CARLOS
MEDINA GALLEGO
Docente –
Investigador
Universidad
Nacional de Colombia
Centro de
Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz
El proceso de
conversaciones de la Habana, entre el Gobierno Nacional y las FARC, está
llegando a una etapa de decisiones fundamentales en relación con los temas que
convocan este Foro y que se corresponden en la agenda con los puntos 3 y 6.
Cada una de las partes tiene su propia visión sobre lo que compromete las temáticas
de estos puntos que obligan los mayores esfuerzos dada su complejidad en los
aspectos teóricos, técnicos y metodológicos que le son inherentes a la
discusión.
Seguramente, por lo
que se conoce no deben ser pocos los avances al respecto de estos temas si se
toma en consideración la creación de las subcomisiones técnicas y la solicitud
de apoyo obtenida del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del CELAC.
No obstante, convocar a la sociedad civil para que someta a reflexión estos dos
puntos resulta para la pedagogía de la paz y para las conversaciones de la mesa
un gran acierto, si se tiene en cuenta que gran parte de los insumos que
posibilitaron los acuerdos salieron de los distintos foros que se realizaron,
lo que los reviste de una gran legitimidad.
Al tema de Fin del conflicto que se corresponde en
la agenda con el punto tres y que compromete: 1. Cese al fuego y de
hostilidades bilateral y definitivo. 2. Dejación de las armas. Reincorporación
de las FARC-EP a la vida civil - en lo económico, lo social y lo político -, de
acuerdo con sus intereses. 3. La revisión por parte del Gobierno Nacional de la
situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por
pertenecer o colaborar con las FARC-EP. 4. La intensificación por parte del
Gobierno Nacional del combate para acabar con las organizaciones criminales y
sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en
particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacre o
que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o
movimientos políticos. 5. La revisión, las reformas y los ajustes
institucionales por parte del Gobierno necesarios para hacer frente a los retos
de la construcción de la paz. Y, 6.
Garantías de seguridad, para los miembros de las FARC.
Este punto nos
coloca frente a un proceso que es sustancialmente distinto a otros procesos de
paz desarrollados en Colombia y en el mundo, que nos obligan a ampliar los
imaginarios y a encontrarnos con nuevas elaboraciones que se adecuen a las
particularidades del conflicto colombiano. Dada la brevedad del tiempo que
tenemos pondré a consideración de ustedes de manera muy puntual alguna ideas
sobre los temas que nos convocan.
1.
Sobre cese al fuego bilateral definitivo
Pese a la
insistencia de las FARC y de la sociedad civil sobre la necesidad de declarar
el cese al fuego bilateral, la presencia de otros actores armados, ha mantenido
al gobierno en una postura de resistencia, sin que ello signifique que no se
haya hecho eco al llamado de desescalamiento del conflicto, lo que se puede
verificar en términos de la disminución significativa de la guerra. El
silenciamiento definitivo de los fusiles debe producirse lo más pronto posible
y estar acompañado de las comisiones de verificación que la comunidad
internacional pueda hacer en el marco de los protocolos que se establezcan para
ello y, en mi concepto, con el acompañamiento decidió de la sociedad civil, sus
organizaciones de derechos humanos y sus organizaciones sociales las que se
deben revestir de las autorizaciones, legitimidades y apoyos que se requieran.
El cese al fuego
bilateral y definitivo, se facilitaría más si se estableciera una mesa pública
con el Ejército de Liberación Nacional, y el gobierno centrara sus acciones
contra el paramilitarismo y narcotráfico de manera focalizada y concertada.
Las hostilidades,
deben ser entendidas como todas las acciones que en el desenvolvimiento del
conflicto las partes desarrollan contra la población civil. En este sentido, el Cese de Hostilidades, compromete no solo
poner fin al secuestro, la extorsión y todo tipo de delito y práctica ilegal contra la población, sino,
de manera determinante suspender todo tipo de acción represiva y criminal
contra el movimiento social y político, los defensores de Derechos Humanos y
todas las formas de protesta legítima de la población. El cese a las
hostilidades convoca un comportamiento de las partes de respeto por la vida,
los derechos humanos y las vías democráticas de la solución del conflicto y una
mayor disposición del Gobierno Nacional, para atender con celeridad y
eficiencia los reclamos y protestas de la comunidad en relación con sus
reivindicaciones sociales, con el ejercicio de sus derechos fundamentales y las
garantías para el reclamo de los derechos colectivos.
2.
Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR) o Dejación de Armas, Normalización y
Participación Política (DNP)
Lo primero que es
necesario señalar es que el proceso se desarrolla entre partes que se conciben
como iguales y que las FARC no están en la mesa de conversaciones como una
fuerza derrotada, ni el gobierno como una fuerza victoriosa, independientemente,
de lo que se refleje en el campo de
batalla. Esta situación crea en materia de aplicación de instrumentos y manejo
del lenguaje unas condiciones y necesidades específicas, para que se vea
reflejado en la fase de fin del conflicto.
a. Desarme,
Desmovilización y Reinserción (DDR)
No es útil para este
proceso la formula de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR) utilizado
con frecuencia con organizaciones que han sido derrotadas o que han decidido
someterse a la institucionalidad.
En estos procesos,
las fuerzas ilegales o insurgentes entregan las armas al Estado, quien procede
en distintas direcciones según los acuerdos; por lo general, las destruyen o
elaboran monumentos para la memoria. Las fuerzas se desmovilizan y entran en
programas de reinserción con una
oferta estatal de ayudas, durante un periodo de tiempo específico, mientras logran las estabilidades que les
permiten retomar sus proyectos de vida con autonomía. En algunos casos, sobre
todo cuando se trata de insurgencias, intentan la construcción de proyectos
políticos que se disuelven en el tiempo permaneciendo solo algunos
protagonistas en el escenario político nacional al interior de distintas
fuerzas políticas, de izquierda y derecha. Una parte importante de
reinsertados, cuando se agotan las ayudas e incluso antes, reinciden en prácticas de violencia o de
delincuencia. Recoger la experiencia de los procesos que se han dado no solo en
nuestro país, sino, igualmente, en otros procesos como los centro americanos es
importante, para innovar en los procedimientos y evitar la mayor cantidad de reveses
que puedan presentarse.
b. Dejación de
Armas, Normalización y Participación Política (DNP).
En las
conversaciones entre Gobierno y FARC, se ha comenzado a poner en evidencia que
este proceso va seguir una ruta distinta a la de DDR, que podríamos denominar
como de Dejación de Armas, Normalización y Participación Política (DNP).
La dejación de armas es un requisito
fundamental para la terminación de la guerra, pero la ruta seguida por estas es
necesario tenerla clara. Primero, la
dejación de armas es antes que nada una declaración política que hacen las
partes, esto es Gobierno y Farc, ante la comunidad nacional e internacional, de
no volver a utilizar las armas en los conflictos políticos internos, contra las
distintas fuerzas políticas, las instituciones o la población. Segundo, en el
caso de las armas del Estado estas
deben estar al servicio de la nación en los fines y propósitos, que les fija la
Constitución Nacional para la defensa de la soberanía, la nación y las
instituciones democráticas. Tercero, en el caso de las armas de la insurgencia, pueden seguir varias rutas: si lo que
se establece es un armisticio, que no es muy factible que la sociedad colombiana
lo acepte, las FARC permanecerían con
las armas en silencio y lo que garantizaría esto es su declaración pública de dejación de armas. Si no es este el
caso, tampoco es el de que las FARC vayan a entregar las armas al Estado, pues
esto sería considerado como un acto de derrota, lo que no está en los
imaginarios de esta organización. No habrá entrega de armas al Estado a la
manera de procesos anteriores. Existen dos posibilidades para sacar las armas
del conflicto, una es que se recojan y se depositen bajo un protectorado
internacional hasta que se decida que hacer con ellas. La otra es colocarlas en
venta para que el Estado que esté interesado en comprarlas lo haga y los
recursos se destinen al fortalecimiento de la organización política nueva y en
el proceso de normalización.
Es necesario tener
claro que no son las armas por si solas las que definen la guerra, es la
intención de usarlas con fines políticos la que la definen. Si esa intención
desaparece, desaparece la guerra. Cuando la intención aparece, aparecen las
armas.
El tema de la Normalización es muy importante y ya las
FARC lo vienen planteando conforme a los enunciados del acuerdo general que al
respecto señalan: “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil - en lo
económico, lo social y lo político -, de acuerdo con sus intereses”. Este proceso debe garantizar a los miembros de la
organización las condiciones para que se puedan incorporar con derechos y
garantías al ejercicio de la vida social, civil, ciudadana y económica en los territorios.
Las FARC han hecho
una propuesta que es necesario tomar en consideración y eso no significa que
tenga que aceptarse, pero tampoco, que tenga que descalificarse, es la
referente a los territorios de paz,
llamados Terrapaz. Es necesario que se haga una juiciosa reflexión y discusión
sobre esta propuesta, en la que las partes estén dispuestas a acordar lo que es
posible. En esos territorios de paz, llámense
como se quieran llamar, debe ofrecerse la oportunidad en el proceso de normalización que se establezca las
condiciones para que vivan con seguridad los miembros de la organización,
construyan sus propios proyectos económicos y productivos y desarrollen el
trabajo político organizativo que permitan hacer vida política en el país.
Desde luego que deben desmilitarizarse esos territorios, porque ya no existe
razones para la presencia militar, la guerra se acabo. Lo que no significa que
el Estado debe dejar de existir y hacer presencia allí, con políticas de
bienestar y seguridad.
El proceso de normalización restituye a los quienes se
encuentran en el proceso de paz su condición de sujeto sociales, sujetos de derechos y sujetos políticos,
comenzando por los necesario y urgentes procesos de cedulación que garantizan
el ejercicio de la ciudadanía.
En síntesis, la normalización crea las condiciones
institucionales, sociales, económicas y políticas para que en el pos-acuerdo
los miembros de la organización puedan usufructuar sus derechos en las mismas
condiciones que todos los ciudadanos del país. En ese proceso, las comandancias
y el gobierno nacional, tienen una mayor responsabilidad de garantizar que las bases
tengan una ruta de normalización cargada de garantías y opciones de vida digna.
La movilización
hacia la Participación Política, en este periodo, es tal vez el mayor reto
que tiene la organización para permanecer en la vida política de la nación a
partir del pos-acuerdo. La crisis por la que atraviesa la izquierda tradicional
los coloca frente a retos superiores en el que deben refundarse como
organización y refundar la política como practica social en una concepción que
les permita ser reconocidos y respetados como una nueva fuerza política en un
escenario de luchas democráticas. La posibilidad de contar con un número de
curules en senado, cámara, asambleas y concejos, durante al menos dos periodos,
resulta positivo para su consolidación
como fuerza política. Pero su participación en la vida política y en la
ampliación y profundización de la democracia, como ya lo han planteado no se
reduce a eso. El estado debe ofrecer las mismas garantías que a todas las
colectividades políticas para la construcción de sus estructuras partidarias y
de movimiento político, incluyendo las posibilidades de la financiación.
Es absolutamente,
necesario tener presente el hecho que las FARC van a desaparecer como
organización armada, pero van a seguir existiendo como organización política en
la defensa democrática de sus imaginarios sociales y políticos. Se va a
producir una movilización de la guerra hacia la democracia, de la ilegalidad
hacia la legalidad. El Estado debe ser facilitador y garante de este proceso de
conversión en fuerza política poniendo toda la institucionalidad a su servicio,
de la misma manera que lo hace con los demás partidos y grupos políticos.
3.
Sobre los Presos Políticos
La “Situación de las personas privadas de la
libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP”,
es un tema que se viene tratando con insuficiente atención por parte del
gobierno y que es necesario hacerlo con la mayor urgencia, celeridad y eficacia
pues convoca la situación de una población que se hicieron participes del
conflicto y que la solución del mismo tiene que tomarlos en cuenta.
Creo que a este
respecto las organizaciones de Derechos Humanos y Defensores de Presos
Políticos han trabajado con especial empeño y dedicación, no sin grandes
riesgos y señalamientos. Es necesario crear una comisión especial conformada
por la fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la
Nación, las organizaciones de Derechos
Humanos y de presos políticos con
acompañamiento de la Cruz Roja Internacional y de otros organizamos
humanitarios, para emprender acciones que pongan en primer orden la situación
de los presos políticos, tomando en consideración los siguientes aspectos.
Primero. Realizar un Censo Nacional que permita contar con unas
estadísticas que estén respaldas por nombre de los presos políticos, cedulas y
estado actual de los procesos y de ejecución de las condenas.
Segundo. Se proceda
con la mayor celeridad, a la atención
sanitaria y humanitaria de los prisioneros que se encuentran en grave estado de
salud, algunos de ellos en condición de enfermos terminales, y se proceda a generales las condiciones de
bienestar y vida digna que les permita sobrellevar y superar sus deteriorados
estados de salud.
Tercero. Es
necesario detener la política de hostigamiento carcelario, tantas veces
denunciada. Frenar todo tipo de maltrato, agresión fisca, psicológica, verbal,
cualquier tipo de discriminación por su condición de presos políticos y de
conciencia.
Cuarto. Es necesario
ofrecerles al interior de la cárcel las mayores condiciones de seguridad
posible, iniciando por un proceso de concentración en patios especiales de
dedicación exclusiva para presos políticos donde se adelantes los programas de
pedagogía y preparación para el postacuerdo y la paz.
Quinto. Es necesario
disponer una política de indulto general que comience a funcionar a partir de
la firma de los acuerdos y se produzcan las liberaciones pertinentes.
Sexto. Es necesario
tomar en consideración en un indulto amplio los presos sociales que
resultado de la judicialización de la protestad social y la lucha
reivindicativa, terminaron en la cárcel. Campesinos, obreros, trabajadores
informales, comunidades negras e indígenas, jóvenes estudiantes, viviendistas,
maestros, entre muchos otros, que no estuvieron en la guerra directa, ni
indirectamente, pero fueron impactados
por el desarrollo del conflicto armado, que generó percepciones y tratamientos
equivocados, para la lucha social. Un mal mensaje se le mandaría al país que se
indultara a los actores armados y se dejara en las cárceles a los luchadores
sociales.
Séptimo. Seguramente,
las Farc insistirán en la repatriación de Simón Trinidad, Sonia y otros
guerrilleros que fueron extraditados y se encuentran pagando cárcel en los
EEUU, un acto de compromiso del gobierno Obama con el proceso de Paz en
Colombia, ante una solicitud formal del gobierno Colombiano, seria producir
esas repatriaciones.
“Garantías de
seguridad”.
En materia de seguridad tres aspectos son
fundamentales al cerrar el conflicto, uno es la seguridad física de los excombatientes,
el otro, es la seguridad Jurídica de los
mismos y el tercero es la seguridad política del proceso.
Sobre la seguridad
física, durante el tiempo que sea necesario los miembros de las FARC,
sobre todo las comandancias, deben
contar con sus propios esquemas de seguridad constituidos por miembros de la
organización, lo que es muy viable, incluso hay amplias experiencias al
respecto en la historia del país. No obstante es necesario señalar que ese
personal debe ser reentrenado y articulado a la institucionalidad en la Unidad
de Protección que está adscrita al Ministerio del Interior, porque serán
trabajadores del Estado.
Las garantías de
seguridad son fundamentales para el proceso de normalización, la historia de
Colombia tiene una carga criminal a este respecto desde la amnistía de Gustavo
Rojas Pinilla, sino antes, en el desarrollo de las finalizaciones de las
guerras civiles. No se pueden, por
ninguna razón, producirse amenazas, persecuciones, señalamientos o ejecuciones
extrajudiciales de quienes se han adscrito al desarrollo de la vida democrática
del país y han recuperado todos sus derechos como ciudadanos. Ese es un reto
mayor del Estado que tiene que ver con su propia dejación de armas, en el
sentido de no utilizarlas, ni permitir que se utilicen por otros, contra
quienes han desarrollado y acordado la finalización del conflicto armado y se
construyen como sujetos sociales, de derecho y políticos en el marco del orden
constitucional.
El tema de la
seguridad es fundamental, para llenar de confianza el proceso y no permitir que
se puedan generar dinámicas de reversión, por hechos de violencia contra
quienes participaron en el proceso de finalización del conflicto y
normalización, menos aún contra quienes están en el escenario de la lucha
política democrática. Las FARC todavía tienen abierta la herida que le dejo el
genocidio de la UP, y sin embargo, le han apostado a la paz en un escenario de
construcción de democracia. Nunca en la historia futura del país puede volver a
repetirse ese desafortunado hecho.
En materia de seguridad
Jurídica, la jurisdicción especial para la paz debe garantizar a los
excombatientes que gozaran, una vez se
hayan producidos los indultos, las amnistías y los procesos a que tengan lugar en
los tribunales de la Jurisdicción Especial para la Paz, de las garantías de no extradición
y de la recuperación de todos sus derechos ciudadanos, que les permita
desarrollarse en la vida del país y participar en los escenarios de la lucha política
sin ningún impedimento.
La seguridad política tiene que ver, en lo esencial, con que los acuerdos se cumplan y que la responsabilidad
del Estado en la implementación de los mismos se de con todo rigor conforme a
lo decidido y acordado en la letra y espíritu de del documento que pone fin al
conflicto. Para eso se requiere de que el Gobierno y el Estado trabajen en la consolidación
de una fuerza política de paz, que se
asuma como garante de que esos acuerdos se van a tramitar en los escenarios
constitucionales e institucionales para que se hagan las reformas y se impulsen
los programas que requieren su implementación.
[1] Ponencia presentada al Foro sobre Terminación del Conflicto y Mecanismos de Refrendación, Verificación y Seguimiento, Febrero 8,9 10 de 2016, en el desarrollo del Panel A sobre: “Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo” y “Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil -en lo económico, lo social y lo político-, de acuerdo con sus intereses”, “Situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP” y “Garantías de seguridad”. Bogotá. Hotel Tequendama.
