ocho estudiantes más: Hernando Ospina López, Hernando Morales
Sánchez, Rafael Sánchez Matallana, Elmo Gómez Lucich, Álvaro Gutiérrez Góngora,
Jaime Pacheco Grijales, Hugo León Velásquez y Jaime Moore Ramírez; nueve víctimas a las que se le sumarían
Ernesto Aparicio Concha y Pedro Luis Tamayo caídos en las heroicas jornadas del
10 de mayo de 1957 en las que el movimiento estudiantil cobraría sus muertos a
la dictadura y al lado de los sectores populares propiciaría la caída de Rojas
Pinilla .
La contundente
victoria del movimiento popular del 10 de Mayo de 1957, instrumentalizado por
la oligarquía liberal-conservadora, contra el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla
dio paso a una junta de gobierno que se
encargaría de servir de puente para que la civilidad retornara al poder a
través de un pacto entre los dos partidos que recibiría el nombre de Frente
Nacional, paridad y alteridad, fueron
los dos elementos constitutivos de dicho pacto. Las expectativas que ofrecía el
Frente Nacional durante los primeros años, mantuvieron al movimiento
estudiantil a la espera; profesores y estudiantes aún viven fuertemente atados
a las ideologías y a las practicas de los partidos tradicionales.
Las asambleas que se realizan durante estos años
tienen más como objetivos hacer una oposición formal y moralista, que política
y real. El rechazo que dichas asambleas formulan a la UNEC (Unión Nacional de
Estudiantes Colombianos) por su carácter comunista, se manifiesta en el apoyo
que le extienden a la CEUC (Confederación de Estudiantes Colombianos) creada
para hacerle contrapeso a aquella y afiliada a la COSEC norteamericana.
·
Un fuerte giro hacia la izquierda… Radical
Con el paso del tiempo, y sobre todo, con la actitud
que tanto el gobierno de transición como el primer gobierno del Frente Nacional
asumen, los estudiantes comienzan a varían su comportamiento y a transformar
sus posturas político e ideológicas hacia una izquierda cada vez más radical.
El triunfo de la Revolución Cubana expande una ola de influencia revolucionaria
que lentamente va encontrando cabida en el movimiento estudiantil y en general
en el movimiento de inconformes de América Latina, llevando a amplios sectores
por el camino de la radicalización.
En 1960 en la Universidad Nacional se genera un movimiento
contra la administración universitaria y el “estatuto orgánico” impuesto por la
junta de transición. En agosto de ese año se da la primera huelga estudiantil durante el Frente Nacional, en ella se alcanza
la dimisión del rector de la Universidad y la promesa gubernamental de revisar
el “estatuto orgánico”.
La lucha por la autonomía universitaria entendida como
la co-gestión de la Universidad por una dirección tripartita compuesta por
estudiantes – ex alumnos - profesores, al igual que el nombramiento de
profesores por concurso y la libertad de cátedra, serán banderas a levantar en
lo sucesivo.
En 1961 los estudiantes de la Universidad de Medellín toman la iniciativa de destituir al rector
e instituir la co-gestión. Las instalaciones de la Universidad son ocupadas por
la fuerza pública lo que genera un movimiento de protesta en algunas
universidades del país. En la U.N. la lucha adquiere connotaciones políticas,
lo que obliga al Presidente a reunirse con el Ministro de Educación, los
representantes de la Universidad y el Consejo Superior Estudiantil; de aquella
reunión se saca un acuerdo firmado en el que el gobierno se compromete a dar
solución al problema de la Universidad de Medellín, al déficit presupuestal de
la Universidad Nacional, al estatuto orgánico y a otros tres o cuatro puntos
más.
No obstante, el conjunto del estudiantado rechaza
dicho acuerdo a través de un plebiscito llevado a cabo en los primeros días de
junio. A partir de ese momento, las relaciones con el gobierno se hacen más
tensas, los partidos tradicionales ensayan en la Nacional la creación de
“escuadrones universitarios” compuestos por profesores y estudiantes con el
único fin de combatir la anarquía, el
comunismo y las ideologías extranjeras en la Universidad.
La alianza con algunos sectores del MRL (Movimiento
Revolucionario Liberal) y aún de la juventud conservadora impidió que dichos
escuadrones tuviesen más importancia de la que tuvieron y evitaron el daño que
estos hubiesen podido hacer. Al finalizar agosto de 1961 la fuerza pública
penetra en el recinto universitario con el pretexto de buscar huelguistas de Avianca;
este hecho, que constituye a la forma de ver de los estudiantes una abierta
violación del “Fuero Universitario”, genera violentos incidentes de protesta
que se prolongaron durante varias horas.
El movimiento estudiantil sigue desde ese momento un
proceso de politización acompañado de una accionar cada vez más beligerante. En
junio de 1962 se produce la expulsión de diez estudiantes y el cierre temporal
de la U.N. como consecuencia de los disturbios que se presentaron después de
una manifestación.
En julio de ese mismo año se decreta una nueva
reglamentación, se prohíben las huelgas y toda organización estudiantil. Estas
medidas, no obstante, son echadas atrás pues el periodo de cambio de gobierno
así lo exige, se reintegran los estudiantes expulsados y se reabre la Nacional.
Aparece por esta época toda la estrategia norteamericana de penetración
cultural a través de las intervenciones en los programas de desarrollo de la
enseñanza universitaria colombiana. Dichos programas encuentran firme oposición
en el movimiento estudiantil que se enmarcará a partir de entonces en la lucha
contra la penetración cultural imperialista agenciada por la Alianza para el
Progreso y el BID.
Durante el año 1963 la lucha por la autonomía
universitaria continúa, una nueva concepción organizativa y de participación
popular madura al interior del movimiento. Después de los incidentes de junio
los estudiantes se organizan alrededor de la FEUD (Federación de Estudiantes
del Distrito) y a través de ella piden la demisión del alcalde de Bogotá, se
solidarizan con los trabajadores de Ecopetrol en huelga, reivindican una tarifa
diferencial en el transporte urbano y avanzan en la lucha por una Universidad
pública democrática.
No obstante, durante este mismo año es aprobada en el
Congreso la nueva ley orgánica de la Universidad Nacional que lesiona
profundamente los intereses y deseos de los estudiantes. En noviembre se crea
la FUN (Federación Universitaria Nacional) que jugará un papel importante en el
desarrollo de la lucha del movimiento estudiantil durante esos años. En 1964 el
movimiento estudiantil se radicaliza con respecto a los años anteriores, la
lucha la hace extensiva a otras regiones del país. La FUN convoca para junio de
este año un paro de 24 horas, en él participan las universidades de
Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Manizales y Cali.
Tal vez, durante este año la Universidad que con mayor
fortaleza y radicalismo adelanta la lucha reivindicativa es la Universidad
Industrial de Santander (UIS) en donde el movimiento se inicia en mayo contra
el incumplimiento del rector de acuerdos pactados dos años atrás y contra la
imposición de nuevas medidas académicas profundamente lesivas. Las
instalaciones de la Universidad son ocupadas por la fuerza pública, grandes
movilizaciones de estudiantes y de la población de Bucaramanga convierten el
movimiento regional en un acontecimiento con repercusión nacional, alcanzándose
con él parte de las reivindicaciones propuestas en el mes de septiembre.
El 7 de enero de 1965 se realiza la toma de Simacota
por el recién creado Ejército de Liberación Nacional, profundas simpatías
despertará dicha organización en universidades como la Nacional e Industrial de
Santander, de donde saldrán importantes destacamentos de estudiantes a engrosar
sus filas.
Durante este año las discusiones al interior del
movimiento estudiantil girarán en torno a las reivindicaciones de orden gremial
y el contenido político de dicha lucha. Dos posiciones se verán aflorar allí,
que habrán de sostenerse en los años venideros: la primera, plantea la
reivindicación puramente gremial y corporativa lejos de toda actividad política;
mientras la segunda, se inclina por una decisiva participación política de la
organización gremial. Esta contradicción se verá reflejada en los organismos
representativos de los estudiantes; desafortunadamente la discusión le dará
paso al enfrentamiento callejero con la fuerza pública ante la incapacidad de
visualizar claramente líneas de comportamiento definidas históricamente para el
movimiento estudiantil.
Desórdenes en Bogotá, Tunja, Medellín, llevan al
gobierno del Frente Nacional a decretar el estado de sitio del 20 de mayo, no
sin antes haberle producido al movimiento un nuevo mártir. La organización
estudiantil comienza a diluirse en profundas divisiones internas, pierde la
capacidad de convocatoria y movilización, y lo que es peor, sus más destacados
dirigentes se desplazan hacia otros campos de batalla, unos marchan con Camilo
en el Frente Unido y de allí con él a la guerrilla del ELN.
Profundamente debilitados la FUN y el movimiento
estudiantil colombiano, son presa fácil de la política represiva de Guillermo
León Valencia durante sus últimos meses de gobierno y de Carlos Lleras Restrepo
(1966-1970) recién llegado a la presidencia. Este, que en el año de 1964 había
sido retenido por los estudiantes en la Ciudad Universitaria, ve ahora la
oportunidad de cobrar este incidente impulsando medidas lesivas a los
estudiantes.
El 24 de octubre de 1966, mientras Carlos Lleras
mostraba a Rockefeller las instalaciones de la Universidad, recibe de parte de
los estudiantes manifestaciones de protesta y repudio por lo que ha sido su
actitud con la Universidad. La represión del presidente se da en forma inmediata.
Las fuerzas militares ocupan la Universidad, se disuelve el Consejo Superior
Estudiantil y la FUN, se arresta y se lleva a consejo de guerra a los
principales dirigentes y se desconoce a la FUN todo derecho al diálogo con el
gobierno.
Estos acontecimientos producen indignación en los
estudiantes y los lleva a un proceso acelerado de radicalización, se ocupan las
oficinas del rector y se desconoce al mismo. Se protesta por la ocupación
militar de la Universidad y se llega a proclamar la lucha armada como la única
vía de Liberación Nacional, recogiendo en gran medida las enseñanzas de Camilo.
En junio de 1967 se produce una nueva ocupación de la
Universidad, en donde, en un alarde de fuerza (incapacidad), son utilizados
tanques de guerra; la caballería ya había tenido su derrota en esos campos de
batalla. En los dos últimos años del gobierno de Lleras, manifestaciones,
incidentes y huelgas se realizan en todo el país. Entre cierres y aperturas, el
movimiento estudiantil avanza en la lucha contra la penetración cultural
imperialista y contra la represión gubernamental. En 1968 se producen
movimientos en la Universidad Nacional en contra de la presencia de la
Fundación FORD en el Departamento de Sociología de la Universidad del Valle y
contra los Cuerpos de Paz. Importantes manifestaciones se realizan al año
siguiente contra Nelson Rockefeller; sin embargo la lucha que se da en forma
desarticulada a nivel nacional, la organización estudiantil no logra sobrevivir
a la represión del gobierno de Lleras.
Donde nacen las razones de
la lucha estudiantil:
El informe Atcon y el Plan Básico
Al finalizar la década de
los sesenta los cambios en la educación superior se generan a partir de un
informe realizado por Rudolph Atcon en 1969. Este informe sería presentado como
la carta de navegación para el desarrollo modernizador de Colombia en materia
educativa, económica y social. Esta modernización fue una exigencia de los
organismos financieros norteamericanos desde la década del 20 y del gobierno
de los Estados Unidos como una garantía para el pago de la deuda externa y para
la inversión directa e indirecta de capital en nuestro país.
El informe Atcon, que en
principio sería un paquete de sugerencias dirigido a las universidades
latinoamericanas para sacarlas del atraso y colocarlas en las perspectivas del
desarrollo capitalista y sus necesidades. Los puntos que trata el informe a
manera de propuesta no serían las soluciones más pertinentes desde un punto de
vista social, pero marcaría un punto de partida para analizar las dinámicas que
se presentaban en las universidades y repensar la pertinencia de estas para el
desarrollo capitalista de la nación.
El informe Atcon fija las
metas para transformar la educación superior y llevarla por el camino de la
modernización buscando realzar en ella los valores de la economía liberal y de
las ideas privatizadoras, entre las cuales la industrialización y la
racionalización de los recursos serían las banderas más importantes del
discurso de la necesidad de un cambio sustancial en la educación superior del
país. El informe tiene una tendencia
hacia el fortalecimiento de la administración educativa, con un marcado énfasis
en la estructuración y reorganización
institucional, y en la necesidad de implementar cambios continuos para no tener
que llegar a la reformas
Los principales factores
que el informe Atcon buscaría tratar y que el gobierno colombiano adoptaría
dentro de un “plan básico” serian: 1) el éxito del desarrollo depende de
integrar el proceso educativo a los planes de desarrollo económico; 2) el desarrollo de una sociedad está en
función directa de su desarrollo educativo; 3) la educación superior constituye
la verdadera encrucijada del desarrollo latinoamericano; 4) la estructura feudal
de la universidad latinoamericana debe ser modificada substancialmente en su
organización académico-administrativa; 5) el profesorado no puede ser
inamovible y el monopolio de la cátedra debe ser eliminado; 6) el profesorado
universitario debe profesionalizarse e independizarse del servicio civil; 7)
debe establecerse un régimen disciplinario para el estudiantado tendiente a despolitizarlo;
8) las actividades deportivas y culturales deben convertirse en un instrumento
de despolitizar al estudiantado; 9) deben establecerse los estudios generales
que permitan seleccionar al estudiantado antes de avanzar en la carrera profesional.
En lo que concierne al
establecimiento del Plan Básico
adoptado a partir del informe y pensado como una necesaria modernización de los
sistemas administrativos y académicos, se emprende una ofensiva contra
elementos fundamentales del sistema educativo, como la autonomía universitaria,
sin contar con que desde su interior se fomentaba e impulsaba el proceso de
privatización de la enseñanza, imponía un estricto control estatal al
desarrollo de la Universidad, sin contar con el control al que debían someterse
los docentes, atentando gravemente contra la libertad de cátedra.
El Plan Básico para la
educación superior fue financiado por la Agencia Internacional de Desarrollo,
el cual recibió además asesoría de la Universidad de California, quien acompañó
y lideró el proceso y forjó sus bases en el informe Atcon.
Dentro de este informe se
estipula: “1) En el país sobran
universidades, y se confunde educación superior con universidad. 2) Es
necesario establecer un sistema universitario nacional y una forma centralizada
de acreditación para controlar su proliferación. 3) Es necesario una
tecnificación de la administración universitaria y una selección cuidadosa del
personal directivo y docente para controlar la subversión estudiantil. 4) Una
regionalización de las universidades contribuiría al ahorro de recursos,
acompañada de la autofinanciación a través de la colaboración de la comunidad
y la creación de la matrícula diferida. 5) Hay que establecer un sistema de
educación superior con dos tipos de instituciones, uno para carreras
intermedias y otro para
carreras universitarias, coordinado por un solo organismo de planeación”[1].
Los rectores de la Alianza para
el Progreso consideraron necesario por parte de los estudiantes, esforzarse por
reaccionar en contra de aquellas minorías extremistas que buscaban el caos
universitario; así mismo, el gobierno junto con las autoridades, deberían
rechazar las fuerzas que atentaban contra el desorden académico. En un segundo
punto reconocía las instituciones educativas constituyen un elemento
fundamental dentro del desarrollo de una sociedad, por lo que la comunidad
debía animarse a colaborar de manera generosa con esta causa de desarrollo.
En cuanto al dilema de
establecer una institucionalidad de carácter público o privado, los rectores
deciden establecer un punto intermedio, es decir, fomentar el control estatal
dirigido hacía las universidades públicas, al mismo tiempo que concede libertad
en cuanto a la autonomía dentro de las universidades de tipo privado.
Un punto novedoso estipulado
dentro del Plan Básico, consistió en diseñar un tipo de educación media, la
cual se debía diversificar con posibilidades hacia la preparación laboral y
hacia la universidad. Del mismo modo se establece que la educación superior no
puede estar orientada exclusivamente a profesiones clásicas y largas sino que
además debe dirigirse a estudiantes que pretenden abordar el área de las
ciencias y de las artes.
Es necesario mencionar, que a lo
que apuntaba este proceso de elaboración del plan básico, no consistía
solamente en la organización del sistema universitario y de modernización
administrativa y académica de las universidades. Dicho proceso incluía una
serie de reformas en el tratamiento del estudiantado y de la planta docente y
de los métodos de racionalidad económica para saber administrar los fondos
dirigidos a la función académica. De esta manera se establecían los puntos
básicos que debían adoptarse con el fin de reducir costos, quedando como
consecuencia la reducción de la duración de los estudios, la determinación y
reducción del tiempo del profesorado, entre otros.
En el marco de estos enunciados
centrales se podría criticar la mirada empresarial que se le ha concedido a la
universidad, pues la reducción de costos, la búsqueda de mejora productiva, la
racionalización de los cupos universitarios y la “sana división del trabajo”,
son elementos claves que constituyen la base de toda empresa. De esta manera,
es rechazable el hecho que se pretenda tratar la Universidad de la misma manera
como se maneja una empresa, olvidando la cuestión humana y reduciendo el
proceso a la premisa costo-beneficio. Casi cuarenta años se ha tomado el
impulso de estas ideas las que hoy se posesionan en amplitud y segurida en el
sistema universitario nacional.
En sintesis, lo que recoge este
Plan Básico de la educación superior se diferencia del informe Atcon en dos
puntos centrales: en primer lugar, se propuso un control centralizado y
regionalizado de la educación superior; en segundo lugar, se constituye la
educación intermedia vocacional y ocupacional, como una novedosa alternativa. A
partir de allí, surgen los institutos técnicos y los Institutos Nacionales de
Educación Media Diversificada (INEM), en la década de los setenta.
El Plan Básico igualmente hace
referencia a la cuestión de la autonomía universitaria, en donde la define
“dentro de la ley y en armonía con su función social primordial de contribuir
al desarrollo óptimo del país y a la causa de la comunidad internacional del
saber”. Esta misma autonomía se verá supeditada por el
Ministerio de Educación Nacional y la Presidencia de la República, además de
tenerse que desarrollar con base a los fines generales del desarrollo económico
y social de Colombia.
Estl Plan Básico es puesto
en funcionamiento gracias a la generosa financiación
internacional del Banco Interamericano de Desarrollo y de fundaciones como la
Ford, la Rockefeller y la Kellogg’s, entre otras.
La influencia
norteamericana en la formulación de la política pública en educación conducirías
a los estudiantes hacia la movilización y la protesta. El movimiento
estudiantil tomaría parte del rumbo de la educación superior y realizaría
reuniones entre estudiantes de diversas universidades del país, principalmente
la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, para finalmente
constituir un programa mínimo de los estudiantes colombianos, programa con el cual harían frente a
la reforma de Galán y exigirían real democracia, autonomía, financiamiento
estatal y soberanía universitaria, principalmente.
A partir de 1970 comienza a agitarse la bandera de la
defensa de la universidad pública y se busca extender el conflicto de ésta a
las universidades que hasta entonces, siendo privadas, habían dado muestras de
beligerancia, entre ellas la Universidad Libre de Bogotá, La Universidad
Externado de Colombia, la Universidad Santiago de Cali y la Universidad de
Medellín. Los permanentes cierres de la Universidad Nacional y las tentativas
de imponer el Plan Básico van
generando al interior de los profesores cierta inconformidad que los lleva a
respaldar la lucha del movimiento estudiantil en la defensa de la Universidad
pública.
Para 1970 el movimiento
estudiantil ve surgir y desarrollarse a su interior una gran cantidad de grupos
políticos que entran a disputarse la dirección del mismo. La Juventud Comunista
(JUCO), organismo juvenil del Partido Comunista de Colombia ; la Juventud
Patriótica, organismo juvenil del Movimiento Obrero Independiente y
Revolucionario (MOIR) ; los Comandos Camilistas ; los Núcleos Ocho Octubre ;
las tendencias socialistas, los grupos maoístas, el Parido Comunista (M-L), las
fracciones trostkistas, los marxistas libertarios, los anarquistas y los grupos
político-militares, tienen cabida en el amplio debate político que a partir de
entonces empezará a darse al interior del movimiento y que desafortunadamente
vendrá cargado de dogmas y verdades absolutas e incuestionables, posiciones
sectarias y profundas fragmentaciones.
El 26 de febrero de 1971 se inicia la más grande
batalla que el movimiento estudiantil le daría al régimen del Frente Nacional.
En el desarrollo de una lucha particular que adelantaba la Universidad del
Valle desde comienzos del mes, y que se unía a nivel regional a otros
movimientos que se realizaban en la Universidad del Cauca, la Tecnológica de
Pereira y en algunos colegios de secundaria de esa zona de país, se produce la
ocupación militar de la fuerza pública generándose un enfrentamiento con grupos
de resistencia de los estudiantes reforzados por obreros y sectores populares
de la población de Cali que deja como saldo más de quince muertos, declaración
de estado de sitio en todo el país y toque de queda en dicha ciudad.
La mayor parte
de las universidades del país se solidarizaron con los estudiantes del Valle,
se realizan manifestaciones de protesta y enfrentamientos a todo lo largo del
territorio nacional. Afanosamente los activistas buscan articular el movimiento
a un programa mínimo que será dado a conocer en el mes de abril, en donde se
reivindica la ya tradicional autonomía universitaria; se reclama la abolición
de los Consejos Superiores Universitarios, proponiendo que se reemplacen por
organismos provisionales con mayoría de profesores y estudiantes; la abolición
del Instituto Colombiano de Fomento a la Educación Superior- ICFES ; la
financiación de la Universidad por parte del Estado; el carácter rector de la
Universidad Nacional como alma mater de la educación colombiana; destitución
del rector de la Universidad del Valle; la revisión de los contratos con las
entidades extranjeras y algunas otras reivindicaciones que ya hacía tiempo
venían levantándose como banderas de lucha.
Sin lugar a
dudas, independientemente de las escasas conquistas alcanzadas, lo más
importante de este conflicto fue que amplios sectores comprometidos con la
educación universitaria se vieron envueltos en debates que buscaban definirle
una posición clara a la política gubernamental. Esto no quiere decir que la
persecución de estudiantes, las detenciones, expulsiones, reinscripciones
condicionales y la "represión académica", hubiesen cesado; al
contrario, a partir de allí se ensaya en un gran número de universidades la
administración de lo que con el tiempo serán conocidos por los estudiantes como
"rectores policías", entre
ellos no debe dejarse de destacar Luis Duque Gómez, en la Universidad Nacional
de Colombia, nombrado en mayo de 1972 después del fracaso de un ensayo de co-gestión.
En los últimos años del Frente Nacional, el gobierno
impulsa al interior de las universidades una política de limpieza general de la
inconformidad. Huelgas y ocupaciones, cierres y expulsiones se ven aflorar
creando en el movimiento estudiantil fraccionamientos y dispersión, sólo los grupos políticos buscan
mantener en la Universidad la agitación; no obstante lo hacen enmarcados en dos
tendencias abierta y claramente distintas: la reivindicación puramente gremial
y el trabajo predominantemente político vinculado estrechamente a la lucha de
clases.
En las elecciones presidenciales de 1974 estas dos
tendencias se inclinan en sentido contrario, la primera buscará afanosamente la
participación en la lucha electoral, mientras la segunda se inclina por la
abstención. Dos muertos pondrá esta tendencia en dicha lucha: Yesid Castañeda y
Darío Palma asesinados por las fuerzas estatales el 18 de abril de ese año.
El ascenso al
poder de Alfonso López Michelsen (1974-1978) creó expectativas en algunos sectores;
su vinculación con el M.R.L en la década del sesenta llenaba de optimismo y
esperanza a aquellos que pensaban que podría formular políticas favorables a la
educación pública, pero en el desarrollo de su gobierno, ellas se fueron
desvaneciendo.
Los enfrentamientos, las movilizaciones, la represión
y los cierres siguieron siendo la constante de la vida en la Universidad frente
a la incapacidad gubernamental de darle una solución adecuada a la creciente
crisis administrativa y financiera. El llamado experimento "marxista"
puesto en marcha en la Universidad Nacional con la rectoría de Luis Carlos
Pérez, no apuntaba sino a crearle desprestigio al movimiento estudiantil
señalándolo como un movimiento de rebeldía sin causa.
Para finales de
la década de los setenta, comienzos de la década de los ochenta el movimiento
estudiantil persiste en la política de enfrentamiento al gobierno, sin la
herramienta de trabajo que le es fundamental: la organización nacional. Las
luchas parciales generan cierres de universidades que, en estos años, han
demostrado producir dispersión, desmovilización y apatía. Un proceso inverso al
que se produjo en la década del sesenta se está comenzando a dar en esta época
y se agudizara en las décadas siguientes: la despolitización.
En medio de la mayor incapacidad y escepticismo, gran
parte del movimiento estudiantil ve día a día perderse la universidad oficial
en el más complejo mundo de reglamentaciones represivas con recortes
sistemáticos de las posibilidades del bienestar universitario en materia de
residencias y restaurantes y otros beneficios como movilidad, salud,
investigación y prácticas académicas.
Las luchas estudiantiles de comienzos de la década de los ochenta
demandaban un mayor presupuesto por parte del estado en la financiación de la educación
pública, lucha que fue comprometiendo de manera cada vez más las
reivindicaciones del estamento profesoral que inicia una serie de protestas
frente al incumplimiento en los pagos y la expedición del estatuto docente; la
respuesta a las demandas de estudiantes y maestros, generalmente, fue la represión, la ocupación militar de los
campus universitarios y largos cierres de las instituciones de educación
superior.
·
La criminalización de la protesta estudiantil
Duras protestas estudiantiles se desarrollaron durante la
administración del presidente Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982) contra el
estatuto de seguridad implementado en este gobierno que colocaba en la mira de la fuerza pública a los
movimientos sociales y en particular al movimiento estudiantil, el cual era
considerado una cantera de militantes de organizaciones guerrilleras; la
administración Turbay fue una época de cierres prolongados de universidades,
expulsión de estudiantes y despidos masivos de profesores. En general este gobierno se caracterizo por la
persecución a las dirigencias y movimientos sociales, la judicialización, las
practicas arbitrarias de captura sin formula de juicio y la tortura.
En el gobierno del presidente Belisario Betancourt (1982-1986) se re-configuraron
las dinámicas de la movilización estudiantil universitaria en tanto se desplazaba parcialmente las
tensiones localizadas con la fuerza pública, cada vez la movilización estudiantil
levanta con mayor urgencia la necesidad de la financiación de la educación
estatal frente a los permanentes recortes que se están haciendo en el universo
de posibilidades de bienestar que afectan la permanencia de los estudiantes de
provincia en las universidades públicas.
El desarrollo de las luchas estudiantes a
lo largo de la década se va a ver abocada al crecimiento de la violencia
institucional y al surgimiento del fenómeno paramilitar que va a descargar su
acción en las instituciones universitarias sobre maestros y estudiantes
produciéndose asesinatos y desapariciones de destacados dirigentes docentes y
estudiantiles y, la utilización cada vez más frecuente del recurso del exilio,
como mecanismo para sobrevivir a una década de escalonamiento de la violencia
institucional y paramilitar.
Los estudiantes ante el recorte de los servicios de bienestar
universitario organizan y adelanta en 1980 y luego 1982 la toma de las residencias
estudiantiles de la Universidad Nacional que terminaran con los acontecimientos
del 16 de mayo de 1984 en la que en el
marco de una manifestación violenta se
produce la captura, asesinato y desaparición de estudiantes en los predios de
la universidad, el desalojo definitivo de las residencias estudiantiles, y un cierre
de la institución por dos periodos académicos.
Estos acontecimientos son acompañados por otros hechos de violencia
contras las universidades públicas en distintas regiones del país en las que se
golpeo fuertemente al movimiento estudiantil y se genero su dispersión y
acallamiento.
·
El movimiento estudiantil frente a la violencia narco-paramilitar
Desde mediados de la década de los ochenta, comienzos del noventa el
país está envuelto en una ola de violencia narco-paramilitar que silencia prácticamente
todo el movimiento social y político, generándose una serie de asesinatos
selectivos y masacres con altísimos costos para el patrimonio de liderazgo de los movimientos sociales,
populares y políticos del país, el movimiento universitario no estuvo excepto
de estas prácticas criminales.
El gobierno del Presidente Virgilio Barco Vargas (1986-1990), los
estudiantes realizan importantes esfuerzos, por recuperar las dinámicas de
movilización social y lucha reivindicativa en una época en que la sociedad toda
esta sometida a lógica de terror. La nueva generación de estudiantes se
preocupa por avanzar en proceso de organización buscando la unidad de los
distintos sectores políticos y organizaciones gremiales existentes en las
universidades, tanto en las públicas como en las privadas, que ven por igual
una situación crítica de los problemas nacionales por el desarrollo de la
guerra sucia paramilitar y el crecimiento del narcoterrorismo.
Es en esta época, al finalizar la década de los ochenta; que un sector
de estudiantes, principalmente de las universidades privadas con el apoyo de
sectores minoritarios de la educación publica,
gestiona “la séptima papeleta” y da curso a lo que se denominó el
“movimiento estudiantil por la constituyente”, respondiendo funcionalmente a
las demandas existentes en el país en el sentido de cambiar la Constitución de 1886,
que cumpliendo cien años, ya no
respondía a las nuevas condiciones y exigencias de la época.
Durante la administración del presidente Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994)
se expide después del desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente, que
contó con la presencia de un sector de la insurgencia desmovilizados (M-19.
EPL, Quintin Lame…), la nueva Constitución Política de Colombia que dará fundamento
a la expedición de la Ley 30 de 1992, sobre educación superior.
La política aperturista de Gaviria se extiende al sector educativo y
las políticas neoliberales de privatización. Estas propenden por el recorte
sistemático de la inversión social en educación, la disminución de las
políticas de bienestar y la privatización creciente con el incremento de las
matriculas. La reacción estudiantil no se hace esperar, pronto comienzan a
darse en todo el país movilizaciones estudiantiles en defensa de la educación
pública, contra la privatización y por una financiación adecuada, oportuna y
suficiente de la educación, banderas que se mantendrán en los siguientes años unidas
a la lucha por la autonomía universitaria y la democratización de las
universidades, así como por una política más amplia de bienestar universitario
y mayor cobertura.
A estas luchas de carácter gremial, se unen otras las
luchas que se recogen en la protesta estudiantil la lucha contra la violencia perpetrada por
parte de agentes del estado, la fuerza pública y grupos paramilitares, que
siguen cobrando víctimas por desaparición y asesinato, generando la necesidad
de levantar consignas por el derecho a la vida, el pensamiento crítico y la
libre expresión de las ideas.
A la ley 30 de 1992 se atribuye el crecimiento de los procesos de endeudamiento de las universidades públicas, la
privatización y la responsabilidad de la crisis institucional que padecen los
centros universitarios de carácter
estatal, a los que se les forzó progresivamente a la obtención de recursos por
venta de servicios, la consecución de proyectos de investigación con la empresa
privada y a gestionar paulatinamente la autofinanciación de las mismas través
de la educación postgraduada, la venta de servicios de extensión, asesoría,
consultorías y educación continuada.
La situación generada por la Ley 30
de 1992, fue estructurando los programas y las agendas de lucha de los
estudiantes y perfilando las consignas de las movilizaciones estudiantiles que se
oponen al deterioro creciente de la calidad de los programas académicos, la
ampliación de cobertura sin recursos, la crisis en la infraestructura, falta de
modernización, entre muchas otras aspectos que dificultan cada vez con mayor
intensidad el funcionamiento eficiente de las universidades públicas.
Al finalizar la década de los noventa el
movimiento estudiantil se manifiesta activamente en contra de la ejecución de
políticas de austeridad y recortes del gasto público, en materia de recursos
para la educación, el cual toma un tono más radical en razón del plan nacional
de desarrollo del gobierno de Pastrana Arango(1998-2002) por el cual se
denuncia el interés del estado colombiano en sustraer la naturaleza pública de
la universidad al pretender configurar la proporción de los aportes con los que
debe financiar los establecimientos educativos oficiales , poniendo en ejecución
políticas que destinan la mayor parte de los recursos de la nación para la
guerra y otros fines que no contemplan la prioridad de otras necesidades de la
sociedad, como lo son por ejemplo, inversión en salud, seguridad social, vivienda,
recreación, cultura y medio ambiente.
Desde comienzos del siglo XXI el
activismo estudiantil vine orientando su
lucha por los asuntos de la política pública en educación, la defensa de los
derechos humanos, civiles y políticos y por la búsqueda de un modelo educativo,
social y económico más acorde a las necesidades y urgencias de la sociedad
colombiana, lo que lo convoca a buscar aumentar la base social de apoyo a su
luchas y movilizaciones y, convertir la
lucha por la educación en un propósito
nacional. Pese a la dura
represión que el activismo estudiantil ha tenido que afrontar, a las permanentes amenazas, a las listas
negras de criminalización paramilitar, persiste en buscar unas formas de
organización y de protesta que se revista de los apoyos sociales que las llene
de legitimidad y las blinde contra todas las formas de violencia.
Durante la administración del presidente Álvaro
Uribe Vélez (2002-2010) se ejecuta una política económica neoliberal, amarrada
al autoritarismo y la fuerza, mientras avanza
el detrimento del bienestar social y la calidad de vida de la población colombiana y se precariza las
posibilidades de acceso a la educación superior priorizándose la inversión en
la educación técnica y tecnológica y en un modelo privatizado al servicio del
mercado neoliberal.
Durante la administración Uribe Vélez, se
registraron masivas manifestaciones estudiantiles que comprometieron causas
como la oposición a las negociaciones del tratado de libre comercio con los
Estados Unidos hasta el referendo a la constitución con el que pretendía su
reelección presidencial. Durante esta administración se intensificaron las denuncias de la represión tanto de fuerza
pública, como de los grupos paramilitares; sin embargo, la decisión más lesiva
para los campus universitarios fue la autorización del ingreso de escuadrones antidisturbios
(ESMAD) a los predios universitarios en caso se protesta sin que mediara la
aprobación de las autoridades de las instituciones educativas. Un fuerte
dispositivo de inteligencia humana y técnica a través de la instalación de
cámaras de vigilancia se fue imponiendo en las universidades.
La Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE)
“Programa Mínimo”
Los reclamos estudiantiles de los
últimos años tocan aspectos como la autonomía universitaria, la financiación de
las entidades públicas y el bienestar universitario integral, la calidad académica,
las relaciones con la sociedad y la vigencia de las libertades democráticas y
los Derechos Humanos, puntos que conforman el “programa Mínimo” reivindicado
por el la MANE se convierte en la expresión más
significativa de la movilización estudiantil en el presente siglo.
Al conocerse en el mes de marzo del 2011 la presentación del proyecto de reforma a la
educación superior presentado por la administración del presidente Juan Manuel
Santos (2010-218) sin una rigurosa consulta con la comunidad académica, se
presentó en el escenario de la Universidad Nacional una convención de
organizaciones estudiantiles que se amplía a todas las esferas de la comunidad
estudiantil y permite socializar y
discutir distintas propuestas, disolviendo las más sectarias diferencias para
trabajar en unidad sobre una propuesta alternativa de educación, construida
desde la base y los imaginarios propios del estamento estudiantil,
constituyendo la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE-Colombia).
Los procesos de movilización estudiantil, cargados
de innovaciones estéticas, simbólicas y artísticas, así como de diálogo con
distintos sectores de la sociedad, la participación y vocería en el parlamento,
las nuevas formas de llenar las calles de ideas, color, danza, performance,
abrazatones, besotones y sobretodo de argumentos y razones condujeron
a la convocatoria de un paro nacional universitario, el 12 de octubre de 2011, que recogió en unidad a 31 de las 32 universidades
públicas del país, en la conocida “toma de Bogotá”, contra la reforma a la Ley
30 de 1992, que obligo al gobierno nacional, el 10 de noviembre de ese año, a retirar la propuesta de reforma a la
educación superior plasmada en el proyecto de Ley 112.
La MANE representa un fenómeno sin precedentes en la historia del
activismo estudiantil y se puede señalar que su éxito al detener la reforma de
la Ley 30 es una importante conquista de su capacidad de movilización
estudiantil, pero que resulta un triunfo insuficiente, pues coloca al
descubierto la necesidad de elaborar y defender una propuesta que configure una
nueva política pública para la educación, que garantice el acceso al
ejercicio del derecho a la educación, como un derecho fundamental, que
compromete su gratuidad, la excelencia de los programas, su pertinencia al
momento histórico por el que atraviesa el mundo y a las necesidades de la
sociedad colombiana, así como la lucha
por una financiación adecuada, suficiente y oportuna por parte de la sociedad y
el Estado.
La historia del movimiento estudiantil colombiano
ha sido la lucha por la construcción
histórica de un sujeto social, que se ha hecho sujeto derecho y se ha asumido
en defensa de sus interés como sujeto político, protagonizando hechos
trascendentales de la vida social, política y cultural del país, en donde
dirigió sus esfuerzos por demandar en principio una reforma universitaria democrática
al servicio de la nación.
Lejos de todo dogma político y
sectarismo enceguecedor, sobre una profunda reflexión histórica del papel que
está llamado a jugar en las actuales condiciones del mundo, el movimiento
estudiantil colombiano debe buscar las formas de organización y los mecanismos
que le permitan adelantar la lucha inaplazable de la defensa de la universidad
pública contra los procesos de privatización y mercantilización neoliberal de
la educación y la cultura.
Organización y programa mínimo
Alguna ideas para retomar la
iniciativa...
El sector estudiantil universitario
tiene en este periodo que volver hacer reingeniería
organizativa, la MANE se ha ido
disolviendo, nuevamente, en la acidez erosiva del grupismo dogmatico, sectario,
exhibicionista, arrogante y sin perspectiva de futuro, perdiendo la lucidez que
le dio origen y le permitió constituirse en referente continental de la lucha
estudiantil.
Hoy los jóvenes universitarios tienen
que retomar el duro trabajo de la unidad en torno a un programa
mínimo y luego avanzar hacia la construcción de una vigorosa Federación
Universitaria Nacional, capaz de mantener cohesionado a la totalidad de
las organizaciones estudiantiles del país, convirtiéndose en una autentico
movimiento social, empoderado en la lucha por una educación pública al servicio de
la solución de los problemas estructurales de la nación colombiana.
Deben construir el programa
mínimo sobre una agenda que contenga en lo esencial:
1. La lucha por la defensa de la
educación pública que contemple a la educación como un derecho fundamental y
reclame su gratuidad
2. Una financiación adecuada, suficiente
y oportuna por parte de la sociedad y el Estado colombiano
3. La defensa de un modelo de autonomía universitaria amplia y sin
restricciones de ningún tipo.
4. La democratización de la vida
universitaria que conduzca a la elección de directivos y administrativos
docentes por parte de la comunidad universitaria y al ejercicio de las
prácticas democráticas en todas las actividades de la vida institucional que
hagan de las instituciones de educación superior, de las universidades,
empresas publicas y sociales eficientes.
5. La lucha por un bienestar
universitario integral y de calidad que garantice a toda la comunidad las
posibilidades materiales y espirituales paras trabajar en armonía.
6. Una reforma académica de los
programas que le den pertinencia en relación con las necesidades estructurales
de la nación unida a una revolución pedagógico-didáctica que tome en
consideración las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y
nuevos e innovadores sistemas de evaluación, todo dirigido a favorecer la
excelencia académica.
7. El fortalecimiento de la
investigación con la articulación de los programas de formación de todos los
niveles a las labores investigativas de las universidades dirigidas en especial
a resolver los problemas del país, la ciencia y la cultura.
8. Una estrecha relación entre las universidades
públicas y la sociedad colombiana a
través de los programas de extensión, sea esta de carácter financiado o
solidaria.
9. Especial atención a las condiciones
pluriétnicas y multiculturales de la sociedad colombiana, al fortalecimiento de
las prácticas deportivas artísticas y culturales. Al reconocimiento de la
diversidad y de las condiciones de la población con discapacidad.
Estos puntos, entre otros, deben salir al paso a la implementación de un
modelo educativo que mercantiliza y privatiza la cultura y la educación.
Colombia está atravesando un periodo en el que se requiere el impulso, la
fuerza y la inteligencia de los jóvenes universitarios organizados como un autentico
movimiento social proyectándose en la lucha continental y mundial contra modelo
neoliberal de educación.
Notas bibliográficas
Para la elaboración de este ensayo además de los trabajos del autor del
mismo que constituyen la estructura central se tomaron en consideración notas de las siguientes fuentes: los trabajos
de HERRERA C. Martha Cecilia. Historia de la Educación en Colombia. La
republica liberal y la modernización de la educación: 1930-1946; Constitución
Política de Colombia 1991. República de Colombia. Editorial Unión Ltda. 2008;
Ley General de Educación. Ley 115 8 de febrero de 1994. Editorial Unión Ltda.
2008. Ley 80.; Congreso visible, artículo del 21 de octubre del 2011 "
Reforma a la Ley 30 de 1992 (educación superior): más diferencias que
consensos"; Universidad de los Andes, [En línea] Localización: http://www.congresovisible.org/agora/post/reforma-a-la-ley-30-de-1992
educacion-superior-mas-diferencias-que-consensos/2610/; Fecha de
consulta: viernes 31 de Enero de 2014, Hora: 2:25 pm;
Ley 30 de diciembre 28 del 1992; [En línea] Localización: http://www.fenalprou.org.co/debate-ley-30/ley-30-de-92.html;
Fecha
de consulta: 31 enero
de 2014. Hora: 10:16 am; MOIR. Reforma universitaria 1960 - 1980 [En línea]
Localización: http://www.moir.org.co/Reforma-universitaria-1960-1980.html Fecha de consulta: diciembre
17 de 2013. Hora: 11:35 am; MUNERA, Leopoldo. El manifiesto de córdoba y el gobierno de las
universidades publicas en Latinoamérica, análisis de cinco universidades.
Revista de Ciencia Política N°12. Bogotá Año 2011. MAYORGA, Fernando. La
cultura y la educación. Revista credencial de Historia. Edición 154. Bogotá.
Año 2002; MEDINA, Carlos. Al calor del
tropel U.N.: historia de una década. Tigre paper. Bogotá. Año 1991. Pág 32;
SANTOS, boaventura de sousa. La universidad en el siglo XXl, para una reforma
democrática y emancipatoria de la universidad. plural editores. La Paz. Año
2007. Pág. 23; OROZCO, Alice, SARMIENTO, José. Entrevista a Jairo Rivera.
Grupos clandestinos y fuerzas militares en la Universidad Nacional de Colombia.
Universidad Sergio Arboleda. Bogotá. Año 2011
·
[1] MOIR. Reforma universitaria
1960 - 1980 [En línea] Localización: http://www.moir.org.co/Reforma-universitaria-1960-1980.html
Fecha de consulta: diciembre 17 de 2013. Hora: 11:35 am.
