DDR o DNP
La ruta de finalización del conflicto
CARLOS
MEDINA GALLEGO
Docente –
Investigador
Universidad
Nacional de Colombia
Centro de
Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz
El proceso de
conversaciones de La Habana en general va bien, pese a las múltiples
dificultades por las que atraviesa, a
los estancamientos a los que se ha visto sometido por los condicionantes del
tema de justicia en el punto de victimas, a raíz del incidente de la firma del
pasado 23 de septiembre, que reabrió la discusión en un momento crucial y simbólico
del proceso, que quedara en la memoria de los colombianos: El encuentro del
presidente Juan Manuel Santos con el
Comandante de las FARC, Timoleón Jiménez.
No creo que el
acuerdo final se pueda firmar, como quiere el gobierno, el próximo 23 de Marzo
del 2016, porque aun son muchos los temas por abordar y no son pocas las
dificultades que existen para hacerlo, recordemos que quedan en cada uno de los
puntos tratados unas “salvedades” que no son de cualquier tamaño y cuyo
abordaje es complejo. Ya las FARC han anunciado que los seis meses corren a
partir del momento en que se llegue a un acuerdo en el tema de Justicia, que
según se dice se dará a conocer en los próximos días. De todas formas lo que
determina el tiempo del proceso es la voluntad de las partes para llegar a
acuerdos.
No hay un acuerdo
todavia sobre el mecanismo de refrendación. La iniciativa unilateral del gobierno
sobre el plebiscito, seguramente tendrá en la mesa de conversaciones las
discusiones pertinentes, hasta que las partes encuentren un mecanismo,
cualquiera que sea, que las satisfaga.
No obstante todo lo
anterior, las conversaciones ya iniciaron de manera directa el tema de Fin del conflicto que se corresponde en
la agenda con el punto tres y que compromete: 1. Cese al fuego y de
hostilidades bilateral y definitivo. 2. Dejación de las armas. Reincorporación
de las FARC-EP a la vida civil - en lo económico, lo social y lo político -, de
acuerdo con sus intereses. 3. La revisión por parte del Gobierno Nacional de la
situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por
pertenecer o colaborar con las FARC-EP. 4. La intensificación por parte del
Gobierno Nacional del combate para acabar con las organizaciones criminales y
sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en
particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacre o
que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o
movimientos políticos. 5. La revisión, las reformas y los ajustes
institucionales por parte del Gobierno necesarios para hacer frente a los retos
de la construcción de la paz. Y, 6.
Garantías de seguridad, para los miembros de las FARC.
Este punto nos
coloca frente a un proceso que es sustancialmente distinto a otros procesos de
paz desarrollados en Colombia y en el mundo, que nos obligan a ampliar los
imaginarios y a encontrarnos con nuevas elaboraciones que se adecuen a las
particularidades del conflicto colombiano.
Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR) o Dejación de Armas, Normalización y Participación
Política (DNP)
Lo primero que es
necesario señalar es que el proceso se desarrolla entre partes que se conciben
como iguales y que las FARC no están en la mesa de conversaciones como una
fuerza derrotada, ni el gobierno como una fuerza victoriosa, independientemente,
de lo que se refleje en el campo de
batalla. Esta situación crea en materia de aplicación de instrumentos y manejo
del lenguaje unas condiciones y necesidades específicas, para que se vea
reflejado en la fase de fin del conflicto.
Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR)
No es útil para este
proceso la formula de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR) utilizado
con frecuencia con organizaciones que han sido derrotadas o que han decidido
someterse a la institucionalidad.
En estos procesos,
las fuerzas ilegales o insurgentes entregan las armas al Estado, quien procede
en distintas direcciones según los acuerdos; por lo general, las destruyen o
elaboran monumentos para la memoria. Las fuerzas se desmovilizan y entran en
programas de reinserción con una
oferta estatal de ayudas, durante un periodo de tiempo específico, mientras logran las estabilidades que les
permiten retomar sus proyectos de vida con autonomía. En algunos casos, sobre
todo cuando se trata de insurgencias, intentan la construcción de proyectos
políticos que se disuelven en el tiempo permaneciendo solo algunos
protagonistas en el escenario político nacional al interior de distintas
fuerzas políticas, de izquierda y derecha. Una parte importante de
reinsertados, cuando se agotan las ayudas e incluso antes, reinciden en prácticas de violencia o de
delincuencia. Recoger la experiencia de los procesos que se han dado no solo en
nuestro país, sino, igualmente, en otros procesos como los centro americanos es
importante, para innovar en los procedimientos y evitar la mayor cantidad de reveses
que puedan presentarse.
Dejación de Armas, Normalización y Participación
Política (DNP).
En las
conversaciones entre Gobierno y FARC, se ha comenzado a poner en evidencia que
este proceso va seguir una ruta distinta a la de DDR, que podríamos denominar
como de Dejación de Armas, Normalización y Participación Política (DNP).
La dejación de armas es un requisito
fundamental para la terminación de la guerra, pero la ruta seguida por estas es
necesario tenerla clara. Primero, la
dejación de armas es antes que nada una declaración política que hacen las
partes, esto es Gobierno y Farc, ante la comunidad nacional e internacional, de
no volver a utilizar las armas en los conflictos políticos internos, contra las
distintas fuerzas políticas, las instituciones o la población. Segundo, en el
caso de las armas del Estado estas
deben estar al servicio de la nación en los fines y propósitos, que les fija la
Constitución Nacional para la defensa de la soberanía, la nación y las
instituciones democráticas. Tercero, en el caso de las armas de la insurgencia, pueden seguir varias rutas: si lo que
se establece es un armisticio, que no es muy factible que la sociedad colombiana
lo acepte, las FARC permanecerían con
las armas en silencio y lo que garantizaría esto es su declaración pública de dejación de armas. Si no es este el
caso, tampoco es el de que las FARC vayan a entregar las armas al Estado, pues
esto sería considerado como un acto de derrota, lo que no está en los
imaginarios de esta organización. No habrá entrega de armas al Estado a la
manera de procesos anteriores. Existen dos posibilidades para sacar las armas
del conflicto, una es que se recojan y se depositen bajo un protectorado
internacional hasta que se decida que hacer con ellas. La otra es colocarlas en
venta para que el Estado que esté interesado en comprarlas lo haga y los
recursos se destinen al fortalecimiento de la organización política nueva y en
el proceso de normalización.
Es necesario tener
claro que no son las armas por si solas las que definen la guerra, es la
intención de usarlas con fines políticos la que la definen. Si esa intención
desaparece, desaparece la guerra. Cuando la intención aparece, aparecen las
armas.
El tema de la Normalización es muy importante y ya las
FARC lo vienen planteando conforme a los enunciados del acuerdo general que al
respecto señalan: “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil - en lo
económico, lo social y lo político -, de acuerdo con sus intereses”. Este proceso debe garantizar a los miembros de la
organización las condiciones para que se puedan incorporar con derechos y
garantías al ejercicio de la vida social y económica en los territorios.
Las FARC han hecho
una propuesta que es necesario tomar en consideración y eso no significa que
tenga que aceptarse, pero tampoco, que tenga que descalificarse, es la referente
a los territorios de paz, llamados
Terrapaz. Es necesario que se haga una juiciosa reflexión y discusión sobre
esta propuesta, en la que las partes estén dispuestas a acordar lo que es
posible. En esos territorios de paz, llámense
como se quieran llamar, debe ofrecerse la oportunidad en el proceso de normalización que se establezca las
condiciones para que vivan con seguridad los miembros de la organización,
construyan sus propios proyectos económicos y productivos y desarrollen el
trabajo político organizativo que permitan hacer vida política en el país.
Desde luego que deben desmilitarizarse esos territorios, porque ya no existe
razones para la presencia militar, la guerra se acabo. Lo que no significa que
el Estado debe dejar de existir y hacer presencia allí, con políticas de
bienestar y seguridad.
Que durante el
tiempo que sea necesario los miembros de las FARC, sobre todo las
comandancias, puedan contar con sus
propios esquemas de seguridad constituidos por miembros de la organización, es
viable, incluso hay amplias experiencias al respecto en la historia del país.
No obstante es necesario señalar que ese personal debe ser reentrenado y
articulado a la institucionalidad en la Unidad de Protección que está adscrita
al Ministerio del Interior, porque serán trabajadores del Estado.
En síntesis, la normalización crea las condiciones
institucionales, sociales, económicas y políticas para que en el pos-acuerdo
los miembros de la organización puedan usufructuar sus derechos en las mismas
condiciones que todos los ciudadanos del país. En ese proceso, las comandancias
y el gobierno nacional, tienen una mayor responsabilidad de garantizar que las bases
tengan una ruta de normalización cargada de garantías y opciones de vida digna.
La movilización
hacia la Participación Política, en este periodo, es tal vez el mayor reto
que tiene la organización para permanecer en la vida política de la nación a
partir del pos-acuerdo. La crisis por la que atraviesa la izquierda tradicional
los coloca frente a retos superiores en el que deben refundarse como
organización y refundar la política como practica social en una concepción que
les permita ser reconocidos y respetados como una nueva fuerza política en un
escenario de luchas democráticas. La posibilidad de contar con un número de
curules en senado, cámara, asambleas y concejos, durante al menos dos periodos,
resulta positivo para su consolidación
como fuerza política. Pero su participación en la vida política y en la
ampliación y profundización de la democracia, como ya lo han planteado no se
reduce a eso.
Diciembre 9 de 2015.
